Un grupo de 30 organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y ambientalistas reiteraron este miércoles su rechazo al nuevo proceso penal que enfrentarán los líderes ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas, y hacen presión para que sean absueltos en la siguiente vista pública programada para el próximo mes de febrero.
El pronunciamiento de los movimientos sociales resalta el descontento sobre la decisión de revertir el juicio, que dejó inicialmente absueltos a ocho excombatientes del FMLN, después de haber sido enjuiciados en octubre de 2024, por el presunto asesinato de una persona durante el conflicto armado.
Ante ello, enfatizaron su rechazo sobre la decisión de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, de repetir el juicio en un Tribunal de Sentencia de San Vicente, y revertir la absolución de los ocho acusados, bajo el argumento que las juezas de Sensuntepeque no resolvieron el fondo del caso sino que se abordó sobre la forma de proceso penal.
Representantes de las organizaciones señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una acusación “sin pruebas”, basada en un “testimonio contradictorio” de un testigo protegido y sin el cuerpo del delito, por lo que aseguraron que se trata de un “precedente nefasto” en el sistema judicial de El Salvador.
“Consideramos que la repetición de la vista pública, ordenada de manera arbitraria y subjetiva por la Cámara Penal de Cojutepeque representa un precedente nefasto en el sistema judicial salvadoreño porque en la práctica constituye un doble juzgamiento”, expresó Vicente Cuchillas, docente universitario de la Universidad de El Salvador (UES).
La nueva vista pública está programada para desarrollarse entre los días del 3 al 6 de febrero de 2025.
“Es la lucha para que nuestros compañeros queden en libertad definitiva y ellos ya tienen la libertad, pero claro aquí hay una necesidad de la fiscalía de querer seguir manteniendo este caso que ha sido insostenible hasta hoy”, manifestó Vidalina Morales, vocera de la comunidad de Santa Marta.
A la conferencia se unieron representantes de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Asamblea de los Pueblos, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP), Caminata Ecológica, Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Colectivo de Derechos Humanos «Herberth Anaya», Colectivo Universitario por la Democracia, Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios, Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador y del Foro del Agua.
Así como miembros del Foro Nacional de Salud, Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Mesa por la Justicia Climática, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES), Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Red Continental Cristiana por la Paz (REDCOMPAZ), Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador (UES), Socorro Juridico Humanitario (SJH) y Vía Campesina El Salvador.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
En el proceso penal eran acusados: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía sostenía que los acusados, excombatientes del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.
En la lectura del fallo, el 18 de octubre del año pasado, el referido Tribunal resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.
El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta, distrito de Victoria y de Guacotecti, en Cabañas. El proceso cobró relevancia porque de los detenidos, cinco son líderes ambientalistas que encabezaron la lucha antiminera.
La comunidad de Santa Marta siempre ha defendido que sus cinco líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político relacionado con la reactivación de la minería metálica en El Salvador, aprobada en diciembre del año pasado.
