Un colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) declaró en el juicio en contra del exfiscal general Luis Antonio Martínez González, que el exfuncionario en el año 2014 tuvo conocimiento sobre posibles actos de corrupción que involucraban a un exjuez y a dos exalcaldes, de los cuales no se tomaron acciones inmediatas para iniciar investigaciones.
El testigo, quien se desempeñaba como agente auxiliar en la Unidad de Delitos Financieros de la FGR, relató ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que en ese año asistió a una reunión con jefes de unidades y el fiscal general para coordinar acciones en relación con una supuesta amenaza de muerte contra Martínez por parte del exdiputado Wilber Rivera Monge, quien era investigado por lavado de dinero.
Sin embargo, señaló que en la misma reunión se discutieron escuchas telefónicas en las que surgieron nombres de exfuncionarios supuestamente vinculados a actos de corrupción, entre ellos el exjuez Romeo Aurora Giammattei, la exalcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Arévalo y el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
Las grabaciones sugerían la comisión de delitos como cohecho y negociaciones ilícitas, detalló el testigo ante el tribunal. «En ellas había información de delitos de cohecho y negociaciones ilícitas», dijo el testigo.
En ese sentido, declaró que la información obtenida en las escuchas telefónicas que presuntamente involucraban a un exjuez y exalcaldes no fue redirigida al área competente de la Fiscalía, sino que primero debía haber una «instrucciones» por parte del fiscal general, situación que ocurrió hasta el año 2015, cuando los casos relacionados con corrupción fueron remitidos a la Unidad Especializada de Delitos contra la Corrupción.
Previo a la orden de traslado de la información, las investigaciones se mantenían bajo la unidad de lavado de dinero, según expuso el testigo.
A la salida del juicio, el exfiscal Luis Martínez afirmó que las escuchas telefónicas fueron utilizadas como herramienta legal dentro de una investigación que inicialmente abordaba amenazas en su contra.
«Como la misma ley dice las escuchas telefónicas es una de las herramientas de investigación y se desarrolló una compleja investigación inicialmente por una conspiración para atentar contra Luis Martínez, así se iniciaron y eso fue dando eventos que se fueron ampliando las investigaciones y por esas investigaciones a través de intervenciones telefónicas se han llevado varios casos incluido este mal llamado Rais-Martinez», manifestó el exfuncionario.
Y aseguró que los procedimientos se desarrollaron conforme a la ley. «Fue parte del trabajo que se realizó, trabajo hubo, investigación hubo, procesos hay, así que no pueden imputarse que infringimos alguna ley, si algo tenemos es que hemos tenido la conciencia moral bien calibrada desde que he desarrollado mi función como fiscal», concluyó.
El proceso judicial en contra del exfiscal Martínez continúa en desarrollo con las declaraciones de los testigos que forman parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso.
El Ministerio Público ofertó al inicio de la vista pública 42 testigos, sin embargo, a la fecha se han prescindido de cinco, de los cuales uno fue por vínculo familiar con uno de los imputados.El casoLa Fiscalía General de la República acusa al exfiscal Martínez del delito de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Según las investigaciones el exfuncionario favoreció de supuestas pruebas falsas que habría permitido en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.
Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica.
El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.
