Familiares del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciaron este lunes que dos magistrados de la Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han excusado de conocer una apelación, en el caso civil por enriquecimiento ilícito que enfrentó el exfuncionario en noviembre de 2024.
“La Sala de lo Civil, esté 5 de febrero, hace solo 17 días nos informó que dos de sus tres magistrados se excusaron de estar en el proceso por haber conocido previamente como miembro del pleno de la Corte”, manifestó Steffany Ayala, esposa de Chicas.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable, en noviembre de 2024, a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.
Según el fallo de la Cámara, Chicas debe devolver la suma de $173,705.57; su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. En la sentencia se inhabilitó a Chicas para ejercer un cargo público durante los próximos diez años.
Sin embargo, dicha resolución fue apelada ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no hay respuesta definitiva del caso. Ante ello, la cónyuge indicó que están a la espera del nombramiento de los dos magistrados sustitutos.
Testigo en caso Santa Marta
Junto a Ayala, organizaciones sociales y ambientalistas manifestaron su rechazo a la captura del exmagistrado y exigieron su liberación, debido a que es un testigo clave en el juicio en contra de los ambientalistas de Santa Marta.
“Chicas tuvo una participación muy importante en el juicio en el que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque dio libertad a los ambientalistas. El proceso se volvió a abrir en una maniobra de la Fiscalía. Lamentamos y rechazamos categóricamente la detención, pues no garantiza su participación en el proceso», expresó Peter Nataren, líder de la Comunidad Santa Marta.
El pasado 3 de febrero, estaba prevista la instalación del juicio en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, con sede en Ciudad Delgado, sin embargo, se suspendió debido a la inasistencia de los acusados.
A la cita llegó Chicas, como parte de los testigos de descargo de la defensa de los acusados.
Rafael de Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, añadió que la captura de Eugenio Chicas debilitará el proceso judicial en contra de los ambientalistas de Santa Marta.
“La captura de Eugenio Chicas va a debilitar el proceso de justicia contra los compañeros síndicos defensores ambientalistas de Santa Marta, ya se ha dicho que Eugenio Chicas es un testigo clave y a pesar del momento fortalece la posición de una Fiscalía que lamentablemente cae en prácticas corruptas al abrir un segundo juicio”, dijo.
Por su parte, la esposa de Chicas sostuvo que el proceso judicial en su contra es también «una venganza personal”, luego que hace unos años, el exmagistrado demandó al presidente Nayib Bukele por difamación y el ahora mandatario tuvo que pagarle $50,000.
“Se sigue confirmando que Eugenio es víctima de una persecución política ante su valentía de declarar en el caso de los luchadores de la minería de Santa Marta y de una venganza personal por haberlo hecho pagar por el daño que (Nayib Bukele) nos hizo por mentir sobre nuestra familia. Eugenio se unió a la lucha social siendo muy joven», declaró.
Ayala agregó que hasta este día no ha tenido contacto con su esposo y que lo único que sabe es que se encuentra detenido en las instalaciones de la División de Tránsito de la PNC.
Según dijo, Chicas padece de diabetes, hipertensión y problemas del corazón, y que por el momento se encuentra estable.
Chicas fue capturado el 13 de febrero de 2025, luego de ser acusado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, un delito por el que fue hallado responsable civilmente en noviembre de 2024.
