Categoría: Opinión

Hablar de Derecho Penal en El Salvador siempre ha sido un ejercicio de precisión y equilibrio, casi como intentar sostener en una mano el Derecho y Razón de Ferrajoli y en la otra una taza de café sin derramarla, mientras el clima político presiona desde todos los costados. Aun así, vale la pena hacerlo, porque la justicia penal no es un lujo académico: es el corazón mismo del Estado de derecho. El Salvador ha apostado por un modelo de seguridad firme, con resultados visibles. Sin embargo, conviene recordar —con la calma de los juristas y la ironía de los realistas— que el Derecho Penal es el instrumento más delicado del poder estatal.

Como decía Luigi Ferrajoli, “donde comienza el poder punitivo, deben redoblarse las garantías”. Y esto no por capricho intelectual, sino porque la libertad humana no admite errores de cálculo. El Derecho Penal salvadoreño, aunque sólido en su estructura normativa, enfrenta el eterno desafío de evitar convertirse en una herramienta de simple eficacia. La presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad no son obstáculos administrativos: son, en palabras de Ferrajoli, “las condiciones mínimas para evitar que la justicia se transforme en fuerza sin derecho”. Y cuando la justicia se ejerce sin estas restricciones, no es justicia, es otra cosa.

En esta ecuación, la independencia judicial juega un papel esencial. No es un adorno institucional, ni un capricho de los magistrados. Es, como diría Francesco Carnelutti, “la posibilidad real de que el juez no tema, ni espere, ni dependa”. Porque un juez que teme no decide; un juez que espera favores no juzga; y un juez que depende deja de ser juez para convertirse en funcionario administrativo del poder punitivo. La presión social por seguridad es legítima. Los salvadoreños desean vivir sin miedo; y es justo que así sea. Pero la historia comparada ha demostrado, una y otra vez, que cuando la seguridad se coloca por encima de las garantías, a largo plazo se pierde ambas.

El juez penal salvadoreño, entonces, se encuentra en una posición compleja: sostener el equilibrio entre la demanda social de firmeza y la exigencia constitucional de respetar derechos fundamentales. Y, para ser sinceros, no es un trabajo para cardiacos. Aquí conviene recordar la advertencia clásica de Eugenio Raúl Zaffaroni: “el poder punitivo tiende siempre a expandirse, y por ello el papel del juez es ponerle límites en nombre de la Constitución”. No limitar el poder punitivo —advierte Zaffaroni— no fortalece al Estado, sólo debilita al ciudadano ante él. Una advertencia que, por cierto, no pierde vigencia, aunque a veces se intente guardar bajo la alfombra del optimismo institucional.

En nuestro país, la independencia judicial enfrenta desafíos estructurales: cargas laborales inmensas, exigencias institucionales que rozan lo heroico y un entorno social que, en ocasiones, espera que el juez sea simultáneamente un fiscal eficiente, un técnico procesal impecable y un superhéroe constitucional. Difícil tarea. Uno casi pensaría que en la Escuela de Capacitación Judicial deberían impartir un curso llamado “Acrobacias jurídicas y resistencia a presiones externas”. Pero, más allá de la ironía, la realidad es incontestable: sin jueces independientes, el Derecho Penal se convierte en una maquinaria sin control.

No es una exageración académica; es una constatación histórica. Ferrajoli recuerda que “los modelos de poder absoluto han surgido siempre donde el juez dejó de ser un tercero imparcial”. Y si algo enseña la historia jurídica universal es que cuando la justicia deja de ser un contrapeso, termina siendo un instrumento. El fortalecimiento institucional no puede esperar. La carrera judicial debe profesionalizarse con méritos verificables y no con simpatías coyunturales. La estabilidad judicial debe respetarse, porque, como decía Carnelutti, “el juez necesita la serenidad que sólo da la libertad”.

Sin estabilidad no hay serenidad; sin serenidad no hay imparcialidad; y sin imparcialidad el Derecho Penal se convierte en simple administración de castigos. Asimismo, la formación continua es indispensable. No hablamos de simples talleres, sino de una profesionalización profunda en criminología, prueba, derechos humanos, análisis técnico y razonamiento jurídico avanzado. El poder punitivo moderno es cada vez más complejo, y un juez sin actualización constante corre el riesgo de convertirse en un operador mecánico, incapaz de cumplir la función contra-mayoritaria que el sistema constitucional le asigna.

El Salvador necesita una justicia penal firme, pero también profundamente humana. Zaffaroni recordaba que “el derecho penal debe ser la mínima intervención necesaria, no la máxima expresión de fuerza estatal”. Esa visión, lejos de debilitar al Estado, lo ennoblece, porque coloca la dignidad humana en el centro de sus decisiones. Por ello, la independencia judicial no puede ser vista como un antagonista de la seguridad, sino como su complemento indispensable. La seguridad sin independencia judicial puede volverse excesivamente fuerte; la independencia judicial sin eficacia puede volverse excesivamente débil. La democracia requiere ambas dimensiones, equilibradas y coordinadas.

Al final de todo este recorrido académico—y un poco sarcástico, pero siempre respetuoso—queda una verdad inescapable: la fuerza del derecho es la única capaz de contener al derecho de la fuerza. Esa es la gran lucha de toda democracia moderna. Porque la verdadera seguridad no se logra solamente encarcelando delincuentes; se logra cuando cada decisión estatal, sea dura o suave, respeta el marco constitucional. Entonces, y sólo entonces, la justicia deja de ser un acto de poder y se convierte en un acto de civilización. Y ese es, precisamente, el desafío salvadoreño: construir una justicia penal independiente, profesional y fuerte.

Una justicia que no tiemble, no espere y no dependa —como soñaba Carnelutti—; una justicia que limite al poder punitivo —. Una justicia que recuerde siempre que el verdadero poder del Estado no está en su fuerza, sino en su capacidad de respetar la dignidad del ser humano. El Salvador tiene una oportunidad histórica: demostrar que seguridad y garantías no son enemigas, sino aliadas; que un Estado fuerte es aquel que se atreve a limitarse a sí mismo; y que la verdadera grandeza institucional no está en la contundencia del castigo, sino en la elegancia del debido proceso.

La justicia penal que la nación necesita no es sólo eficiente, sino también prudente; no es sólo firme, sino también humana; no es sólo rápida, sino también independiente. Porque al final, la democracia no se fortalece únicamente con cárceles más llenas o índices delictivos más bajos, sino con jueces capaces de decir “no” cuando corresponde, “sí” cuando la ley lo exige y “esperemos” cuando la sabiduría constitucional lo aconseja. Una justicia así no teme a la opinión pública, no negocia sus principios y no se doblega ante urgencias circunstanciales. Si El Salvador desea consolidarse como un Estado democrático sólido, deberá proteger a quienes protegen el derecho: sus jueces.

Y cuando eso ocurra —cuando la independencia judicial sea tan incuestionable como la necesidad misma de seguridad— entonces habremos entendido que la fuerza de un país no se mide sólo por quién puede castigar, sino por quién se atreve a garantizar. Esa es, en definitiva, la fuerza del derecho: un poder que no aplasta, sino que orienta; que no teme, sino que razona; que no domina, sino que limita; y que, cuando se ejerce en libertad, convierte a la justicia en la más alta forma de civilización.

Cuando se reconoce algo pero que es difícil poder llegar a darle un nombre, seguramente es el momento en el que la curiosidad  y la invención humana  transitan juntas en la interminable autopista del descubrimiento. Y es que uno de esos momentos fue el aparecimiento del color azul, siendo uno de los favoritos de muchos, en los que me incluyo.

Según registros científicos, el primer pigmento azul apareció en Egipto hace unos cinco mil años. En ese entonces de una mezcla de minerales resultó un color que no supieron  nombrarlo, pero que era asemejado con los tonos ya existente y previamente identificados, que eran los rojos y los verdes. El primero talvez fue prontamente familiarizado por la sangre y los verdes por las clorofilas que yacen en las plantas. Aunque sabían que no era igual, el pigmento azul, lo clasificaron como un tono oscuro dentro de los anteriores; sin embargo, con la variación de procedimientos surgirían otras tonalidades de aquel azul no clasificado, el cual fue utilizado en pinturas rupestres y numerosos objetos como ha sido demostrado por los paleontólogos a través de la historia. Como un detalle enigmático, el tiempo sepulto la receta de aquellos azules egipcios.

Ya en la Europa de los siglos XIV y XV, desde una mina remota y pequeña de Afganistán era importada la  piedra de lapislázuli, la cual era molida para  extraer su tonalidad azul; gracias a esta piedra semipreciosa el color azul ya era nombrado como tal. Al ser un pigmento raro también era caro de conseguir. De igual manera surgieron alternativas, como la azurita, de la que se obtenía otro tono. Se utilizó en pinturas, estatuas y más, aunque con una muy breve comercialización.

Con el paso del tiempo y en constantes ensayos químicos, algunos fueron accidentales en el sentido que hubo confusión de elementos, pero como tanto en la vida ya está orquestado, así nacería el azul de Prusia que más adelante marcaría su uso en los uniformes de militares y policías en varias naciones.

Al unísono del transcurrir de épocas, acá en América, los Mayas ya pintaban en con azul, muchos de sus murales prehispánicos son prueba de que esta civilización descubrió su azul en la naturaleza, en el añil. Sorprendieron a los colonizadores, ya habían inventado su azul desde antes que ellos llegaran a sus tierras. ¿Será la concordancia dentro de las etapas de descubrimiento y evolución  de cada civilización en la misma línea invisible al compás del tiempo? No lo sé, pero pienso que la fascinación siempre debió haber estado presente en cada imaginación al contemplar lo que estaba frente a sus ojos.

Le han dado bastantes connotaciones al color azul, desde tristeza, elegancia, inteligencia hasta problemas mentales, pero seguramente nada de eso es cierto. Muy dentro de cada uno tengo la certeza, que podemos crear azules inventados como dice Sandra Mihanovich en su canción me contaron que bajo el asfalto, tenemos y debemos de tener la capacidad de ver esos azules hermosos que logran contenernos ante tanta adversidad y dolor que existe. Después de todo, el cielo no es azul todos los días, al menos no del mismo tono, pero siempre se puede pintar de azul.

*Ivette María Fuentes es abogada 

En un artículo anterior escribí acerca de una nueva forma de poder político que estaría desplazando a la democracia en algunos países. A este sistema se le denomina “los reyes modernos”, caracterizado por su capacidad de operar dentro de marcos democráticos. Ejemplos paradigmáticos de esta corriente son Trump, Milei y Bukele. Aunque existen muchos otros líderes, especialmente en Latinoamérica, que intentan sumarse a esta corriente monárquica con tintes dictatoriales, paralelamente emerge otra tendencia que simula una aristocracia u oligarquía, la cual busca integrarse y, progresivamente, desplazar a los reyes modernos.

La idea de una oligarquía mundial —un pequeño grupo de élites con control coordinado sobre gobiernos, economía, tecnología e información a escala global— es una preocupación creciente en los debates políticos y sociológicos actuales.

Es un hecho que, en la economía más próspera del planeta durante el último cuarto de siglo, los cambios políticos, legales y económicos han transformado profundamente la relación entre riqueza y poder político en Estados Unidos. Las revoluciones tecnológicas y de mercado de las últimas décadas han generado riquezas a una escala sin precedentes, concentradas en un pequeño número de individuos. Estos, para mantener el status quo, han encontrado que la estrategia más efectiva es influir en las elecciones a través de contribuciones monetarias ilimitadas, posibles gracias a modificaciones legales ocurridas en los últimos 15 años. Las donaciones no son la única vía para que los ultra ricos accedan al poder; siguiendo el ejemplo de Trump, algunos multimillonarios están aprovechando su influencia financiera para acceder a cargos públicos. Al menos 44 de los 902 multimillonarios estadounidenses que figuran en la lista de 2025 de la revista Forbes, o sus cónyuges, han sido elegidos o nombrados para cargos estatales o federales en los últimos 10 años, desde altos cargos en el Gabinete hasta puestos más oscuros en consejos asesores.

Estos mecanismos han facilitado la concentración del poder político en torno a intereses económicos, lo que implica un reto directo para la democracia tradicional y genera importantes debates sobre el futuro del sistema político.

¿Porque algunas tendencias parecen apuntar hacia una “oligarquía global”?

Actualmente, existen factores estructurales que concentran cada vez más poder en manos de unos pocos. El 1% más rico posee una proporción creciente de la riqueza mundial, mientras que gigantes tecnológicos como Apple, Google, Meta y Amazon, junto con fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y State Street, así como megacorporaciones multinacionales, influyen de manera decisiva en los mercados y en la formulación de políticas públicas. A esto se suma el ascenso del poder corporativo tecnológico: estas empresas controlan datos personales, inteligencia artificial, plataformas de comunicación y, cada vez más, sectores estratégicos como salud, educación y defensa. El avance tecnológico supera la capacidad de actualización de los marcos regulatorios nacionales —como se evidenció recientemente en nuestro país con el caso de Doctor-SV— lo que les permite actuar, en la práctica, por encima de los mecanismos tradicionales de control democrático.

Del mismo modo que los ultrarricos han logrado adquirir un poder político creciente, a escala global aumenta la influencia de las élites económicas en las decisiones gubernamentales. Finalmente, la interdependencia global refuerza esta tendencia: la economía internacional depende de sistemas financieros, cadenas de suministro y organismos multilaterales dominados por las grandes potencias y sus actores económicos predominantes.

Si esta trayectoria continúa, la consolidación del poder oligárquico podría desembocar en una centralización sin precedentes del control político y económico, concentrado en corporaciones tecnológicas, instituciones financieras globales y sistemas de vigilancia e inteligencia artificial.

Como transmitió Orwell en su obra “1984”: Al final, comprendimos que la libertad nunca estuvo garantizada, porque no se pierde de un solo golpe, sino en pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Descubrimos que la verdad puede ser moldeada cuando dejamos de cuestionarla, y que el control más poderoso no es el que se ejerce con fuerza, sino el que se instala en la mente hasta que aceptamos como propio aquello que alguna vez resistimos. Tal vez lo más alarmante no sea vivir bajo la vigilancia, sino llegar a amarla. Y así, sólo queda recordar que el primer acto de resistencia siempre será conservar la capacidad de ver, pensar y decir lo que realmente es.

La semana pasada se dio a conocer el denominado «Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029» por parte del licenciado Yamil Bukele, virtual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) a partir del próximo 12 de diciembre del 2025 lo que ha generado grandes expectativas que van más allá de lo deportivo. Si bien la meta es clara, elevar el nivel competitivo de la Selecta y desarrollar talento nacional y de salvadoreños en el exterior, este plan estructurado en once ejes transversales merece una lectura desde la óptica de la seguridad y la criminología que son mis áreas de especialidad. Es en la integración social donde reside su verdadero potencial transformador.

El fútbol, en un país como El Salvador, no es solo un deporte; es un poderoso vehículo de tejido social. Un plan que promueva el desarrollo del deporte base en la juventud, como el que se propone, tiene un impacto directo en la prevención de la violencia. El documento presenta un plan estratégico integral diseñado para transformar y profesionalizar todo el ecosistema del balompié nacional. Este plan comienza con un diagnóstico exhaustivo que identifica las fortalezas internas, debilidades estructurales y amenazas externas que enfrenta actualmente el deporte en El Salvador, seguido de un análisis de las brechas (GAP) a cerrar.

La estrategia central se organiza en once Posiciones Estratégicas que cubren áreas críticas, desde la gobernanza institucional y financiera hasta el desarrollo del talento humano. Se prioriza la capacitación continua del personal, la modernización de la infraestructura física y tecnológica, y la aplicación de las ciencias aplicadas al deporte para mejorar el rendimiento. El objetivo fundamental es garantizar la sostenibilidad de las ligas y equipos y lograr el éxito competitivo de las selecciones nacionales en todas sus modalidades. Siendo en esencia, líneas estratégicas de seguridad ciudadana de bajo costo y altamente efectivas.

Cuando se invierte en infraestructura deportiva y se generan espacios de ocio estructurado, se están retirando jóvenes del espectro de riesgo social. Un niño con un balón en el pie es un niño menos propenso a empuñar otras cosas. La inclusión de valores, disciplina y trabajo en equipo subrayada en el plan es la mejor vacuna contra la desintegración familiar y la captación por parte de estructuras criminales. Lo cual puede completarse con inteligencia emocional, sentido común y habilidades para la vida.

Sin embargo, desde mi área de especialidad, es imperativo señalar que un plan tan ambicioso requiere una ejecución blindada. El eje de «Gobernanza Institucional» es el más delicado en mi punto de vista. Históricamente, las estructuras deportivas han sido vulnerables a la corrupción, actos arbitrarios, amiguismo, compadrazgo, comisiones por contrataciones, y al manejo discrecional de fondos, lo que desvirtúa cualquier esfuerzo de desarrollo. En el contexto de un plan maestro, la transparencia no es una opción; es un requisito de seguridad institucional para evitar que los recursos destinados al desarrollo sean desviados, perpetuando el ciclo de desconfianza y fracaso deportivo.

La apuesta por el desarrollo del fútbol base, que apunta a generar una cantera de talentos, necesita ir de la mano con protocolos de protección de la niñez y adolescencia. La Protección y Bienestar de los Actores debe incluir mecanismos robustos para prevenir el abuso, el acoso y la explotación, asegurando entornos seguros para las jóvenes promesas. El éxito del plan no solo se medirá en goles, sino en la capacidad de la FESFUT de convertirse en un modelo de gestión ética y responsable.

El Plan Maestro para el fútbol salvadoreño de Yamil Bukele es un mapa altamente ambicioso e innovador que, si se ejecuta y se articula estratégicamente con los programas de prevención social del Estado, puede trascender el campo de juego. El fútbol, como herramienta de desarrollo e inclusión, tiene la capacidad de ofrecer a miles de jóvenes una narrativa de vida alternativa al delito. Es una oportunidad histórica para que la FESFUT no solo gane partidos, sino que también contribuya a ganar la batalla por la seguridad y la reconstrucción del tejido social salvadoreño.

Licenciado Yamil Bukele de algo estoy seguro con la propuesta estratégica que ha ofrecido al país, se van a formar mejores ciudadanos, con principios, valores, con una identidad de lo que representa ser salvadoreño, jóvenes que aprovecharán las oportunidades de educación y formación integral, pero también se formarán buenos y excelentes jugadores desde las bases, y futuros referentes de selecciones nacionales y de nuestras ligas, le deseo el mayor de los éxitos y bendiciones. Y que la cosecha de esta nueva generación sea incontable y estoy seguro de que los goles también van a llegar. Usted pasará a la historia como el dirigente deportivo que estableció las bases de un modelo de administración deportiva con planificación estratégica.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología, Experto en seguridad de protocolos de fútbol

Dejar el país donde se nació implica un cambio de vida radical que prácticamente demanda una reinvención de quien lo hace.
Realizarlo en condiciones apropiadas, con los recursos necesarios y en el marco legal que demande el país receptor es un trauma, así que es difícil calificarlo cuando la decisión la toman otros, destierro, o simplemente el individuo se ve forzado a huir en busca de refugio o de una vida mejor sin contar con los documentos necesarios o recursos para pagar un buen bufete de abogados.
En fin, el futuro de los que huyen, más allá del calificativo de la huida, depende de las leyes del país que le acoge y del carácter y sensibilidad del funcionario que le procesa, quien en el marco de una justicia humanística debería valorar la tragedia que está padeciendo la persona que abandonó familias y bienes en procura de seguridad o una vida mejor, aspectos, que, en mi modesta opinión, deberían tener en cuenta quienes aplican las leyes migratorias.

Sin embargo, hay otros casos migratorios que deberían ser tratados con severidad en procura de una justicia mayor, me refiero a quienes después de servir a una tiranía deciden abandonarla en procura de condiciones de protección o aún peor, en comisión del disfrute de los bienes malamente adquiridos.

Hago referencia a los funcionarios del castrismo y de cualquier otra dictadura, Nicaragua y Venezuela, que al igual que el totalitarismo cubano han sido hábiles en contratar mercenarios que después de ser cómplices directos indirectos de todas las tropelías de esos regímenes, los abandonan cuando la situación se deteriora o simplemente un funcionario de mayor rango los miro de reojo.

Esta reflexión es producto de una conversación con el escritor Jose Antonio Albertini en referencia al caso de un sujeto de nombre Jorge Javier Rodríguez Cabrera, quien fuera correo de ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y formara parte de la aristocracia del totalitarismo castrista al contar con la amistad del esbirro mayor conocido como “El cangrejo”, nieto y escolta de Raúl Castro, lo que le facilitaba, según el diario local, “vínculos con la élite militar cubana”.

Hay que tener en cuenta que prestar servicios de correo diplomático en cualquier país demanda una gran confianza y en Cuba, los requerimientos para esa posición exigen una lealtad política relevante, además que ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores,  pidiendo todo una actitud “revolucionaria”,  que implica pasividad ante los abusos en los que incurran las autoridades, uno de los aspectos que abordó Jose Martí en sus escritos cuando expresó, “Ver con calma un crimen es cometerlo” y más criminal que el sistema totalitario cubano hay que buscarlo con microscopio electrónico.

Termino apuntando que parto de la premisa que todo estado tiene el supremo derecho de cuidar sus fronteras y determinar quien accede o no a su territorio, una vergonzante muestra de ese atributo fue la negativa de los gobiernos de Cuba, Estados Unidos y Canadá al negarle el permiso de entrada a sus puertos al buque San Luis,1939, que transportaba casi un millar de judíos que huían del nazismo. Estas personas se vieron obligadas a desembarcar en puertos europeos terminando muchos de ellos trágicamente.

Soy un fervoroso creyente en la justicia y en las leyes, en el derecho de una defensa adecuada a la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso, sin embargo, no puedo dejar de sentir aprehensión ante la excarcelación de una persona que cuenta con los antecedentes antes mencionados, que laboró por un periodo de tiempo en una dependencia gubernamental que exige fidelidad y que ha practicado por décadas el espionaje contra este país.

No es justo, repito, que quienes han servido a una tiranía, la de Cuba o cualquier sitio, disfruten de la justicia ciega de una sociedad democrática porque cuenta con recursos para solventar una hábil defensa, en detrimento, de quienes no tienen un centavo por haber combatido el régimen que oprimía su país como sucede con los activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y cualquier persona que ame la libertad y defienda sus derechos bajo los regímenes castro chavistas.

*Pedro Corzo es periodista cubano

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no iniciará cuando las tropas norteamericanas comiencen a avanzar por tierra dentro del país. No. Ya comenzó desde el momento en que se instaló el férreo dispositivo naval y aéreo en las aguas del Caribe. Que no es otra cosa que un cerco militar.

Toda la parafernalia verbal de Trump es un juego de palabras que enmascara una decisión estratégica, al parecer, ya tomada hace unos meses.

Desde el campo del poder imperial norteamericano esta operación todo indica que va sobre ruedas, y solo parece que falta dar el zarpazo de cierre con la captura de la cúpula dirigente venezolana (Maduro, Cabello, Padrino, los Rodríguez…) y la conformación de un gobierno de facto a la medida de los intereses norteamericanos.

En 1989, el ingreso de las tropas norteamericanas ‘eyectó’ a Noriega y después se retiraron. ¿Hubo resistencia? Sí. Pero insuficiente para contener la andanada norteamericana. Ahora se trata de otra cosa. El modelo de Panamá quizá no sea tan efectivo, de ahí que las fases previas (antes del asalto) están siendo cumplidas con mayor análisis de las consecuencias que sobrevendrían.

Un derrumbe del régimen venezolano vía la intervención norteamericana sería gravísimo para todo mundo. Incluido el actual gobierno de los Estados Unidos.

Descontando a Cuba y a Nicaragua, tres países también la rechazarían sin ambages y sin miedo: México, Brasil y Chile. Y esto, para Estados Unidos, es un problema adicional con el que no será fácil lidiar. Intentar con México algo así como lo que está en marcha en Venezuela sería descabellado. No imposible, pero sí probable.

¿De verdad lo único que quiere Trump es que se vaya Maduro y su cohorte? Difícil creer eso. Solo basta hacer números y sacar la cuenta de los millones de dólares que lleva invertidos en ese despliegue militar en el Caribe. Para nadie es un secreto que el factor geopolítico clave es que en Venezuela se encuentra la mayor reserva mundial de petróleo.

A Trump y sus halcones les tiene sin cuidado los muertos que la presencia norteamericana en Venezuela pueda provocar. Sus alegatos solo quieren justificar que ellos son los designados (¿por quién o por qué?) para poner orden en aquel país.

¿Podría China detener a Estados Unidos? Según Nicolás Maduro, que dice haber pedido el apoyo de Xi Jinping, sí. Sin embargo, las razones para que China se interponga al ‘destino manifiesto’ norteamericano no se observan con claridad.

Aunque no puede ignorarse que hasta 2025 China lleva invertidos 70,000 millones de dólares en Venezuela en asuntos relacionados con el petróleo. Y este dato, lo dice todo: el más importante comprador de petróleo del mundo tiene, en este momento, un acceso directo a la mayor reserva mundial de petróleo. ¿Esto comporta que se interpondrá entre Venezuela y Estados Unidos? ¿O significa que sus intereses económicos están por encima de la relación ‘política’ con el régimen venezolano? Aquí está el quid de la cuestión del papel de China en la crisis actual de Venezuela.

Es muy peligroso lo que está intentando Trump y es muy complicada la situación en la que quedaría China si fuera desplazado Maduro de Miraflores.

El ataque que Estados Unidos hizo a Irán, a sus plantas de enriquecimiento de uranio, no es algo que vaya a realizar en Venezuela.

¿Puede haber una salida negociada a esta extraña situación? Por supuesto, siempre hay posibilidades de negociar. Eso sí, Trump ya adelantó que ‘solo quiere oír la fecha de salida de Maduro’.

El cerco naval, al parecer, ha cumplido su cometido, según el gobierno de Estados Unidos. La mayor presencia aérea ha comenzado a concretar el segundo escalón. Pero el que se presenta como el punto de quiebre de este escenario es el momento en el que las tropas norteamericanas pongan pie en suelo venezolano. ¿Cómo resolverán eso? ¿Configurarán una cabeza de playa? ¿O habrá apertura de varios flancos o direcciones de ataque en diferentes rumbos? ¿Pretenden llegar hasta Miraflores? ¿Tienen ya resuelto lo del relevo? ¿Es María Corina, la Premio Nobel de la Paz, quien avalará este acto de guerra? ¿Se está contabilizando a Capriles para algo? ¿Los militares de Venezuela se mantendrán cohesionados en torno a Maduro? ¿Piensan los norteamericanos que habrá júbilo popular por la invasión militar?

Muchas preguntas en esta hora incierta para Venezuela y América Latina.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

En las temporadas de la recolección del café, en muchos lugares en donde se cultiva el susodicho “Grano de oro”, los trabajadores parecen gitanos que andan de un lugar a otro buscando dónde cortarlo. En El Salvador, es una cultura, una tradición ver a familias completas cortando el aromático.

Los cortadores llegan de diferentes puntos del país, algunos hasta a los países vecinos se van a cortar. En las fincas hay un recinto especial para que los cortadores duerman mientras la temporada de café termina en ese sitio. Antes, el objetivo de ir a cortar café era ganar para comprar los estrenos de las fiestas de fin de año, comprar los útiles escolares y comprar cohetes. Los niños eran felices cuando sus padres les compraban juguetes. Actualmente, se sigue haciendo.

A las cinco de la mañana se escuchan los murmuros, es el ruido de los cortadores de café. Algunos aún le colocan la “marimba” al canasto. En la cocina, las señoras palmean las tortillas, el olor a frijoles se percibe y es momento de ir a desayunar para luego partir a los cafetales. Cortar cada granito de café es una gran experiencia.

Las seis de la mañana y el caporal está ordenando a cada cortador —A cada quien le he dado un surco, por favor, cortan ordenados. No vayan a quebrar las ramas y si botan el café, lo recogen—. Algunos caporales son bien enojados.

Antes se escuchaban las rancheras que provenían de una radio de transistores. Actualmente, los celulares o una bocina son los que alegran la faena. Los villancicos navideños o cumbias no pueden faltar. En el momento en que alguien ya lleva su primera canastada de café, se escucha a un joven decirle a una señorita que está bien bonita. Café con aroma de mujer.

El tiempo avanza, tal parece que es una competencia, claro, mientras más se corte, más será el pago. Cuando la familia completa se dedica a cortar café, pueden cortar hasta unas 20 arrobas. Una buena ganancia para cuando les pagan. Los que nunca han cortado café sepan que a buena mañana el sereno se siente, las hojas gotean, se siente frío. Además, las coloradillas se prenden en el cuerpo, de repente, le puede picar un gusano pajarito, o lo puede asustar una culebra, etc.

La hora de salir de la faena ha llegado; algunos ya fueron a dejar el primer saco lleno de café hasta el casco de la finca, lugar en donde espera la Romana o la báscula para pesar el café. La sacada no es fácil, hay cuestas empinadas, hasta al más fuerte le será difícil. El caporal alza su voz —¡Ohhhhhhhhhhh! ¡Ya es hora de salir! En algunos lugares aún se escuchan los pitos de los beneficios de café.

Las chencas, el café, los frijoles y algunas mutas acompañan el almuerzo. Otros llevan tamales de viaje (Masa compactada). Se debe comer rápido porque luego hay que escoger el café. Se debe separar el café verde del maduro y quitarle las hojas. La hora de la pesada ha llegado. El administrador o el caporal lleva el control de las arrobas cortadas por cada cortador o familia. Son las cuatro de la tarde y es hora de irse para la casa.

Los que se quedan en la finca, luego se van al río a bañarse. Esa agua está gélida. Otros se van a traer leña para prepararse en la noche. Más de alguno encontrará cuchamperes o agarrará butes en el río. La noche cae y algunos juegan naipes, otros cuentan chistes, leyendas e historias de terror. De repente, un chucho ladra y todos se asustan. Las luces se apagan y los sacos de henequén sirven de colchón.

Cada momento ha sido plasmado por fotógrafos, cineastas, pintores, escritores y demás artistas. El café salvadoreño siempre tendrá trabajadores temporales o permanentes. Esos salvadoreños que aún hacen esas jornadas son parte de la actividad económica del país. Pequeños, medianos y grandes caficultores brindan trabajo a muchas personas durante el año. Algunos amigos me cuentan que cortaban por hobby o diversión, pero eso les dejó bonitos recuerdos. Cada cordillera de café espera a forasteros dispuestos a laborar.

*Fidel López Eguizábal, Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

Estados Unidos, apoyado diplomáticamente por Egipto, Catar y Turquía, ha ganado esta guerra entre Israel y Hamás: Donald Trump arrastra las risas nerviosas, los excitados aplausos y todos los titulares; más allá del continuado e insuperable liderazgo de Estados Unidos, el mundo nunca había proyectado tan nítidamente la imagen de una empresa global en donde los jefes regionales orbitan alrededor de un indiscutible CEO. Mucho pragmatismo, con algo de vergüenza ajena, flota en este cuadro.

Las palabras de Hun Manet, el primer ministro camboyano, sirven como resumen de esta situación: luego del fin del último conflicto fronterizo con Tailandia, declaró que Trump debe ganar el Premio Nobel de la Paz, dado que su “diplomacia innovadora” contribuyó a poner fin a las hostilidades también allí.

La guerra, que comenzó con la peor masacre de judíos en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial y terminó con la destrucción de Gaza, espera ser canalizada hacia la paz a través de una misión internacional de estabilización, la cual debería servir como punto de partida de una tecnocracia para la reconstrucción por fuera de Hamás.

Con un Estado palestino cada vez más reconocido en el plano diplomático y cada vez menos reconocible en el plano geográfico, la transición política encuentra muy debilitado al grupo terrorista, y lo más importante es que lo mismo le sucede a su patrocinador persa. En ese sentido, también Hezbolá se halla en horas bajas. Con todo, Hamás probablemente mantiene todavía la capacidad de irradiar su influencia; su plasticidad operativa le podría permitir permanecer agazapado y recuperarse sin la carga de las responsabilidades de gobierno. Ya se verán las formas del próximo conflicto.

Por su parte, Israel, ante este contexto actual, y con la certeza de que el rostro árabe predominante ya no es el de Bashar al-Ásad, Sadam Husein o Muamar el Gadafi, puede reflexionar y aprovechar el momento para impulsar sus objetivos estratégicos en la región, esto entre disculpas a Doha y un poco de más acatamiento de lo que dice Washington, es decir, a través de un imprescindible torrente de realismo. Además, las zonas colchón se han complejizado, multiplicándose en pequeñas acciones móviles.

Con esta realidad provisional en Oriente Próximo, el debate político occidental, jugando con sangre ajena, ha solidificado la revolución ideológica o el intercambio narrativo de los polos. Los herederos ideológicos de quienes han torturado a los judíos durante siglos hoy defienden su Estado vehementemente. Por otro lado, con tal de que desaparezca ese Estado, aquellos que pregonan determinadas ideas en casa, se alinean con quienes implacablemente se las llevan por delante.

Unos sitúan al chivo expiatorio integral como la vanguardia de esta época, los otros lo señalan como un opresor volcando toda la huérfana frustración revolucionaria en forma de odio, usando a los palestinos como merchandising encarnado. Lo que no cambia es que el judaísmo sigue siendo la herramienta simbólica preferida.

Es de amplitud intelectual interesarse por eventos lejanos y de salud democrática indignarse con el comportamiento de gobiernos, militares o terroristas. Sin embargo, la pasión descargada de conocimiento, que solo se enciende en un sitio, ilumina muy claramente las intenciones, las cuales, ante las pausas informativas, terminan encontrando otro instrumento.

Por lo pronto, el mundo sigue girando y la estulticia digitalmente enredada, guste o no, engrasa. No obstante, la distensión en Oriente Próximo se deslizará mejor mediante una reducción de su protagonismo virtual.

*Augusto Manzanal Ciancaglini es politólogo

El 31 de octubre de 1983 viaje a México; entonces inició mi aventura en aquel país hasta el 5 de enero de 1992. Esa estancia fuera de nuestras fronteras duró exactamente ocho años, dos meses y cinco días. Fue una especie de “autoexilio”, tras verme obligado a ello por motivos de fuerza mayor: no me miraban con “buenos ojos” ni me quería ninguno de los bandos que habían iniciado el conflicto en enero de 1981, cuando el décimo día de ese mes arrancó la primera gran ofensiva insurgente contra la dictadura. Durante la década anterior se había desatado la “guerra sucia” impulsada por esta en perjuicio de la población, fuera opositora real o supuesta; también la guerra de guerrillas, mucho antes de que las organizaciones rebeldes anunciaran la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Salí entonces casi con “una mano adelante y otra atrás”, llevando conmigo apenas cien dólares estadounidenses generosamente donados por mi padre. Dejaba a mi hija de casi cuatro años y su madre; me junté de nuevo con ambas allá en el entonces Distrito Federal, para habitar durante unos meses –a partir de abril de 1983– un cuartito que nos prestó una familia solidaria de compatriotas que también había sido forzada a abandonar El Salvador por la persecución política. Luego nos mudamos a un apartamento, en una de las colonias de caché de la ahora Ciudad de México; este nos fue prestado por una pareja de jóvenes mexicanos comprometidos con las causas populares en Centroamérica.

Nos sentábamos a comer en periódicos alrededor de una mesa sencilla; también dormíamos sobre viejas ediciones del “Excélsior” y “El Día”, entre otros. Además de no tener muebles, tampoco tenía un ingreso formal. El segundo amigo que conocí, un verdadero “chilango”, me apoyó regularizando mi situación migratoria tras matricularme en la Universidad Nacional Autónoma de México –la UNAM– para estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Con este nos repartíamos la mitad de los 150 dólares que mensualmente le pagaban por atender a quienes llegaban a la “sucursal” del Socorro Jurídico Cristiano, instalado en el Centro Universitario Cultural de la Orden de Predicadores de la Provincia de Santiago; léase, los frailes dominicos. Era un futbolista empedernido que me llevó a jugar con el equipo del Cerro El Judío, en el torneo amateur en el cual participaba. Pero seguía sin un trabajo estable que me permitiera mantener a mi familia.

Fray Gonzalo Balderas Vega fue el primer amigo que conocí allá; me lo presentó mi cuñada al siguiente día de mi llegada y quedé a su merced, pues ella se fue enseguida tras los pasos de su esposo y sus hijos que ya estaban en Nicaragua. Al observar mi situación, este teólogo poblano me animó a elaborar un proyecto de investigación sobre la realidad de las personas salvadoreñas y guatemaltecas refugiadas en México con o sin estatus migratorio. Su idea era que se lo presentáramos a fray Miguel Concha Malo, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de su congregación.

Dicho y hecho, pero la respuesta fue negativa: no había recursos para financiar dicha iniciativa. Sin embargo, nos contó que el Consejo de Provincia había aprobado otro proyecto: el del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

“Consigan  dinero para eso”, nos dijo. Así fue que, ni cortos ni perezosos, logramos que el Consejo Mundial de Iglesias –presidido por el entrañable reverendo Charles Harper– nos donará un pequeño fondo con el que lo inauguramos hace 41 años; es decir, en noviembre de 1984.

Mi labor allá culminó con la elaboración del informe institucional de 1991 sobre la situación del país en la materia. Durante el primer trimestre de ese año, al buscar mi historial académico en la UNAM para comenzar a trabajar la tesis y graduarme, me di cuenta de que este había sido borrado por completo. Por medio de un amigo común, pude hablar con el subsecretario de Gobernación de la época; este me notificó la razón de tal “medida”: me había inmiscuido en asuntos internos mexicanos. Atrevido yo, le pregunté que por qué afirmaba eso, si no aparecía como parte del personal del “Vitoria” y nunca había brindado ninguna declaración ni firmado documento alguno sobre políticas gubernamentales. La respuesta fue contundente: “Seamos serios, somos adultos”.

Procedía entonces mi expulsión inmediata del país, con base en el artículo 33 constitucional. Pero por ser amigo de su amigo, hizo una excepción: podía quedarme un año como máximo mientras veía para dónde agarraba. Así llegué a la dirección del Instituto Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Pero eso ya no es parte de la historia del “Vitoria”.

Según el índice de la Transparency International (CPI 2024) El Salvador obtuvo una puntuación de 30 sobre 100, muy por debajo del promedio mundial que es igual a 43/100, ocupando la posición 130 de 180 países. El índice de transparencia mide la percepción de corrupción en el sector público. Nuestro país ha tenido consistentemente un índice menor de 40 durante los últimos 15 años. Sin embargo, lo grave de la situación actual es que la tendencia durante este tiempo sugiere que El Salvador no ha mejorado de forma sostenida su percepción de transparencia; al contrario, ha empeorado en términos relativos. El índice de transparencia del actual gobierno es mas bajo que con los gobiernos del Frente y Arena.

Todos somos, de una u otra forma, conscientes de la falta de transparencia que actualmente afecta a nuestro país. La información pertinente y relevante sobre las acciones de nuestros gobernantes está vedada a los ojos del ciudadano común. La falta de justificación pública de gastos, el secretismo en las decisiones gubernamentales y la negativa sistemática a proporcionar información solicitada por la ciudadanía, medios independientes e investigadores, caracterizan el presente gobierno. Incluso en el ámbito de la salud, resulta imposible acceder a datos importantes sobre la epidemiología nacional, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de exposición ciudadana a enfermedades, algunas de ellas potencialmente mortales.

Todo parece indicar, por los índices actuales de aprobación presidencial, que al ciudadano común le interesa más bailar en el centro histórico que monitorear el manejo de los fondos públicos que, al final del día, provienen directamente de sus bolsillos. La transparencia para el salvadoreño es un factor que no afecta el día a día, por lo tanto, sin importancia. Sin embargo, sin instituciones transparentes, la seguridad es difícil de sostener a largo plazo, y la reducción del crimen puede ser solo temporal, costosa o depender excesivamente del uso de la fuerza militar o punitiva. Houston, tenemos un problema.

Según la literatura académica y organismos internacionales como ONU, Banco Mundial e Inter-American Development Bank, existe una relación fuerte e indirecta pero consistente entre el nivel de transparencia/corrupción (medido por el CPI) y los niveles de seguridad pública. No son índices que se influencian automáticamente uno al otro, pero están claramente conectados por mecanismos sociales, económicos e institucionales.

Ejemplos históricos muestran que las políticas hiper-punitivas o militarizadas pueden lograr una reducción rápida de los delitos, incluso en contextos con baja transparencia. Sin embargo, cuando la transparencia no avanza de manera paralela, con el tiempo suelen surgir efectos adversos como la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, el retroceso del estado de derecho, la concentración del poder y el deterioro democrático. Además, la criminalidad tiende a aumentar cuando cambia el liderazgo o se reduce el financiamiento de la represión. A menos que adoptemos un sistema monárquico, la democracia exige la transferencia y rotación del poder político.

Singapur, un país referente para el gobierno actual tiene una altísima transparencia institucional (tercera mas alta en el mundo), bajos niveles de corrupción en fuerzas de seguridad, poder judicial independiente, políticas preventivas, no solo punitivas, un sistema penitenciario enfocado en rehabilitación, y alta confianza de la población en el estado. En Singapur, la seguridad no depende del miedo, sino de instituciones que funcionan.

Está plenamente demostrado por hechos históricos que la opacidad en el ejercicio público abre las puertas a prácticas como la corrupción y la falta de ética pública. Sin transparencia no hay democracia ni un correcto desempeño del servicio público. Nadie quiere regresar a la inseguridad del pasado, ni al reinado de las pandillas. Definitivamente hoy estamos más seguros que con gobiernos anteriores, pero para lograr que esta seguridad sea sostenible, sin dañar nuestras libertades individuales, el mejoramiento de la transparencia de los organismos públicos tiene que mejorar. La reserva de la información, como estrategia para excluir al ciudadano común y demás instituciones que no forman parte del ente gobernante es, por seguro, una estrategia que esta destruyendo nuestra democracia. Es rico bailar en el centro histórico sin temor a la delincuencia o al terrorismo, pero sin libertad nos cansaremos muy pronto de bailar.