A tres años de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, el Socorro Juridico Humanitario (SJH) denunció que al menos 380 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado.
“En tres años del régimen de excepción llevamos por lo menos 85,500 personas adultas procesadas, de las cuales cerca de 30,000 muy probablemente, porque tenemos elementos suficientes de prueba son inocentes, de estas hay de 1,000 muertes en centros penales, es la cifra negra que el gobierno intenta ocultar, de las 1,000 nosotros hemos identificado 380 (muertes) a esta fecha”, informó este jueves la directora de SJH, Ingrid Escobar.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que en tres días, el 25, 26 y 27 de dicho mes se reportaron 87 homicidios en El Salvador.
La directora de Socorro Jurídico detalló que de las 380 muertes contabilizadas, el 40 % de víctimas registraron signos de violencia, “es decir que han muerto por tortura”, mientras que un 30% fueron por negligencia médica, negación de tratamientos médicos y el resto se debieron a otras causas.
Entre los decesos, destacó que se contabilizan 25 mujeres, quienes aseguró no tenían vínculos con pandillas y además se registraron cuatro bebés muertos, al interior de los centros penitenciarios.
De igual forma, Escobar expuso que como Socorro Jurídico registran al menos 3,200 niños procesados entre los 12 y 14 años de edad en el régimen de excepción, cuyas condenas ya superan las 1,800. “De estas nosotros estamos seguros que hay más de 50 % de estas condenas que son injustas”, dijo la directora de la organización.
Ante ello, Escobar reiteró que el régimen de excepción “no puede ser permanente”, según se establece en la Constitución de la República.
“Es una medida que no puede ser permanente, el régimen de excepción según el artículo 29 de nuestra Constitución está para 30 días, prorrogándose para no más de 60 días, y para esta fecha justamente llevamos 36 meses de régimen de excepción, tres años de mecanismos donde nos han suspendido garantías de derechos humanos.”
Ingrid Escobar,
Directora de Socorro Jurídico.
Otros datos
En un informe presentado, este jueves, por Socorro Jurídico, con datos de hasta el 15 de marzo del presente año señalan la muerte de 370 personas en centros penitenciarios. Según se detalla el 82 % (302) de las muertes hasta la primera quincena de marzo fueron en los centros penales de Izalco donde registraron 138 decesos, en Mariona fueron 78, en Apanteos 38, mientras que en Quezaltepeque se registraron 31 muertes y la Granja de Zacatecoluca al menos 17, el resto fueron identificados en otros centros penitenciarios.
Asimismo, expuso que de los 370 fallecidos (esta cifra hasta el 15 de marzo mencionado), el Socorro Jurídico identificó solo en 133 de los casos, la fecha exacta de detención y de deceso, de estos 61 estuvieron recluidos solamente entre 1 y 3 meses, es decir entre marzo y mayo de 2022.
La organización agregó que el 93.8% de la muertes no tenían ningún perfil pandillero y solo un 6% fueron catalogados como pandilleros, esto bajo el argumento que eran colaboradores por temor a ser víctimas de las pandillas.
Sobre las muertes al interior de centros penales, la Fiscalía General de la República dijo en el año 2023 que se trataban de “muertes naturales” y desacreditó las denuncias que hicieron las organizaciones defensoras de derechos humanos. Centros Penales ni el gobierno central han emitido comentarios sobre este tema.
