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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el dictamen favorable número 177 para aprobar la Ley del presupuesto general del Estado 2026 y su respectiva Ley de salarios por un total de $10,555.5 millones.

La ley de presupuesto fue dictaminada con un recorte de $164,210,965 al Órgano Judicial para reforzarlos a los ramos de Educación, Salud, Agricultura y Obras Públicas, aunque no detallaron a qué actividades o unidades específicas.

El recorte es posible luego de una reforma constitucional que eliminó el mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto que establecía el artículo 172 de la Constitución.

¿Cómo distribuirán el recorte de $164.2 millones del Órgano Judicial?

• Educación: $40,000,000
• Salud: $20,000,000
• Agricultura: $23,363,750
• Obras Públicas: $50,000,000
• Hacienda: $30,847,215

Luego del recorte al Órgano Judicial, la segunda modificación fue incorporar el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA): $3,070,532. Los fondos provienen de Hacienda.

Y la tercera modificación se debe a una reestructuración de plazas en el Ministerio de Economía que incluye las plazas de encargada de comunicaciones, técnico, técnico Uaci (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones) y de colaborador técnico; según la lectura, se suprimirán cuatro plazas.

Según el dictamen leído en la comisión, el presupuesto asciende a $10,555,580,928 y promete estar “formulado de manera equilibrada”, que “los ingresos cubren en su totalidad el gasto corriente” y que se encontraría “sin brechas de financiamiento”.

Los ingresos tributarios proyectados suman $8,289,331,501, la mayor parte de IVA, Impuesto sobre la Renta y aranceles a la importación.

El proyecto presenta un programa anual de inversión de $2,261,000, que aumenta el presentado –y que no se ejecutó en su totalidad– en 2025.

Los fondos para los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa suman $4,003,358,027, un 38 % del plan de gastos, $1,325,025,360 para Salud y $1,641,150,290 para Educación.

Se destinan $238,775,994 para subsidios: $114,646,162 para gas licuado de petróleo, $60,003,595 para subsidio a transporte público y $64,126,237 para subsidio a la energía eléctrica.

El presupuesto 2026 proyecta ingresos corrientes por $8,890,916,660; ingresos de capital por $27,579,930, en su mayoría donaciones; y financiamiento por $1,375,395,156, “desembolsos ya contratados y aprobados”.

El diputado Christian Guevara, presidente de la Comisión, dijo que realizaron ocho sesiones de trabajo desde el 10 de octubre de 2025 y que las reuniones eran abiertas. “Cualquier partido pudo haberse venido a sentar”, expresó.

Los diputados también agregaron asociaciones o fundaciones sin fines de lucro o modificaron algunas de sus asignaciones, respecto al proyecto presentado.

“Finalmente se informa que, en atención de consulta realizada por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, el señor ministro de Hacienda no tiene objeción en que se asignen los fondos a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro hasta por un monto de $10,868,721, lo cual representa un incremento de $3.6 millones con relación al proyecto de presupuesto 2026 presentado a esta Asamblea Legislativa. El monto necesario para este ajuste se tomará de las asignaciones correspondientes al Ramo de Hacienda”, indica el dictamen.

Entre las asociaciones agregadas están: Asociación Alianza Agropecuaria Salvadoreña, Asociación Patitas de la Calle, Asociación Hermandad de Jesús Nazareno de Sonsonate, Fundación Tecnológico de Exalumnos Salesianos (FITEXSAL), Asociación Protectoras de Aves (Aproaves), Asociación Felicidad, Asociación El Hogar para el Alcohólico, Fundación Un corazón que ayuda, Fundación para la Cooperación Médico Quirúrgica Miguel Layton.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió este miércoles un dictamen favorable para aprobar el presupuesto y la respectiva ley de salarios que tendrán los diputados para el año 2026.

El presupuesto del Legislativo asciende a $46,996,257, según el dictamen 176, que recibió los votos de todos los diputados presentes en la Comisión.

La Asamblea Legislativa consultó el presupuesto con el presidente de la República. “Dicha consulta obtuvo respuesta afirmativa”, indica el dictamen.

La cantidad aprobada no disminuye respecto al presupuesto de 2025. En la reunión, los legisladores no realizaron ninguna modificación al proyecto.

El dictamen no desglosó los gastos que se tendrían para el próximo año.

En el presupuesto de 2025, se destinaron $36,719,342 a remuneraciones, entre las que se encuentran: $1,309,335 para gastos de representación, $6,342,149.52 para remuneraciones permanentes y $24,199,603.84 para remuneraciones eventuales, entre otros.

También, en el plan de gastos de 2025 se incluyeron $5,827,585 para compra de bienes y servicios; además de $1,205,280 para gastos financieros y otros.

Así mismo, se destinó $1,095,000 para seguros, comisiones y gastos bancarios, de los cuales hasta junio se habían ejecutado $231,730.46, siempre en el presupuesto de 2025.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo el pasado 9 de diciembre que el presupuesto del Legislativa sería presentado el viernes 19 de diciembre. Castro convocó para una sesión plenaria este jueves 18 de diciembre, en la cual podría ser aprobado el presupuesto de esta institución dirigida por los diputados.

Castro aseguró que el presupuesto del Órgano Legislativo para 2026 «no cambia absolutamente nada», respecto al presupuesto del presente año. En el presupuesto, cada uno de los 60 diputados disponen de un presupuesto de $8,000 cada mes para poder contratar a su propio personal como asesores, camarógrafos, entre otros.

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa una nueva reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para incorporar $15,950,550 de excedentes de ingresos tributarios que según Hacienda se deben a la amnistía fiscal.

La reforma fue avalada este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, como dictamen favorable 180.

En su visita a los diputados, la subdirectora general de presupuesto, Laura Arce, explicó que los fondos destinados a Salud servirán para estrategias de modernización y ampliación de los servicios de salud.

Y detalló que los fondos para la Cancillería servirán para las “sedes del servicio exterior”. Agregó que la Fiscalía recibirá los nuevos fondos para el pago de servicios jurídicos para litigios judiciales.

«Necesidades urgentes»

El gobierno argumentó en su proyecto de decreto que a algunas instituciones “les han surgido necesidades urgentes de funcionamiento durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal de 2025 que requieren cobertura presupuestaria”.

La solicitud no detalla las necesidades que han surgido en cada cartera de Estado, únicamente indica el monto por cada institución.

Así, se orientarán $5.4 millones de estos excedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, más de $1.5 millones a la Fiscalía General de la República y $9 millones al Ramo de Salud.

Según la solicitud, los fondos provienen del cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), ya que es el rubro que se incrementa en la Cuenta 114 del rubro 11 de Impuestos, del apartado de ingresos del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

La solicitud fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, con iniciativa de ley presidencial.

Según el escrito, fue entregada el pasado martes 9 de diciembre a las 3:10 p.m. a la Asamblea Legislativa pero fue hecha pública hasta ayer 16 de diciembre en el sitio web asamblea.gob.sv.

Hasta noviembre, la Asamblea Legislativa ha realizado 47 reformas presupuestarias por $1,990.2 millones, de las cuales Hacienda declaró que $38.7 millones provienen de recursos propios y $348.8 millones de “asignaciones disponibles”. De estas reformas, $740 millones provienen de préstamos y $496.6 millones de títulos valores.

Mientras los diputados de Nuevas Ideas argumentan que buscan un gasto razonable del Órgano Judicial, diputados de oposición advirtieron que la eliminación del piso presupuestario para el Órgano Judicial salvadoreño socava la independencia judicial y la expone a presiones políticas.

Al defender la reforma sobre el presupuesto del Órgano Judicial, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que están “ordenando” la Constitución de 1983.

“La realidad va adelante, el buen legislador, el buen diputado debe ir siguiendo con su legislación y legislando esa realidad”, indicó.

El diputado arguyó que únicamente la Corte Suprema de Justicia tenía “asignado un porcentaje” de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado por Constitución de la República y lo comparó con el resto de instituciones contraloras.

“Esto obviamente sabemos las motivaciones que hubieron en el pasado para buscar proteger algunos sectores, pero también hay instituciones contraloras, por ejemplo, la Corte de Cuentas, la Procuraduría y que no tienen pisos establecidos en la Constitución”, indicó.

El diputado explicó que la Corte Suprema de Justicia llegará a la Asamblea Legislativa “cada año” su presupuesto y que buscan “un gasto razonable”.

“Ellos vendrán a justificar en su debido momento, cada año, como las instituciones del Gobierno lo hacen, vendrán a decir en qué se va a gastar el dinero, cuánto se va a ocupar para los juzgados, recordemos que esta Asamblea Legislativa ha sido una de las Asambleas que más ha apoyado al sector justicia en nuestro país”, indicó Navarro.

«Justicia sin presiones políticas»

La diputada Marcela Villatoro indicó que con el piso presupuestario para el Órgano Judicial, creado a partir de los Acuerdos de Paz, se buscaba “es que existiese una real independencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diputados y a la Presidencia de la República” y que “pudieran aplicar la justicia sin tener esas presiones políticas o sociales”.

Según Villatoro, ha existido abusos de la Corte como la contratación de seguros de vida y hospitalarios privados. Sugirió que este tipo de gastos deberían suprimirse no solo en la Corte sino en ministerios del poder Ejecutivo.

«Queda sujeta a caprichos políticos»

Durante la ratificación de la reforma, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, opinó que la reforma al artículo 172 de la Constitución quita la protección del Órgano Judicial contra cualquier presión política indebida.

Según Ortiz, la reforma, que eliminó el mínimo del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado para el Órgano Judicial, altera el diseño básico de un Estado de derecho y no es una modificación inocente.

“El piso del 6 % del presupuesto para el Órgano Judicial nació como una garantía de independencia presupuestaria del Órgano Judicial después de los Acuerdos de Paz. Esto es lo que debe evitar para que la justicia no sea politizada, para que la justicia no sea sometida a presiones indebidas a nivel político o presupuestario”, criticó Ortiz.

La legisladora señaló que el Órgano Judicial está llamado a hacer el contrapeso de las decisiones del Órgano Ejecutivo que pudieran afectar “la legalidad, la Constitución o los derechos de los ciudadanos”.

Pero objetó que “se elimina es una protección constitucional para que el Órgano Judicial reciba presiones indebidas de los poderes políticos» y se suprime «la protección constitucional para que la justicia no se politice”.

La diputada alertó que podría afectar a los inversionistas extranjeros. “¿Cómo pretenden que vamos a traer inversiones?, a partir de ahora, la independencia judicial queda sujeta a caprichos políticos. No queda ninguna garantía de esa independencia, no fortalece la democracia, simple y sencillamente la debilita”, cuestionó.

La modificación constitucional, advirtió Ortiz, afectará a ciudadanos que quieran que un juez independiente decida sobre una herencia, una cuota alimenticia para sus hijos o defender sus derechos ante los tribunales. “Usted va a querer un juez que tome una decisión sin presiones políticas”, aseveró.

La reforma al artículo 172 de la Constitución que eliminó el piso presupuestario del Órgano Judicial fue aprobada el martes 16 de diciembre en una sesión plenaria en la cual se aprobó otra reforma al artículo 208 de la Constitución que amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para equipararlo al nuevo periodo presidencial de seis años que aprobaron los diputados junto a la habilitación de la reelección presidencial indefinida, el pasado 31 de julio.

La nueva “Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos”, que permite al Estado salvadoreño apoyar a través de instituciones del Órgano Ejecutivo en caso de una crisis financiera sistémica, inició su vigencia el lunes 15 de diciembre.

La normativa entró en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, en septiembre pasado.

Esta ley crea un Comité de Estabilidad Financiera, que puede emitir opinión antes de una declaratoria de crisis financiera sistémica por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Una declaratoria de crisis financiera es una situación en la cual “el Estado podrá apoyar” a través de instituciones del Órgano Ejecutivo, si los fondos del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) son insuficientes.

La nueva normativa aumentará el monto de las primas que aportan los bancos al IGD, el cual busca respaldar los depósitos de los ahorrantes hasta por un monto de $11,951. Con la nueva ley, el derecho al reclamo de pago de garantía por un depósito prescribirá luego de cinco años a partir del inicio del proceso de reclamo.

Las primas aumentarán gradualmente en tres años del 0.10 % al 0.15 % del promedio de depósitos del trimestre anterior: 0.116 % el primer año, 0.133 % en el segundo año y 0.15 % en el tercer año a partir de la vigencia.

Esta ley también modifica el consejo directivo del IGD que ya no tendrá los dos directores nombrados por los presidentes de los bancos. Mantendrá el presidente y vicepresidente, más dos directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda y otros dos de una terna propuesta por la SSF.

La nueva normativa fue fruto del acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nueva ley es la única que ha finalizado su proceso de aprobación luego de observaciones del presidente Nayib Bukele de un paquete de leyes que buscaba regular el sistema cooperativo.

El Salvador se comprometió a implementar una nueva Ley de Estabilidad Financiera y también a «mejorar la supervisión y la gobernanza de las instituciones financieras no bancarias, de acuerdo con las mejores prácticas». En julio de 2025, el FMI consideró que la Ley de Estabilidad Financiera aún debía «alinearse con los estándares internacionales».

El acuerdo con el FMI también proyecta a mediados de diciembre de 2025 la aprobación de una ley para fortalecer la regulación y supervisión de las criptomonedas.

Diputados de oposición rechazaron este martes la reforma constitucional que homologó el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al nuevo periodo presidencial de seis años aprobado el pasado 31 de julio.

Si bien los diputados de Nuevas Ideas lo presentaron como una reforma sencilla que sincroniza ambos periodos, la oposición cree que el gobierno busca perpetuarse en el poder y concentrarlo. Lo califican como un ajuste del árbitro electoral.

“Es una estrategia para seguir concentrando el poder, debilitando los pesos y contrapesos de esta débil democracia”, indicó el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“Homologar el tiempo al periodo presidencial ilegal e inconstitucional rompe el principio básico, nadie debe ser juez y parte», señaló.

Este partido político emitió un comunicado de prensa en el cual aseguran que Nuevas Ideas «ha abierto una puerta peligrosa», ya que puede cambiar la Constitución «para ajustar a los árbitros electorales a su medida», no descartan que después cambien leyes que protegen la propiedad privada, los ahorros o los derechos laborales.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que los magistrados del TSE «de árbitros no tienen nada». «Si el partido ya lo tienen pitado”, expresó.

“Sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros como magistrados”, expresó.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, atribuyó la reforma constitucional del TSE al «el hambre desmedida por centralizar más poder» y criticó la falta de consulta de la reforma. «Todas han sido para encajar en ese plan que ustedes tienen de perpetuarse en el poder, seguir con sus privilegios. La gente está con hambre y ustedes con banquetes», indicó.

La reforma al artículo 208 de la Constitución de la República extendió el periodo de los magistrados del TSE de cinco a seis años.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, a la vez que habilitó la reelección presidencial indefinida.

La Asamblea Legislativa ratificó, en una segunda sesión plenaria de este mismo martes, dos reformas a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otra para eliminar el mínimo de presupuesto que debe recibir el Órgano Judicial.

Los diputados completaron las dos reformas constitucionales en menos de siete horas, en un proceso que inició poco después de las 12 del mediodía y concluyó a las 6:55 p.m. de este martes.

Casi a las 6:00 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que tenía en su poder las constancias de publicaciones del Diario Oficial de los acuerdos de reforma constitucional número 4 y 5, sobre las reformas a los artículos 208 y 172 de la Constitución, respectivamente. Por ello, solicitó introducir la ratificación de ambas reformas constitucionales aprobadas al inicio de la tarde de este mismo martes.

La dispensa de trámites y la ratificación de la reforma constitucional al artículo 208, sobre el TSE, fue aprobada con 57 votos y 3 en contra, de Arena y Vamos.

La primera reforma indica que los cinco magistrados del TSE “durarán seis años en sus funciones” y ya no cinco años. Transitoriamente el periodo de los actuales magistrados del TSE iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluía el 1 de julio de 2029 “finalizará anticipadamente el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr una sincronía temporal con el periodo para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la república”.

La segunda reforma constitucional ratificada elimina la disposición que ordenaba que el Órgano Judicial debía recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Esa disposición, del artículo 172, fue sustituida por: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

Las reformas fueron calificadas de inconstitucionales e ilegítimas, además de que señalaron que no queda garantía para la independencia judicial.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que las reformas no están publicadas materialmente en el sitio web del Diario Oficial ya que el último Diario Oficial publicado es del 10 de diciembre.

«No es válido hacer una ratificación de los acuerdos aprobados en este mismo día. Eso solo es en tema de procedimiento. ¿Cuál es la prisa?, ¿cuál es el miedo?», exclamó Ortiz. Consideró que este cambio es «inconstitucional, ilegítimo e ilegal».

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el mecanismo de ratificación de las reformas constitucionales permitido con el nuevo artículo 248 reformado por Nuevas Ideas que habilitó la reforma constitucional en una sola legislatura.

«Nosotros como Asamblea Legislativa, según la Constitución y porque fuimos electos por el pueblo salvadoreño de manera directa, tenemos facultades para proponer un acuerdo de reforma constitucional como para ratificarlo en este mismo periodo siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 248», indicó Callejas.

Callejas también defendió la reforma que extiende el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para homologarlo al periodo presidencial.

La diputada Ortiz indicó que Callejas «no ha respondido» a su observación sobre la falta de publicación en el Diario Oficial. «La publicación y no solo el mero acto formal, sino la publicación efectiva, es un requisito indispensable para que este proceso de reforma constitucional sea legítimo y sea legal», indicó.

En respuesta, Callejas enfatizó en que se «ha y se está cumpliendo» con la Constitución ya que han visto la certificación del Diario Oficial y por la legitimidad que la población les ha dado.

En la votación de la ratificación del segundo acuerdo constitucional, la diputada Ortiz insistió en que el proceso de reforma constitucional aprobado este 16 de diciembre «es inconstitucional» y que «no es algo inocente».

«Alteran el diseño básico de un Estado de derecho, alteran definitivamente  un sistema donde existen pesos y contrapesos al poder político, y hace que El Salvador avance hacia una peligrosa concentración de poder», indicó Ortiz.

Según la diputada de Vamos, los inversionistas en El Salvador que entren en una disputa con el Estado «estarán sometido a un juez que puede tener el temor de no fallar con base al derecho porque a la vuelta del año siguiente su plaza puede ser suprimida por recortes presupuestarios».