Categoría: Nacionales

El pastor de la iglesia Elim y presidente de la cooperativa El Bosque, José u00c1ngel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Antonio Henríquez, quienes fueron detenidos durante una concentración para que el presidente Nayib Bukele intercediera para detener el desalojo de varias familias de la cooperativa El Bosque, siguen sin ser acusados ante los juzgados, informó a primeras horas de este miércoles, el abogado Oswaldo Feussier.

El abogado señaló que el requerimiento fiscal tendría que haberse presentado el martes, “por lo menos si lo pensaban presentar en horas de oficina, debido a que ayer se venció el plazo de 15 días para los detenidos de la cooperativa El Bosque, comunidad de La Libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de presentar el requerimiento fiscal en contra de las personas que hayan sido detenidas y a las que se les pretende acusar por los presuntos delitos cometidos.

“Si el hecho se entiende que son delitos comunes como resistencia y desórdenes públicos que fueron realizados en la zona de La Libertad tendría que ser en los Juzgados de Paz de Santa Tecla”, explicó Feussier a Diario El Mundo.

Sin embargo, el abogado expuso que si la Fiscalía pretende añadir delitos mayores como agrupaciones ilícitas, el caso pasaría a un Juzgado de San Salvador.

Hasta la mañana del miércoles Feussier dijo que aún espera ser notificado que haya sido presentado el requerimiento fiscal en contra de sus defendidos.

Los hechos

El 12 de mayo de 2025, residentes de la Cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

En dicha concentración fue detenido el líder comunitario, Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), según las imágenes difundidas por medios de comunicación en redes sociales.

Un día después, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador.

Ante ello, las organizaciones civiles y de derechos humanos junto a los demás habitantes de la comunidad se pronunciaron sobre las detenciones y exigieron la liberación de los detenidos, quienes en su momento señalaron que serían acusados por el delito de desórdenes públicos.

A finales de la misma semana, se conoció que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, en La Libertad había revocado el desalojo de los habitantes de la cooperativa El Bosque. La noticia se conoció luego de que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se reuniera con ellos.

El presidente Nayib Bukele, se pronunció sobre lo sucedido y dijo que los eventos de la noche del 12 de mayo fueron debido a “manipulaciones” de organizaciones hacia los residentes de la comunidad y dio paso para la creación de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.

Más de 2,000 privados de libertad del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana dedican sus jornadas a la fabricación de mobiliario escolar, elaborando diariamente cerca de 2,000 pupitres como parte del Plan Cero Ocio, una estrategia que impulsa el trabajo productivo y la reinserción social a través de la formación en oficios.

En el área de soldadura, el constante sonido del metal siendo cortado, moldeado, soldado y embalsamado marca el ritmo del trabajo para los reos, quienes en sus estaciones de trabajo transforman barras de hierro en estructuras firmes que darán forma a pupitres, escritorios, columpios y juegos de mesa sensoriales.

Gabriel Sánchez, encargado de mecánica industrial del área explicó que cada pieza se fabrica con precisión para abastecer a los centros educativos de todos los niveles, desde parvularia hasta bachillerato.

«Lo que son mesas, sillas, escritorios y todo lo referente a la renovación de las escuelas, también como lo que se va a implementar en las cocinas, mobiliario para cafeteras y todo lo referente a hacer algo», indicó Sánchez al destacar la variedad de elementos que se producen.

El mobiliario pretende ser utilizado para equipar las nuevas instalaciones educativas que se reconstruyen a nivel nacional, como parte del proyecto «Dos escuelas por día», que lanzó el pasado jueves el presidente Nayib Bukele, que busca renovar la infraestructura escolar.

Para esta tarea, al menos 2,000 reos están asignados exclusivamente para la fabricación del mobiliario educativo, según se informó a Diario El Mundo durante la visita al Centro Industrial de Santa Ana.

Parte del mobiliario escolar elaborado por los reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana./Francisco Valle

Confección

Paralelamente, en el área de textiles, alrededor de 2,050 privados de libertad trabajan en la confección de los uniformes que usarán las personas que participarán en las obras de reconstrucción de las escuelas del proyecto «Dos escuelas por día».

En mesas organizadas por equipos de 24 personas y bajo la supervisión de 200 encargados, se producen diariamente 2,000 kits que incluyen dos pantalones, dos camisas, dos boxers, una sábana y una mochila transparente. «Ellos están encargados de que cada prenda vaya en excelente calidad».

Las áreas de trabajo abarcan corte, confección, planchado, serigrafía y doblado, y operan bajo un sistema de empaque, detalló Miguel Medrano, uno de los coordinadores del área textil.

Medrano reveló que a su debido tiempo también se encarguen de la confección de los uniformes escolares.

El privado de libertad señaló que las personas que participan en los talleres al interior del centro penitenciario deben tener voluntad de superación. Medrano expresó que sueña con poder dedicarse a la confección de ropa cuando cumpla su sentencia.

«Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos brinda el Gobierno y poder retribuir con un poco de trabajo el daño que un día le causamos a la sociedad. Es una oportunidad bastante grande y espero algún día, si se me da la oportunidad hasta poder poner mi propio taller en vida libre», dijo Medrano.

El Plan Cero Ocio es una política que involucra a la población penitenciaria de El Salvador y que pretende promover el trabajo productivo al interior de las cárceles con el fin de apoyar en la reinserción social de los privados de libertad.

«El Gobierno ha dado la oportunidad de poder hacer todo desde cero, hacer todas las cosas de una forma nueva, hacer todas las cosas e ir mejorando, todo lo que había antes» expresó Sánchez.

Reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana en labores de confección de uniformes./Francisco Valle

El privado de libertad destacó que en el centro penitenciario ha aprendido diferentes labores como la mecánica, vocación que espera desempeñar cuando finalice su pena. «Yo no podía hacer lo que puedo hacer hoy como mecánica y en el transcurso del tiempo tratar de esforzarme y superarme y saber que si puedo desempeñar ese trabajo acá también lo puedo hacer cuando esté fuera».

El Centro Industrial de Santa Ana registra un aproximado de 8,500 privados de libertad cuenta con una amplia variedad de talleres, entre ellos textilería, pintura industrial y artística, metalurgía, carpintería, tapicería y arte en barro e hilo.

Así como áreas dedicadas a la ganadería, producción agrícola e incluso crianza de tilapia. En cada uno de estos espacios, los privados de libertad desarrollan oficios que fortalecen sus habilidades y promueven su reinserción social.

Un reo hace labores de soldadura en la armazón metálica de un pupitre en el penal de Santa Ana./Francisco Valle.

Más de 2,000 privados de libertad del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana dedican sus jornadas a la fabricación de mobiliario escolar, elaborando diariamente cerca de 2,000 pupitres como parte del Plan Cero Ocio, una estrategia que impulsa el trabajo productivo y la reinserción social a través de la formación en oficios.

En el área de soldadura, el constante sonido del metal siendo cortado, moldeado, soldado y embalsamado marca el ritmo del trabajo para los reos, quienes en sus estaciones de trabajo transforman barras de hierro en estructuras firmes que darán forma a pupitres, escritorios, columpios y juegos de mesa sensoriales.

Gabriel Sánchez, encargado de mecánica industrial del área explicó que cada pieza se fabrica con precisión para abastecer a los centros educativos de todos los niveles, desde parvularia hasta bachillerato.

“Lo que son mesas, sillas, escritorios y todo lo referente a la renovación de las escuelas, también como lo que se va a implementar en las cocinas, mobiliario para cafeteras y todo lo referente a hacer algo”, indicó Sánchez al destacar la variedad de elementos que se producen.

El mobiliario pretende ser utilizado para equipar las nuevas instalaciones educativas que se reconstruyen a nivel nacional, como parte del proyecto “Dos escuelas por día”, que lanzó el pasado jueves el presidente Nayib Bukele, que busca renovar la infraestructura escolar

Para esta tarea, al menos 2,000 reos están asignados exclusivamente para la fabricación del mobiliario educativo, según se informó a Diario El Mundo durante la visita al Centro Industrial de Santa Ana.

Confección
Paralelamente, en el área de textiles, alrededor de 2,050 privados de libertad trabajan en la confección de los uniformes que usarán las personas que participarán en las obras de reconstrucción de las escuelas del proyecto “Dos escuelas por día”.

En mesas organizadas por equipos de 24 personas y bajo la supervisión de 200 encargados, se producen diariamente 2,000 kits que incluyen dos pantalones, dos camisas, dos boxers, una sábana y una mochila transparente. “Ellos están encargados de que cada prenda vaya en excelente calidad”.

Las áreas de trabajo abarcan corte, confección, planchado, serigrafía y doblado, y operan bajo un sistema de empaque, detalló Miguel Medrano, uno de los coordinadores del área textil.

Medrano reveló que a su debido tiempo también se encarguen de la confección de los uniformes escolares.

El privado de libertad señaló que las personas que participan en los talleres al interior del centro penitenciario deben tener voluntad de superación. Medrano expresó que sueña con poder dedicarse a la confección de ropa cuando cumpla su sentencia.

“Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos brinda el Gobierno y poder retribuir con un poco de trabajo el daño que un día le causamos a la sociedad. Es una oportunidad bastante grande y espero algún día, si se me da la oportunidad hasta poder poner mi propio taller en vida libre”, dijo Medrano.

El Plan Cero Ocio es una política que involucra a la población penitenciaria de El Salvador y que pretende promover el trabajo productivo al interior de las cárceles con el fin de apoyar en la reinserción social de los privados de libertad.

“El Gobierno ha dado la oportunidad de poder hacer todo desde cero, hacer todas las cosas de una forma nueva, hacer todas las cosas e ir mejorando, todo lo que había antes” expresó Sánchez.

El privado de libertad destacó que en el centro penitenciario ha aprendido diferentes labores como la mecánica, vocación que espera desempeñar cuando finalice su pena. “Yo no podía hacer lo que puedo hacer hoy como mecánica y en el transcurso del tiempo tratar de esforzarme y superarme y saber que si puedo desempeñar ese trabajo acá también lo puedo hacer cuando esté fuera”.

El Centro Industrial de Santa Ana registra un aproximado de 8,500 privados de libertad cuenta con una amplia variedad de talleres, entre ellos textilería, pintura industrial y artística, metalurgia, carpintería, tapicería y arte en barro e hilo.

Así como áreas dedicadas a la ganadería, producción agrícola e incluso crianza de tilapia. En cada uno de estos espacios, los privados de libertad desarrollan oficios que fortalecen sus habilidades y promueven su reinserción social.

Un nuevo informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) sobre calidad de aire alertó este martes que la mayor concentración de polvo del Sahara en el país será el próximo sábado 31 de mayo.

El lunes, la entidad había advertido que la cantidad de polvo que ingresó el domingo, incrementará a partir del jueves y viernes próximo, no obstante, la mayor cantidad de particulado será hasta el sábado.

En estos primeros días, el polvo que el país recibe es en cantidades «menores a 10 microgramos por metro cúbico, muy por debajo de la Norma de Calidad del Aire Ambiental», dice el informe especial de Calidad de Aire publicado en la tarde.

La llegada de polvo proveniente del desierto del Sahara es común en los meses de mayo a julio, inclusive agosto, debido a las tormentas de arena que se levantan en este lugar africano.

Las nubes de polvo que viajan por el océano llegan en microparticulados hasta territorio centroamericano, bastante pequeñas, pero que si pueden generar efectos especialmente en las personas con problemas respiratorios.

Por ello, el ministerio recomienda que al incrementar la presencia del polvo se considere el uso de mascarilla, mantenerse hidratado y usar protector solar.

También recomienda evitar exponerse al aire libre en horas de mayor insolación y evitar hacer ejercicio en lugares abiertos.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, junto a familiares de uno de los acusados en el caso conocido con el mismo nombre,

presentaron este miércoles un escrito ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investiguen al juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas,

señalado de pertenecer a la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño.

“Nosotros como familiares hemos venido a presentar un escrito para que investiguen al juez que lleva el caso de los ambientalistas y nuestro familiar para que se revise si de verdad él (juez) tuvo implicaciones durante el conflicto armado como miembro activo de la Guardia Nacional”, manifestó Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los ocho procesados.

Según información difundida en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes, el juez Alas Flores fue su compañero dentro de la Guardia Nacional, por lo que ahora familiares de los acusados exigen que se investigue.

“Si eso es así, debe ser corroborado y apartado del caso porque esto genera un conflicto de intereses, ya que haría de juez y parte en esta investigación y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio, entonces desde ese punto de vista la imparcialidad se pierde”, indicó el hijo de uno de los procesados.

Desde inicios de abril, organizaciones de derechos humanos solicitaron al juez Flores Alas que se apartará del proceso judicial que enfrentan ocho personas de la comunidad Santa Marta acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

El representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva, consideró que el caso se ha visto “contaminado” y existe la posibilidad que haya manipulado a los otros dos jueces que conforman el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que conocerán el caso.

“Por lo tanto, es importante para la aplicación de una verdadera justicia que la Sección de Investigación realice la investigación y de esa manera determine si el juez puede o no actuar en el caso de nuestros compañeros”.
Alfredo Leiva,
Representante de ADES.

A ellos se sumó el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, quien expresó su apoyo a la comunidad Santa Marta y que el proceso penal ha sufrido de “atropellos” y “dilataciones” con el fin de “criminalizar” a las ocho personas acusadas.

“Ningún exguerrillero que haya participado en el conflicto armado debería de ser juez de ningún exmiembro de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad que participaron en el conflicto, así como a la inversa”, recalcó Díaz.

En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

El juicio repetido está previsto para el próximo 3 de junio de 2025, luego que fuera suspendido por tercera vez por carga laboral del Tribunal de Sentencia de San Vicente con otros procesos agendados.

El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una persecución en contra los ambientalistas de Santa Marta.

La abogada Jayme Magaña del colectivo Alas por la Libertad amplió, este martes, su denuncia sobre las abusos sexuales y abortos que mujeres privadas de libertad estarían sufriendo al interior de los centros penales salvadoreños.

El pasado 13 de mayo, la abogada presentó un aviso en la Fiscalía General de la República de Santa Ana donde pidió investigar el proceder de custodios hombres en perjuicio de la población rea de mujeres en los centros penales de Apanteos e Izalco.

Este martes, Magaña relató a los periodistas una ampliación de su denuncia donde señala que las violaciones sexuales «son una práctica común dentro de los centros penales».

«Las mujeres son revisadas totalmente desnudas por custodios hombres cuando esa labor debería realizarla una mujer, posteriormente son llevadas a las celdas y en ese tránsito los custodios empiezan a perfilar las mujeres que les gustan, luego de ser perfiladas las mujeres empiezan a recibir golpes y maltratos físicos hasta caer desmayadas y posteriormente son agredidas sexualmente. El resto de mujeres tienen prohibido ver estas acciones, preguntar o hablar con las víctimas de lo contrario son castigadas quitándole a toda la celda, la comida y recibiendo otro tipo de castigos físicos y psicológicos»,
Jayme Magaña,
Abogada de Alas por la Libertad.

La abogada y defensora de derechos humanos señaló que las mujeres que resultan embarazadas de estos vejámenes, si son detectadas antes de las 12 semanas, son obligadas a abortar. «Sin importar si están embarazadas o no, por los golpes, las embarazadas tienen abortos espontáneos al salir, el feto es tomado con una bolsa negra por los custodios y es llevado a las fosas de los penales. Este testimonio es consistente por las declaraciones de diferentes mujeres liberadas que estuvieron privadas de libertad en el transcurso de estos tres años en los penales de cárcel de Mujeres y Apanteos», añadió Magaña en su relato.

Los relatos de reas que han sido entrevistadas por Magaña y otras organizaciones indican que todas tienen prohibido hablar del tema entre ellas y con los personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que las visitan, de lo contrario, los custodios les dan castigos físicos, las privan de alimentación, y no solo a quien hable sino a todas las compañeras de celda.

Magaña externó que ha visto disposición de parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil en el caso y recordó que las denuncias de las reas van en contra de la legislación en favor de la mujer que está vigente el país.

El Salvador tiene vigente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que se aplica a todas, independientemente si están privadas de libertad o no, además, el Código Penal establece altas penas de prisión por violación sexual.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Luis Alonso Aguilar Méndez a 12 años de cárcel por el delito de extorsión agravada en contra de una persona, que goza con régimen de protección.

El sujeto que pertenecía al Barrio 18 confesó el delito y manifestó que había cobrado el dinero de la extorsión por miedo a que la pandilla le quitara la vida, de acuerdo a una publicación en la red X de Centros Judiciales.

La víctima realizó la denuncia en febrero de 2022, luego de que a finales de enero «unos sujetos llegaron a su lugar de trabajo y le entregaron un número telefónico. Al llamar, un hombre que se identificó como miembro de la pandilla 18 le exigió, bajo amenazas de muerte, el pago de $100 en enero, $200 en febrero y $400 en marzo».

Para realizar la captura las autoridades de seguridad realizaron un operativo con una entrega controlada para entregarle a los pandilleros $2,000 el 10 de febrero en un centro comercial.

Dicha entrega fue recogida por Aguilar Méndez, quien fue capturado iniciando el proceso judicial en su contra.

«En la vista pública, el imputado confesó haber cometido el delito y admitió haber pertenecido a la pandilla 18, afirmando que accedió a participar en la extorsión por temor a ser asesinado», aseguró Centros Judiciales.

#JusticiaSV | ́

—El imputado declaró que lo hizo por temor a ser asesinado por la pandilla a la que perteneció.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador… pic.twitter.com/LedOOxJFVr

— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 27, 2025

Pandillera condenada a 20 años por extorsión

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la condena a 20 años de cárcel impuesta a Karla Yesenia López Franco por extorsión continuada.

«Esta pandillera del Barrio 18 llegó al local en donde trabajaba la víctima a exigirle dinero y la amenazó de muerte si no entregaba la renta», dijo la FGR en X.

Según las autoridades fiscales el cobro de la extorsión se mantuvo durante tres meses, en el año 2022, hasta que la víctima decidió interponer la denuncia.

La mujer es condenada por otros delitos, según la FGR, que no detalló el lugar del país donde cometió la extorsión, ni el tribunal que emitió la condena.

#Condena | Karla Yesenia López Franco cometió el delito de extorsión continuada y la @FGR_SV logra que sea condenada a 20 años de prisión.

Esta pandillera del Barrio 18 llegó al local en donde trabajaba la víctima a exigirle dinero y la amenazó de muerte si no entregaba la… pic.twitter.com/yIG34fjF1i

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 27, 2025

El pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de mayo de 2025 indica condiciones variables en el territorio salvadoreño, con cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias y tormentas en horas de la tarde y noche, particularmente en el centro y occidente del país.

Durante la madrugada, el cielo estará cubierto, con posibilidades de lluvias puntuales en el occidente. En la mañana, se mantendrá parcialmente nublado sobre las zonas altas, con baja probabilidad de precipitaciones localizadas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Por la tarde, el ambiente continuará parcialmente nublado, con incremento en la probabilidad de lluvias y tormentas en las cordilleras del Balsamo, Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte del país. En la noche, se prevé que las lluvias se extiendan al resto del territorio, con énfasis en las regiones central y occidental.

El viento oscilará entre los 10 y 20 km/h, predominando del sureste y noreste. El ambiente será muy cálido durante el día, tornándose fresco durante la noche y madrugada.

Estas condiciones están influenciadas por el ingreso de una onda tropical combinada con el flujo del este acelerado, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel suspendió, este martes, la continuación del juicio en contra de cuatro personas acusadas de haber formado parte de un escuadrón de la muerte del Ejército y acusados de asesinar a cinco personas en 1981, en el contexto del conflicto armado.

La organización Cristosal confirmó que la vista pública, que inició el lunes y está prevista continuar este martes fue suspendida a petición de la defensa.

De acuerdo con información proporcionada por Cristosal, la defensa solicitó al Tribunal Primero de Sentencia que se notifique al Ministerio de Defensa sobre una acción civil subsidiaria presentada por la querella, de la que Cristosal es parte.

Una acción civil subsidiaria es una forma de responsabilidad civil que recae sobre una persona o entidad diferente al autor principal de un delito.

La querella, de acuerdo con Cristosal, señala que «la Fuerza Armada fue responsable por los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte que actuaban bajo su mando, en aquel contexto histórico».

En el caso conocido como masacre de San Andrés, se procesa a José Inés Benavides, alias «Necho»; José de la Cruz Orellana, alias «Chepe proyecto»; Aníbal Alvarado Benítez, alias «Chele Aníbal» y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de los acusados tienen medidas alternas a la detención y dos guardan prisión.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) a los imputados se les procesa el asesinato de cinco víctimas que fueron privadas de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel, el 7 de abril de 1981 y sus cadáveres fueron localizados un día después en el cantón Caulotillo, del municipio de San Alejo, La Unión.

La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el referido cantón y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

A los procesados se les atribuye los delitos de asesinato, privación de libertad, robo y asociaciones ilícitas, así como aquellos delitos contra las leyes o costumbres de guerra, es decir no atentar contra civiles. La FGR asegura que todos los delitos fueron cometidos durante el conflicto armado.

El juicio estaba previsto para realizarse durante cinco días, donde la representación fiscal presentaría pruebas periciales antropología, psicológica, físico-química y social. Además de la declaración de 15 testigos y ocho peritos con las que sustentan su acusación en contra de los imputados.

Los cuatro exmilitares se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.

Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos, críticos de los Gobiernos de turno o sospechosos de ser guerrilleros.

La guerra civil en El Salvador fue de 1980 a 1992 y dejó unas 75,000 personas fallecidas, unos 8,000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron durante la tarde de este martes a un hombre identificado como Anuel Ernesto Hernández Moz, quien es acusado de generar un accidente, atropellar a un motociclista de 79 años de edad y de transportarse con 506 grados de alcohol en sangre.

Según manifestó la institución, por medio de su cuenta de la red social X, Hernandez Moz se trasladaba en su pick up cuando chocó con el motociclista que resultó lesionado.

El hecho ocurrió en la calle principal que conduce a San Gerónimo, del cantón San Pedro Mártir, en el distrito de San Rafael Obrajuelo, La Paz Este. Luego del choque, la víctima impactó contra un camión que circulaba por la zona y, posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, detalló la institución,

Hernández Moz será acusado de los delitos de conducción peligrosa, por lo que comparecerá ante los tribunales para continuar con su proceso legal correspondiente.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del primero de enero hasta ayer lunes, se han reportado 8,226 accidentes de tránsito, 5,127 personas lesionadas y 484 muertos por estos siniestros viales.

Además, el portal indica que en lo que va de 2025 se han capturado a 384 personas por el delito de conducción peligrosa.

Con 506º de alcohol, Anuel Ernesto Hernández Moz, de 30 años, manejaba un pick up que chocó contra un motociclista de 79 años, quien resultó lesionado.

Tras el choque, la víctima impactó contra un camión que circulaba por la zona.

Fue trasladado a un hospital.

El hecho ocurrió… pic.twitter.com/BkXVkQis7K

— PNC El Salvador (@PNCSV) May 27, 2025