El juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales llegó a su fase final este miércoles con la presentación de los alegatos finales de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la defensa.
Durante este martes 29 y miércoles 30 de enero se desarrollaron los alegatos, que corresponden a los argumentos finales, previo a la decisión de los jueces de emitir una sentencia.
En su intervención, los fiscales expusieron que el incumplimiento en el pago de cuotas laborales se debió a una negligencia por parte de la administración del exedil Muyshondt.
La acusación señala que durante su gestión como alcalde, Muyshondt no cumplió con la obligación de pagar las cuotas correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Fondo de Pensiones de los empleados de la comuna.
Además, la Fiscalía sostiene que la situación financiera que enfrentaba la comuna fue reportada en varias ocasiones ante el concejo municipal de la entidad.
Anteriormente, la defensa manifestó que la comuna planteó solicitar un crédito con la Cooperativa Cosavi de R.L., sin embargo, los fondos nunca fueron aprobados ya que no se cumplía con uno de los requisitos por parte del Ministerio de Hacienda para autorizar el préstamo.
A esto, la FGR respondió en su alegato final que Hacienda tenía un plazo de 20 días para informar a la comuna, sin embargo, hubo un «silencio administrativo” que se traduce a que la alcaldía pudo haber solicitado siempre el crédito con el que pretendía solventar la situación de impago.
En la acusación se suman el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo, también por el delito de incumplimiento de deberes y retenciones tributarias.
La Fiscalía solicitó una pena de 22 años de cárcel en contra del exalcalde Muyshondt.
¿qué respondió la defensa?
Por su parte, la defensa del exalcalde Muyshondt argumentó que el delito de incumplimiento de deberes ataca a la administración pública, que expusó como un conjunto de organismos de instituciones y normas para garantizar el bien común.
“En este caso de haber sido afectados 1,000 gentes de la alcaldía, esa no es la colectividad, entonces no hay delito que perseguir”, dijo el abogado Óscar Argueta.
El abogado mencionó que ejemplo de haber cometido ese delito, hubiera sido cerrar los cementerios y no permitir el entierro masivo de personas que fallecieron a causa del covid-19, en el año 2020.
En ese sentido, la defensa solicitó al referido Tribunal de Sentencia que se emita una sentencia absolutoria.
La defensa del exrepresentante legal de Desechos Sólidos sostiene que él no era el delegado para efectuar los pagos de retenciones tributarias, sino el Tesorero o el Síndico que formaba parte de la Junta Directiva de Desechos, en ese entonces.
Asimismo, señaló que a finales del año 2021 se efectuaron los pagos por los que se le acusa.
Ante ello, solicita que se emita una excusa absolutoria, ya que las retenciones fueron canceladas.
En el caso de la defensa del exdirector de Finanzas de la comuna, Santos Muñoz, a quien se le atribuye incumplimiento de deberes y retenciones tributarias, la defensa alegó que él brindó un informe de los estados de cuenta de la alcaldía y un proyecto de fortalecimiento de finanzas municipales.
Y que, además advirtió que habría una reducción de recaudación de fondos de la municipalidad debido a la pandemia.
Por último, la defensa del extesorero, Heriberto Portillo señaló que el pagador era el responsable de efectuar los desembolsos correspondientes.
La defensa en conjunto recalcó que la deuda se trataba de una situación institucional y no personal como señala el Ministerio Público, por lo que no corresponde sentenciar a los acusados.
El juicio sigue este jueves con el derecho a réplica entre las partes acusadoras y defensoras, además del derecho de última palabra de los acusados, entre ellos, el exedil.
