Durante el desarrollo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exministro de Justicia Benito Lara y tres más, la Fiscalía General de la República (FGR) relató que los partidos políticos del FMLN y Arena habrían sostenido reuniones y negociaciones con estructuras de pandillas entre los años 2013 y 2015.
De acuerdo con la FGR, las negociaciones incluyeron ofrecimientos y entregas de dinero, así como beneficios penitenciarios a miembros de pandillas, a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales que se realizaron en 2014, así como para legisladores y alcaldes, además de la segunda vuelta presidencial, en 2015.
En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Los cinco acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En la fase de alegatos iniciales, los fiscales relataron que entre el periodo de noviembre de 2013 y marzo de 2014, durante la campaña electoral para comicios presidenciales se identificó al menos 11 reuniones entre ambos partidos y líderes de la Mara Salvatrucha (MS) y dos fracciones de la 18, en las cuales los testigos criteriados con clave «Noé» y Salomón» participaron en ellas como miembros de las estructuras. Además de otros seis encuentros durante la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
En el caso del FMLN, la Fiscalía señaló a Wilson Alvarado Alemán como el principal enlace logístico con las pandillas, encargado de coordinar los pagos. El Ministerio Público aseguró que los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia eran conocidos entre las pandillas como «los padrinos». Ambos, habrían negociado votos a cambio de beneficios, como el no traslado de pandilleros al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, ubicado en el departamento de La Paz.
Mientras que del partido Arena, representado por el exalcalde Ernesto Muyshondt y el comunicador Paolo Lüers, quienes también habrían ofrecido beneficios para ganar escaños en la Asamblea Legislativa y la alcaldía de San Salvador. Una de las primeras reuniones, según los fiscales, se llevó a cabo en enero de 2014 en la alcaldía de Ilopango, con la participación del entonces alcalde Salvador Ruano y pandilleros entre ellos el testigo “Noé”.
En el proceso también estaban involucrados el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y Raúl Mijango, sin embargo, fueron exonerados, después de morir.
Beneficios
La Fiscalía sostiene que Lüers acudió a la reuniones con $100,000 para ser entregado a los pandilleros y distribuidos entre las principales estructuras criminales del país, $50,000 para la MS y $25,000 entre las dos fracciones de la 18. Posteriormente, en 2015, Muyshondt habría ofrecido otros $138,000, durante negociaciones en el contexto de las elecciones legislativas y municipales, y la segunda vuelta presidencial.
Según lo expuesto por los fiscales, el objetivo de estas negociaciones era garantizar el apoyo territorial de las pandillas mediante la coacción al voto, especialmente en zonas controladas por estructuras criminales. A cambio, los partidos habrían prometido beneficios como el cierre del penal de Zacatecoluca, traslados penitenciarios y la eliminación del artículo 103 de la Ley Penitenciaria, que limitaba la salida de reos de centro penitenciario de máxima seguridad.
Las negociaciones descritas por el Ministerio Público ocurrieron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.
A pesar que el excandidato presidencial Norman Quijano no forma parte del proceso, la Fiscalía lo mencionó como partícipe en reuniones, una de ellas celebrada en San Salvador, donde habría solicitado apoyo a las pandillas para que “el poder regresara a Arena”, según dijeron los fiscales. Quijano fue condenado a 13 años de cárcel y cuatro meses por este caso en un proceso penal aparte, pero cuya sentencia aún es revisada por la Sala de lo Penal.
La vista pública se instaló el miércoles 13 de agosto y en su segundo día, a FGR solicitó al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, quien conoce el caso, la detención provisional para el exministro Benito Lara, sin embargo, fue rechazada ya que los jueces determinaron que no habían «razones de hechos», ya que el imputado ha acudido a todas las audiencias programadas en su contra desde que inició el proceso.
Este proceso penal inició luego que al dar la sentencia del caso Operación Cuscatlán, el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos que habían negociado con pandillas, y que habían sido expuestos en los testimonios de los pandilleros con régimen de protección clave «Noé» y «Salomón».
