La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 2,037 menores de edad fueron procesados judicialmente en El Salvador, entre junio de 2024 y mayo de 2025, según consta en el Informe de Labores 2024-2025, publicado recientemente por la institución.
Las cifras expuestas en la categoría señalada como «judicialización de menores», indican que los 2,037 adolescentes procesados estuvieron involucrados en un total de 1,637 casos judiciales y como resultado de estos procesos se obtuvieron 2,509 resoluciones.
Este tipo de procedimiento penal juvenil es uno de los tres contemplados por el Ministerio Público en su informe, junto al juicio ordinario y el juicio sumario.
En el consolidado general de los tres tipos de procesos penales, la Fiscalía reportó haber tramitado 47,861 casos entre junio 2024 y mayo 2025, en los cuales se procesó a 74,361 personas y se obtuvieron 113,119 resoluciones judiciales.
Con respecto a la evolución del proceso penal, se registraron 26,865 casos en audiencia inicial o de imposición de medidas, donde se dictaron 50,800 resoluciones.
Además que, 11,170 casos pasaron a audiencia preliminar o preparatoria, con un total de 23,083 resoluciones; y 6,719 casos llegaron a la etapa de vista pública o juicio, donde se emitieron 19,173 resoluciones.
El documento también contabiliza 3,107 casos tramitados en audiencias especiales, que involucraron a 11,631 imputados y dieron lugar a 20,063 resoluciones.
En conjunto, los datos señalan que, entre todas las etapas judiciales y audiencias especiales, se dictaron 9,828 sentencias condenatorias, lo que representa un 83.37 % del total de resoluciones finales, frente a 1,960 resoluciones absolutorias, equivalentes al 16.63 %.
Sin embargo, el informe no especifica cuántas de estas sentencias correspondieron a menores de edad.
Falta de información sobre menores
Pese a la cifra de adolescentes procesados, el informe de la FGR carece de información detallada sobre las etapas judiciales que enfrentaron los menores de edad, entre ellos el número de audiencias iniciales, preliminares o juicios a los que fueron sometidos.
Tampoco se precisa cuántos fueron condenados, absueltos o si se les aplicaron medidas alternas, como lo establece la Ley Penal Juvenil.
La falta de información sobre procesos judiciales en contra de menores de 18 años de edad impide conocer si se aplicaron medidas especiales que se estipulan en la normativa de la Ley Penal Juvenil.
Los casos
Entre los casos más destacados durante el periodo reportado, figuran situaciones en las que se procesó judicialmente a adolescentes por su presunta vinculación con estructuras delictivas.
Uno de ellos ocurrió en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía acusó a 20 estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) y del Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti), a quienes se les señaló de integrar una supuesta estructura pandilleril estudiantil denominada «La Raza».
Del total de acusados, ocho eran menores de edad, a quienes se les atribuyó los delitos de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones, tanto simples y graves.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado resolvió aplicar medidas alternas a la detención para los menores, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones específicas.
Otro caso relevante se registró en enero de 2025, en Chalatenango, donde 10 adolescentes fueron llevados a juicio tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparecían realizando señas alusivas a pandillas dentro de un centro escolar.
La Fiscalía los acusó de agrupaciones ilícitas y como resultado del proceso judicial, siete menores fueron absueltos, mientras que tres fueron condenados a una pena combinada de 10 años, cinco años de internamiento y cinco más bajo libertad asistida.
Posteriormente, los defensores de los tres jóvenes condenados presentaron un recurso de apelación. Sin embargo, la Cámara Primera contra el Crimen Organizado, con sede en Santa Tecla, La Libertad, ratificó la sentencia original.
