Categoría: Politica

  • Fiscal general respalda cadena perpetua para delito de pertenencia a pandillas y dice «no es la Ley del Talión»

    Fiscal general respalda cadena perpetua para delito de pertenencia a pandillas y dice «no es la Ley del Talión»

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, defendió este viernes la ratificación de la reforma constitucional y el paquete de reformas penales para establecer la cadena perpetua para los pandilleros y para los delitos de homicidio, feminicidio y violación; y habló de que hay “exalcaldes, exministros y experiodistas pandilleros”.

    Delgado se refirió al delito de pertenencia a organización terrorista, “conocida como pandilla”, que se incorporaría en el artículo 344-A del Código Penal según la propuesta de reforma enviada por instrucción del presidente del país, Nayib Bukele, ese nuevo delito sería sancionado con pena de prisión perpetua.

    “Me interesa mucho la redacción que le han dado, por cuanto que va orientado a aquellos que promueven, ayuden, faciliten o favorezcan la permanencia en las organizaciones, porque en realidad los que hacen eso son también pandilleros. También, los que realicen pacto o acuerdos de no persecución criminal, las famosas o denominadas treguas”, afirmó en su intervención, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, esta tarde.

    El funcionario prosiguió: “Tenemos exalcaldes, tenemos exministros, que para mí son en realidad exalcaldes pandilleros, exministros pandilleros, porque en realidad le facilitaron a toda esta gente seguir haciendo sus tropelías, tuvimos exguerrilleros pandilleros, tenemos también experiodistas pandilleros huyendo de la justicia por haber realizado este tipo de pactos al margen de la ley, pensaron románticamente que no estaban tratando con delincuentes, sino con niños rebeldes”.

    Defiende reformas: “No es una Ley del Talión”

    El fiscal aseguró que “esta no es una Ley del Talión, no es un ojo por ojo”, sino que “están justificadas por la prevención que se va a lograr de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan en libertad en un corto tiempo”. Aseveró que El Salvador es “un Estado de Derecho” y que el Estado de El Salvador “siempre reconoce la dignidad”.

    “A diferencia de lo que pueden estar ladrando en el extranjero, esta reforma no implica una aniquilación biológica. Esta reforma no es incompatible con un sistema jurídico civilizado, que es el que nosotros aplicamos en El Salvador, un sistema duro, exigente, pero civilizado”, subrayó.

    El funcionario mencionó la posibilidad que plantea la reforma de “libertad controlada” a los condenados a cadena perpetua y aseguró que esta respeta “el sistema interamericano de derechos humanos”. “Lo que el Sistema Interamericano, basado en el artículo 5.6 de la Convención Americana son las penas absolutas o fijas que no existen esperanzas de liberación… Hay personas que creen que nosotros les vamos a aplicar una coerción animal a estas personas, la pena perpetua es una herramienta del derecho, no es una coerción animal”, dijo.

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa analiza la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución para eliminar la prohibición de la pena perpetua, y también reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley especial especial contra el terrorismo y Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en las cuales se define en qué delitos se aplicaría la cadena perpetua.

  • Delito de agrupaciones ilícitas aplicaría a “asocios de criminales” no vinculados a pandillas según propuesta

    Delito de agrupaciones ilícitas aplicaría a “asocios de criminales” no vinculados a pandillas según propuesta

    El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó el jueves a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que el delito de “agrupaciones ilícitas” se aplicaría a asocios de criminales para cometer delitos como asaltos, sin que estos pertenezcan a pandillas, al explicar la propuesta de reformas al Código Penal para aplicar la cadena perpetua en El Salvador.

    Según la explicación del funcionario, en el artículo 344-A conceptualizaría el delito de pertenencia a organizaciones terroristas (pandillas) en todos sus niveles.

    El artículo 344-A menciona: creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes; los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las organizaciones; el que solicita, promueva o pacte acuerdos de no persecución criminal.

    “Respecto de los delitos contra el terrorismo local, estamos aprovechando esta modificación constitucional para solicitarles a ustedes la creación del artículo 344-A, que está antes del 345 de agrupaciones ilícitas, para poder conceptualizar dentro del 344 el delito de la pertenencia a una organización terrorista local, donde se establecen todos los diferentes parámetros, la diferencia entre líder, el tema de los que quieren ser, de los que ayudan de los que colaboran, con las consecuencias que la pertenencia implican, que dentro del régimen de excepción hemos estado usando el artículo 345, que establece el delito de agrupaciones ilícitas”, explicó el funcionario.

    Villatoro añadió que el delito de “agrupaciones ilícitas” quedará “siempre para aquellas juntas o asocios de criminales para por ejemplo asaltar una tienda, que se ponen de acuerdo, para dejar bien claro que la pertenencia a organización terrorista, hay otros elementos que se deben considerar en base a la historia que hemos vivido”.

    El delito de agrupaciones ilícitas será considerado como aquellas “agrupaciones, asociaciones y organizaciones con, al menos, estas características: que estén conformadas por tres o más personas, de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir” y será sancionado con prisión de 10 a 20 años, según la propuesta.

    Actualmente, las “agrupaciones ilícitas” son definidas como tales pero también se incluyen las pandillas o maras, es decir, las mencionadas en el artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal; y se establecen penas de 20 a 30 años si son miembros; y de 40 a 45 años si son cabecillas.

    La Comisión Política estudia la solicitud de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, que prohíbe la pena de muerte y la cadena perpetua. Por ahora, los diputados han aprobado un “acuerdo de reforma” constitucional para eliminar la prohibición de la pena perpetua. Se prevé que la Asamblea Legislativa ratifique la próxima semana la reforma constitucional y posteriormente reforme el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley para una vida libre de violencia para las mujeres y Ley especial contra el terrorismo para establecer la cadena perpetua como pena para los delitos de homicidio simple, agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y organizaciones terroristas, incluso cuando sean cometidos por menores.

  • Alianza Américas destaca aclaración de E-Verify sobre permisos de trabajo para TPS para El Salvador

    Alianza Américas destaca aclaración de E-Verify sobre permisos de trabajo para TPS para El Salvador

    La organización Alianza Américas aseguró este viernes que cientos de personas salvadoreñas beneficiarias del programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) han comenzado a reportar despidos debido a la “desinformación entre los empleadores” sobre la vigencia de sus permisos de trabajo.

    Alianza Américas critica que la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) continúe “reflejando incorrectamente el 9 de marzo como la fecha de finalización de los permisos de trabajo” (EAD) y que la “demora del USCIS en la emisión de miles de tarjetas EAD” ha provocado “despidos”.

    Según Alianza Américas, los salvadoreños están legalmente autorizados “para trabajar más allá del 9 de marzo de 2026” ya que la extensión automática de los permisos de trabajo se mantendría vigente hasta la fecha de finalización del TPS para El Salvador, el 9 de septiembre de 2026, luego de la prórroga aprobada durante la administración Biden.

    La organización llega a esa conclusión luego de una actualización del sitio E-Verify, un sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados, aclaró que las solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) presentadas antes del 21 de julio de 2025 califican para una prórroga de 540 días. Esto incluiría a salvadoreños que presentaron su solicitud de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

    La actualización de E-Verify, lanzada el 13 de marzo de 2026, indica que la duración de los EAD basados en TPS se han visto afectados por los avisos del Registro Federal, la regla provisional del DHS a partir del 30 de octubre de 2025 y la implementación de USCIS del gran proyecto de ley el 22 de julio de 2025, ya que en la mayoría de casos la extensión automática se ha reducido o eliminado.

    Este sitio asevera que, si la solicitud de renovación fue presentada después del 22 de julio pero antes del 30 de octubre, la extensión automática está limitada a un año o la duración de TPS, y no puede reclamar extensión completa de 540 días.

    “Desde Alianza Americas, consideramos fundamental visibilizar esta actualización de E-Verify… La nueva ley conocida como H.R. 1 no redujo a un año la duración del TPS de El Salvador ni de las tarjetas EAD. Las personas beneficiarias cuentan con una extensión automática válida de 540 días y tienen derecho a continuar trabajando”, señaló.

    Dicha organización muestra su preocupación porque la oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no ha actualizado “de manera consistente otras plataformas clave como el sistema SAVE”, ya que es “consultado por empleadores como por agencias estatales” para verificar la vigencia del permiso migratorio.

  • Estados Unidos y El Salvador dialogan sobre seguridad y derechos fundamentales

    Estados Unidos y El Salvador dialogan sobre seguridad y derechos fundamentales

    El Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes, sostuvo el jueves un encuentro con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, para discutir temas relacionados con seguridad y derechos fundamentales.

    La Embajada de Estados Unidos informó que durante la reunión ambas partes coincidieron en la importancia de la justicia, la ley y el orden como pilares para la defensa de los derechos humanos.

    «Estados Unidos comparte la opinión de que la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos», señaló la representación diplomática, que también expresó su interés en continuar la colaboración bilateral.

    Por su parte, la Cancillería salvadoreña indicó que el encuentro permitió revisar temas de interés común entre ambos países, incluyendo cooperación en seguridad y fortalecimiento de relaciones.

    “Recibimos a una comitiva liderada por el Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, con quien hicimos revisión de temas de interés en común”, informó la institución.

    Asimismo, la canciller Alexandra Hill reiteró el interés del país en consolidar los vínculos comerciales, así como la cooperación en materia de seguridad y defensa.

    Según la Cancillería, el funcionario estadounidense destacó los avances que El Salvador ha logrado en el ámbito de seguridad en los últimos años.

    Hill, por su parte, subrayó que el país cuenta con un nuevo entorno de seguridad que ha permitido recuperar la libertad de movilidad, expresión y culto para la población.

    El encuentro se da en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la situación de derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción.

    Un informe reciente señala que durante la implementación de estas medidas se habrían registrado violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, acusaciones que han sido rechazadas por el Gobierno salvadoreño.

     

  • Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, comparecieron el jueves ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para explicar la propuesta de reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua en El Salvador.

    Durante su intervención, Villatoro sostuvo que la iniciativa no solo pretende castigar delitos graves, sino también fortalecer el sistema penal en la protección de la vida, la libertad sexual y el patrimonio.

    “Venimos acá no solo a pedir las reformas de leyes para encargarnos de los asesinos, terroristas y violadores, sino también para poder incrementar algunas penas respecto de la tutela efectiva que debemos de tener a la vida, libertad sexual y patrimonio”, expresó el funcionario.

    El ministro señaló que el análisis de los homicidios en el país revela que la mayoría tiene origen en conflictos sociales o familiares, lo que, a su juicio, requiere una respuesta más firme del Estado.

    “Cada homicidio que hay, lo analizamos, son pocos, pero el 80% de esos tienen el origen en una intolerancia social o familiar. Es algo que nos pone en alerta y con ese análisis responsable es que cuestionamos, ¿le vamos tolerar ese tipo de delito a un delincuente común? No”, afirmó.

    Villatoro aseguró que las reformas están basadas en datos y buscan evitar que organizaciones criminales operen en el país mediante el endurecimiento de las penas.

    “Esto es una fundamentación sobre una base real, no son relatos, somos anti relatos, nos vamos a los datos. Este análisis responsable es para blindar a nuestro país y que ninguna organización criminal quiera operar aquí, porque tenemos cadena perpetua para ustedes”, indicó.

    Asimismo, explicó que la estrategia forma parte de una política de “cero tolerancia” contra el crimen, que incluye la ampliación de sanciones y nuevas medidas dentro del sistema penal.

    “Nosotros comenzamos a construir este muro de cero tolerancia, de no empatía con criminales ni terroristas, aquí lo que estamos haciendo es poniéndole tres gradas más a este número con la claridad de que el que lo quiera saltar, se despide por completo de la sociedad”, manifestó.

    El funcionario también confirmó que se proponen reformas a la Ley Penal Juvenil para aplicar cadena perpetua a menores vinculados a organizaciones terroristas.

    “Hemos venido de manera responsable solicitando algunas reformas a la Ley Penal Juvenil. También proponemos traer ese juzgamiento de cadena perpetua aún a menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas”, detalló.

    En paralelo, planteó aumentar las penas en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo como parte de la cooperación internacional en el combate a estas estructuras.

    “Y en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo proponemos un incremento de penas, porque esto está conectado con la hermandad que tenemos con otros países para combatir organizaciones terroristas internacionales”, agregó.

    Villatoro afirmó que estas reformas buscan fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar delitos de alta gravedad, diferenciando entre bandas y organizaciones criminales.

    Finalmente, el ministro agradeció el respaldo de la Asamblea Legislativa a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

    “En nombre del Órgano Ejecutivo queremos agradecer el respaldo del Legislativo en esta iniciativa de reforma constitucional que presentamos. Más de 6 millones de salvadoreños agradecemos a los diputados que dieron su voto”, concluyó.

     

  • Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó este día que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no convocara al director de Centros Penales para discutir las reformas constitucionales y penales relacionadas con la implementación de la cadena perpetua en El Salvador.

    El legislador señaló que, aunque se anunció la convocatoria de expertos para analizar las reformas, se ha omitido la participación de funcionarios clave que podrían aportar información relevante sobre el sistema penitenciario.

    “En la Comisión Política se recibieron reformas para adecuar leyes a la cadena perpetua y se convocará a expertos.
    Pero evitan convocar ha ciertos personajes ¿por qué no convocar al Director de Centros Penales para conocer la reincidencia real de quienes ya cumplieron condena?», cuestionó Lira en redes sociales

    El legislador opositor también se preguntó: «¿Y por qué hay personas con orden judicial de libertad que siguen detenidas? ¿Por qué no dan la cara y explican?»

    «La justicia no puede ser selectiva. Sin datos y sin respeto a la ley, no hay debate serio”, agregó Lira.

    La Comisión Política tiene previsto analizar este jueves la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, así como modificaciones al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.

    Para el estudio de estas reformas, están convocados el gabinete de Seguridad, el fiscal general y representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa.

    El pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que elimina la prohibición de la cadena perpetua y permite su aplicación para delitos como homicidio, violación y terrorismo, aunque aún requiere ratificación.

    En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó propuestas de reforma a varias normativas para incorporar la pena perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

    Las reformas también contemplan la aplicación de esta pena a menores de edad, con la posibilidad de que un juez otorgue “libertad controlada” tras el cumplimiento de más de 25 años de prisión en el caso de menores, o más de 30 años si se trata de adultos.

     

  •  Caucus El Salvador del Congreso de EEUU respalda reforma constitucional sobre cadena perpetua 

     Caucus El Salvador del Congreso de EEUU respalda reforma constitucional sobre cadena perpetua 

    El Caucus del Congreso de Estados Unidos sobre El Salvador expresó este jueves su respaldo a la reforma constitucional que permitirá imponer cadena perpetua a delitos como asesinatos, violaciones y terrorismo en el país y sostuvo que la medida debería ser imitada en otros países latinoamericanos.

    Este grupo bipartidista de la Cámara de Representantes, creado en 2024 para fortalecer las relaciones bilaterales, destacó la aprobación legislativa como un paso relevante en materia de seguridad y justicia.

    A través de sus redes sociales, el Caucus manifestó su apoyo directo a la Asamblea Legislativa y al rumbo de las políticas de seguridad implementadas en El Salvador.

    “Este es el liderazgo que otros países latinoamericanos deben seguir. Gracias a la Asamblea Legislativa de El Salvador por votar a favor de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas. ¡El pueblo salvadoreño merece una oportunidad en la vida y Nayib Bukele se la ha brindado!”, publicó el grupo.

    El Gobierno salvadoreño presentó el martes un paquete de reformas a cuatro leyes con el objetivo de aplicar la cadena perpetua a personas condenadas por homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

    Las modificaciones abarcan el Código Penal, la Ley especial contra actos de terrorismo, la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.

    La iniciativa busca endurecer las penas para delitos considerados de alto impacto, en línea con la estrategia de seguridad que ha impulsado el Ejecutivo en los últimos años.

    El Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos fue anunciado en julio de 2024 y actualmente es dirigido por la congresista republicana Ana Paulina Luna.

    Este grupo legislativo tiene como objetivo reforzar los vínculos entre ambos países y dar seguimiento a temas de interés común, incluyendo seguridad, migración y cooperación bilateral.

     

  • Corte de Cuentas emitió condenas por $26 millones y sus auditorías detectaron hallazgos por $40 millones en 2025

    Corte de Cuentas emitió condenas por $26 millones y sus auditorías detectaron hallazgos por $40 millones en 2025

    Las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República emitieron durante el año 2025 condenas por un total de $26.2 millones contra municipalidades y otras instituciones del Estado, así como absoluciones que cuestionaban el uso de $9.8 millones.

    Según su memoria de labores 2025 entregada el miércoles a la Asamblea Legislativa, del total de condenas emitidas por la institución encargada de verificar el buen uso de los fondos públicos, un total de $20.1 millones fueron cuestionados a municipalidades y $6.1 millones a instituciones del sector público.

    La mayor parte del monto cuestionado en las condenas fueron emitidas contra municipalidades del país (76 %) y en menor cantidad contra otras entidades públicas, 23 % del monto cuestionado en las condenas. Emitieron 343 sentencias: 245 sobre municipalidades y 98 sobre entidades del sector público.

    Las cámaras de primera instancia emiten dos tipos de responsabilidad: patrimonial, si determina un perjuicio económico o disminución del patrimonio en la institución estatal por la acción u omisión culposa de sus servidores o de terceros; o administrativa, si detecta que las instituciones o funcionarios no cumplieron disposiciones legales o reglamentarias, lo cual sanciona con multas.

    Así, las cámaras de primera instancia determinaron que hubo responsabilidad patrimonial en las diversas instituciones públicas por $20.7 millones y que hubo responsabilidad administrativa por $5.5 millones. Sin embargo, en el 89.2 % de sus sentencias la condena es mixta, es decir, lleva responsabilidad tanto administrativa como patrimonial.

    La cifra es similar a la suma de los montos condenados en 2024 por $25.7 millones; ese año también las cámaras emitieron absoluciones por $11.9 millones, emitiendo un total de 342 sentencias.

    La mayor parte de los montos «condenatorios» fueron emitidos por la segunda, la quinta y la sexta cámara de primera instancia, con $8.9 millones, $6.6 millones y $5.5 millones, respectivamente.

    Por otra parte, las unidades auditoras de la CCR encontraron durante el año 2025 un total de 2,285 hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de fondos por $40.2 millones. Este monto queda sujeto a determinación de responsabilidad patrimonial por parte de las cámaras de primera instancia, que pasan a analizar las auditorías que concluyen dichas unidades.

    El monto que suman los hallazgos de las auditorías es un 15 % mayor respecto al monto de supuestas irregularidades encontradas en los hallazgos durante el año 2024.

    Luego de que las sentencias son emitidas por las cámaras de primera instancia, los casos que enfrentan apelaciones o solicitudes de revisión son llevados a la Cámara de Segunda Instancia, que tenía 2,099 expedientes en trámite al cierre de 2025. Durante el año 2025, esta Cámara emitió 48 sentencias, en 45 confirmó las sentencias de las cámaras de primera instancia y no revocó ninguna.

  • Presupuestarán en 2026 los $19.4 millones para la cúpula envolvente del Aeropuerto del Pacífico

    Presupuestarán en 2026 los $19.4 millones para la cúpula envolvente del Aeropuerto del Pacífico

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa analizará el próximo lunes una solicitud del Ministerio de Hacienda para incorporar, en el presupuesto estatal 2026, los fondos que servirán a la construcción de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto del Pacífico de El Salvador.

    La solicitud fue enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo, fue recibida por el pleno y trasladada a la Comisión de Hacienda.

    Se presupuestarán un total de $19,499,961, de los cuales $17,188,106 provienen del contrato de crédito suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Público Empresarial (ICO) de España y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

    Para garantizar este crédito, la Asamblea Legislativa aprobó un contrato de garantía el 11 de noviembre de 2025. El contrato de garantía fue suscrito el 31 de octubre de 2025.

    Otros $2,311,855 provienen de recursos propios.

    La totalidad de los fondos se asignarán a la línea de trabajo “Inversión en infraestructura”.

    La cúpula envolvente será “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”.

    Para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, CEPA ha presupuestado $113.7 millones. Estará ubicado en el caserío Condadillo, del distrito de Conchagua, en La Unión.

  • Gobierno pide incorporar $100,000 para financiar la ONAD-ES, que sancionará el dopaje en deportistas

    Gobierno pide incorporar $100,000 para financiar la ONAD-ES, que sancionará el dopaje en deportistas

    El Ministerio de Hacienda pidió incorporar $100,000 en el presupuesto del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) para financiar el funcionamiento de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ES).

    La ONAD-ES fue creada en marzo de 2025 con la aprobación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y la Lucha contra el Dopaje.

    Esta entidad es el máximo órgano técnico nacional con competencias para la “prevención, control y sanción del dopaje en el deporte” dentro del territorio salvadoreño, y es una entidad “desconcentrada” del INDES con “independencia técnica, administrativa y operativa en sus acciones y resoluciones”.

    Los fondos se incorporarán a la unidad presupuestaria 04 de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, bajo la línea de trabajo “01 Organización Nacional Antidopaje de El Salvador”.

    Según la propuesta de Hacienda, la fuente de financiamiento es “Fondo General”, se disminuirán de las asignaciones que tenía la unidad presupuestaria “Actividades deportivas” en la línea de trabajo 01 Desarrollo Deportivo.

    Según la petición, un total de $46,350 de los fondos se destinarán a remuneraciones y $51,850 a bienes y servicios, otros $1,800 a inversiones en activos fijos.

    La nueva ONAD-ES es el “máximo órgano técnico nacional» con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte practicado en El Salvador, y está compuesta por un comité supervisor, conformado por dos representantes del INDES, uno de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, uno de la Comisión Nacional Antidrogas y uno del Comité Olímpico de El Salvador.

    La ONAD-ES es la encargada de nombrar a los miembros del Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, compuesto por tres miembros, dos abogados y un médico, el cual conocerá las infracciones a las normas antidopaje para los deportistas en El Salvador.

    La nueva ley sancionará la presencia de sustancias prohibidas en los deportistas, así como otras acciones como rechazo de la prueba, localización fallida del deportista y posesión de sustancia prohibida. La ONAD-ES también tiene un gerente general y una comisión de atletas.