El abogado Salvador Enrique Anaya se encuentra recluido en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en estado de salud estable, a pesar de padecer de una enfermedad crónica que ha sido motivo de preocupación tras su captura el pasado fin de semana, dijo el martes su abogado defensor, Jaime Quintanilla, tras visitarlo.
“Entramos a ver a Enrique, está estable gracias a Dios se le está brindando su medicamento, sin embargo, una de las peticiones bastantes serias que pide es que antes de su detención él estaba en un tratamiento propio de su enfermedad y estaba en esa etapa y cuando lo llevaron a chequeo en Medicina Legal dijo que le hicieran las pruebas que le habían ordenado a nivel privado”, declaró Quintanilla a las afueras de la División de Tránsito Terrestre.
Anaya fue trasladado a dichas instalaciones el lunes 9 de junio, luego que fuera llevado a la Dirección Central de Investigaciones (DCI) tras su detención el sábado 7.
El abogado indicó que Anaya padece de una enfermedad crónica desde hace varios años y que parte de sus chequeos médicos se le solicitó la realización de ultrasonografía, la cual dijo no pudo hacerse, por lo que hace solicita que se le brinde el tratamiento médico adecuado mientras permanece en detención con el fin de evitar una complicación.
Marcela Ramos, socia del abogado Anaya señaló que “en estos momentos no ha tenido un monitoreo de su condición de salud, no ha tenido un reconocimiento médico y él indicó desde su detención que ya tenía una orden para una ultrasonografía esquelética y no se le ha autorizado, ni se le ha brindado”.
Ante ello, el abogado hizo el llamado a la comunidad internacional a que den seguimiento al estado de salud de Anaya para que “se den cuenta del estado en que él se encuentra y puedan ver su condición porque tiene temor de su situación dado que si no le van a dar la medicación adecuada, si no va a tener en su momento los tratamientos su situación podría disminuir”.
Anaya fue detenido el sábado 7 de junio en la vivienda de su hija en Ciudad Merliot, Santa Tecla y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su captura por el presunto delito de lavado de dinero.
Remisión a juzgados
Por otra parte, el abogado Quintanilla dijo que aún desconocen cuándo remitirán a Anaya a los juzgados, pese a que este martes se cumplen las 72 horas de la detención administrativa por ser delitos comunes, no obstante, dijo que es probable que siga en detención durante el plazo del régimen de excepción, que consta de 15 días.
“Aplicar un régimen de excepción a una jurisdicción ordinaria para ellos (Fiscalía) es normal, cuando el régimen de excepción ya sabemos es llevado a cabo por el programa de seguridad por delitos relacionados a pandillas, secuestros, extorsión y homicidio y no existe una organización criminal de Enrique Anaya como abogado”, argumento.
Quintanilla añadió que hasta el momento desconocen sobre los hechos por los que fue detenido su representado, por lo que sostuvo que es difícil sostener una defensa cuando se limita conocer sobre las presuntas razones de la captura.
“Como no sabemos porque lo van a juzgar ahorita estamos en situación de incertidumbre, ya que tanto Enrique como la defensa desconocemos los hechos por el cual él ha sido detenido. La Fiscalía lo acusa al momento de la captura de lavado de dinero, yo estoy mas que seguro que lo van cambiar y ¿cuando lo vamos a saber? hasta el momento que lo llevan a tribunales”, expresó.
“No se ha tenido acceso al expediente a pesar que ha pasado tanto tiempo de su detención, Enrique no conoce sobre los hechos por los cuales se le está imputando el delito, así que eso es parte de una estrategia para poder obstaculizar su defensa que en definitiva si él no conoce los hechos, si no nos dan acceso al expediente, sino cumplen con los términos legales pues lo que se está realizando al final es una violación al debido proceso”.
Marcela Ramos, abogada
Ante ello, el abogado dijo que solicitarán a la Fiscalía información sobre los argumentos de detención que se planean informar en el requerimiento cuando sea remitido a juzgados con el propósito de ejercer una defensa justa.
El abogado reconoció que en años anteriores investigaciones financieras de forma administrativa durante los periodos presidenciales de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén “afortunadamente todo eso él lo pudo desvanecer” y “no trascendió a nivel público”.
