Categoría: Nacionales

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró este domingo que están «demostrando al mundo y al continente americano» que tienen «una firme decisión de luchar en contra del narcotráfico», al presentar el más reciente decomiso de droga anunciado el lunes 23 de diciembre y presentar un informe del año.

«Ahora desde este pequeño país y con la valentía de estos marinos bravíos, le estamos demostrando al mundo y al continente americano nuestra firme decisión de luchar en contra del narcotráfico, no solo lo que pasa en nuestro país y en la región centroamericana en la placa continental, sino también salir a buscar esta maldita droga, no importa la cantidad de millas, en esta última son 1,054 millas náuticas», fueron las palabras de Villatoro.

Al referirse a la reducción de homicidios intencionales en El Salvador, aseguró que «es una política que pasa por la soberanía, que pasa por la independencia, que pasa por haber mandado al carajo a las organizaciones internacionales y globalistas que nos querían pobres y violentos».

El funcionario se refirió a opositores y organizaciones no gubernamentales críticas y las calificó de «organizaciones de fachada de criminales» que «se han inventado cualquier cantidad de cuentos» contra el régimen de excepción.

«Este maldito negocio de la droga no va a ser tolerable en el país. Acá son 1,500 kilos de cocaína, en el mercado vecino se convierten en 4,500 kilos de cocaína, eso es lo que nosotros estamos combatiendo».

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.

Agregó que la meta que tienen es convertir el país en «el más seguro del mundo en 2025» y «no descuidar ni un centímetro de los logros en seguridad».

Miembros del gabinete de seguridad presentaron este domingo 1,500 kilos de cocaína decomisada a dos ecuatorianos a 1,054 millas náuticas, una distancia récord, desde la costa salvadoreña, según informaron.

Los funcionarios calificaron el año 2024 como el «más exitoso de toda la historia del país» en el decomiso de drogas y resumieron que han decomisado 17.2 toneladas de distintos tipos de drogas valoradas en total $429.4 millones y que solo vía marítima han decomisado 16.7 toneladas de cocaína valorados $419.6 millones. Las autoridades de El Salvador decomisaron 13.8 toneladas de cocaína en 2018. Los decomisos cayeron durante 2019 y 2020. En 2022 subieron a 12 toneladas.

Autoridades del Gabinete de Seguridad de El Salvador presentaron este domingo un cargamento de 1.5 toneladas de cocaína incautadas por la Marina Naval en las costas Pacífico, transportada por dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana, quienes también fueron presentados.

El operativo realizado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente fue ejecutado el pasado 19 de diciembre a 1,050 millas náuticas de la costa salvadoreña, detalló el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, explicó que esta es una distancia récord del territorio nacional.

La embarcación fue interceptada junto con dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana, quienes transportaban 1,500 kilos de cocaína, valorados en $37.5 millones de dólares.

La PNC informó que la droga era transportada por dos ecuatorianos identificados como Luis Omar Vera Parraga, de 63 años de edad, y Edison Rosendo Vinces Miraba, de 24.

La droga era transportada por dos ecuatorianos identificados como:

Luis Omar Vera Parraga, de 63 años de edad.

Edison Rosendo Vinces Miraba, de 24 pic.twitter.com/fahSSvyu1l

— PNC El Salvador (@PNCSV) December 29, 2024

“De esta manera el Gabinete de Seguridad continúa contribuyendo a la comunidad internacional en la lucha del narcotráfico y con esta incautación del 19 de diciembre también hemos salvado miles de vidas de otros países”, aseguró Merino Monroy.

El ministro de Defensa añadió que con esta última incautación de droga ya suman 12 las operaciones hechas este año 2024 y se convierte en “el año más exitoso de toda la historia del país.”

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado manifestó que las personas que han sido detenidas serán puestas a la orden de los tribunales de justicia y de los fiscales y que, en compañía de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizarán los peritajes físico-químicos correspondientes a cada uno de los paquetes que están en el interior de la droga decomisa.

Posteriormente, recalcó que se realizará la destrucción de los estupefacientes y se espera que con ello se pueda contribuir al combate del tráfico internacional de drogas.

Más de 30 personas fueron afectadas por una intoxicación alimentaria tras consumir alimentos en un campamento de una iglesia, informó Comandos de Salvamento, en sus redes sociales.

De acuerdo con elementos de cuerpos de socorro, se atendió una emergencia médica en un campamento nacional de una iglesia salvadoreña, con aproximadamente 680 personas de todo el país.

En el hecho, se confirmaron un total de 32 personas afectadas y de estas 31 fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica por problemas estomacales debido a una intoxicación alimentaria.

Una intoxicación alimentaria ocurre cuando uno ingiere alimento o agua que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos.

Los síntomas a menudo son malestar estomacal, diarrea y vómitos, los cuales generalmente se presentan varias horas o días después de ingerir el alimento en cuestión.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo la captura de un hombre responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el departamento de San Miguel, mientras conducía en estado de ebriedad.

Según el reporte policial, el detenido identificado como José Turcios Villatoro, de 27 años de edad, chocó contra otro vehículo y un poste en la colonia Ciudad Pacífica, distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro.

Al hacerle la prueba de alcotest, el conductor resultó con 188 grados de alcohol.en la sangre, por lo que será procesado por el delito de conducción peligrosa.

Las recientes reformas a la Ley de Tránsito exponen el incremento a las multas de tránsito que van de leve por $50, grave por $100 y muy grave por $150 y a la cero tolerancia por manejar bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se reformó el Código Penal, el cual aumenta las penas de prisión para el delito de conducción temeraria y amplía el delito para los conductores que hayan consumido cualquier cantidad de alcohol.

El delito tiene penas de entre 2 y 5 años de prisión. Si el juez decide una pena menor de 3 años, la pena puede ser sustituida por arresto de fin de semana o por trabajos de utilidad pública.

Al menos 18 conductores fueron detenidos por conducción peligrosa por manejar bajo consumo de alcohol durante este fin de semana, informó este domingo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en su red social X.

El ministro explicó que, de las 18 personas detenidas, 11 fueron reportadas el sábado y las siete restantes ocurrieron en la madrugada de este domingo.

La reforma aprobada en diciembre de 2020 modifica el delito de conducción peligrosa y lo refiere al consumo de alcohol independientemente de la cantidad consumida y ya no al estado de ebriedad o intoxicación que se encuentre en conductor.

Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) aseguraron que continúan las acciones para verificar que los conductores no manejen habiendo consumido alcohol. Sin embargo, el MOPT manifestó que buscan garantizar que los conductores transiten sin los «efectos del alcohol».

«Estamos realizando un control vehicular en toda la zona de San Benito, la Zona Rosa y la avenida Jerusalén, para garantizar que todos los conductores que transiten por estas vías lo hagan sin los efectos del alcohol», expuso Rodríguez.

Según un informe de Presidencia, en uno de los controles detectaron a cinco personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, las cuales ya fueron detenidas, se trató de dos mujeres y tres hombres, entre ellos José Roberto Cárcamo Mauricio, a quien se le identificó 189 miligramos por decilitro de alcohol en aire espirado.

El funcionario reiteró que la primera vez que una persona es arrestada bajo los efectos del alcohol:

• Es detenida por al menos 72 horas (3 días).
• Es acreedora de una infracción muy grave y deberá pagar $150.
• Pierde la licencia por 12 meses (un año).
• Tiene que ir a cursos de reeducación vial.

Las pruebas de alcoholemia determinan si los conductores han ingerido bebidas alcohólicas; con la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se prohíbe la circulación absoluta de conductores que bajo los efectos de estupefacientes, medicamentos o de alcohol, siendo acreedor de una multa muy grave y la detención conforme a la legislación penal.

La reforma también contiene modificaciones a las multas: las leves ahora son de $50, las graves son de $100 y las muy graves son de $150; y la cero tolerancia a la conducción peligrosa.

Además, Rodríguez expresó que, según estadísticas, a partir del 23 al 27 de diciembre de este año en comparación al año 2023 han registrado una reducción en diferentes indicadores de accidentes, de lesionados y de fallecidos por accidentes. «En el caso de los accidentes llevamos 29 menos, lo cual equivale a un 11 % menos», aseguró Rodríguez.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que del 1 de enero hasta el 28 de diciembre se detuvieron 2,281 personas por conducción peligrosa. A la fecha se registran 20,175 accidentes de tránsito y manejar en estado de ebriedad ha sido la séptima causa de dichos percances viales.

Hasta las 6:00 de la mañana de este domingo 29 de diciembre, la actividad sísmica reportada en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur, alcanzó los 1,500 sismos después de más de tres semanas de reporte de temblores según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La institución reportó que, entre las 9:50 de la noche del 8 de diciembre y las 6:00 de la mañana de este domingo, habían registrado 1,500 sismos, de los cuales 200 han sido sentidos por la población.

Según Medio Ambiente, las magnitudes de las réplicas oscilan entre 2.0 y 5.0 en la escala de Richter.

En las últimas 24 horas, los sismólogos han reportado cuatro temblores, solo uno fue percibido por la población de Conchagua y sus alrededores.

El primer sismo ocurrió el 8 de diciembre a las 9:50 de la noche de 5.8 en la escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros y una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada, en la ciudad de Conchagua.

Un segundo sismo de mayor magnitud fue reportado a las 7:46 de la mañana el día 9, con una magnitud de 5.0 grados y una profundidad de 11.4 kilómetros.

La institución ha señalado que la causa de los sismos reportados al oriente del país es la activación de fallas geológicas en la zona, sin embargo, recientemente han informado que la actividad sísmica ha empezado a disminuir.

Los distritos de Conchagua, San Alejo, El Carmen y La Unión son algunos de los que conforman el distrito de La Unión Sur, municipio afectado por esta actividad sísmica.

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado por un bus de la ruta 29 en las cercanías del Mercado Excuartel, en el centro de San Salvador la mañana de este domingo, informó Comandos de Salvamentos.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, el incidente ocurrió entre la 10a. avenida Norte y 1a. calle Oriente, esquina de dicho mercado, cuando el vehículo de transporte público con placas AB 76-760 golpeó al hombre, quien quedó atrapado bajo los neumáticos del autobús.

Personal de Comandos llegó al lugar de los hechos, brindó primeros auxilios y fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Rosales, debido a las lesiones que presentaba.

Las autoridades no informaron si el conductor del autobús había ingerido bebidas alcohólicas.

Por otra parte, elementos de Cruz Verde, seccional Santa Anita, brindaron asistencia médica a cuatro personas que resultaron lesionadas en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 36 de la autopista Comalapa.

Los heridos son dos menores de edad y dos adultos, luego de que el pick-up en el que se transportaban impactara contra un poste. Tres lesionados fueron trasladados a un centro asistencial y la cuarta persona lesionada fue atendida por personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 de enero al 28 de diciembre de 2024 un total de 20,175 accidentes de tránsito, en los cuales 11,864 personas han resultado lesionadas y 1,288 han muerto.

Según los datos estadísticos, de 20,175 accidentes viales reportados a la fecha, 2,047 fueron relacionados con personas atropelladas y 501 peatones han fallecido.

Siete conductores fueron detenidos en dos horas por el delito de conducción peligrosa, considerado según la reforma de tránsito independientemente de cualquier cantidad de alcohol ingerida.

«Séptima persona detenida en las últimas dos horas por estar bajo los efectos del alcohol conduciendo», indicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en X, a las 2:40 a.m. de este domingo 29 de diciembre.

El funcionario reiteró que la primera vez que una persona es detenida bajo los efectos del alcohol:

• Es detenida por al menos 72 horas (3 dias).
• Es acreedora una infracción muy grave ($150).
• Pierde la licencia por 12 meses (un año).
• Tiene que ir a cursos de reeducación vial.

En una conferencia de prensa, el funcionario reiteró que el delito de conducción peligrosa es excarcelable.

El delito tiene penas entre 2 y 5 años de prisión. Si el juez decide una pena menor de 3 años, la pena puede ser sustituida por arresto de fin de semana o por trabajo de utilidad pública, como lo permite el artículo 74 del Código Penal pero, si la pena impuesta es mayor de 30 años, no.

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, informó la noche del sábado que un aproximado de 2,700 conductores de la Autopista a Comalapa y del Bulevar Monseñor Romero no cumplen la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

Según el funcionario, el sistema de fotomultas aún no se aplica, ya que esperan que este incumplimiento disminuya al menos en un 95 %.

Detalló que sobre la Autopista a Comalapa han detectado que un promedio de «1,500 conductores» diarios superan la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y que, sobre el bulevar Monseñor Romero, un promedio de 1,200 conductores al día irrespetan este límite de velocidad.

Circular a mayor velocidad que la reglamentaria implica una multa de $150. La fotomulta permitiría imponer la sanción de $150 automáticamente y, dentro de un máximo de 30 días, notificarle al conductor mediante correo electrónico o mensaje. El conductor tendrá cinco días para presentar su inconformidad o realizar el pago.

«En este momento no hemos activado las fotomultas. ¿Por qué no las hemos activado? Porque lo que nosotros queremos poner actualmente son menos multas», dijo el ministro la noche de este sábado.

El funcionario no detalló cuándo activarán las fotomultas.

«Para poner menos multas, lo que tenemos que hacer es que la población salvadoreña pues pueda conocer de este nuevo procedimiento y, al tener conocimiento pleno, esperamos que el día que iniciemos ya con el tema de las fotomultas, pues, ese día, ya no vamos a tener 1,500 conductores arriba de los 90 km/h, esperamos que esto se reduzca al menos en un 95 % y queremos llegar incluso a cero», indicó.

El sábado por la noche, fueron publicadas las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fueron en el sitio web de la Imprenta Nacional en una edición del Diario Oficial del viernes 20 de diciembre, el mismo día que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Ese mismo día, también se publicaron las reformas al Código Penal que aumenta las penas de prisión para el delito de conducción temeraria y amplía el delito para los conductores que hayan consumido cualquier cantidad de alcohol; y también se publicó la reforma al artículo 38 del Código Procesal Penal, para que una conciliación con la víctima de un homicidio culposo no extinga la acción penal. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha explicado que esta última reforma no implica la eliminación de la conciliación.

El desfase de publicación efectiva de la reforma ha sido criticada por el abogado Enrique Anaya y usuarios de redes sociales que argumentaban la falta de publicación para que en realidad iniciara la vigencia de la reforma.

Durante el año 2024, seis Cámaras de lo Civil finalizaron procesos de enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios en condenas, contra ellos y su grupo familiar.

De las seis figuras encontradas responsables, cinco son exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y un exfiscal general.

Los procesos de enriquecimiento ilícito son procedimientos aparte de los penales donde la Fiscalía General de la República no busca cárcel, sino que los implicados reintegren al Estado el dinero obtenido de forma irregular o no justificada.

El procedimiento tiene su base en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos aprobada en 1959 y que aún está vigente.

Estas son las seis condenas que la Fiscalía logró comprobar en los tribunales:

Medardo González

El 9 de enero la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección de Centro de San Salvador encontró culpable de enriquecimiento ilícito al exdiputado del partido FMLN, Medardo González y su grupo familiar, por un monto total de 78,201.88, de cuando fungió como parlamentario de la Asamblea Legislativa.

La condena al exdiputado del FMLN, Medardo González y a su grupo familiar fue por 12 irregularidades, en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo, compra de vehículos, pagos de tarjetas de crédito, compra y venta de inmuebles. Fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.

Lorena Peña

El 5 de marzo, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña y a su hija Ana Virginia Guardado Peña, por el enriquecimiento ilícito de $150,762.86.

La demanda inicial contra Peña era por $140,521.60, en su calidad de diputada propietaria entre los periodos 2012-2015 y 2015-2018, y en el caso de la hija, Ana Virginia Guardado Peña, por un monto de $136,960.94, que bajó a $17,016.26. Fueron inhabilitadas por 10 años para ejercer cargos públicos. Peña calificó la condena como «una sentencia eminentemente política».

Schafik Hándal

El 2 de mayo, el exdiputado Schafik Hándal y a su grupo familiar fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito por $171,345.15. Las irregularidades por las que fue condenado son depósitos bancarios, adquisiciones de vehículos y pago de tarjetas de crédito, durante su gestión como diputado, entre el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012. La Cámara lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años.

Eugenio Chicas

El 12 de noviembre, el exdiputado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, fue hallado responsable por enriquecimiento ilícito de $173 mil que deberá devolver al Estado. Chicas fue demandado en un principio por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes. Las irregularidades ocurrieron durante los años de 2009 y 2021, cuando desempeñaba los cargos de magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, director propietario de la junta directiva del Registro Nacional de Personas Naturales, secretario de comunicaciones de la Presidencia de la República y diputado propietario del Parlamento Centroamericano. Fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

Sigfrido Reyes

Sigfrido Reyes y su esposa, Susi Melba Guadalupe Rodríguez, fueron encontrados responsables por enriquecimiento ilícito de $267,792.14, el 29 de noviembre reciente. La Cámara Segunda de lo Civil falló que solo el expresidente de la Asamblea Legislativa se enriqueció ilícitamente con $255,792.14, mientras que su esposa, con $12,000. También fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

Luis Martínez

Recientemente, el 2 de diciembre, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro condenó al exfiscal General de la República, Luis Martínez, por enriquecimiento ilícito de $71,736.62. Las irregularidades halladas a Martínez son pagos realizados a tarjetas de crédito, depósitos bancarios que al momento de ser comparados por las autoridades, los gastos e ingresos no coincidían.