Un análisis de la asociación Cristosal responsabilizó a los Estados salvadoreño y estadounidense por las posibles violaciones a derechos humanos que se hayan cometido en perjuicio de los 252 venezolanos que estuvieron apresados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel salvadoreña, construida exclusivamente para pandilleros.
El documento recoge la respuesta del estado salvadoreño frente al Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no ha sido divulgada públicamente, pero que indica que El Salvador se desliga de haber sido responsable de la situación de los detenidos.
Lo anterior, bajo el argumento que no hizo detenciones ni transferencias y que «sus acciones se ven limitadas a la aplicación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado», que no es mencionado, pero que hace referencia a Estados Unidos, «en virtud del cual se ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria de El Salvador para custodiar personas detenidas bajo el alcance legal y jurisdicción de ese otro Estado».
En conclusión, para El Salvador la responsabilidad de los 252 venezolanos recae exclusivamente sobre Estados Unidos; no obstante, el análisis cita la postura del gobierno del presidente Donald Trump , que ha «asumido y expresado que luego de la deportación de las personas venezolanas y su transferencia a El Salvador, su país carece de jurisdicción sobre ellas».
«Tanto El Salvador como Estados Unidos son responsables sobre las víctimas, y deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno…El Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad respecto del control material que ejerció sobre las víctimas, y asegurar la reparación de los daños causados, así como prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada de acuerdo a los estándares internacionales».
Análisis de Cristosal.
Cristosal señala que ninguna persona puede quedar desprotegida, según estándares internacionales de derechos humanos y que la protección de la dignidad humana debe prevalecer sobre obstáculos internacionales.
Indica también que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas e indica que ésta reconoce que la «mera presencia en el territorio de un Estado, de una persona cuya desaparición forzada se presume, genera obligaciones directas sobre dicho Estado».
Cristosal dió seguimiento a al menos 152 venezolanos que estuvieron presos en el CECOT, de los cuales, el 90 % no tenía antecedentes penales, según sus indagaciones. La asociación documentó que hubo privación de libertad arbitraria, sin abogados ni atención médica y tampoco se informó a las familias.
Prisioneros
Los 252 venezolanos que El Salvador tenía en custodia fueron canjeados el pasado viernes 18 de julio por 10 estadounidenses y más de 80 presos políticos venezolanos, que el régimen de Nicolás Maduro mantenía en su poder.
Ante esto, Cristosal concluye que este mecanismo de retorno «se acerca más a un intercambio de rehenes ejecutado por fuera de todo control del derecho internacional humanitario, lo que implica que los Estados involucrados han reconocido tener prisioneros retenidos de forma ilegítima, en contra de normas internacionales de derechos humanos».
«Dos poderes políticos decidiendo impunemente sobre la vida de cientos de personas sin responder a criterios democráticos o legales, utilizando prisioneros como moneda de cambio en un juego político».
Análisis de Cristosal.
¿Se vale mantener en secreto el acuerdo?
La asociación Cristosal también pone sobre el tintero el hecho que ambos países han dicho que el acuerdo suscrito para trasladar venezolanos a El Salvador sea secreto; en el caso salvadoreño, la asociación pidió información a la dirección general de Centros Penales, la cual, fue declarada bajo reserva mientras que la Presidencia de la República se declaró incompetente de otorgar ese tipo de información.
«Merece la pena reflexionar si un acuerdo celebrado entre dos Estados puede mantenerse en secreto aun cuando ha significado costos devastadores para la vida de tantas personas», cuestiona el análisis que cita el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce como derecho el acceso a la información pública, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la misma línea, así mismo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha señalado que «la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión de dicho ilícito».
El pasado lunes 21 de julio Venezuela anunció que abrió una investigación en contra del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gobierno por torturas y violaciones a derechos humanos.
Los 252 venezolanos llegaron al país el 16 de marzo en la madrugada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que los trasladó del aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez hacia el CECOT, en ese momento, tanto el gobierno salvadoreño como el gobierno estadounidense los señalaron como miembros del Tren de Aragua, la peligrosa banda venezolana; sin embargo, familiares de los detenidos que los reconocieron en los videos publicados manifestaron que en su mayoría se trataba de migrantes que habían sido detenidos en Estados Unidos en las redadas ordenadas por Trump.
