La Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc) presentó, este miércoles, ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal en contra del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla y su titular, por los presunto delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en relación a la quema de ramadas en la Costa del Sol, en mayo de 2024.
«Se está presentando este aviso penal en contra de este juzgado debido a la falta de debido proceso que ha habido en este caso de la Costa del Sol. Hace un par de días se realizó precisamente el tema de la audiencia de vista pública que obviamente no lo conoció el proceso penal este Juzgado Ambiental, pero nació del juzgado Ambiental este caso de la Costa del Sol», informó el abogado y vocero de Unidehc, Rudy Joya.
El caso se relaciona con el desalojo y quema de ramadas de los comerciantes que ocurrió el 12 de mayo de 2024, donde más de 50 comerciantes perdieron sus pertenencias, entre ellas mesas, sillas y hamacas que formaban parte de los negocios de los vendedores de la zona costera.
Joya sostuvo que los comerciantes afectados esperan una indemnización por los daños causados a sus negocios cometidos por la alcaldía de La Paz Centro y el alcalde de dicha comuna, Armando Jirón, acusado de los delitos de incendio y actos arbitrarios.
«Nosotros lo que le estamos pidiendo a la jueza ambiental de que cumpla con lo dicho, que ella así como dijo de una reubicación, un reordenamiento, nosotros estamos esperando todavía esa reubicación», manifestó Elizabeth Jiménez, una de las vendedoras afectadas por la quema de ramadas en la Costa del Sol, en La Paz.
El vocero de Unidehc explicó que el delito de actos arbitrarios pudo haber dado inicio desde el Juzgado Ambiental, ya que los comerciantes aseguran que no fueron notificados que estaban siendo denunciados por contaminación ambiental.
«Los actos arbitrarios comienzan desde el proceso ambiental, desde el momento que no les notificaron a ellas que estaban siendo denunciadas por supuesta contaminación ambiental y que luego emiten un desalojo que es totalmente arbitrario o que la jueza de medio ambiente, no siguió el debido proceso como debe de ser», expuso Joya.
En mayo de 2024, la jueza ambiental de San Salvador con sede en Santa Tecla negó haber ordenado el desalojo de los vendedores y aseguró que hubo una «mala interpretación» por parte del personal de la alcaldía de La Paz Centro.
Ante ello, Joya señaló que junto al aviso penal, se presentó un escrito dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, para conocer sobre los resultados de la vista pública en contra del edil de La Paz Centro.
El juicio se realizó en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, sin embargo, el abogado de Unidehc sostuvo que «no ha tenido el resultado que obviamente las comerciantes están esperando, que es el tema de resarcimiento», debido a que presuntamente se habría llegado a un acuerdo con la representación fiscal en el caso de la quema de las ramadas.
Según lo mencionado por el abogado, el alcalde de La Paz Centro reconoció en un 50 % los daños causados, pero no se abordó sobre las pérdidas materiales de los comerciantes de la zona.
