Categoría: Nacionales

Familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron, este martes, a José Roberto Jaco Carranza, empresario de Seisabus, quien fue detenido la semana pasada por presuntamente negarse a prestar el servicio de transporte gratuito, durante el cierre de Los Chorros.

El cuerpo del transportista fue velado la noche del lunes en Lomas del Tecana, en Santa Ana, donde se reunieron decenas de personas y lamentaron su repentina muerte.

Este martes, sus seres queridos partieron a la Iglesia El Carmen, donde se brindó una misa de cuerpo presente para honrar su memoria.

Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Parque Jardín Las Flores, ubicado en la misma ciudad santaneca, y previo a ello, una caravana de unidades de transporte colectivo de la empresa Seisabus y vehículos particulares, participaron en el cortejo fúnebre como muestra de respeto y reconocimiento a su labor.

Jaco era el encargado de las rutas de buses de la 201, que conduce de Santa Ana a San Salvador y de la ruta 50, que transita del centro de Santa Ana al Congo.

La muerte de Roberto Jaco fue anunciada por la Mesa Nacional de Transporte, la mañana del lunes, quien era uno de los 16 transportistas detenidos la semana pasada, luego que el presidente Nayib Bukele ordenara a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a los transportistas que se negarían a brindar el servicio de transporte colectivo gratis del 5 al 11 de mayo, por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

Según mencionó el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, el empresario de Seisabus fue de los últimos transportistas detenidos y padecía de una complicación de salud que requería un tratamiento permanente, y que pudo ser la causa de fallecimiento. Sin embargo, desconocen de la causa de muerte.

Durante la semana de servicio gratuito se detuvieron al menos a 16 transportistas, pero la Policía Nacional Civil sólo publicó los nombres de 12 empresarios:

Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán.

Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,

Nelson David Moreno, de la ruta 79.

Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa.

Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa.

Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango.

José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango.

Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.

Nelson Saúl Villalta Platero, de él la Policía no indicó de qué ruta ni lugar es empresario, pero la Mesa Nacional de Transporte dijo que era de la ruta 29, Acopac.

Julio Ovestes Mirón Escobar, quien es empresario de las rutas 47 y 48.

Tras las primeras capturas el presidente Bukele arremetió en contra de los empresarios del transporte colectivo y advirtió que de seguir afectando al pueblo enfrentarían consecuencias. Posteriormente, informó que pagaron $12 millones a los transportistas por un acuerdo entre ellos para brindar el servicio de buses y microbuses gratis durante la semana pasada.

La carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros permaneció cerrada durante dos semanas, luego que un talud cayera la madrugada del 29 de abril, inhabilitando ambos tramos de la carretera que llevó al caos vehicular en zonas aledañas. El paso fue habilitado la noche del domingo 11 de mayo.

Durante el cierre de Los Chorros, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez dijo que en el tramo hay siete taludes que necesitan ser intervenidos y que su principal misión es bajar la verticalidad e inclinarlos entre 45 y 50 grados para evitar más derrumbes.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 79 años de prisión a Alex Okely Romero, por los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

El sujeto quien fue perfilado como pandillero de la Mara Salvatrucha (MS13) exigía dinero a comerciantes y transportistas del oriente del país.

«Las víctimas de este sujeto eran comerciantes y transportistas del oriente de país. Desde el 2003 hasta el 2013, Romero les exigía el pago de distintas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas», dijo la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

Durante la investigación también se comprobó que el dinero obtenido de forma ilícita por Romero, era enviado a diferentes centros penales, para ser entregado por colaboradores a otros pandilleros.

«La @FGR_SV comprobó que el dinero de estas extorsiones ingresaba a distintos centros penales como el de Ciudad Barrios, Tonacatepeque y Chalatenango, utilizando a familiares para entregarles dinero y también utilizaban colaboradores de la pandilla quienes escondían dinero en sus partes íntimas, para luego entregárselos a los pandilleros de rango superior», aseguró la Fiscalía.

#Condena | Alex Romero, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 79 años de cárcel luego de ser declarado culpable de 7 casos de extorsión.

Las víctimas de este sujeto eran comerciantes y transportistas del oriente de país. Desde el 2003 hasta el 2013, Romero les exigía el… pic.twitter.com/5bUbiJzxaF

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 13, 2025

Un hombre identificado como Juan Carlos Rodríguez Guevara fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel, por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el sujeto cometió las violaciones entre 2017 y 2019 en San Pablo Tacachico, La Libertad Norte, en contra de una niña de 11 años, aprovechándose que la madre de salía a trabajar.

«Guevara aprovechaba que la mamá de la niña salía a trabajar para violarla, la maltrataba física, emocionalmente y la amenazaba con hacerle daño a su familia si contaba lo sucedido», dijo la FGR sobre el caso en su cuenta de X.

La investigación determinó que Rodríguez Guevara también se aprovechó de la ausencia de la madre debido a que se encontraba hospitalizada porque había dado a luz.

«La hermana mayor de la niña se enteró de los maltratos que sufría y decidió sacarla de ese lugar e inmediatamente interpusieron la denuncia», dijo la Fiscalía.

#VioladorCondenado | Juan Carlos Rodríguez Guevara recibió una condena de más de 26 años de prisión por abusar sexualmente de una menor desde que tenía 11 años.

Guevara aprovechaba que la mamá de la niña salía a trabajar para violarla, la maltrataba física, emocionalmente y la… pic.twitter.com/iOysHo1cIb

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 13, 2025

Organizaciones de derechos humanos junto a habitantes de la

comunidad El Bosque, en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad denunciaron, este martes, las capturas de su líder comunitario José Ángel Pérez y del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, luego que participaran en una manifestación por el aviso de desalojo de tierras de dicha comunidad.

“Lamentablemente, el hecho de que la gente se haya manifestado por esto el día de ayer ha tenido como consecuencia la captura arbitraria de dos miembros de la comunidad, Ángel Pérez, pastor, defensor de derechos humanos y esta mañana (de) Alejandro Henríquez, un abogado de derechos humanos y representante de Reverdes que acaba de ser capturados”.
Ingrid Escobar
Directora de Socorro Jurídico Humanitario.

El líder de la comunidad Ángel Pérez fue detenido la noche del lunes, mientras se realizaba la concentración frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente, Nayib Bukele luego de conocer la orden de desalojo de 300 familias para el próximo 22 de mayo de 2025, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

Mientras que el abogado Alejandro Henríquez fue detenido esta mañana en la afueras de las instalaciones del Foro del Agua, en la colonia Miramonte de San Salvador.

De acuerdo con la vocera de Socorro Jurídico, a Pérez y Henríquez los acusaron del delito de desórdenes públicos. En el lugar, mencionó que resultaron lesionados otros dos habitantes identificados como Adolfo Castro y Ernesto Alemán.

Aglutinados frente a la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, La Libertad, los habitantes denunciaron que durante la manifestación elementos de la Policía Nacional Civil los atacaron a golpes y con gas pimienta.

“Fuimos violentados no haciendo actos delictivos, sino que simplemente estábamos anunciando nuestra gran desgracia que por otras personas estamos en peligro que nos saquen a la fuerza y no es justo”, dijo uno de los habitantes identificado como Cristofer Toledo.

Otra de las personas que participó en la manifestación pacífica fue María, de 72 años de edad, explicó que el propósito de la actividad era buscar ayuda del presidente Bukele para no perder sus viviendas, sin embargo, dijo que fueron atacados por los agentes policiales.

«Fuimos golpeados, yo soy una de ellas, mi canilla (sic) la tengo hinchada y las costillas también porque cuando no quería caminar a golpes me llevaron. Se llevaron al pastor de la iglesia (Ángel López) porque nosotros pacíficamente estábamos en ese lugar. A los niños les echaron gas pimienta y a nosotros también nos sacaron a puros golpes. A los hermanos (capturados) los han golpeado y a puro golpes se los han llevado”.
María,
Mujer de 72 años que participó en la manifestación.

La mujer agregó: “¿Cuál es el apoyo que vamos a recibir del presidente? si cuando nosotros esperamos una respuesta digna en el cual él nos apoyaba para rescatar nuestras viviendas y manda fuerza militares a echarnos gas pimienta como si fuéramos criminales”.

A ella se sumó otra habitante identificada como Lisbeth, quien lamentó dicha situación y teme por su familia y de sus vecinos, quienes de cumplirse la orden de desalojo no tendrían otro lugar para vivir.

“Necesitamos ayuda, niños sin escuelas, tantos niños que han pedido ayuda y nunca se nos pone a nosotros los pobres a alguien que nos defienda, eso duele porque todos los niños tienen derecho a una vivienda digna. Hay mujeres con niños pequeños que fueron amedrentados, fue una cosa muy fea y no tenemos para donde irnos, son 300 familias sin hogar”, expresó la mujer.

Ante los hechos, Socorro Jurídico y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora condenaron el abuso de autoridad en contra de las 300 familias de la comunidad El Bosque en contra de su derecho de manifestación.

“Fueron reprimidas por la UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden) de la PNC (Policía Nacional Civil). Demandamos la libertad de integridad de los líderes comunitarios”, expresó Silvia Navarrete, del Movimiento de la Clase Trabajadora.

El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, La Libertad ordenó el desalojo de las tierras donde al menos 300 habitan en el lugar y que temen perder sus viviendas.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a once pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) hasta 155 años de prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que los hombres son miembros de la clica Coronados Little Syco Locos Salvatruchos de la MS-13.

“Los hechos ocurrieron entre el 2015 y 2017 en el distrito de El Divisadero, Morazán, distritos San José de La Fuente, Bolívar y otros de La Unión, así como en la colonia 15 de Septiembre de la ciudad de San Miguel”, indicó la Fiscalía en su publicación.

Pablo Edgardo López fue condenado a 155 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

Entre las condenas también está la de David Antonio Martínez, quien recibió 130 años de cárcel por homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

#CombateAPandillas I Gracias al trabajo de la @FGR_SV se han logrado condenas de hasta 155 años de prisión en contra de varios pandilleros de la MS13 que operaban en el oriente del país, quienes participaron en 4 homicidios y varios delitos más.

Entre los crímenes de esta… pic.twitter.com/mSF8qeJFHl

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 13, 2025

Por este mismo delito fue condenado José Inmar Aguilera Chavez a 40 años de prisión.

Bryan Josué Linares recibió 70 años de cárcel por homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada.

En la lista también está Santos Ismael Saravia, condenado por homicidio agravado a 60 años de cárcel.

Delitos cometidos

La FGR dijo que a esta estructura se le acusa de cometer cuatro homicidios agravados, cuatro actos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y un caso de proposición y conspiración por cometer extorsión agravada.

Entre las víctimas está un taxista que fue asesinado el 24 de noviembre de 2016 en la colonia 15 de Septiembre, en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro.

Las investigaciones fiscales apuntan a que fue el hermano de la víctima el que ordenó, desde un centro penal, que este fuera asesinado por no enviarle dinero producto de actividades ilícitas.

El homicidio se concretó disfrazado de robo por tres pandilleros de la zona, quienes le dispararon al taxista.

Según la FGR, nueve imputados fueron condenados presentes y dos en rebeldía.

Condenas

Esta no es la primera vez que estos hombres son condenados por algún delito.

En octubre de 2022, la Fiscalía aseguró que Pablo Edgar López fue condenado a 274 años de cárcel por organizaciones terroristas, homicidio agravado y extorsión. Al menos con esta otra condena ya acumula 429 años de prisión.

David Antonio Martínez recibió una pena en ese momento de 274 años de cárcel por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, y con esta segunda condena ya acumularía 404 años de cárcel.

Por su parte, Inmar Aguilera obtuvo 23 años de prisión y Linares ocho años. Hace tres años, Santos Ismael Saravia fue sentenciado a 57 años de cárcel.

La Universidad de El Salvador (UES) recibió todo el dinero adeudado por parte del gobierno salvadoreño, confirmó este martes el rector de la institución, Juan Rosa Quintanilla a través de un video publicado por la Red Salvadoreña de Medios (RSM).

Rosa Quintanilla dijo a RSM que desde el 8 de mayo el gobierno decidió dejar “a cero” la deuda que mantuvo con el alma mater durante los últimos años.

El catedrático explicó que, en primera instancia, se entregaron $11.4 millones correspondientes a la deuda de 2024.

“Dos o tres días después se nos informaba de que se iba a saldar la deuda pendiente de 2025 que eran $14.3 millones”, añadió el rector.

El rector dijo que parte del dinero desembolsado será utilizado para solventar el pago a los proveedores.

Los retrasos en el pago del presupuesto de la UES ascendieron a $30 millones en febrero de 2025, cuando, según las autoridades universitarias, se adeudó dinero correspondiente a 2023, 2024 y 2025.

En ese momento, el rector de la universidad aseguró que el último desembolso se había efectuado entre enero y febrero de este año, correspondiente a $2 millones.

Durante los primeros días de abril la deuda se redujo a $28 millones, de los cuales $12 millones era deuda del 2025 y el resto correspondió a dinero que se tuvo que haber depositado el año pasado.

Pese a los retrasos el gobierno no volvió a replicar la situación de 2024, cuando el pico de la deuda subió a $56 millones.

A inicios del año, el gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $1,400 millones, la semana anterior, el presidente Nayib Bukele reiteraba que pagarían $1,000 millones que adeudaban a los proveedores gubernamentales.

Medidas

En medio de la falta de pago presupuestario, la UES decidió ejecutar una política de ahorro que suspendió los planes de compras con fondos generales.

Rosa Quintanilla dijo están expectantes si la dinámica de desembolsos continúa de la forma en como la programación de ejecución presupuestaria lo dicta.

La UES aseguró que garantizará que se inviertan los recursos en equipamiento para laboratorios informáticos y especializados, así como en el mantenimiento preventivo de los vehículos con los que cuenta la universidad y de la infraestructura que ya haya cumplido su vida útil.

“Nosotros no vamos a desmontar lo que hemos considerado como medidas que nos han permitido mantenernos a flote”, indicó Rosa Quintanilla.

El rector reiteró que la política de ahorro se mantendrá en los próximos meses, aunque espera que los pagos lleguen a tiempo.

El miembro del Foro del Agua, Carlos Flores, denunció este martes la captura del abogado de esa misma organización, Alejandro Henríquez, por parte de la Policía Nacional Civil en la colonia Miramonte de San Salvador, bajo el delito de desórdenes públicos.

Henríquez es el abogado de la cooperativa El Bosque, de la comunidad del mismo nombre, que este 22 de mayo preven ser desalojados por orden de un juzgado.

«Esta mañana, en un procedimiento policial fue detenido en las afueras de la oficinas del Foro del Agua en la colonia Miramonte y fue detenido bajo los delitos de desórdenes públicos con el argumento que es organizador de la actividad que en los últimos cuatro días mantuvieron la cooperativa El Bosque, en el cantón El Triunfo Santa Tecla, donde estaban pidiendo solidaridad al presidente, donde estaban pidiendo ayuda al presidente para que les apoyara en el proceso de desalojo que tienen para el 22 de mayo. Quiero aclarar que Alejandro Henríquez ha actuado únicamente acompañando a la comunidad, su labor ha sido brindar asesoría jurídica sobre lo que deben o no deben hacer las personas para que no afecten su situación legal», denunció Flores a través de un video que fue enviado a periodistas.

Henríquez se encontraba anoche en la manifestación que la cooperativa realizó frente al centro comercial Las Piletas y la residencial Los Sueños, donde habita el presidente Nayib Bukele, donde cerca de 300 familias pedían al mandatario que intercediera para evitar el desalojo.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil llegó y detuvo a al menos cuatro personas; en una transmisión hecha por Bálsamo Radio- TV se observa a Alejandro Henríquez quien es llamado por los agentes para conversar. Alejandro se acerca y en esos momentos, los agentes empiezan a detener a miembros de la comunidad, entre ellos, el presidente de la cooperativa y pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez.

«Denunciamos la detención, es una detención arbitraria, yo argumenté a la PNC que Alejandro únicamente es el asesor legal de la cooperativa, a lo que ellos hicieron caso omiso».
Carlos Flores,
Miembro del Foro del Agua.

Anoche, la comunidad El Bosque también denunció la detención de Diego Armando Guzmán, Adolfo Castro, y Moisés Galeano.

El

Tribunal Primero de Sentencia del distrito de Santa Tecla condenó este martes a 17 años de cárcel a un sujeto identificado como Josué Eduardo Platero Mina, quien fue hallado culpable del delito de homicidio simple en perjuicio de su pareja.

Según manifestó la Fiscalía General de la República (FGR), quien llevó a cabo la investigación, los hechos ocurrieron en enero de 2024, en el cantón El Matazano, del distrito de San Juan Opico, del municipio de La Libertad Centro.

Según testigos, la víctima y el imputado discutieron en dos ocasiones antes del crimen. Acto seguido, el procesado atacó a la víctima, golpeándola e hiriéndola con un arma blanca, para luego abandonar el cuerpo cerca de la quebrada Cuesta Los Conacastes, en el cantón mencionado.

Asimismo, las autoridades mencionaron que el cuerpo de la víctima fue hallado por un hombre que estaba buscando leña en dicha zona.

Posteriormente, el acusado fue capturado inicialmente por el delito de resistencia, ya que era considerado el principal sospechoso del asesinato. Sin embargo, tras las primeras diligencias y la recopilación de evidencias preliminares, se le notificó formalmente que enfrentaría cargos por homicidio simple.

Además agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía realizaron una inspección en la vivienda del detenido, donde localizaron una fosa séptica. En ese lugar hallaron el teléfono celular y la billetera de la víctima, que aún contenía sus documentos personales, así como el arma blanca que fue utilizada para cometer el crimen.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador decretó seis años de prisión contra un hombre que se apropió de un vehículo que debía ser enviado a Estados Unidos.

A través de redes sociales, Centros Judiciales informó que Mauricio Alexander Acevedo Vázquez también fue condenado a pagar $10,000 en concepto de responsabilidad civil.

“El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Mauricio Alexander Acevedo Vázquez, por el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en perjuicio de Salvador A”.

Centros Judiciales de El Salvador
Publicación en redes sociales

Acevedo fue acusado por apropiación indebida de vehículo por la Fiscalía General de la República (FGR), tras la presentación de pruebas durante la audiencia preliminar, el juzgado resolvió enviarlo a la siguiente fase.

El caso

A inicios de este año, la FGR dijo que el imputado fue contratado desde 2019 por la víctima para exportar el auto hacia Estados Unidos, en donde la víctima reside.

Centros Judiciales recordó que el hombre retiró el vehículo de colección de un taller, ubicado en el bulevar Venezuela -a mediados de diciembre de 2021-, perteneciente a Salvador A.

Acevedo se comprometió a enviar el vehículo a Estados Unidos, pero se excusó asegurando que tuvo problemas con la naviera debido a la pandemia por covid-19.

Las investigaciones revelaron que el implicado dejó de responder a la persona afectada, pese a conocerlo desde su infancia.

La FGR indicó que el vehículo fue encontrado en una vivienda particular donde Acevedo lo había dejado, provocando un perjuicio de $50,000 a la víctima.

Para el 2030 cerca de cuatro millones de automotores circularán en las calles salvadoreñas, según estimaciones del movimiento de Movilidad Eléctrica de El Salvador (MOVES).

La directora de la organización, Vanessa Rubio, aseguró este martes que el tamaño del parque podría incluso duplicarse en los próximos siete u ocho años debido a la tendencia al alza que ha mantenido en los últimos años.

“Si seguimos así, para el 2030 puede ser que lleguemos a tener un poquito menos de los 4 millones (de automotores)”.

Vanessa Rubio,
Directora de MOVES.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que retoma datos del Registro Público de Vehículos Automotores, señala que hasta abril de 2025 habían más de 1.9 millones de automotores circulando en El Salvador, un 2.3 % más que la misma fecha de 2024.

El gobierno señala que en la actualidad hay 1.2 millones de vehículos, que representan un 66.59 % del total de unidades que circulan, así como un 641,345 motocicletas, un 33.41 % del total.

Las estadísticas plantean que más de tres cuartos del parque vehicular está conformado por automóviles y motocicletas.

En el país también circulan pick-up, camiones livianos y pesados, microbuses, paneles, remolques, cabezales, cuatrimotos, autobuses de transporte y tricimotos.

Además, los salvadoreños han comprado vehículos de alquiler, microbuses de transporte, autobuses, remolques y ambulancias.

El historial de registros del parque vehicular evidencia que hasta el 2015 El Salvador mantuvo en sus calles menos de un millón de automotores circulando.

La situación cambió para 2016, cuando se sobrepasó el millón de vehículos y motocicletas.

Movilización

Durante una entrevista en Pulso Ciudadano, Rubio aseguró que el aumento del parque vehicular se generará en un entorno que mantiene la misma infraestructura.

La situación, añadió, replantea al país la forma en cómo debe movilizarse.

MOVES indicó que el congestionamiento vehicular provocado por un cierre temporal de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, en las últimas dos semanas reflejó la necesidad de apostar por un buen transporte publico.

El movimiento recomendó que en horas picos, asuetos y días de pago el país debería procurar garantizar un buen transporte colectivo, más aún cuando no se aprovechan estrategias como el teletrabajo para reducir la carga vehicular.