Categoría: Nacionales

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche de este martes

la captura de otros cinco empresarios de transporte colectivo, esta vez señalados de sacar tarde sus unidades, cobrar el pasaje y no hacer las paradas respectivas, luego de que el gobierno dictara la gratuidad nacional del servicio del 5 al 11 de abril por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, en donde realiza reparaciones tras constantes derrumbes.

Los nuevos capturados son: Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa; Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango; y Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.

Al igual que otros cinco arrestados el lunes, también serán acusados de cuatro delitos según la PNC: incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado.

Capturamos a 5 transportistas tras las verificaciones hechas durante este día, a nivel nacional.

Recibimos denuncias de rutas que sacaron tarde sus unidades, estaban cobrando el pasaje o no hacían las paradas respectivas.

Se trata de:
Napoleón Humberto Cárcamo López,… pic.twitter.com/XKBErFSU5M

— PNC El Salvador (@PNCSV) May 7, 2025

Once horas antes, la Mesa Nacional de Transporte había solicitado a Bukele «clemencia» y la liberación de los primeros cinco empresarios de transporte capturados el lunes por presuntamente negarse a prestar el servicio de forma gratuita. Ellos también serían acusados de los delitos de incumplimiento de deberes, extorsión, denegación de auxilio y peculado.

“Con el respeto que se merece señor presidente, pedimos clemencia por la pronta liberación de nuestros tres compañeros empresarios detenidos el pasado lunes de la Mesa Nacional de Transporte, así mismo de los otros dos compañeros de las otras gremiales”, solicitaron los transportistas en un comunicado de prensa, en el cual agradecen al gobierno el pago de la compensación económica y prometen acatar «las disposiciones del presidente Nayib Bukele para mejorar el sector».

La Mesa Nacional de Transporte hace del conocimiento público que según lo dicho por el señor Presidente @nayibbukele, ya fue hecho efectivo el pago a las rutas de autobuses y microbuses a nivel nacional del 5 al 11 de mayo, tiempo que el servicio de transporte es gratuito. pic.twitter.com/P0B0Uw5MUI

— Mesa Nacional De Transporte (@MesaTransporte) May 6, 2025

Los cinco empresarios capturados el lunes fueron: Genaro Ramírez, José Alejandro Arriaza, Alexander Sorto, Nelson David Moreno y Abel Reina, a quienes Bukele ordenó arrestarlos. Según el gobierno, el lunes 5 de mayo, durante el día, la gratuidad no fue cumplida por los transportistas. En la noche del lunes, el gobernante publicó que se había hecho efectivo el pago de $12 millones de compensación a los transportistas por la gratuidad.

El domingo 4 de mayo, el gobierno ordenó la gratuidad del transporte público a nivel nacional al anunciar que se prolongaría, hasta el domingo 11 de mayo, el cierre de la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros, que se encuentra inhabilitada desde el martes 29 de abril tras el colapso de un talud de tierra. La zona ha sufrido al menos seis eventos o deslizamientos durante la construcción del viaducto Francisco Morazán.

La Marina Nacional incautó un barco pesquero que transportaba una tonelada de cocaína valorada en $25.6 millones, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X.

El operativo fue efectuado a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, aseguró el mandatario.

La Marina también detuvo a cuatro narcotraficantes de origen costarricense, quienes se transportaban en la embarcación.

Además de la droga, las autoridades incautaron armamento entre los que había dos pistolas y seis fusiles.

Nuestra Marina Nacional interceptó un barco pesquero a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

A bordo transportaba 1 tonelada de cocaína, valorada en $25.6 millones junto a 4 narcotraficantes costarricenses que… pic.twitter.com/oKmmftvYxx

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 7, 2025

«Con esta operación, ya suman 28.2 toneladas incautadas en el último año, por un valor total de $706.8 millones», aseguró Bukele en la publicación.

El último operativo efectuado por las autoridades salvadoreñas se registró el 26 de marzo, en el que fueron incautadas tres embarcaciones, una que transportaba 1.3 toneladas de cocaína valorada en $32.5 millones y otras dos que brindaban apoyo.

En el operativo fueron capturados seis guatemaltecos y tres ecuatorianos.

Representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de organizaciones de derechos humanos pidieron este martes a la Fiscalía que se brinde información sobre si existe órdenes de detención contra periodistas del medio digital El Faro y si se ha abierto una causa penal contra ellos.

El abogado Oswaldo Feusier explicó en una rueda de prensa que los solicitantes «tenemos derecho a conocer si existen imputaciones o investigaciones criminales» en contra de al menos siete periodistas.

«Estamos convencidos, desde la APES, que la investigación periodística, el derecho a informar y la libertad de expresión no se puede, ni se debe criminalizar», indicó Feusier, de la Clínica de Primero Auxilios Jurídicos de la APES.

Dijo que esperan que «no se haya abierto una causa penal contra» los periodistas por «el ejercicio de una libertad que es fundamental en una democracia, como es el derecho a informar».

El presidente de la APES, Sergio Arauz, enfatizó en que «el periodismo no es delito, los periodistas no somos delincuentes, ejercemos nuestro derecho a informar, a revelar y a pedir información y a fiscalizar a las autoridades que nos gobiernan».

Señaló que El Salvador, actualmente, «es un país donde no hay garantías constitucionales, estamos en régimen de excepción, no hay derecho a la presunción de inocencia, no hay derecho al debido proceso, no hay independencia judicial, bu00e1sicamente no hay democracia y la Fiscalía actúa, bu00e1sicamente, a control remoto a las órdenes del presidente que tenemos».

«Nos asiste el derecho a pedir información, queremos saber si estu00e1n (los periodistas) siendo señalados y dejar claro que ejercer el periodismo en estas circunstancias habla de un país en el que no existe democracia», añadió.

El presidente de la APES y el abogado Feusier, junto a representantes de organizaciones de derechos humanos, llegaron a una de las sedes de la Fiscalía General para presentar un escrito en la que solicitaron dicha información.

Cristosal, el Servicio Social Pasionista, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, fueron algunas de las organizaciones que acompañaron a la APES.

El su00e1bado, el director de El Faro, Carlos Dada, alertó que la Fiscalía General de El Salvador «prepara órdenes de captura» para periodistas de este medio.

El medio salvadoreño publicó el jueves pasado la primera parte de un vídeo con la entrevista a un líder de pandilla, y el viernes y este su00e1bado reveló una segunda y tercera parte del contenido.

Según El Faro, durante algunos días de enero de este 2025, uno de sus equipos «se movió a diferentes ciudades para entrevistar a dos líderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que escaparon del país con la complicidad de su Gobierno».

El medio afirma que «esta es la primera vez que líderes pandilleros, que también entraron encapuchados al penal de mu00e1xima seguridad a recibir instrucciones, revelan en vídeo detalles de los acuerdos que permitieron el ascenso de Bukele al poder total».

El presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado ante lo publicado por El Faro.

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó este martes por enriquecimiento al exdiputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rodolfo Parker y su grupo familiar.

La sentencia establece que Parker y su familia deberán devolver al Estado $1,680,918.35 tras incrementar su patrimonio de forma injustificada, señaló Centros Judiciales en su cuenta de X.

«Parker y su familia incrementaron injustificadamente su patrimonio durante el período del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2021, cuando él fungió como diputado propietario por San Salvador en tres periodos consecutivos, por el Partido La Esperanza (PES) y por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)», dijo Centros Judiciales en la publicación.

Las autoridades señalaron que los condenados son:

Rodolfo Antonio Parker Soto: $516,174.49
Cristina Renate Wein de Parker, esposa del exdiputado: $330,939.22
Andrés Rodolfo Parker Wein, hijo del exdiputado: $731,123.88
Sofía Cristina Parker Wein, hija: $19,700
Katya Renate Parker Wein, hija: $82,980.76

Según la Cámara la familia Parker logró justificar algunas irregularidades, sin embargo, además del monto estulado a devolver al Estado, el exdiputado del PDC también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo públcio durante un plazo de diez años.

Actualmente, Rodolfo Antonio Parker Soto es uno de los implicados en el caso de la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA), el 16 de noviembre de 1989.

El caso paso a la etapa de vista pública el pasado 18 de noviembre de 2024, en el que también son acusados el expresidente de la República, Alfredo Cristiani y los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.

#JusticiaSV | ´ . ´

—Los demandados no pudieron justificar el incremento patrimonial que obtuvieron… pic.twitter.com/FohuhFKGs7

— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 6, 2025

La Mesa Nacional de Transporte solicitó, este martes, al presidente salvadoreño Nayib Bukele la liberación de los cinco empresarios de transporte colectivo, señalados presuntamente de negarse a brindar la movilización de personas de forma gratuita.

«Con el respeto que se merece señor presidente, pedimos clemencia por la pronta liberación de nuestros tres compañeros empresarios detenidos el pasado lunes de la Mesa Nacional de Transporte, así mismo de los otros dos compañeros de las otras gremiales», solicitó la asociación a través de un comunicado de prensa.

La mañana del lunes, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó las capturas de los empresarios Genaro Ramírez, José Alejandro Arriaza, Alexander Sorto, Nelson David Moreno y Abel Reina, luego que el mandatario diera la orden a la policía de arrestar a los dueños de las unidades que no brindarían el servicio gratuito esta semana por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

La misiva compartida por la gremial en redes sociales, manifiesta su agradecimiento por «honrar el compromiso» de pago de la compensación económica con el sector del transporte colectivo con las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y dando el servicio gratuito a nivel nacional.

Además, aseguraron que la Mesa Nacional de Transporte seguirá trabajando a favor de la población salvadoreña y «acatando las disposiciones del presidente Nayib Bukele para mejorar el sector del transporte público de pasajeros».

La noche del lunes, Nayib Bukele publicó en su cuenta de Facebook que el Gobierno había hecho el pago de $12 millones a los dueños de las unidades de transporte público, para cubrir todos los días de gratuidad, por lo que «no existe ninguna justificación para no brindar el servicio» y que tampoco tenían excusas «para no pagar el salario a los más de 12,000 motoristas».

¿Qué se sabe de los detenidos?

El vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, dijo a Diario El Mundo que aún desconocen dónde se encuentran retenidos los empresarios y que la última información que tuvieron es que han sido trasladados a su zona jurisdiccional de trabajo.

El empresario aseguró que se han apoyado con un equipo jurídico para auxiliar a los empresarios del transporte colectivo detenidos y que posteriormente enfrentarían un proceso judicial.

Los cinco empresarios serán remitidos a los juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión, según indicó la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, esta tarde, el presidente Bukele dijo que los acusados serán también procesados por el delito de peculado, «ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron. Se hará cumplir la ley», escribió en sus redes sociales Bukele.

El tramo de Los Chorros permanece cerrado desde el pasado martes 29 de abril, tras el colapso de un talud de tierra que inhabilitó ambos carriles de la carretera y obligando a los transportistas a tomar rutas alternas.

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Jorge Castaneda aseguró este martes que el 65 % de las tuberías están obsoletas y que solo en lo que va del año han reparado 20,000 fugas de agua.

«Heredamos una tubería obsoleta, una estructura de asbesto, cemento, que es importante recalcar que ese tipo de materiales ya están prohibidos, porque son cancerígenos y muchas de las tuberías que aún hay en algunas zonas del país siguen siendo de asbesto, cemento, y esas son las que estamos sustituyendo. Solo este año van más de 20,000 acciones de reparación de fugas y derrames», aseguró, en una entrevista televisiva.

También aseveró que hacen cambio de tuberías y reparaciones en el que invertirán más de $200 millones.

«Hemos iniciado con el cambio de tuberías que ya dieron su vida útil. Estamos transformando el sistema hidráulico con una inversión histórica de más de $200 millones».
Jorge Castaneda,
Presidente de ANDA.

Sobre la construcción de la planta potabilizadora de Ilopango, Castaneda dijo que hay diferentes fases de avance, pero en términos generales de los ocho pozos dijo que ya construyeron dos, y afirmó que en general «el 40% de la obra está terminada».

Sobre el estrés hídrico que vive el país, el funcionario dijo que al año «el país tiene 21,000 millones de metros cúbicos de agua», pero por las tuberías dañadas «ahí podríamos hablar que en la red no hay suficiente agua, por eso hay que aprovechar las aguas lluvias», concluyó.

Un hombre identificado como Xavier Antonio Rodríguez Mejía fue condenado este martes tras ser encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz continuada en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su cuenta de la red social X, Rodríguez Mejía se aprovechó de la confianza que tenía con los familiares de la menor y la violó cuando se encontraba sola en la casa.

Asimismo, las autoridades detallaron que el condenado la amenazó para que no contara lo sucedido, pero la víctima le contó a su mamá e inmediatamente interpusieron la denuncia correspondiente.

La FGR aseguró que los hechos ocurrieron en abril de 2024 en el distrito de Soyapango, del municipio de San Salvador Este.

#VioladorCondenado | Xavier Antonio Rodríguez Mejía ha sido condenado a 23 años de prisión por violar a una menor.

Mejía se aprovechó de la confianza que tenía con los familiares de la niña y abusó sexualmente de ella cuando la encontraba sola en casa, la había amenazado para… pic.twitter.com/yIDM7XboST

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 6, 2025

Este no es el único condenado por este delito en los últimos días, ya que el pasado jueves David Alejandro García Fuentes fue sentenciado a más de 28 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz modalidad continuada en perjuicio de una menor de 13 años de edad, detalló en su momento la FGR.

Mediante engaños, García persuadió a la víctima para comenzar una relación sentimental con la finalidad de sostener relaciones sexuales con ella, informaron las autoridades.

La Universidad de El Salvador (UES) anunció este martes que oficialmente abrió su proceso de admisión de nuevo ingreso 2026 para estudiantes y estará abierto hasta el 30 de septiembre.

Por medio de un comunicado, la casa de estudios estatal aseguró que este nuevo ciclo de admisión representa una oportunidad para que miles de jóvenes puedan acceder a una educación superior respaldada por 184 años de trayectoria. Dicho trámite de inscripción se realizará en el sitio oficial de la universidad https://eel.ues.edu.sv/ingreso.

El comunicado afirma que los aspirantes podrán elegir iniciar su carrera universitaria entre la modalidad presencial o en línea/distancia, en cualquiera de las sedes de la UES: Central, Paracentral, Occidental u Oriental.

Como parte del proceso deberán realizar el registro en línea, cargar documentos personales y someterse a pruebas de orientación para apoyar la elección de carrera. Para este próximo año escolar también se integró un curso de refuerzo académico.

A mediados de febrero, los datos de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UES indicaron que la admisión para este año 2025 tuvo una caída del 26 % en comparación con el ciclo anterior.

Mientras que en 2024 se registraron 23,714 aspirantes y se examinaron 22,129, para 2025 la cifra bajó a 19,295 solicitantes, de los cuales solo 15,485 realizaron la evaluación. Esto representa una disminución del 18.6 % en las solicitudes y del 30.2 % en las que se sometieron a examen.

Recientemente, la UES obtuvo la acreditación por parte de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (CdA). La institución aseguró que modernizó su infraestructura tecnológica, mejoró su conectividad y amplió la oferta académica en línea.

Durante el lanzamiento de la convocatoria, el rector de la universidad, Juan Rosa Quintanilla, destacó que la UES mantiene su compromiso con la equidad y el acceso a la educación para los sectores más vulnerables.

“Hoy, con un enfoque centrado en la calidad educativa, la innovación y la inclusión, reafirma su papel como motor de transformación nacional”, afirmó Rosa Quintanilla.

En el segundo día de la gratuidad en el transporte colectivo por el cierre en Los Chorros, el presidente Nayib Bukele acusó a los empresarios del transporte cometer “irregularidades”, a pesar de haber recibido el dinero por adelantado, por ello, los acusó de peculado.

“Este día, a pesar de que ayer se realizó el pago por adelantado correspondiente a los siete días de transporte público gratuito, se registraron múltiples irregularidades por parte de algunos transportistas”, publicó el mandatario.

Según Bukele “algunas unidades no realizaron sus recorridos; otras sí circularon, pero no permitieron que los usuarios abordaran, a pesar de ir vacías; y en varios casos se cobró el pasaje, aun cuando el Gobierno ya había cubierto ese costo”, aseguró.

“Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron. Se hará cumplir la ley”.
Nayib Bukele,
Presidente salvadoreño.

Sin embargo no explicó qué empresarios son los que habrían cometido las irregularidades, cuáles con exactitud, y si ya recibieron los fondos.

La mañana de este martes, las paradas de buses fueron inspeccionadas por elementos del Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, quienes agilizaron el abordaje de pasajeros y que no les cobraran.

El lunes cinco empresarios de transporte fueron capturados, luego que Bukele diera la orden a la Policía Nacional Civil (PNC), acusándolos de “un claro sabotaje al país”, al no brindar el servicio.

Por la noche, de ese mismo día, el presidente publicó en su cuenta de Facebook que el gobierno había hecho “el pago de $12 millones a los dueños de las unidades de transporte público”, para cubrir todos los días de gratuidad, por lo que no había “ninguna justificación para no brindar el servicio” y que tampoco tenían excusas “para no pagar el salario a los más de 12,000 motoristas”.

También aprovechó para amenazarlos nuevamente, recalcándoles que “como gobierno ya hemos cumplido, incluso por adelantado. Ahora les corresponde a los transportistas cumplir también. De lo contrario, se tomarán medidas sumamente drásticas.”

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador declaró, el lunes, en rebeldía a los abogados y voceros de la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Ivania Berenice Cruz y Rudy Mauricio Joya, implicados en el caso de venta irregular de lotes, denominado “La Floresta”.

La decisión de la jueza se informó mediante una audiencia de revisión de medidas, donde se ordenó la captura provisional de los abogados, y a su vez enviará oficios a la Interpol para que se emita la difusión roja de captura.

Ivania Cruz y Rudy Joya son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

Ante la resolución del Tribunal, la abogada Cruz expresó a través de su cuenta de X que se trata de una persecución política en contra de los defensores de derechos humanos.

“Es evidente que no confiamos en un sistema de justicia corrupto al régimen de (Nayib) Bukele. Este día (lunes) nos declaran en rebeldía y emiten alerta roja. Condenamos estás acciones dónde no se garantiza el debido proceso, ni nuestros derechos”.
Ivania Cruz,
Abogada de Unidehc.

Unidehc emitió un comunicado de prensa donde señalaron que el pasado 2 de mayo los abogados enviaron una carta al Tribunal para informarle que el viaje que tenían planeado de regreso no se iba a realizar porque cumplian una agenda internacional, la cual no fue tomada en cuenta por la jueza.

Ante ello, aseguró que el equipo legal de Unidehc junto a los abogados acusados iniciarán acciones legales en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Otros implicados

La Fiscalía acusó a 29 personas, 25 presentes y cuatro en calidad de ausentes, en su mayoría habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad de vender lotes a personas de escasos recursos por montos de entre $100 y $200.

En el caso también fue señalado el activista Fidel Zavala, quien presuntamente recibía instrucciones por parte de los abogados y realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

El 14 de marzo de 2025, el mismo Tribunal ordenó para Zavala y otras 23 personas de la comunidad implicadas en el caso a permanecer en detención provisional y a otra más medidas sustitutivas a la detención para una de las procesadas, por estado de embarazo, mientras el caso pasaba a etapa de investigación.

A los imputados se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.