El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel suspendió, este martes, la continuación del juicio en contra de cuatro personas acusadas de haber formado parte de un escuadrón de la muerte del Ejército y acusados de asesinar a cinco personas en 1981, en el contexto del conflicto armado.
La organización Cristosal confirmó que la vista pública, que inició el lunes y está prevista continuar este martes fue suspendida a petición de la defensa.
De acuerdo con información proporcionada por Cristosal, la defensa solicitó al Tribunal Primero de Sentencia que se notifique al Ministerio de Defensa sobre una acción civil subsidiaria presentada por la querella, de la que Cristosal es parte.
Una acción civil subsidiaria es una forma de responsabilidad civil que recae sobre una persona o entidad diferente al autor principal de un delito.
La querella, de acuerdo con Cristosal, señala que «la Fuerza Armada fue responsable por los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte que actuaban bajo su mando, en aquel contexto histórico».
En el caso conocido como masacre de San Andrés, se procesa a José Inés Benavides, alias «Necho»; José de la Cruz Orellana, alias «Chepe proyecto»; Aníbal Alvarado Benítez, alias «Chele Aníbal» y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de los acusados tienen medidas alternas a la detención y dos guardan prisión.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) a los imputados se les procesa el asesinato de cinco víctimas que fueron privadas de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel, el 7 de abril de 1981 y sus cadáveres fueron localizados un día después en el cantón Caulotillo, del municipio de San Alejo, La Unión.
La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el referido cantón y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.
A los procesados se les atribuye los delitos de asesinato, privación de libertad, robo y asociaciones ilícitas, así como aquellos delitos contra las leyes o costumbres de guerra, es decir no atentar contra civiles. La FGR asegura que todos los delitos fueron cometidos durante el conflicto armado.
El juicio estaba previsto para realizarse durante cinco días, donde la representación fiscal presentaría pruebas periciales antropología, psicológica, físico-química y social. Además de la declaración de 15 testigos y ocho peritos con las que sustentan su acusación en contra de los imputados.
Los cuatro exmilitares se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.
Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos, críticos de los Gobiernos de turno o sospechosos de ser guerrilleros.
La guerra civil en El Salvador fue de 1980 a 1992 y dejó unas 75,000 personas fallecidas, unos 8,000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
