El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador finalizó la tarde del jueves el juicio contra 10 menores de edad acusados de agrupaciones ilícitas por hacer señas en un video que se volvió viral en redes sociales, al interior de un centro escolar en Chalatenango.
El fallo será dado el próximo jueves 23 de enero a las 10:00 de la mañana.
El juicio terminó ayer con los alegatos finales de los abogados defensores y de la Fiscalía General de la República, donde el fiscal del caso pidió 10 años de internamiento para los menores de edad, a quienes acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha.
De los 10 muchachos, siete tienen medidas alternas a la detención y tres permanecen recluidos en el penal de menores de Ilobasco, Cabañas. Ayer, todos estaban presentes en el juicio.
Los menores fueron detenidos en febrero del año pasado y el proceso ya lleva 11 meses. Las detenciones ocurrieron luego que un video se vitalizara en la plataforma TikTok, donde se observa a adolescentes haciendo señas alusivas a pandillas. El caso tomó relevancia cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, publicó la detención y aseguró que serían condenados a 20 años de cárcel.
Juicio político
La defensora de un grupo de adolescentes, Jayme Magaña, tildó el caso de «juicio político», dado que la Fiscalía no ha presentado pruebas que argumenten los vínculos con estructuras de pandillas. Afirmó que los peritajes psicológicos, sociales y a los aparatos incautados demuestran que no hay pertenencia a pandillas, pero que causa sorpresa que la fiscalía afirma que sí. El caso tiene reserva y no se puede conocer a fondo los detalles de las pruebas.
«Este ha sido un juicio político porque el ministro Villatoro dijo que los iba a condenar a 20 años no habiendo pruebas, ya que él hizo público el caso, es como David contra Goliat», dice la abogada, quien añadió que a raíz de la publicación se vulneró el principio de inocencia de los procesados porque hubo una condena pública.
Desigualdad de pruebas
Asimismo, la abogada señaló que el proceso se ha desarrollado con desigualdad en las pruebas, porque luego que una cámara reordenara abrir el caso, no les admitió los testigos que la defensa había presentado, aceptando solo la prueba que llevó Fiscalía.
«No se nos permitió como defensores, presentar pruebas de descargo, estamos en desigualdad de armas, con el argumento de que fuimos a cámara, la cámara determinó que se continuara con el proceso, pero no se valoraron las pruebas de descargo que se habían presentado», afirmó. A un inicio, habían presentado testigos que fueron revocados.
Una de las familiares lamentó que no se haya podido llamar a los maestros y directores del centro educativo, quienes son los que pueden dar fe del comportamiento de los menores, porque no se aceptaron las pruebas testimoniales de la defensa. «la defensa de cada niño no tiene ningún testigo, no pudimos llamar a los maestros ni a los directores de la escuela para que dieran testimonio que los niños que están detenidos, del centro escolar, son niños activos en sus grados y no les han permitido a sus maestros por temor a que les quiten sus plazas; los conocen, han visto crecer a estos niños en la institución ¿cómo un maestro no va a dar fe de que es un niño bueno, que sus papás llegan a dejarlos, a traerlos? sería inhumano no poder hablar sobre la desigualdad que hay en este momento», explicó.
La defensa afirmó que los 10 muchachos tienen depresión, angustia y estrés postraumático por el proceso que ya acumula 11 meses.
La abogada Magaña añadió que espera una respuesta de parte de la Relatoría de detenciones arbitrarias de las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) en donde presentó el caso.
