Habitantes de Santa Marta, localidad de ciudad Victoria, en Cabañas, temen que las autoridades
realicen más capturas luego de que la comunidad haya sido militarizada previo a la repetición del juicio de cinco líderes ambientales
por supuestamente haber cometido un asesinato durante el conflicto armado.
Peter Nataren, de Ades Santa Marta, aseveró este martes que entre «los últimos acontecimientos» en la comunidad está la presencia de fiscales, agentes de inteligencia y militares
para la «supervisión de los hogares donde viven las personas que están más al frente de la lucha desde hace dos años
con respecto a la exigencia de la liberación definitiva de los cinco ambientalistas».
«Esto (militarización de la zona) nos lleva a pensar, incluso por información que ha circulado en un medio de comunicación que sí está en marcha la posibilidad de que podrían capturar a más de 40 personas, la mayoría de liderazgos de la comunidad y muchas otras personas que integran la comunidad».
Peter Nataren, miembro de Ades Santa Marta.
Nataren también aseguró que no descartan la captura de líderes de otras organizaciones que han «estado acompañando este proceso durante dos años en Santa Marta». La repetición del juicio se desarrollará del 3 al 6 de febrero en el Tribunal de Sentencia de San Vicente.
A través de un comunicado difundido por Tutela Legal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Ades Santa Marta, las organizaciones denuncian «la militarización» de esta y otras comunidades «organizadas de la zona» percibiendo la presencia de la Fuerza Armada y «personas extrañas que se mueven por las noches en carros sin placas».
Piden medidas cautelares
En este contexto, Nataren señaló que no confían en las decisiones que pueda tomar el Tribunal de Sentencia de San Vicente sobre el caso contra ocho personas, entre ellos,
cinco líderes que son juzgados por supuestamente haber cometido un asesinato durante el conflicto armado.
Por ello, junto a otras organizaciones han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que imponga medidas cautelares de protección a los cinco líderes,
pues temen que puedan ser condenados en el nuevo proceso.
«Nosotros no confiamos en lo que pueda pasar la próxima semana» afirmó Nataren, quien aseguró que «las instancias internacionales deben estar ya pendientes» del caso y del juicio programado para la próxima semana.
Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal aseguró que las medidas han sido solicitadas «por la gravedad del caso» por los malos tratos, el encarcelamiento y el agravamiento en las enfermedades que sufren, por eso. La petición se realizó ayer a través de las organizaciones que firmaron el comunicado.
«Sería fatal que fueran nuevamente encarcelados en un proceso donde no hay garantías judiciales o un debido proceso».
Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal.
Además, Nataren mencionó que están indagando cuál sería el proceso a seguir en caso que los líderes fueran declarados culpables. «Debemos saber
cuál es el proceso que nosotros tendríamos seguir a nivel internacional si este sistema cometiera el gravísimo error de condenar
a estos activistas en un contexto donde todo el país está alerta por el tema minero», aseguró el líderes comunitario.
Los ocho acusados del asesinato son:
Fidel Dolores Recinos Alas
Saúl Agustín Rivas Ortega
Teodoro Antonio Pacheco
Miguel Ángel Gámez
Pedro Antonio Rivas Laínez
Alejandro Laínez García
José Eduardo Sancho Castañeda
Arturo Serrano Ascencio
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los acusados eran exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que habrían sacado a una mujer de su casa, la habrían llevado al campamento para torturarla para luego asesinarla.
Con el juicio inicial, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró el 18 de octubre de 2024 como «absueltos» de los delitos a los implicados. El caso tomó especial relevancia porque de los ocho acusados, cinco son líderes ambientales que han encabezado la lucha contra la minería.
En diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica. Desde entonces, organizaciones, iglesias de diferentes denominaciones y ciudadanos han pedido la derogatoria de la misma.
Organizaciones sociales informan que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares para resguardar a los cinco líderes ambientales que serán reenjuiciados por un supuesto asesinato durante el conflicto armado.
Vía:… pic.twitter.com/kmTmr7052c
