La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron, este viernes, que el juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas se aparte del proceso judicial que enfrentan ocho personas de dicha organización, acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.
De acuerdo con Ades Santa Marta, el motivo principal de dicha petición corresponde al presunto pasado militar del juez Flores Alas, quien habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada esta semana en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes.
Según expresaron, Fuentes, quien estu00e1 radicado en Estados Unidos, declaró que fue compañero del juez de sentencia de San Vicente en la Guardia Nacional y que éste estuvo bajo su mando.
“El comunicador asegura que el ahora juez fue su subalterno en dicho cuerpo de seguridad estatal, lo cual consideramos que constituye una gran explicación ética y un conflicto de intereses al juzgar a (un) excombatientes que fueron sus adversarios en la guerra. Mu00e1s claramente, un exintegrante de la Guardia Nacional no puede juzgar a un grupo exmiembros de una organización beligerante del conflicto armado por un supuesto delito de la guerra”, manifestó representante de Ades, Alfredo Leiva, en una conferencia de prensa.
Ante ello, las organizaciones exponen que el proceso judicial tendría un conflicto de intereses grave, y cuestionan que la nueva vista pública próxima a desarrollarse en contra de los ambientalistas de San Marta sea objetiva, por lo que hacen el llamado al juez que se abstenga de conocer el caso y se retire de este.
“Creemos que el juez no tiene condiciones para actuar de manera imparcial y justa, por tanto exigimos al juez Alas Flores que por decencia y dignidad se abstenga de conocer el proceso penal contra los defensores ambientalistas de Santa Marta y Ades, se retire del caso inmediatamente y que un juez suplente asuma su función en la nueva vista pública”, declaró Leiva.
De igual forma, solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue los posibles conflictos de intereses que el juez Flores Alas pueda en el proceso judicial en contra de los ambientales de Cabañas.
Las organizaciones también pidieron al presidente, Nayib Bukele, que permita el acceso a los archivos militares para verificar qué jueces y magistrados formaron parte de los cuerpos militares durante la guerra, y que podrían afectar la imparcialidad de los juicios relacionados con crímenes de guerra. “El presidente Bukele debe cumplir su compromiso de abrir esos archivos de la A a la Z”, subrayaron.
Las organizaciones reiteraron su rechazo a la repetición del juicio y denunciaron lo que consideran una “nueva fase de persecución” en contra los ambientales de Santa Marta.
Repetición del juicio
Del 9 al 11 de marzo de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente tiene previsto la instalación del juicio repetido del caso Santa Marta, luego que el 3 de febrero del presente año los acusados decidieron no acudir al juicio y éste fuera suspendido por la inasistencia de los procesados.
Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel u00c1ngel Gu00e1mez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
Esta semana, el referido tribunal declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cu00e1mara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.
