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Diputadas de oposición creen que el proyecto gubernamental de nueva Ley de desarrollo social, que busca reemplazar una ley de 2014 pero sin la mención expresa de 14 programas sociales, podría ser “letra muerta” o dejar sin una obligación legal al Estado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mostró su preocupación por que el nuevo proyecto propuesto por la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, haya excluido la mención de 14 programas sociales y expresó su interés por conocer cuáles serán incluidos.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que la ley “crea una entidad sin propósito” porque no establece “con claridad los programas sociales” y “se deja al arbitrio de unos pocos la decisión”. “Probablemente será una ley muerta”, afirmó este martes, cuando fue consultada al respecto.

La propuesta de ley no ha sido aprobada. Para recibir una explicación del proyecto, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno citó al presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), Juan Alberto Ortiz.

Ortiz: “Quita la obligación”

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseguró que el Estado salvadoreño debe hacer una estrategia de protección social “muy contundente”, en educación, madres solteras y pensiones de adultos mayores.

Ortiz aseguró que en la propuesta “se quita la obligación” del Estado para realizar más cobertura social y “quita los programas sociales”.

“Nos preocupa que esta propuesta de ley quita la obligación, quiero ver cuáles son los programas que se van a agregar. Al no estar como ley, quiere decir que ya no es obligación del Órgano Ejecutivo de brindarlos a la población”.
Claudia Ortiz (Vamos).

La normativa suprime 14 nombres programas que habían sido creados por gobiernos anteriores, como vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), Ciudad Mujer, Pensión Básica Universal, pero no los sustituye por nombres de nuevos programas.

La legisladora aseguró que los derechos económicos, sociales y culturales deben cumplir con el principio de progresividad, es decir, los derechos ganados ya no pueden retroceder. Exhortó a no usar la recaudación tributaria únicamente para pago de deuda o publicidad son también “para proteger a la población vulnerable con estos programas sociales”.

“Será una ley muerta”

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, señaló que la ley probablemente será una “ley muerte” porque no establece “con claridad los programas sociales a ejecutar se deja al arbitrio de unos pocos la decisión de hacer o no hacer”.

La diputada criticó que “en ningún artículo de la nueva normativa propuesta aparecen citados con nombre los programas sociales del actual gobierno” y que deroga el artículo 30 en donde se detallan 14 programas sociales.

“Es un grave retroceso para los ciudadanos que se veían beneficiados con programas como alimentación escolar, uniformes, pensión básica, paquetes agrícolas, los programas de Ciudad Mujer, entre otros, que poco a poco se han venido deteriorando y al parecer hoy los desaparecerán”.
Marcela Villatoro (Arena).

La legisladora duda de la ejecución de los programas por las “enormes deudas con los proveedores” y la falta de un plazo para su ejecución.

Rechaza eliminación de consultas

La diputada Villatoro rechazó también que se elimine de la nueva normativa los mecanismos de consulta que establecía la ley de 2014 para formular un “Plan de desarrollo” que contendría los problemas y las alternativas de solución.

“Se eliminan todos los artículos sobre la participación ciudadana, que establecía que debían realizarse consultas en municipios y departamentos como parte de la planificación y evaluación de la ejecución de los programas”, señaló.

También, advirtió que la nueva ley ordena evaluaciones pero sin definir plazos cuando en la normativa de 2014 se establecía que serían anuales.

La nueva normativa crea la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), crea un “Registro Social” para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias beneficiarias de programas sociales y se elimina el carácter público y transparente de la medición multidimensional de la pobreza que establecía en la ley de 2014.

En su cuenta de X, la oficina del Estado salvadoreño dice que la Ley de Robótica fomentará “un ecosistema sólido para la investigación, la industria y la seguridad” y promoverá también sectores de educación, energía, atención médica, servicios meteorológicos, ciberseguridad y la defensa nacional.

El comentario fue replicado por Stacy Herbert, quien funge como directora de la Oficina Nacional del Bitcoin.

El proyecto de “Ley de Tecnologías Robóticas” fue entregado el jueves 19 de junio por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, a la Asamblea Legislativa.

Para conocer argumentos a favor de la ley, los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión recibirán al director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario José Flamenco Rivas, exfuncionario de la Oficina Nacional del Bitcoin.

El proyecto de ley promete incentivos fiscales para los proyectos de robótica aunque no detalla en qué consistirían.

Sobre el proyecto, Herbert aseguró que El Salvador «es un referente para la región y para el mundo». «Y esto es solo el comienzo. Tenemos grandes planes para milagros económicos y tiempos exponencialmente buenos», expresó en X.

Según la funcionaria, El Salvador tiene un «programa educativo de Inteligencia Artificial y robótica» desde segundo grado hasta bachillerato. Dijo que era el «único» en el mundo.

Luego, la funcionaria expresó: «Expandiremos este programa a todo el país, pero no nos detendremos ahí».

En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el gobierno cumple con los compromisos asumidos en el programa de $1,400 millones en cuanto a no acumular bitcoins.

Para el año 2025, la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin tiene un presupuesto programado de $12,736,390, de los cuales se han devengado $8,368,761.31, hasta mayo. Durante el año se han aumentado $159,535.32, con lo cual el presupuesto modificado ascendió a $12,895,925.32.

Del total programado, $558,386 son para remuneraciones, $3,323,690.20 para bienes y servicios, $1,927,331.69 en gastos financieros y otros (seguros, comisiones y gastos bancarios), $55,094.50 en inversiones en activos fijos y $7,031,422.63 en inversión en títulos valores.

Los diputados de Nuevas Ideas Dennis Salinas, Rubén Flores, Ernesto Castro, Alexia Rivas y Elisa Rosales pidieron a la Asamblea Legislativa que nacionalice por naturalización al futbolista de Michell Mercado Martínez, quien nació en Cartagena, Colombia, y llegó a El Salvador en 2014.

Mercado Martínez nació el 22 de septiembre de 1991 y llegó a El Salvador a sus 23 años.

En la “pieza de correspondencia” introducida el lunes 23 de junio, los diputados explicaron que Mercado llegó para reforzar el Club Deportivo El Roble de Ilobasco y pasó a formar parte del equipo C.D. El Vencedor de la segunda división.

También los diputados aseguraron que Mercado Martínez se desempeña como delantero de Alianza y que es “un elemento clave” del mismo ya que el equipo ha obtenido cinco títulos nacionales, incluido el del Torneo Clausura 2025.

El «presidente del Tribunal de Servicio Civil, Franklin Josué Nolasco Morales», tomó juramento de cumplir la Constitución de la República, este martes, luego de ser juramentado y electo en el cargo para los próximos tres años en el periodo 2025-2028, con 59 votos, incluidos los dos votos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, votó en contra de la elección de Nolasco Morales, pero las diputadas de Arena votaron a favor, por lo que Nolasco Morales fue electo con 59 votos.»

La Comisión Política había entrevistado a cuatro candidatos.

«El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso hasta en la sesión plenaria de este martes que proponían a Nolasco Morales. De manera inmediata, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coincidió en la propuesta; y posteriormente el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN).»

«Después de la entrevista de cuatro candidatos a los que quiero felicitar, creo que cuando uno ve los perfiles de los cuatro que llegaron y las respuesta que dieron, me parecía gente muy preparada técnicamente, gente idónea para el cargo, pero nosotros como bancada cian hemos tomado la decisión de escoger a la persona que creemos que puede cumplir de forma más idónea la función de presidente de Tribunal de Servicio Civil, y en nombre de la bancada cian queremos proponer al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales para la continuidad en el cargo», dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas en el pleno.

Carballo pidió la palabra. «Hemos analizado y revisado el perfil del licenciado Franklin Josué Nolasco Morales, del cual coincidimos y estamos de acuerdo que sea él que ocupe el cargo de presidente de TSC», afirmó en el pleno.

Después de Carballo, tomó la palabra el diputado Orantes, quien dijo: «Me quiero sumar a la propuesta hecha por mis colegas anteriores en respaldar con nuestros votos la propuesta del próximo presidente del TSC al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales», por «su amplia formación jurídica, trayectoria política».

Ningún otro diputado emitió opiniones sobre alguno de los candidatos, ni hicieron otra propuesta. A la hora de la votación, 59 diputados levantaron la mano a favor de Nolasco Morales, quien también se desempeña desde el 1 de mayo de 2021 como «gerente de Operaciones Legislativas del Legislativo», día de la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República.

Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluye su periodo el próximo 27 de junio y fue reelecto en el cargo para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

Los otros candidatos eran William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Darwin Peña Rivera.

El TSC está compuesto por tres miembros: uno nombrado por la Asamblea Legislativa, quien lo preside, otro por el Órgano Ejecutivo en el Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

El TSC es la institución encargada de resolver los recursos contra resoluciones emitidas por las comisiones de servicio civil que en las instituciones del Estado forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos a la carrera administrativa y conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó la tarde de este martes la «Ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños» aprobada en 2022.

La prórroga, aprobada en una reforma a la ley, recibió los votos de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados, y diputadas de Arena y Vamos. Fue el primer dictamen aprobado de la sesión plenaria 61, celebrada, todavía, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a una remodelación del Salón Azul de la Asamblea Legislativa.

La reforma prorroga el decreto legislativo 434, aprobado el 28 de junio de 2022 y que tenía una vigencia de tres años; este decreto 434 fue aprobado para sustituir una normativa similar aprobada el 14 de febrero de 2019.

La prórroga permitirá asentar nacimientos, estados familiares o muertes a las víctimas y a los sobrevivientes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas entre los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, lo cual les permite completar el registro único de víctimas.

El coordinador del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la masacre El Mozote y lugares aledaños (RUV), Andrés Alejandro Amador, aseguró que «en el paquete» que se les entregó «de la administración anterior» tenían 317 casos, pero que debido a la genealogía de los sobrevivientes los casos se han duplicado. «si ese patrón se continúa dando, estamos hablando de 955 casos específicos más», explicó.

El funcionario se refirió a que, para probar su parentesco con las víctimas de El Mozote, los sobrevivientes requieren de documentación múltiple sobre nacimientos, defunciones y también sobre sus estados familiares.

El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Hernández, aseguró este martes que Norman Quijano, diputado del Parlacen condenado a más de 13 años de prisión y arrestado en Estados Unidos, ya no posee fuero pues la Asamblea Legislativa salvadoreña ya cumplió con el proceso de desafuero.

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Periodistas consultaron al presidente Hernández si el diputado Quijano aún posee fuero, a lo que respondió: «Él ya fue desaforado por la Asamblea Legislativa de El Salvador». Explicó que la Constitución de El Salvador establece que es el primer órgano de Estado, la Asamblea Legislativa, el que puede retirar el fuero «a un diputado sin especificar si es nacional o centroamericano».

Al estar desaforado, según el presidente del Parlacen, al Parlamento solo le competería retirarle a Quijano el cargo de diputado centroamericano y que su suplente asuma la diputación en su lugar, en este caso, Jeannette Carolina Palacios de Lazo. Hernández aseguró que Quijano no se ha presentado a ninguna sesión presencial y que, desde febrero, no se conecta vía Zoom a las sesiones.

«Él (Norman Quijano) ya fue desaforado acá en la Asamblea Legislativa de El Salvador, ya fue desaforado acá en El Salvador… dentro de la normativa jurídica, el tratado constitutivo está en segundo lugar frente a la Constitución salvadoreña».
Carlos Hernández, presidente del Parlamento Centroamericano.

Hernández aseveró que Quijano no está recibiendo ninguna remuneración por su cargo como diputado. «A él ya no se le está erogando ningún tipo de pago», afirmó a los medios de comunicación.

El titular de la entidad regional confirmó que no han recibido información y que se encuentran «esperando comunicación oficial» porque solo conocen lo que se ha difundido a través de los medios de comunicación; al tener la información «oportuna», procederían a tomar la decisión sobre el retiro del cargo de diputado.

La mañana del martes, el diputado del Parlacen por Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Nelson Guardado, también dijo que no han sido notificados de la detención de Quijano, dada a conocer a finales de mayo por el medio norteamericano USA Today e incluida en los registros públicos del ICE. Quijano ha sido condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Para Guardado, el diputado Quijano aún posee fuero y este tendría que ser retirado con al menos 63 votos, luego de haber recibido la petición o requerimiento de las autoridades correspondientes. Quijano se encuentra detenido en el centro migratorio Port Isabel, en Texas según el ICE. Se desconoce cuándo sería deportado a El Salvador. El arresto fue producido por su condición migratoria.

La sentencia contra Quijano aún no ha sido declarada firme por la Sala de lo Penal y los abogados defensores han alegado ante esta instancia que la Asamblea Legislativa está facultada para proceder contra sus propios diputados, pero no contra los que corresponden al Parlamento.

Los migrantes salvadoreños que recién han llegado a Estados Unidos al «ser expulsados» por la inseguridad jurídica o posibles capturas

son los más vulnerables ante las olas de arrestos que está ejecutando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según el excónsul Óscar Landaverde.

El diplomático de carrera explicó durante una entrevista en YSUCA que los salvadoreños expulsados de El Salvador por inseguridad jurídica o porque pueden ser encarcelados «por opinar contra el gobierno» salvadoreño y que recién han llegado a los Estados Unidos «están en mayor vulnerabilidad» de ser deportados y aseveró que su situación es «muy difícil».

«Aquellos salvadoreños que recién acaban de ser expulsados de nuestro país debido a que no hay seguridad, a que no hay seguridad jurídica, o que los pueden meter en la cárcel por opinar contra el gobierno y que recién han llegado a Estados Unidos… Ellos todavía están en mayor vulnerabilidad».

Óscar Landaverde, excónsul general de El Salvador.

Landaverde aseguró que los salvadoreños que tienen residencia en el país norteamericano «son un poco más vulnerables» que los connacionales con ciudadanía. A pesar que los residentes cuentan con «seguridad jurídica», igual considera que «tienen ciertas vulnerabilidades».

Por otro lado, cree que los jóvenes salvadoreños amparados a programas de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el Daca, programas de asilo o de reunificación familiar, aunque cuentan con «cierta legalidad» están «todavía menos protegidos» que los salvadoreños con ciudadanía. Por último los migrantes sin ningún documento que los ampare, estarían totalmente expuestos a las deportaciones.

Los migrantes más capturados por ICE serían los que no poseen ningún documento legal y señaló que lo impactante de las redadas es que «se hacen de manera indiscriminada» en las calles, salidas de iglesias y cualquier lugar donde las autoridades lo decidan. Afirmó que más del 90 % de los capturados «no tiene nada que ver con organizaciones criminales».

Recordó también que en las recientes protestas del 14 de junio, fueron al menos 7 millones de personas que participaron en más de 2,000 ciudades, pidiendo un alto «a las persecuciones contra los migrantes» y el respeto a las leyes estadounidenses.

Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo, son 59 vuelos con personas deportadas a El Salvador, durante la administración de Donald Trump, según un informe de Witness at the Border. Los datos indican que los vuelos recibidos en territorio salvadoreño solo han aumentado un 1 % en relación al mismo período de 2024.

El u003Cstrongu003EParlamento Centroamericano (Parlacen)u003C/strongu003E ni su bancada salvadoreña ha recibido oficialmente alguna u003Cstrongu003Enotificación sobre la captura del diputado Norman Quijanou003C/strongu003E, capturado a finales de mayo por su estatus migratorio irregular en Estados Unidos.nnEl diputado del u003Cstrongu003EParlacen u003C/strongu003Epu003Cstrongu003E poru003C/strongu003E u003Cstrongu003EGran Alianza por la Unidad Nacional (Gana)u003C/strongu003E,u003Cstrongu003E Nelson Guardadou003C/strongu003E, aseguró este lunes que no han recibido ninguna notificación que les informe formalmente sobre la detención del diputado salvadoreño, u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-norman-quijano-a-13-anos-y-cuatro-meses-de-carcel-por-pactar-con-pandillas»u003Equien fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisiónu003C/au003E por los delitos de u003Cstrongu003Eagrupaciones ilícitas u003C/strongu003E yu003Cstrongu003E fraude electoralu003C/strongu003E.nnAseveró a medios de comunicación que desconoce cuu00e1l seru00e1 el procedimiento cuando Quijano arribe a territorio salvadoreño, que “habru00e1 que esperar requerimientos” de las autoridades competentes.nnu003Cblockquoteu003Enu003Cpu003E“Al Parlamento no ha llegado ningún documento tampoco, no conocemos el estado, ni el estatus, ni situación realmente. Es mu00e1s, en la bancada de El Salvador, tampoco hemos tenido ninguna notificación al respecto”.nu003Cstrongu003ENelson Guardado, diputado del Parlamento Centroamericano por Gana.u003C/strongu003Eu003C/pu003Eu003C/blockquoteu003Ennu003Ch2u003Eu003Cbr /u003En¿Debe ser desaforado por el Parlacen?u003C/h2u003EnEl diputado Norman Quijano fue u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/Pol%C3%ADtica/asamblea-legislativa-aprobo-despojar-del-fuero-al-diputado-norman-quijano»u003Edesaforadou003C/au003E en diciembre de 2021 por la Asamblea Legislativa cuando ya era diputado del Parlacen del periodo 2021-2026 y fue u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-norman-quijano-a-13-anos-y-cuatro-meses-de-carcel-por-pactar-con-pandillas»u003Econdenadou003C/au003E a prisión en abril de 2024, u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/nacionales/la-condena-de-norman-quijano-aun-esta-en-revision-en-la-sala-de-lo-penal-asegura-su-abogado»u003Esentencia aún no declaradau003C/au003E firme por la Sala de lo Penal. La defensa del diputado cuestionó, ante la Sala de lo Penal, que la Asamblea Legislativa puede proceder a un antejuicio contra los diputados de su institución pero no contra los del Parlacen.nnnSegún el diputado Nelson Guardado, u003Cstrongu003ENorman Quijano tiene entre tres y cuatro meses de no conectarse virtualmente a las sesiones de Parlacenu003C/strongu003E pero respondió que aún posee fuero pues el Parlacen no ha recibido «ninguna» solicitud de desafuero o requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). Agregó que el Parlacen requeriría al menos 63 votos para completar el proceso administrativo y así ser entregado a la justicia salvadoreña.nnnAnte la pregunta si Quijano sigue teniendo fuero todavía, respondió: nu003Cblockquoteu003Enu003Cpu003E»Sí, no tenemos ninguna situación que haya llegado como para proceder al desafuero, verdad, no, no hay ninguna, por lo tanto, repito, tendríamos que esperar un requerimiento, una petición o seru00e1 un proceso tal como va, pero se desconoce realmente».nu003Cstrongu003ENelson Guardado, diputado del Parlacen.u003C/strongu003Eu003C/pu003Eu003C/blockquoteu003Ennu003Cbr /u003EnEl pasado 29 de mayo pasado, se conoció que u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/nacionales/norman-quijano-fue-arrestado-en-eeuu-y-esta-en-centro-de-detencion-migratoria»u003EQuijano había sido detenido desde el 6 de mayou003C/au003E y se encontraba en el centro migratorio de Port Isabel, Texas, según el registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).nnEse día, Diario El Mundo consultó con el u003Cstrongu003Epresidente del Parlacen, diputado Carlos Hernu00e1ndez, de Nuevas Ideasu003C/strongu003E, si Quijano aún funge como diputado del Parlacen, si la condena de abril de 2024 fue notificada al Parlacen y si u00e9l estu00e1 inhabilitado de su cargo. El presidente del Parlacen aseguró que respondería por WhatsApp pero no lo hizo. Este 24 de junio, tampoco respondió.

El 52 % de las solicitudes de refugio interpuestas por salvadoreños fueron aprobadas durante 2024, según el informe anual de las tendencias globales de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur).

La mayoría de connacionales refugiados se encuentran en Estados Unidos y México.

El informe publicado el 12 de junio señala, en uno de sus anexos, que Acnur registró las solicitudes de refugio de 136,774 salvadoreños, de ellos, 71,765 fueron reconocidos con «protección internacional » desde enero hasta diciembre de 2024, es decir, que el 52 % de las solicitudes fueron resueltas positivamente.

Los principales destinos de los salvadoreños refugiados son Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido, España y Costa Rica.

Hasta junio de 2024, Acnur reportaba 70,489 salvadoreños refugiados, es decir que «durante el último semestre de 2025 únicamente se reportaron 1,276 nuevos connacionales admitidos bajo el estatus» «de refugiados».

«¿En qué países están refugiados los salvadoreños según Actur?»

En Estados Unidos: 35,083.

En México: 18,996.

En Italia: 4,070.

En Reino Unido: 3,610.

En España: 1,576.

En Costa Rica: 1,382.

Los reportes oficiales de Acnur detallan solo el destino de 64,717 salvadoreños refugiados. De los restantes 7,048 no se tienen datos. Además, aparecen 10 salvadoreños refugiados que retornaron a El Salvador durante el último año.

En términos generales, la entidad reporta 123.2 millones de personas que fueron desplazadas forzosamente, 9.8 millones que regresaron a sus localidades o países de origen, que incluye 8.2 millones desplazados internamente; y 1.6 millones de refugiados durante el año anterior.

«Obligados a huir de la persecución»

El informe detalla que los 123.2 millones desplazados, incluyendo los salvadoreños, han sido obligados a «huir de la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y los acontecimientos que perturbaron gravemente el orden público» en sus países durante el año pasado.

Asimismo, señala que esta cifra representa un aumento de 7 millones de personas que han sido desplazados forzosamente, lo que significa un incremento del 6 % en comparación con el año anterior 2023. «Una de cada 67 personas en todo el mundo se encontraba desplazada por la fuerza a finales de 2024», afirma el estudio.

Se estima que al menos 20.1 de personas han sido desplazadas en sus propios países y otros 5.4 millones son refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. La mayoría de desplazados forzosamente son originarios de Sudán, en África; Siria, en Oriente Medio y Ucrania, Europa.

La Asamblea Legislativa prorrogará este martes por tres años la «Ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños» aprobada en 2022.

La normativa permite documentar y asentar nacimientos, estados familiares o muertes a los sobrevivientes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas entre los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, lo cual les permite ir completando el registro único de víctimas, algo que les permite reclamar las medidas de reparación.

“Tenemos que terminar lo que empezamos”, dijo Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la masacre El Mozote y lugares aledaños (RUV), en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Advirtió que los casos «prácticamente se han duplicado». Puso como ejemplo una pareja que tenía 10 hijos; sobrevivieron la madre y dos hijos. Para su registro requieren 9 «subsidiarios (partidas) de nacimiento», 9 «subsidiarios de defunción», una declaración de unión matrimonial y dos reconocimientos de paternidad, un total de 21 procesos.

Sin el decreto, los sobrevivientes requerirían la contratación de abogados para seguir el procedimiento ordinario. Con el decreto, “casi todo se basa en declaraciones juradas de referentes históricos» que «conocen bien la situación doméstica de ese lugar”.

«Esas sí eran violaciones a derechos»: Chamagua

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aprovechó para cuestionar las críticas que realizan organizaciones locales e internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador durante la actual gestión gubernamental.

«Es necesario hacer énfasis y resaltar que esta problemáticas aborda el tema de los derechos humanos que en el conflicto civil fue muy delicado y que desde mi punto de vista esas sí eran violaciones graves a los derechos humanos, no como las historietas que ahora los medios de oposición intentan vender, de camuflajear, a personas con severos daños de corrupción que los venden como que fueran perseguidos políticos o violaciones a derechos humanos, no tiene nada que ver», dijo Chamagua, diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Sonsonate.

«Yo no quiero ni imaginar lo que se vivió en esa época, tantas situaciones de torturas y familias que quizás desaparecieron completas», agregó Chamagua. Añadió que la guerra «no tuvo sentido» ya que «la razón del porqué se originó el conflicto civil nunca se solucionó», que según el legislador fue «la desigualdad social y económica».

Organizaciones han criticado en El Salvador capturas arbitrarias, torturas y muertes de personas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción, y las capturas de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, como de Enrique Anaya, el abogado que pidió la nulidad de la candidatura de Nayib Bukele para su reelección presidencial.

«Al contrario, eso se maximizó (la desigualdad) una vez se terminó el conflicto civil, pero, bueno, nos toca ahora a nosotros, somos una nueva generación de políticos, funcionarios».
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), calificó la guerra de hipócrita. «Conmueve este tipo de cosas que pasaron y últimadamente como partidos políticos los hemos visto abrazándose y dándose besos», dijo, respecto a los exgobernantes Arena y FMLN.

«Es un tema de una guerra hipócrita que hubo donde personas que ahora andan huyendo decidieron mandar a matar a familias, una comunidad entera, solo se imagina matar ocho niños, ¿qué tenía que ver un niño?». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Nos ha quedado bastante claro la necesidad de estos tres años. Felicitarle por su gestión al frente de este tema dado que nuestros salvadoreños necesitamos pronta y cumplida justicia.
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.

¿Cuántas víctimas tiene el Registro?

Ayer, el coordinador del Registro de las víctimas de El Mozote no reveló cuántas personas han registrado hasta la fecha; ante la pregunta expresa del diputado López Cardoza, respondió que la cifra es «confidencial» por el «resguardo de las personas».

Hasta septiembre de 2017, según una publicación de El Faro, el Registro único tenía 978 personas ejecutadas, de las cuales 553 eran menores de edad, 604 familiares, 47 sobrevivientes y 29 desplazados, totalizando 1,658 personas.

El 18 de noviembre de 2021, Gobernación aseguró en un comunicado que «ya hay más de mil víctimas reconocidas plenamente y 600 casos que ya se cuenta con una base para que sean incluidos».

Según una publicación de la asociación Cristosal, de octubre de 2024, en El Salvador persistían incumplimientos de las medidas de reparación a las víctimas de la masacre ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 25 de octubre de 2012. Mencionaba como incumplimientos: falta de justicia, falta de un plan integral de desarrollo para comunidades afectadas pese a algunas obras en el caserío que responden más a un desarrollo turístico. En esa ocasión, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote pidió la prórroga de la ley para establecer el estado familiar.

Teníamos en el paquete que se nos entregó de la administración anterior 317 casos. Suponiendo de los que se han resuelto o iniciado se duplicaron… si ese patrón se continúa dando, estamos hablando de 955 casos específicos más.
Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro de Víctimas de El Mozote.