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La nueva aplicación para consultas en línea, DoctorSv reitera a la población a través de sus términos y condiciones, que el servicio que brinda no atiende emergencias, y que de presentarse, la población salvadoreña debe llamar al Sistema de Emergencias Médicas, 132, y no a usar la aplicación.

«Este servicio no es para emergencias. Si tiene una emergencia que comprometa la vida o involucre sangrado abundante, dificultad repentina para respirar, dolor en el pecho, alteración o pérdida de conciencia y otro que considere una emergencia, llame inmediatamente al 132 o busque el centro de emergencias más cercano», advierten los términos y condiciones de uso de la aplicación DoctorSv al momento de registrar la app en su teléfono celular.

El servicio de Doctor Sv fue lanzado el pasado 13 de noviembre por el presidente Nayib Bukele, donde anunció una nueva manera de pasar consulta y agendarlas a través de videollamadas en una aplicación desde el teléfono celular. Previamente, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social había desarrollado una aplicación con la misma función, llamada DoctorISSS, pero fue desconectada hace unos meses.

Bukele explicó que DoctorSv brindará consultas virtuales con médicos, pero con ayuda de la Inteligencia Artificial.

¿Tiene limitaciones?

Sí, los términos y condiciones de la aplicación de celular reconoce que existen limitantes, según el problema de salud que el o la salvadoreña busquen atenderse. «Algunos problemas de salud pueden requerir un examen físico o pruebas que no se pueden hacer a través de una consulta virtual. Nuestros médicos podrán recomendarle optar por atención médica de emergencia o ambulatoria, en formato presencial», advierte la aplicación.

¿Solo es para adultos?

No, la aplicación DoctorSV también es para niños, niñas y adolescentes pero su registro debe hacerse a través de un titular, ya sea el padre, la madre o representante legal, a través del cual deberá registrarse al menor de edad, cumpliendo la protección de datos personales establecidas en la Ley Crecer Juntos.

Para registrar a un menor de edad, se debe presentar copia digital del DUI del padre o la madre además de la partida de nacimiento del menor, llenar un formulario de registro que incluye una declaración jurada de parentesco o representación legal, que se acepta de forma electrónica. Si se trata de un menor que está en una institución pública se necesitará una verificación en campo.

A un año de que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenara enviar a juicio al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y nueve exmilitares por la masacre de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989, el proceso sigue sin una fecha definida para la instalación de la vista pública.

El 18 de noviembre de 2024, dicho juzgado resolvió -tras la audiencia preliminar- que existían indicios suficientes para procesar a los 11 imputados por su presunta participación en la planificación y ejecución del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos  colaboradoras en el campus universitario. Con esta resolución, el tribunal ordenó abrir un juicio en su contra.

Los imputados en el caso son el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.

El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.

Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio.

Además, se ratificó la orden de captura y difusión roja en contra del expresidente Cristiani, el exdiputado Parker y los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Bustillo, tras su ausencia durante el desarrollo de la audiencia.

Pese a que el caso llegó al Tribunal de Sentencia, la fecha para la vista pública aún no ha sido establecida. Diario El Mundo consultó con el área de prensa de Centros Judiciales y confirmó que todavía no existe una programación definida para la instalación del juicio.

La Universidad Centroamericana conmemoró el pasado sábado el 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y las dos mujeres. La comunidad académica, junto a feligreses y organizaciones sociales, pidieron justicia y recordaron el legado de los mártires.

La guerra civil salvadoreña dejó más de 75,000 muertos y entre 8,000 y 10,000 desaparecidos. La masacre en la UCA fue uno de los crímenes más emblemáticos del conflicto armado salvadoreño, durante la ofensiva final.

Al registrarse en la aplicación de telemedicina, DoctorSv, los salvadoreños aceptan que sus datos personales y de salud sean utilizados para «investigación científica y estadística», aseguran los términos y condiciones.

«El usuario/paciente autoriza de manera expresa, libre, informada e inequívoca a DoctorSv para que los datos personales y datos de salud recopilados a través de la Aplicación puedan ser tratados de forma disociada o anonimizada, exclusivamente con fines de investigación científica, histórica o estadística», dice un apartado de los términos y condiciones.

Estos términos que se pueden encontrar al momento de registrarse y en la dirección https://terminosteleconsulta.doctorsv.gob.sv/ también indican que no divulgarán información «que permita la identificación directa o indirecta de los pacientes o usuarios», por cumplimiento de la Ley para la Protección de Datos Personales.

La aplicación asegura que la información es privada «todo lo que converse con el médico y cualquier información sobre su salud, o la de niños, niñas y adolescentes que represente, y respecto de quien sea responsable es confidencial.

La aplicación se registra con el número de DUI de los salvadoreños y una contraseña que cada usuario crea, al cargar, DoctorSV muestra la fotografía del Registro Nacional de Personas Naturales, pero debe ingresar datos sensibles como su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

«El expediente clínico y los datos personales serán resguardados con medidas de seguridad técnicas como cifrado, control de acceso, y almacenamiento seguro, y conforme a la Ley para la Protección de Datos Personales y la normativa del Ministerio de Salud», indican la aplicación.

El artículo 6 de la Ley para la Protección de Datos Personales expresa que «Toda persona, por sí mismo o por medio de su representante con facultades especiales,
tendrá derecho a conocer si sus datos personales están siendo procesados para garantizar la protección de los mismos, cuando sea procedente podrá solicitar la rectificación, cancelación o bloqueo de éstos; a oponerse al tratamiento de sus datos; y, a solicitar que se limite su tratamiento en el futuro para usos distintos a los consentidos», dice el primer literal.

El servicio de Doctor Sv fue lanzado el pasado 13 de noviembre por el presidente Nayib Bukele, donde anunció una nueva manera de pasar consulta y agendarlas a través de videollamadas en una aplicación desde el teléfono celular. Previamente, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social había desarrollado una aplicación con la misma función, llamada DoctorISSS, pero fue desconectada hace unos meses.

En primera instancia, el servicio fue activado solo para los salvadoreños entre los 18 y 30 años, pero ya está disponible para aquellos de entre los 31 a 40 años. La aplicación brinda servicios de salud mental y nutrición.

La Policía Nacional Civil informó este lunes la detención de un ciudadano hondureño identificado como Carlos Sebastián Ochoa Cantero, a quien acusó de intentar «ingresar al país 187 celulares de alta gama sin la respectiva declaración».

De acuerdo con las imágenes, gran parte de los aparatos eran iPhone.

Según la Policía, Ocho Cantero «fue detenido al arribar de un vuelo procedente de Panamá».

«Al ser consultado por su equipaje negó llevar artículos para declarar, sin embargo, el sistema scanner identificó los aparatos».

Será remitido por contrabando de mercadería.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló este lunes el juicio en contra de tres presuntos pandilleros pertenecientes a la estructura Mara Salvatrucha, acusados por el delito de limitación ilegal a la libertad en contra de un habitante del distrito de Cuscatancingo, en San Salvador Centro.

Los imputados fueron identificados como Óscar Ernesto Rodríguez, alias «El Oso»; Evelyn Xiomara Ramírez, alias «La Gorda» y Josué David Martínez, alias «El Cazador», perfilados como miembros de la MS. Los primeros dos procesados se encuentran detenidos en el Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona» y Apanteos, respectivamente. Mientras que Martínez es procesado en ausencia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando la víctima presuntamente fue interceptada por cuatro personas, tres de los imputados, y llevado a un callejón de dicho distrito, para amenazarlo con que se fuera de su vivienda y esta fuera entregada a la estructura pandilleril.

Durante la vista pública, la víctima con régimen de protección testificó que los imputados junto a una cuarta persona lo retuvieron en contra de su voluntad para exigirle que abandonara su casa o de lo contrario atentaría con su vida.

El testigo afirmó a la jueza encargada que conocía a Rodríguez y a Ramírez desde hace 15 años, y que era de su conocimiento que ambos eran miembros de la MS, debido a que vivían en la misma zona. La víctima agregó en su declaración que, la acusada era una activista de un partido político cuando sucedieron los hechos.

Por dichos hechos, la Fiscalía solicitó a la jueza 12 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad para cada uno de los imputados.

Por su parte, la defensa técnica alegó que, de emitir una sentencia condenatoria se debería de considerar el cambio en la tipificación de la limitación ilegal a la libertad por el delito de amenazas.

El Código Penal de El Salvador, en su artículo 152-A establece que “el que, mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes, impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Sin embargo, también añade que «cuando la violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes se realizaren para obligar a otro a abandonar su lugar de domicilio, residencia, trabajo, estudios o de realización de cualquier actividad lícita, se impondrá la pena de ocho a doce años de prisión”.

La lectura del fallo está previsto para ser entregado a las 2:30 de la tarde de este día.