Organizaciones universitarias de derechos humanos se pronunciaron sobre los despidos masivos de personal de salud en el Hospital Nacional Rosales y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ocurridos en los últimos días y exigieron el reinstalo inmediato de las personas cesadas, al advertir graves afectaciones a la atención médica de la población salvadoreña.
«Exigimos el reinstalo de todo el personal despedido, lo que es indispensable para asegurar continuidad clínica, seguridad del paciente y operación hospitalaria», se lee en el comunicado creado por las organizaciones.
El 23 de diciembre, cientos de empleados del Hospital Nacional Rosales fueron citados al hospital Central, donde el nosocomio de tercer nivel tiene su anexo para notificarles despidos o ofrecerles un retiro «voluntario». El anuncio fue de manera verbal e incluía a médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza.
Personal que hasta el pasado lunes laboraba en dicho hospital dijo que recursos humanos le notificó que, en caso de acogerse a un despido con indemnización será hasta en enero de 2026 que les notifiquen el monto a pagar. Estos se sumaron a personal del Seguro Social que semanas previas había denunciado la supresión de sus plazas.
De acuerdo con el pronunciamiento de las organizaciones, las personas cesadas superan las 1,200 solo del hospital Rosales, entre ellos, médicos, enfermeras y enfermeros, profesionales de psicología, trabajo social, así como personal administrativo y de apoyo, cuyas funciones son consideradas esenciales para la atención integral.
Ante ello, advirtieron que dichas acciones tienen un impacto directo en la calidad de la atención, especialmente en un hospital de referencia nacional, y generan graves repercusiones para la salud de la población, en particular para pacientes crónicos y sectores populares.
Las organizaciones aseguraron que los despidos se han ejecutado mediante procedimientos masivos, intimidantes y sin transparencia, lo que ha provocado la pérdida de experiencia acumulada, la interrupción de tratamientos terapéuticos, el deterioro del mantenimiento de equipos y una disminución en la capacidad operativa de los servicios clínicos y de soporte.
«Estos despidos en gran escala, bajo acciones de intimidación, por su magnitud tienen un impacto sobre las funciones clínicas y de soporte, y degradan la atención clínica, y conllevan a la pérdida de experiencia acumulada y la interrupción de la atención terapéutica, lo que lleva a grandes repercusiones para la salud», expone el comunicado.
El comunicado denuncia la existencia de una campaña de desinformación y estigmatización dirigida contra el personal despedido, la cual aseguran busca «desmoralizar» a los trabajadores, confundir a la opinión pública y justificar el deterioro de la salud pública.
En este contexto, denunciaron la difusión de narrativas que califican los despidos como una “purga necesaria” o que responsabilizan al personal removido de sus labores.
Ante ello, las organizaciones exigieron transparencia total mediante la publicación inmediata del listado de plazas suprimidas y no renovadas en el Ministerio de Salud y el ISSS, detallando funciones, servicios, turnos, perfiles profesionales y justificaciones técnicas.
Asimismo, demandaron el cese de los procedimientos de intimidación, el respeto al debido proceso laboral con revisión caso por caso y derecho efectivo a la defensa, así como el reinstalo de todo el personal despedido para garantizar la continuidad clínica, la seguridad de los pacientes y la operación hospitalaria.
También exigieron atención inmediata para las personas que perdieron citas y tratamientos en diversas especialidades, la conformación de una mesa pública de verificación con participación de gremios de salud, la universidad pública.
Por último, las organizaciones universitarias hicieron un llamado a la comunidad de la UES, a las organizaciones sociales y a la población en general a defender la salud como un derecho humano.
