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El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aseguró esta semana que la institución que dirige es parte de un engranaje o una maquinaria que trabaja como una sola, que es el gobierno del presidente Nayib Bukele, además de que proyectó los trámites se agilizarán con el funcionamiento de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

“Nosotros no somos una isla, somos parte de un engranaje, una maquinaria”, expresó. “Es bien importante mencionar eso porque se tuvo por muchos años la creencia que al ignorar o prohibir todo el tema de las construcciones, se estaba protegiendo el tema del medio ambiente y se estaba haciendo todo lo contrario. Con eso nos encontramos nosotros”, indicó titular de Medio Ambiente.

Señaló que el MARN es una “entidad rectora en materia ambiental” que busca “conservar, proteger, regenerar los ecosistemas”, pero aseguró que regulan estas actividades “en el curso del desarrollo del país”.

“Este año cambió el régimen de permisos ambientales. El tema de los permisos ambientales es sumamente importante y es parte de la misión de contribuir con el desarrollo del país”. Fernando López, ministro de Medio Ambiente.

El diputado William Soriano le preguntó que, como parte de ese engranaje, cómo ha visto el comportamiento de la inversión durante el último año.

El funcionario le respondió que vio un “cambio enorme” desde 2019 ya que las respuestas de los permisos ambientales tardaban hasta 10 años y eran negativas.

“La misión del permiso ambiental es regular, es garantizar que las intervenciones que van a hacer las empresas o las personas tengan y cumplan ciertos parámetros”, indicó. Agregó que el permiso ambiental implica “una compensación ambiental, una fianza” y una construcción adecuada.

“En administraciones pasadas como los permisos tardaban ocho o 10 años en responder que no, ni siquiera los daban, se tuvieron muchas construcciones sin permiso. Entonces, ¿qué pasaba?, no tenían planta de tratamiento, no tenían la zona de retiro para los cuerpos de agua que estaban cerca”, señaló.

Según el funcionario, estas condiciones de construcción sin permisos provocaron inundaciones y contaminación de aguas negras a comunidades ya que “no tenían regulación”.

La DOT asumirá trámites de Medio Ambiente para la construcción. “Esto va a ayudar a que esto funcione más rápido, a tener una respuesta más eficiente del Estado, estamos trabajando para que suceda esto”, anunció el funcionario.

El MARN proyectó que esperan que la cantidad de proyectos aumenten en el El Salvador y la capacidad de la DOT también aumente. Actualmente, López aseguró que le están “pasando lo último que se tiene” a la DOT “para quedarnos con los temas que nos corresponde por ley”.

La viceministra de Vivienda, Michelle Sol, informó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea que desde el primer quinquenio del gobierno el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) han colocado más de $1,000 millones en viviendas nuevas, usadas y recuperadas.

“Se han colocado $425 millones en vivienda, $461 millones en vivienda usada y $125 millones en activos recuperados”, detalló, verificando antes las cifras con su equipo.

La funcionaria dijo al inicio de la Comisión que “se han invertido más de $1,140 millones durante el quinquenio beneficiando a más de 48,000 familias” y que, para el 2026, el FSV y Fonavipo tendrán un presupuesto de $200 millones, prometió que el 100 % será destinado a viviendas de interés social de hasta $61,000.

Detalló que el FSV estableció un nuevo techo de $61,000, disminuyéndolo desde $150,000, protegiendo de esta manera que la adquisición de viviendas se realicen por familias que las requieran para habitarlas y no para alquilarlas o invertir.

“Esto se completa un círculo de inversión, se está haciendo mucho pero nos falta por hacer. Desde el sistema de vivienda, estamos trabajando en este ciclo tan importante como poder adquirir una vivienda”, afirmó.

“Casas recuperadas ya las dimos todas”, detalló. “Estas viviendas fueron dañadas por los delincuentes, ellos se escapaban de un pasaje a otro, parecen cuentos de terror pero son reales”, indicó, sobre las viviendas de la Campanera.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, defendió el viernes el proyecto de agromercados y aseguró que han tenido en estos 19.5 millones de visitas de personas que los han frecuentado.

“De 61 agromercados que tenemos a nivel nacional, que son en los 14 departamentos, estamos hablando de más de 3,600 empleos directos e indirectos, se está proyectando llegar a un 80 % de abastecimiento de los productos nacionales”, proyectó.

Señaló que los agromercados no exclusivos para comercializar para frutas y hortalizas, como lo criticó, dijo, la oposición. “El salvadoreño come pollo, carne, huevos, mariscos, y es todo lo que encuentran en los agromercados”, defendió.

Según los datos del funcionario, en estos agromercados se puede obtener una canasta básica “por menos de $40” para un periodo de 15 días.

Detalló que tienen “más de 800 productores que están de manera permanente y más de 340 productores de temporada” para abastecer los mercados. “Ya he visto personas de la oposición comprando en los agromercados”, dijo.

También el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, “que hasta periodistas de oposición van a comprar a los agromercados”. Aseguró que con la presentación “callan” a la oposición.

Soriano dijo que “se acabaron los años” en los que se negaban los votos para los paquetes agrícolas. No se refirió a algún caso en específico.

Domínguez indicó que El Salvador tiene “canasta básica más barata de Centroamérica”.

El 23 de octubre pasado, la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec) informó que el precio de la canasta alimentaria (CBA) en la zona rural subió a $190.93, su valor más alto desde octubre de 2023; y bajó ocho centavos en la zona urbana a $250.71, en septiembre.

El funcionario mencionó que tienen más de 2,400 manzanas con siembras de hortalizas, frutas y verduras, 9,000 manzanas de frijol rojo. Proyectan que la producción nacional abastezca el 80 % de la demanda nacional en 2026.

Las personas que hicieron obras sin permisos antes del 12 de mayo pueden regularizar su situación, para lo cual se crearon tarifas “ex post”. También se inicia un nuevo plazo para la inscripción de los ingenieros.

El martes 4 de noviembre inicia la vigencia de la nueva reforma que permite que la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) pueda autorizar cambios de uso de suelo, terracería y tala de árboles, extiende el periodo para la inscripción de profesionales y crea al menos 38 nuevas tarifas por sus servicios.

La reforma también permite que las personas que hayan realizado obras, actividades y proyectos de urbanización, construcción o actividades relacionadas sin el permiso de la DOT, porque esta se instaló hasta el 12 de mayo de 2025, pese a su vigencia desde diciembre de 2024, pidan la regularización de su situación.

Para ello, la reforma crea un permiso de construcción “ex post”, es decir, después del evento, que tendrá tarifas de $150 hasta 500 metros cuadrados para fines habitacionales y de $250 hasta 500 metros cuadrados para fines no habitacionales

Una de las tarifas incorporadas a la reforma es el trámite por uso de suelo, que quedó en $0.35 por metro cuadrado por área de piso o por área de terreno, ya sea para construcción en altura existentes o en proyectos de construcciones, parcelaciones y urbanizaciones.

Así mismo, el permiso de la tala de árboles tramitado por la DOT tendrá un costo de $50 por arbusto, $60 por árbol de madera blanda $70 por árbol joven de madura dura y $80 por árbol de madera dura.

El permiso de terracería para preparar terrenos para proyectos de construcción o lotificación en área urbana o rural tendrá un costo de $0.50 por metro cúbico. Este permiso es definido como aquellas actividades preparatorias del terreno para la construcción “que incluye pero no limita a movimientos de tierras, nivelación, compactación y remoción de obstáculos”.

El permiso de terracería podrá solicitarle cuando se cuente con resoluciones favorables de permiso ambiental y de valoración cultural.

La reforma fue aprobada el 21 de octubre pasado, fue publicada en el Diario Oficial del 27 de octubre y estará vigente ocho días después, el 4 de noviembre.

Esta también modificó el Consejo Directivo, integrando a los titulares o representantes de Gobernación y Agricultura, y sacando al secretario de Comercio e inversiones y al director general de Energía, Hidrocarburos y Minas.

Así mismo, extendió hasta marzo el periodo para que las personas que tramitan permisos en la DOT puedan inscribirse. La DOT lleva inscritos 1,974 profesionales.

La DOT pretende inscribir no solo ingenieros civiles, eléctricos, electromecánicos, eléctrico industriales, sino también hidrólogos, geólogos, auditores de evaluación ambiental, arquitectos, arqueólogos, paleontólogos, técnicos proyectistas, constructores, técnicos en instalaciones eléctricas y demás personal de construcción como egresados de arquitectura e ingeniería civil, cuarto año de ingeniería o arquitectura, bachilleres técnicos de arquitectura e ingeniería, personas capacitadas con experiencia comprobada bajo la supervisión de un profesional inscrito en el registro, desarrolladores parcelarios. El carné es gratuito la primera vez y costará $25 la renovación y la homologación. Su vigencia es tres años.