Al menos 415 personas han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del régimen de excepción contra las pandillas, que se aplica desde hace más de tres años, según informaron este jueves representantes de organizaciones no gubernamentales.
«Llevamos más de 415 casos personas que han sido asesinadas en manos del Estado», afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal 'María Julia Hernández', que explicó en una conferencia de prensa que la cifra «es un estimado» de las oenegés a partir de las denuncias de los casos, y lamentó que desde el Estado «no se brinde información al respecto».
El régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación y en este tiempo se contabilizan más de 85,900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras.
Díaz señaló que la medida se ha convertido en una «política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años».
Además, indicó que bajo esta medida «se han configurado graves violaciones a derechos humanos», «delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura», y «se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución».
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
«De medida contra las pandillas, a medida de control social»
Díaz y otros representantes de organizaciones no gubernamentales alertaron este jueves que el régimen de excepción «ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social».
«El régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad, tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial», dijo el abogado David Ortiz, también miembro de Tutela Legal.
Señaló que en los últimos días «hemos visto en mayor envergadura la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos» y citó los casos de la abogada y activista Ruth López, del joven abogado y defensor del medio ambiente Alejandro Henríquez y del líder comunitario José Ángel Pérez.
La Fiscalía General aún no presenta cargos contra López -a casi dos semanas de su detención-, mientras Henríquez y Pérez -detenidos el 12 y 13 de mayo respectivamente- fueron acusados el martes de desórdenes públicos.
«Nos han dicho que el régimen de excepción es contra las pandillas. ¿Qué hace el Estado salvadoreño aplicando el régimen de excepción a personas defensoras de derechos humanos?», cuestionó Ortiz.
Sin respuesta
Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), lamentó que no tengan respuesta de las instituciones de Justicia del país y recordó que ante la Corte Suprema han sido presentados más de 600 recursos de habeas corpus en los que se solicita la libertad para un igual número de personas detenidas «arbitrariamente».
El presidente salvadoreño, Nayib «Bukele, ya se acostumbró a que a puro miedo está sometiendo al pueblo salvadoreño (…) la represión de derechos humanos se está agudizando, los líderes defensores de derechos humanos tienen miedo de alzar la voz. El régimen no perdona a nadie y no vemos señales que esté gobierno quiera escuchar a las víctimas», agregó Ramírez.
Se prevé que este jueves la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, apruebe la prórroga 39 del régimen de excepción.
