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El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió el lunes a juicio a seis ciudadanos mexicanos y dos ecuatorianos quienes son acusados del delito de tráfico ilícito de drogas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la FGR, los imputados son acusados de traficar 1,550 kilogramos de cocaína. Las autoridades estiman que el valor de esta droga en el mercado ilegal asciende a aproximadamente $38,967,000.

Los detenidos fueron identificados como Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, de Ecuador, así como Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider
Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz, estos últimos seis provenientes de México, de acuerdo al reporte fiscal.

Estos presuntos traficantes fueron detenidos el viernes 19 de julio 2024, a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

En total llevaban 52 bultos donde transportaban la cantidad de droga antes mencionada, de acuerdo a las autoridades.

Anteriormente, en agosto de 2024, la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) destruyeron en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, un alijo de cocaína perteneciente a este caso.

El juicio en contra del exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, en el caso denominado Rais-Martínez continuó el lunes con la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República.

El abogado querellante, Mario Calderon, explicó que en la jornada del día se presentó el testimonio de Claudia Matria Herrera, su esposa y víctima a quien se le acusó del delito de amenazas en contra del empresario Enrique Rais.

«Se declararon hechos de que ella estaba recibiendo una persecución en septiembre de 2014 en la que otra persona la seguía un una motocicleta, el equipo de seguridad trataron de agarrar a esa persona y no pudieron agarrar para entregarlo a las autoridades. De ese hecho, ese hecho es que Enrique Rais y Hugo Rais partieron para denunciar la amenaza (en su contra) con agravación en especial, cuando en ningún momento lo ha detenido ella a Enrique Rais», expuso Calderón.

El abogado de la querella argumentó que el exfiscal había ordenado intervenciones telefónicas donde se identificaron los motivos para acusar a su esposa por el presunto delito de amenazas, del cual fue absuelta.

«Se hicieron intervenciones telefónicas, Luis Martínez ordenó esas intervenciones telefónicas porque él decía que había un complot para atentar contra su vida por parte de otras personas y en esas intervenciones telefónicas que fueron ordenadas por el mismo se captaron llamadas con un juez de paz y otrora persona donde se descubrió esa trama de la captura de ella y la fabricación del peritaje. Eso fue lo que utilizaron para armarle el caso de delitos contra amenazas», explicó.

Asimismo, se recibió la declaración de un segundo testigo, de quien se asegura fue víctima de otro proceso fraudulento por parte del exfiscal, donde se fabricaron peritajes psicológicos «a la medida» y en donde está involucrado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfuncionario del delito de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Según las acusaciones Martinez favoreció de supuestas pruebas falsas que habría permitido en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

La representación fiscal tiene previsto la declaración de 42 testigos que sustentarán las acusaciones en contra de los imputados. Desde la instalación de la vista pública, el pasado 16 de junio se han escuchado el testimonios de al menos 10 personas.

El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.

Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica.

En diciembre de 2024, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro encontró culpable al exfiscal por enriquecimiento ilícito de $71,736.62. Mientras que en el año 2018 fue condenado a cinco años de cárcel por revelación de información privada en contra del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como «Padre Toño».

Aparatosos accidentes de tránsito reportados en las últimas horas por cuerpos de socorro y usuarios en las redes sociales, dejaron al menos a dos personas atropelladas y a tres más lesionadas.

El primer hecho se registró en la comunidad Tempisque del kilómetro 36 de la carretera antigua hacia Santa Ana, donde una persona murió en la madrugada de este martes tras ser atropellada de acuerdo a usuarios en las redes sociales. En dicho siniestro, elementos de Comandos de Salvamento y Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para las respectivas investigaciones.

En otro accidente, una persona murió atropellada durante la noche del lunes en la intersección del semáforo de La Gloria con el bulevar Constitución en el distrito de San Salvador, confirmó en su cuenta de Facebook, Cruz Verde seccional Mejicanos.

Por otro lado, Comandos de Salvamento Santa Ana, atendió a un joven de 21 años, durante la noche del lunes, en el kilómetro 61 de la carretera antigua a San Salvador, quien sufrió un accidente de tránsito y sufrió traumatismos en su pierna y hombro derecho. Tras atenderlo, fue llevado a un centro médico, detalló la institución.

Asimismo, una joven identificada como Isa González, de 28 años, fue atendida la noche del lunes por brigadas de Comandos de Salvamento Quezaltepeque, luego de que su vehículo volcara en la intersección del bulevar Monseñor Romero Este y salida a Rotonda Francisco Morazán, detalló la institución.

Por último, elementos de Comandos de Salvamento seccional Sensuntepeque, atendieron a un hombre en la carretera Longitudinal del Norte luego de un accidente de tránsito, en el que dos camiones se vieron involucrados, reportó la institución durante la noche del lunes. Tras ser atendido fue llevado al Hospital Nacional de Sensuntepeque.

Además otro accidente se reportó en el Paseo General Escalón y 73 Avenida Norte, San Salvador Centro, donde equipo táctico de Protección Civil realizó labores de limpieza por derrame de aceite.

Nuestro #EquipoTácticoOperativo realizó limpieza por derrame de aceite debido a un accidente de tránsito.

Paseo General Escalón y 73 Avenida Norte, San Salvador Centro. pic.twitter.com/sxBMhGaPa7

— Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) July 1, 2025Según reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del primero de enero hasta ayer martes se han reportado 10,259 siniestros viales que han dejado a 6,331 personas lesionadas y 594 muertos.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a seis años de prisión al exinvestigador de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC), José Wilfredo Caishpal Aguirre, por el delito de concusión, es decir, de abusar de su cargo para obtener un beneficio personal.

Caishpal Aguirre fue acusado el 17 de agosto de 2023 y para ese entonces, la fiscal del caso explicó que el ahora condenado llegó en horas de la madrugada a casa de la víctima y le exigió $10,000 a cambio de no ser detenida bajo el régimen de excepción. La víctima le respondió que no tenía ese dinero, y que solo tiene $450. El entonces policía le quitó esa cantidad y le dio un plazo para entregar $6,000 más.

La víctima decidió denunciar y junto a la Policía Nacional Civil se hizo un operativo de entrega el 2 de agosto de 2023, donde Caishpal Aguirre fue detenido.

La Fiscalía General lo acusó del delito de extorsión agravada, cuya pena puede rondar entre los 10 y 15 años de cárcel y también le imputó el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego, sin embargo, por este cargo fue absuelto finalmente.

Según el Código Penal, el delito de concusión se configura cuando «el funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare a otro a dar o prometer a él o a un tercero, dinero u otra utilidad lucrativa», y la pena será de tres a seis años de cárcel con la inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo.

La DECO, la unidad de la PNC para la que Caishpal trabajaba es una de las divisiones élite que investiga casos delicados sobre crimen organizado.

Un informe de Human Right Watch (HRW) reveló la semana pasada que policías salvadoreños aceptaron que en el país ha habido detenciones arbitrarias, abusos de poder y fábrica de evidencia.

El paso de una onda tropical podría causar lluvias y tormentas durante este martes, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante la mañana, estas lluvias aparecerán en la zona oriental para en la tarde trasladarse a la cordillera volcánica, montañosa y en la noche, llegarán al resto del país: el centro, el occidente y la costa.

El pronóstico prevé que las lluvias traigan ráfagas de vientos ocasionales que ronden entre los 10 y 25 kilómetros por hora y algunas superen los 30 kilómetros por hora.

No obstante, las temperaturas diurnas estarán cálidas y rondarán entre los 34 grados Celsius en La Unión y 31 grados Celsius en San Salvador. La madrugada y la noche se tornarán frescas.

Hasta ayer, el ministerio preveía la presencia de polvo del Sahara pero en bajas concentraciones, que podrían terminar de dispersarse con las lluvias.

De momento, las autoridades no prevén ninguna formación ciclónica que pueda afectar el clima salvadoreño, a pesar que hay una sobre la Florida y otra al sur de México.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hombre que vapulearon a otro sujeto y lo hirieron en el rostro con un envase de vidrio.

Los detenidos fueron identificados como David Josué Enríquez Rivas, de 38 años de edad y Freddy Marcial Bonilla, de 44 años, quienes fueron grabados por testigos que se encontraban en el lugar.

Las autoridades policiales publicaron en su cuenta de X que la trifulca ocurrió en la 4a calle Poniente y 1a avenida Sur, del barrio San Juan de Dios, en San Vicente.

El incidente difundido en redes sociales ocurrió «tras una discusión que inició en un bar donde departían con bebidas alcohólicas», aseguró la PNC.

«La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital», mientras que en el caso de los detenidos, la corporación policial detalló que serán «remitidos por el delito de lesiones».

El video difundido muestra a siete personas participando en el enfrentamiento, por lo que la PNC dijo que la investigación del hecho continúa para «determinar la participación de otras personas involucradas».

Capturamos a dos sujetos que hirieron el rostro de un hombre con un envase y lo vapulearon tras una discusión que inició en un bar donde departían con bebidas alcohólicas.

Luego salieron a la intersección de la 4ª Calle Poniente y 1ª Avenida Sur, del barrio San Juan de Dios, en… pic.twitter.com/dDuHXOBhgK

— PNC El Salvador (@PNCSV) July 1, 2025

El número de detenidos acusados de pertenecer a la «Raza Estudiantil» subió a 48, según las últimas actualizaciones del Gabinete de Seguridad.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señaló que las autoridades realizaron la intervención de los jóvenes en centros educativos del país que buscaban retomar actividades pandilleril, que se formó desde años pasados.

El ministro detalló que son 34 mayores de edad y 14 menores que tenían cargos establecidos dentro la estructura. «El 70% son mayores de edad», indicó Villatoro.

«La investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla donde tienen niveles jerárquicos y aparte de los niveles jerárquicos tienen una actividad definida que era la venta de droga».
Gustavo Villatoro,
Ministro de Seguridad.

El pasado 24 de junio, la Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según un comunicado de la institución.
¿De qué los acusarán?El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que los jóvenes capturados serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, así como relacionados a delitos sexuales, amenazas al cuerpo docente, conspiraciones para asesinar a policías y falsificación y alteración de monedas.

Las autoridades sostuvieron que previo a las reformas, las leyes protegían a los menores que delinquían. «Habían leyes con intención que el Estado fracasara cuando se enfrentara con menores», indicó el ministro Villatoro.

«Tienen que entender que vamos a llegar a la complejidad en las leyes y en las acciones que necesitamos para salir adelante», añadió Villatoro.

«Tenemos casos lamentables en los cuales, estas personas que están actualmente acusadas, introducían alumnas al interior de servicios sanitarios de los centros educativos, con la intención de abusar sexualmente de ellas, mientras otros se encargaban simplemente de alejar al cuerpo docente o de alejar a compañeros que querían auxiliarlas».
Rodolfo Delgado,
Fiscal general.

Por último, sugirieron a los padres de familia y cuerpo docente a «hacer un serio examen de conciencia».

«Todas estas situaciones son las que se están dando y son las situaciones que estas personas estaban provocando al interior de los centros educativos. Creo que los padres y los maestros o las personas que están encargadas en la crianza de estos adolescentes deben hacer un serio examen de conciencia», agregó el fiscal.

La vocería de prensa fue convocada por el gabinete de Seguridad y no se permitieron preguntas de los periodistas.

Los jóvenes fueron detenidos el pasado 24 junio y el siguiente día, un grupo de padres de familia llegaron a la Procuraduría General de la República donde los jóvenes pudieron hablar con ellos, realizar un chequeo de salud y ser enviados a centros de detención.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a un joven motociclista identificado como Carlos Daniel Salazar Umaña, de 20 años, quien chocó contra una patrulla policial en el kilómetro 113 de la carretera de Metapán a Santa Ana.
Tras hacerle el alcotest, Salazar Umaña presentó 100 grados de alcohol.

Por otro lado, la corporación policial, que divulgó la captura en su cuenta de la red social X, detuvo a otras tres personas por el delito de conducción peligrosa en las últimas horas y en distintos puntos del país.

En el municipio de Cuscatlán Sur, agentes policiales arrestaron a Josúe Osmín Ramírez de 23 años, quien resultó con 530 grados de alcohol cuando manejaba su vehículo.

Por otra parte, en San Salvador, agentes de la PNC detuvieron a un conductor identificado como Carlos Alberto Fernández Morales de 32 años,quien es acusado de provocar un accidente de tránsito, en la avenida Lincoln, colonia Zacamil, Mejicanos. Al momento de realizar el alcotest, el resultado arrojó 122 grados de alcohol.

Por último, la PNC capturó a Juan Marcos Ramírez Vega de 24 años. en el kilómetro seis y medio de la carretera antigua a Zacatecoluca, distrito de San Marcos, de acuerdo a la información policial Ramírez Vega presentó 156 grados de alcohol.

Por ello, las autoridades informaron que todos los capturados serán remitidos a las instancias correspondientes.

En las últimas horas capturamos a varios sujetos por conducción peligrosa en diferentes puntos del país.

Santa Ana Norte

Carlos Daniel Salazar Umaña, de 20 años, chocó contra una de nuestras patrullas cuando manejaba su motocicleta con 100º de alcohol.

El hecho ocurrió en… pic.twitter.com/nS3x6onhkh

— PNC El Salvador (@PNCSV) June 30, 2025

Entre el 1 de enero y el 29 de junio, un total de 1,030 personas han sido arrestadas por conducción temeraria, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cifra refleja una disminución del 12.3% en comparación con el mismo período en 2024.

El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, reveló que los empleados de la autónoma capturados y acusados por la Fiscalía General de la República de integrar una estructura criminal dedicada a estafas realizaban conexiones ilegales al sistema de agua potable, por las que cobraban miles de dólares.

«La institución la estamos depurando. Hicimos auditorías, y se identificó que algunos usuarios no estaban registrados legalmente y se inició la investigación. Estas personas (los capturados) se encargaban de hacer el proceso, pero no lo reportaban. Cobraban desde $1,000 hasta $3,000 y esos recursos no entraban a la institución».

Castaneda dijo que son más de 200 personas las que fueron estafadas, según la investigación, la estructura operaba en el occidente y oriente del país.

«Esas conexiones quedaban directas no se finalizaba el proceso por tanto esos recursos no entraban a la institución… Y cobraban eso entre $1,000 y $3,000, la investigación viene de este tiempo atrás. Y se siguen realizando investigaciones», dijo Castaneda.

Son 12 los empleados de ambas que han sido acusados por la Fiscalía de conformar una red criminal. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó que los 12 acusados se mantengan en prisión provisional.

El juez ordenó que el proceso judicial pase a la etapa de instrucción con medida de detención provisional.

Los detenidos son acusados de agrupaciones ilícitas, cohecho propio, fraude de servicios de fluidos, estafas agravadas y cohecho activo. La FGR los acusa de pedir altas sumas de dinero para brindar servicios de ANDA de forma «inmediata».

Elementos de la división de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron durante la noche del domingo a un conductor identificado como Ever Alexander Marín, de 39 años, quien fue hallado con 356 grados de alcohol en aire aspirado mientras conducía y de chocar contra una motocicleta.

De acuerdo a la PNC, que divulgó la captura por medio de su cuenta de la red social X, este arresto ocurrió en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, donde Marín chocó con una segunda motocicleta y dejó lesionada a la conductora.

Esta no fue la única captura realizada en horas del domingo, ya que otro hombre identificado como Rafael Humberto Gómez chocó a otro vehículo en el distrito de Jocoro, Morazán Sur, de acuerdo a la información de la PNC.

Tras hacerle la prueba de alcotest, Gómez resultó con 163 grados de alcohol, por lo que fue capturado por la PNC. Estos sujetos serán puestos ante los respectivos tribunales en los siguientes días por el delito de conducción peligrosa, el cual, no tolera que los conductores manejen con algún nivel de alcohol.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, desde el 1 de enero hasta el 29 de junio, las autoridades han detenido a 1,030 personas por el delito de conducción temeraria. Según la entidad, esto representa un 12.3% menos en comparación con el pasado 2024.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal donde estipuló que el delito de conducción peligrosa se tipificaba al encontrar a cualquier conductor con algún nivel de alcohol. Previamente, el delito se configuraba al conducir con más de 99 grados de alcohol.
Además de reformar el Código Penal también los diputados hicieron una serie de reformas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual incrementó las multas por infracciones de tránsito hasta $150.

Entre las faltas más serias también está conducir bajo cualquier nivel de alcohol, pero que la principal consecuencia es enfrentar el proceso penal.

Policías de la División de Tránsito han capturado a dos conductores peligrosos en diferentes departamentos.

Distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro.

capturamos a Ever Alexander Marín de 39 años, quien chocó con una segunda motocicleta, donde la conductora resultó… pic.twitter.com/bM3Di2CCcf

— PNC El Salvador (@PNCSV) June 30, 2025