La organización Justicia Social y Contraloria Ciudanana en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos presentaron, este martes, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de la Minería Metálica.
De acuerdo con la abogada de Justicia Social, Roxana Cardona, los diputados de la Asamblea Legislativa no siguieron el debido proceso para la conformación de una ley previo a su respectiva aprobación.
“El proceso de formación de ley aquí se violentó, primeramente el dia 21 de diciembre llegó a la comisión (de Tecnología, Turismo e Inversión) el licenciado Campos, director de la Dirección Hidrocarburos, él presentó cuatro diapositivas y de eso se basó la discusión, nunca leyeron el anteproyecto, entonces nos preguntamos ¿qué fue lo que aprobaron?”, manifestó Cardona.
Cardona señaló que si bien es cierto, en la sesión plenaria del 23 de diciembre de 2024 se dio lectura a la nueva ley, “pero en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que cuando se vaya a aprobar una ley debe artículo por artículo y esto no se hizo”, sostuvo.
Según lo expuesto en el documento presentado, la ley vulnera al menos tres artículos de la Constitución: el 133 en relación al proceso de formación de ley, el artículo uno en relación al derecho a la vida, y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.
“La urgencia con que se aprobó la Ley General De La Minería Metálica la fue aprobada no fue razonada, ni oral ni por escrito. Esto significa que el proyecto no fue objeto de estudio en ninguna comisión legislativa a la que pudieran acudir los sectores sociales interesados en formular su opinión y propuestas, como se ha solicitado más por los grupos que será afectado: el pueblo Salvadoreño”, dice la demanda presentada este martes.
La demanda dice que esa urgencia no fue argumentada, pese a que fue requerido por diputados de oposición.
Violación del derecho a la vida y a la salud
Por su parte, el representante de Víctimas Demandantes (Vidas), Benjamín Cuéllar, aseveró que la explotación de la minería en El Salvador afectaría considerablemente al medio ambiente y también sería el causante de una escasez hídrica.
“La Constitución plantea que el fin del Estado es la persona humana, por lo que se plantea estos derechos a la vida y la salud por encima de los derechos económicos. La forma en cómo se aprobó (la ley) y para plantear la inconstitucionalidad refuerza el reclamo por estos dos derechos”, sostuvo Cuéllar.
En ese sentido, aseguró que la Ley de la Minería viola el derecho a la vida y el derecho a la salud, por lo que exige que se declare inconstitucional la referida ley.
Asimismo, el vocero de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Patricio Pineda, agregó que las aguas que se verían más afectadas por la explotación minera son las aguas subterráneas que son las que abastecen a más del 80 % de la población salvadoreña.
“A eso se refiere cuando se dice que se va a matar a la gente, porque son aguas subterráneas que van a ser afectadas, ya que estas son las que tienen mejor calidad y consistencia para distribuirla para el consumo humano, esa estamos defendiendo”, declaró Pineda.
Pineda enfatizó que debido a la naturaleza geológica y geográfica del país “no da paso que ninguna metodología, ningún medio, ninguna tecnología que exista hasta este momento permite la posibilidad de explotación minera metálica en El Salvador.”
Las organizaciones que participaron en la presentación formal de la demanda fueron la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Victimas Demandantes (Vidas), Excombatientes de Democracia y el Movimiento Dónde está Carlos.
Nueva ley
En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición total a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro, que según él posee el territorio salvadoreño e hizo referencia a «los distritos de oro»: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.
El 23 de diciembre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que avaló la minería metálica en el país luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó sus intenciones de reactivarla para potenciar la economía salvadoreña.
La nueva ley fue aprobada en medio de la oposición de ambientalistas, la iglesia católica y diversas organizaciones, quienes manifestaron que no existe la minería sustentable y que las prácticas mineras contaminan las zonas acuíferas de El Salvador.
