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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes una solicitud de formación de causa contra 563 presuntos cabecillas de la pandilla 18, acusados de participar en más de 14,400 crímenes.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Secretaría de Prensa de Presidencia indicó que los acusados pertenecerían a la pandilla 18 y a sus facciones Sureños y Revolucionarios.

Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado de la FGR, aseguró que el proceso judicial «va a ser bastante corto».

«Esperamos en agosto presentar el dictamen de acusación para que este mismo año podamos estar en la audiencia única y definir la situación jurídica de todos estos cabecillas», sostuvo.

Según el Gobierno, este proceso permitirá saldar una «deuda histórica» relacionada con crímenes cometidos desde 2012.

Por su parte, la FGR detalló que 275 pandilleros eran de la fracción sureña y 288 de la fracción revolucionaria, quienes cometieron 14,488 crímenes cometidos del año 2012 a la fecha. De estos, 269 son homicidios, así como extorsiones, tráfico de armas, trata de personas, pertenencia a estructura criminal y rebelión al haber intentado imponer Estado criminal.

La acusación presentada por la FGR atribuye a los detenidos una masacre ocurrida en Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, así como otra registrada en el penal de Quezaltepeque.

«Al igual que los líderes de la Mara Salvatrucha, durante la época de la tregua también fueron fortalecidos los cabecillas de la pandilla 18. En esos tres años recibieron ventajas por parte del gobierno de turno que les permitieron fortalecer y expandir su organización», cita la Secretaría de Prensa al fiscal.

Entre las pruebas presentadas por la FGR figuran intervenciones telefónicas que, según la institución, permitieron corroborar diversos crímenes. De acuerdo con Muñoz, mediante estas escuchas se detectó un supuesto plan para atacar con una granada una sede de la Fiscalía. El artefacto era transportado en un vehículo amarillo, por lo que se instalaron retenes sobre la carretera Panamericana y se logró su incautación.

Entre los acusados está una persona que habría ejecutado un atentado contra la delegación de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde murió en elemento de la seguridad.

Además, al grupo se le atribuye la venta de marihuana y cocaína para financiar sus operaciones criminales.

Tras una reforma penal, en El Salvador se permite la realización de juicios colectivos contra miembros de estructuras criminales. La acusación también incluye el delito de pertenencia a organizaciones terroristas.

El juicio por lavado de dinero y activos en contra de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, su hermano y cinco publicistas por el presunto desvío de millonarios fondos públicos del gobierno del expresidente Antonio Saca, se encuentra estancado, a casi cuatro años de reordenado un nuevo juicio. Tras anularse una condena previa en 2022, el nuevo proceso ha chocado constantemente contra la pared de las negociaciones financieras.

El principal obstáculo que mantiene paralizada la vista pública es la tramitación de los «procedimientos abreviados».

A través de este mecanismo, varios imputados —incluyendo a Ana Ligia de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Gerardo Antonio Funes Durán y Ricardo Ernesto Lemus Zelaya— buscan confesar los delitos a cambio de penas menores, pero para ello la Fiscalía exige que se garantice el pago de la responsabilidad civil al Estado.

Los documentos judiciales revelan que materializar esta devolución de fondos, ligada al desvío original de más de $17.6 millones, ha sido un dolor de cabeza logístico.

Los procesados han intentado entregar inmuebles como «dación en pago», pero se enfrentan a múltiples trabas jurídicas. Por ejemplo, en el caso del publicista Gerardo Funes Durán, el traspaso de una propiedad está bloqueado porque el representante legal de su sociedad, César Funes Cruz, fue declarado con incapacidad sobreviniente. Esto impide juramentar a una nueva directiva que autorice ceder el dominio del bien a favor de El Salvador, según el documento del tribunal.

Por su parte, los hermanos Lemus Zelaya tuvieron que modificar su acuerdo debido a gravámenes hipotecarios sobre sus propiedades, buscando sustituir uno de los inmuebles por un cheque de caja. La propia Fiscalía ha reconocido que concretar estos acuerdos conlleva una dinámica «con muchos escollos a superar», enfrentando procesos de extinción de dominio y una tramitología que absorbe demasiado tiempo.

A la par de estos embrollos financieros, el sistema judicial lidia con la inmensa cantidad de pruebas de un caso catalogado como «complejísimo». Recientemente, el tribunal ordenó devolver a la defensa de Gerardo Funes Durán una masiva cantidad de evidencia documental incautada en 2017, en las oficinas de Funes y Asociados Publicidad S.A. de C.V..

Cajas enteras con libros de contabilidad, chequeras, comprobantes de pago de bancos y archivadores fueron regresadas debido a que las pericias financieras y contables ya finalizaron, dejando a estos documentos sin mayor «utilidad procesal» para el secuestro judicial.

Mientras la evidencia es procesada o devuelta, la justicia sigue dilatándose. El juicio, cuyo expediente ha llegado a acumular más de 177,000 folios, ha sufrido reprogramaciones incesantes desde el año 2023.

A petición del Ministerio Público, que requiere más tiempo para asegurar los pagos civiles, las fechas se han movido a enero y posteriormente a junio de 2026, e incluso documentos del tribunal señalan nuevas fechas para este juicio, que empezaría el próximo 23 de noviembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes.

Esta lentitud extrema fue vaticinada por la misma Ana Ligia de Saca a mediados de 2023, cuando reprochó la tardanza del proceso penal frente a las complicaciones de salud de los involucrados: «Bueno que quizá vamos a llegar a 2026… y vamos a venir en silla de ruedas todos», declaró en su momento.

La batalla médico-legal de Antonio Lemus Simún

En medio de este desgaste procesal y de las constantes reprogramaciones, destaca el caso del publicista José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún.

La defensa del procesado, un hombre de la tercera edad, intentó separarlo del juicio solicitando al tribunal que lo declarara con «incapacidad sobreviniente». Para sostener su petición, presentaron informes de especialistas privados (un neurólogo, un cardiólogo y un geriatra) que argumentaban que Lemus Simún padece un cuadro de fragilidad física y un deterioro cognitivo severo, producto de un proceso neurodegenerativo compatible con el Alzheimer. Según los médicos particulares, el imputado era incapaz de afrontar el juicio o comprender sus actos.

No obstante, la Fiscalía contraatacó apoyándose en los dictámenes del Instituto de Medicina Legal. El psiquiatra forense del Estado concluyó que, si bien el evaluado tiene padecimientos físicos y enfermedades crónicas propias de su longevidad, desde la perspectiva psiquiátrico-forense «no presenta ninguna enfermedad mental de relevancia médico-legal».

Tras realizarle un examen mental, el perito oficial determinó que su juicio y raciocinio están conservados. Ante la disparidad de opiniones, el Tribunal Sexto de Sentencia falló a favor del Estado, denegando la incapacidad y ordenando que el publicista se presente debidamente identificado para enfrentar, junto al resto de acusados, el prolongado juicio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un nuevo incremento de las lluvias a partir del domingo debido al paso de una onda tropical que afectará al país entre el 14 y el 16 de junio.

El ministro Fernando López explicó que el fenómeno podría generar lluvias de tipo temporal y advirtió que el lunes existe la posibilidad de amanecer bajo condiciones lluviosas similares a las registradas durante los últimos días, aunque aclaró que no se trata de un sistema ciclónico.

«Probablemente el día lunes vamos a amanecer con lluvias de tipo temporal de nuevo», afirmó López durante una conferencia de prensa este viernes.

El funcionario señaló que la influencia de la onda tropical comenzará el domingo y se extenderá hasta el martes, favoreciendo lluvias más persistentes en comparación con las precipitaciones típicas de la estación lluviosa.

López explicó que una onda tropical es un fenómeno común de la temporada de lluvias y que suele presentarse cada cuatro o cinco días en la región.

Asimismo, indicó que el sistema es independiente de una baja presión ubicada en el golfo de México, la cual, de desarrollarse, tendría una trayectoria hacia Texas y no representaría una amenaza directa para El Salvador.

El ministro advirtió que las lluvias asociadas a la onda tropical podrían incrementar el riesgo de caída de árboles, inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra o rocas en diferentes zonas del país.

Para este sábado, el MARN prevé lluvias principalmente durante la tarde y la noche en sectores montañosos, la zona norte y algunos puntos del oriente del país, influenciadas por el flujo del este, el aporte de humedad del océano Pacífico y vaguadas locales.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció las devoluciones en montos de hasta $100,000 el límite de la devolución para los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi de R.L.) como nueve capa de devolución habilitada a los afectados del fraude revelado desde mayo de 2025.

«A partir de mañana sábado 13 de junio se habilita una nueva capa para que las personas que tienen ahorros en la Cooperativa Santa Victoria puedan pasar a solicitar su devolución. En esta oportunidad la capa que estamos habilitando es para quienes tienen depósitos totales que sumen 100,000 dólares, este es un esfuerzo más para solventar la situación de los asociados», dijo la superintendenta Evelyn Marisol Gracias, en una conferencia de prensa convocada a las 7:00 de la noche del viernes 12 de junio.

La funcionaria aseguró que han «recuperado bastante dinero». La SSF ha informado que los ingresos de las devoluciones provienen de los pagos que recibe la cooperativa de los créditos que ya estaban colocados.

Las devoluciones a los socios de Cosavi se dan en la agencia central de la cooperativa ubicada sobre la Calle Gabriela Mistral, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Socios de la cooperativa afectados por el millonario fraude de la cooperativa han explicado que las devoluciones de capas no son aplicadas a los certificados.

La Fiscalía General de la República informó en mayo de 2024 que estaban procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos ocho directivos de Cosavi, de R.L. por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. En ese entonces, informó que el fraude ascendía a $35 millones.

Aunque las autoridades salvadoreñas habían asegurado que ya lo tenían capturado, la real captura del principal involucrado en Honduras, el exgerente de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos, por autoridades hondureñas, terminó en una tragedia en donde también falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y otros dos altos mandos de la PNC de El Salvador.

Más de 180 personas fueron atendidas en los albergues habilitados tras el paso de la tormenta tropical Cristina, reveló el ministro de Salud, Francisco Alabi, este viernes en la conferencia de Protección Civil.

«De estos 11 albergues se han atendido alrededor de 189 personas, que han hecho uso, las principales causas de servicio han sido atenciones a enfermedades crónico degenerativas, hipertensión, diabetes, dislipidemias, que usualmente son la prioridad o la mayoría de la población usualmente tiene y seguido de atención a enfermedades respiratorias y también con enfermedades infecciosas», relató el galeno en la conferencia.

El ministro indicó que a esas se suman otras atenciones dadas en el periodo lluvioso que ya ascienden a 278, las cuales, han sido realizadas «a lo largo del sistema integrado de salud», aseveró.

Entre estas últimas también dijo que se han atendido traumatismo, lesiones como heridas y laceraciones.

El gobierno aseguró que en los 11 albergues activados por el paso de la tormenta tropical hubo presencia del Ministerio de Salud para revisar la situación de todos los albergados.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) volverán a abrir sus puestas este sábado luego del pasó de la tormenta tropical Cristina, anunció este viernes, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

Las ANP fueron cerradas el pasado 8 de junio luego del anuncio del incremento de las lluvias, como una medida preventiva para la población.

El Marn administra 14 Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional, las cuales suelen recibir más visitantes en Semana Santa, fiestas patronales de San Salvador y durante las celebraciones de fin de año.

Entre las últimas declaradas como ANP está la playa Los Almendros, en Los Cóbanos, Sonsonate, y Maculís, en La Unión, esta última es un santuario de arrecifes de coral, en el Golfo de Fonseca y posee una extensión de 2,714,3 hectáreas.

Otras áreas naturales protegidas de El Salvador son El Boquerón, el parque Walter Thilo Deininger, el parque Bicentenario, el Jardín Botánico de la Laguna y el lago de Coatepeque.

La única ANP que permancerá cerrado será el parque nacional El Boquerón, pero por un mantenimiento que ya había sido programado para un mes, desde el 15 de junio hasta el 15 del próximo mes de julio, y cuyo cierre fue adelantado gracias a la tormenta tropical Cristina.

Sunset Park cerrado

Aunque no es un Área Natural Protegida, el parque Sunset Park en La Libertad es uno de los lugares que permanecerá cerrado, luego de haber sido dañado por el oleaje de mar de fondo, que provocó olas altas y rápidas en los últimos días, esto fue revelado este mediodía por la ministra de Turismo, Morena Valdez.

“Dentro del complejo turístico del Puerto de La Libertad, si bien es cierto está cerrado Sunset Park, estará abierta la plaza gastronómica y el Mercado del Mar. Los muelles los mantendremos cerrados porque tenemos mar de fondo y oleaje alto”, indicó.

Más de 300 milímetros de lluvia registró el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) durante los días que la tormenta tropical Cristina afectó al territorio salvadoreño, dijo el titular de esa cartera de Estado durante una conferencia este viernes a mediodía.

La presentación del ministro Fernando López señaló que el acumulado máximo de Cristina fue registrado en Puerto Parada, Usulután, donde reportaron 371.7 milímetros de lluvia y que en 24 horas fueron 190.5 milímetros, siempre en el mismo lugar, el pasado jueves 11 de junio.

López expuso que en promedio en un solo día en todo el país cayeron 35 milímetros de lluvia, el pasado 8 de junio.

Otros acumulados significativos que fueron mencionados por López fueron en Santa Ana, donde se registraron 328 milímetros y 229 milímetros en Ilopango, asimismo 169 milímetros en Cojutepeque.

Un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado de terreno.

El ministro también mencionó que en lo que va del mes de junio la Chorrera del Guayabo ya acumula 716 milímetros y la zona del aeropuerto de Ilopango, cerca de 600 milímetros, pero que esto comparado al promedio representa un déficit.

Desde el fin de semana pasado, específicamente desde el domingo, la humedad de Cristina empezó a llegar al país, pero este arreció desde el martes 9 en la noche, el miércoles 10  y jueves 11  reciente.

La tormenta afectó especialmente la zona costera y se combinó con el fenómeno de mar de fondo, el cual, provocó oleaje elevado; muestra de ello fue el daño en el muelle de Sunset Park, en el Puerto de La Libertad, que resultó dañado por las olas.

Las lluvias y las olas provocaron que el gobierno abriera 11 albergues, en su mayoría en la costa, para albergar a más de 80 familias.

En los próximos días, se prevé el acercamiento de otra onda tropical que afectaría desde el domingo hasta el martes próximo.

El Centro de Predicciones Climáticas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió este jueves la «Advertencia de El Niño», confirmando que las condiciones atmosféricas y oceánicas de este fenómeno climático ya están presentes en el Pacífico.

La transición ha sido rápida. El mes pasado, la temperatura de la superficie oceánica en la principal zona de monitoreo (Niño-3.4) se encontraba en +0.4 °Celcius. Sin embargo, en el boletín emitido en junio, la NOAA confirmó que este indicador alcanzó los +0.7 °Celsius, superando así el umbral de +0.5 °Celsius requerido de forma sostenida para declarar oficialmente el inicio del fenómeno.

Junto con la confirmación de su llegada, el reporte de junio incluye una actualización en las proyecciones de intensidad para finales del año. El informe indica que existe una probabilidad del 63 % de que El Niño alcance la categoría de «muy fuerte» durante el periodo de noviembre a enero de 2026-2027.

Según el documento oficial de la NOAA, de cumplirse este escenario, el actual desarrollo «estaría posicionándose entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico que data desde el 1950».

A pesar de esta proyección, la institución científica estadounidense mantuvo la cautela en su diagnóstico y aclaró que la magnitud del calentamiento del océano no es una garantía de desastres generalizados en tierra.

«Aun eventos fuertes de El Niño no traducen a los impactos esperados en todas partes, pero los eventos más fuertes pueden inclinar significativamente las probabilidades a favor de los resultados esperados», detalla el informe.

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Llamado a activar planes en Centroamérica Ante la confirmación de la NOAA, las autoridades meteorológicas internacionales señalan que el tiempo de preparación preventiva concluyó y es momento de la respuesta institucional.

Rodney Martínez, representante de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió recientemente a los países de la región que «el impacto de todo esto ya se está sintiendo en Centroamérica».

«La información disponible actualmente al día de hoy es suficiente para activar los planes nacionales y locales de preparación y respuesta frente a las condiciones del Niño», indicó Martínez. El experto de la OMM enfatizó que los Estados no deben esperar más declaratorias oficiales, ya que el retraso en la actuación reduce la capacidad de proteger a los sectores vulnerables.

Para El Salvador, el inicio oficial de este fenómeno coincide con las previsiones emitidas previamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La institución salvadoreña proyectó desde marzo que, tras un periodo de lluvias normales durante el trimestre de abril a junio, se espera un escenario con precipitaciones «por debajo de lo normal» a partir del mes de julio