La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó al final de la tarde de este martes el dictamen favorable de la Ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que otorga incentivos fiscales a empresas que tengan al menos 10 años de estar instaladas en El Salvador y que amplíen sus inversiones a partir del $1 millón a más de $20 millones.
La aprobación del dictamen favorable se realizó luego de suprimir toda referencia a la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, con el fin de dejarle a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest) la potestad de realizar la calificación de perfil del inversionista para que aplique a los incentivos.
El proyecto de ley otorgaba esta potestad tanto al Invest como a la Secretaría de Comercio, pero esto fue modificado en los artículos 5, 6 y 7. La calificación de inversionista emitida por Invest será uno de los requisitos para tramitar el incentivo.
La segunda modificación fue que el inicio de la vigencia iniciara ocho días después de la publicación en el Diario Oficial. El proyecto establecía que la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
La ley establece que las empresas que apliquen recibirán un “crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta” utilizable por 10 años, según la siguiente tabla:
-Inversión de $1,000,000 a $10,000,000: un crédito del ISR equivalente al 10 % de la inversión.
-Inversión de $10,000,000.01 a $20,000,000.00: un crédito del ISR equivalente al 20 % de la inversión.
-Inversión de $20,000,000.01 en adelante: un crédito del ISR equivalente al 30 % de la inversión.
El presidente del Invest, Rodrigo Ayala, dijo en la Comisión de Tecnología que son 144 empresas las que están haciendo «cola» para aplicar a la nueva normativa. Ayala aseguró que la ley es la respuesta luego de escuchar a empresarios que ya están establecidos en el país.
Los beneficiados también estarían exentos del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles para la expansión a utilizarse al menos durante cinco años.
Podrán aplicar empresas de textiles, confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, químico farmacéuticos, productos para la construcción, fabricación de papel y productos de papel para ampliar infraestructura, comprar vehículos, maquinarias, entre otros.
Con modificaciones, la Comisión de Tecnología e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de reforma a la Ley de servicios internacionales para que la inversión se realizan «desde los primeros seis meses operaciones» y ya no «en» los primeros seis meses o «en» el primer año como indica actualmente la normativa.
Este martes, Marta Solís, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que la reforma busca fomentar la inversión. “De alguna manera se amplíe la inversión de las inversiones ya existentes”, dijo.
Solís pidió que modificar los artículos 4 y 5 del proyecto para que las inversiones se exijan “a partir de los primeros seis meses de la operación”.
El proyecto de reforma también busca que las empresas beneficiadas puedan “adicionar una o más actividades beneficiadas” y también puedan distribuir el área verde exigida del 30 % del área total en 10 % dentro del parque de servicios y el otro 20 % dentro o fuera del parque de servicios. Una reforma similar ya se realizó a la Ley de zonas francas.
Actualmente, para usuarios directos se establece el requisito de inversión para que se cumpla “en los primeros seis meses” y “en el primer año” para servicios médico hospitalarios y atención a ancianos.
El cambio: “Desde los primeros seis meses”
La normativa regula el plazo para que se cumplan los requisitos de inversión y de empleo, y actualmente establece un monto mínimo de inversión en activos según el rubro económico “en los primeros seis meses de operaciones” o “en el primer año de operaciones”.
La reforma no modifica los montos de inversión mínima que deben realizar las empresas incentivadas pero establece para todos los rubros que esta inversión se deba realizar “desde los primeros seis meses de operaciones”, así:
1. Para usuarios directos, $150,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
2. Para servicios médico hospitalarios, usuarios directos, $1 millón desde los primeros seis meses de operaciones.
3. Para atención a ancianos y convalecientes como usuarios directos, $250,000 desde “los primeros seis meses de operaciones”.
4. Para centros de servicios, de procesos empresariales, tecnologías de inversión y cinematografía, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
5. Para centros de servicios, de servicios médico-hospitalarios: $2 millones desde los primeros seis meses de operaciones.
6. Para centros de servicios de atención de ancianos y convalecientes, $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
7. Para servicios especializados para aeronaves, que sean centros de servicios, la inversión no podrá ser menor de $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
La Ley de servicios internacionales aprobada, en 2007, otorga incentivos fiscales y aduaneros a empresas que se establezcan en El Salvador y que dan servicios internacionales, es decir, a clientes fuera del país. Incluye call centers, servicios de procesos empresariales, tecnologías de información, servicios médico hospitalarios, atención a ancianos y convalecientes, entre otros. Les otorga exenciones de Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales, Impuesto sobre transferencia de Bienes Raíces y aranceles.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegará la tarde de este martes a Costa Rica para reunirse con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, quien lo hará participar en la inauguración, el miércoles, del proyecto de construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El proyecto, que sería lanzado en plena campaña electoral costarricense, es una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construida por el gobierno de Bukele en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.
Casa Presidencial de El Salvador no ha informado sobre la agenda del presidente ni sobre su viaje. Infobae publicó que la llegada está programada para las 5:00 p.m.
La visita ocurre dos semanas antes de las elecciones generales de Costa Rica del domingo 1 de febrero de 2026.
Según el El Observador de Costa Rica, Bukele podría reunirse con José Aguilar, candidato presidencial del partido Avanza, ya que su esposa es prima hermana del mandatario salvadoreño. Tampoco descartan una reunión con Laura Fernández, candidata a la Presidencia por el partido oficial Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque la diputada Pilar Cisneros dijo que aún no tenían el programa.
La llegada del presidente salvadoreño se realizaría poco después de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que declaró sin lugar una solicitud de amparo para evitar la visita del mandatario salvadoreño debido a que Costa Rica se encuentra en campaña electoral.
El Tribunal costarricense declaró “sin lugar” el recurso de amparo el 12 de enero porque consideró que los ciudadanos demandantes, Alex Solera Cordero y Óscar Quesada Rodríguez, “no acreditaron” de qué forma la visita del mandatario salvadoreño les afecta sus derechos fundamentales político electorales, según un comunicado del mismo Tribunal.
Sin embargo, los magistrados citaron la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas para decir que las delegaciones extranjeras están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos” de. Otros Estados, porque violarían el derecho internacional público.
La nueva cárcel del presidente tico promete albergar 5,100 reos de alta peligrosidad en cinco módulos. Para un experto en relaciones internacionales citado por el medio Monumental de Costa Rica, para Chaves significa un espaldarazo de Bukele y para el presidente salvadoreño subrayar su política de influencia en la región.
El 3 de octubre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó el permiso ambiental a la sociedad Global Developers, S.A. de C.V., para la ubicación y la construcción del proyecto Ciudad Marsella segunda etapa.
Algunas de las viviendas de la urbanización, ubicada en el kilómetro 34.5 de la carretera a San Juan Opico-Quezaltepeque, cantón El Jabalí, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, se inundaron con la lluvia de la tarde del sábado 10 de enero.
Marsella II es un proyecto habitacional ubicado en un terreno de 1,413,027.49 metros cuadrados que, según el permiso ambiental otorgado, debería disponer de servicios básicos de agua potable con dos pozos propios, dos plantas de tratamiento, ocho obras de paso y dos lagunas de laminación. Esta resolución ambiental fue firmada por el actual ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.
La resolución ambiental establece que un dictamen técnico del MARN emitido el 24 de septiembre de 2024 forma parte de la misma resolución y que dicho dictamen es de “obligatorio cumplimiento”. El dictamen obliga a la empresa a realizar un Programa de Manejo Ambiental en la zona.
El permiso ambiental otorgado en octubre de 2024, sin embargo, aclaró que no daba derecho a la empresa a iniciar el funcionamiento terminada la construcción, ya que “una vez concluidas las medidas ambientales” la empresa debía pedir a la Gerencia de Cumplimiento Ambiental una auditoría de evaluación ambiental.
Ese dictamen técnico, emitido el 26 de mayo de 2025 y que forma parte de la resolución de permiso ambiental, detalló que en el terreno de Marsella segunda etapa “predominan complejos epiclásticos” por flujos de lavas por erupciones y que el uso del suelo del lugar del proyecto era «agrícola con cultivos en abandono».
Mapa del proyecto incluido en el dictamen técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
Lagunas de laminación para descargas controladas
Una conclusión del análisis hidrológico e hidráulico del proyecto, según el dictamen, fue que los caudales máximos por la escorrentía superficial en su condición natural eran 3.18 metros cúbicos por segundo pero, con el desarrollo del proyecto, llegarían a ser 20.67 metros cúbicos por segundo, por lo que establecen la necesidad de construcción de dos lagunas, para mitigar el impacto que generará la construcción.
Según el dictamen, una laguna de laminación tendría capacidad de 23,000 metros cuadrados con una tubería de desfoque de 750 milímetros; y la otra, 17,000 metros cúbicos y 600 milímetros.
“Para el control de la escorrentía superficial, a efectos de mitigar el impacto hidrológico, consecuente por el desarrollo del proyecto, se construirán dos lagunas de laminación y así generar descargas controladas hacia la quebrada La Alcantarilla”, establece el dictamen técnico, emitido por técnicos de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN y que fue base para la resolución de permiso ambiental.
Los técnicos consideraron que con esas lagunas “se puede controlar” y “no causarán impacto negativo”.
El MARN sugirió construir dos lagunas de laminación a la empresa en Marsella segunda etapa.
Zonas de inundación
El dictamen del MARN habla de un análisis hidráulico que realizaron, en el cual se establecieron “las áreas de inundación de las quebradas que atraviesan el proyecto”.
“La zona de estudio posee ciertas zonas planicies de inundación” provocadas por la topografía del lugar, detalló el dictamen, que también indicó que, con obras de terracería y de mitigación, “mejora las condiciones”.
El análisis, sin embargo, indica que “el proyecto no cuenta con amenaza de inundaciones”, mientras cita un «Informe climatología, hidrología e hidráulica’ presentado en EsIA».
El dictamen del MARN también advirtió que el proyecto colinda con el Área Natural Protegida Chanmico y que el MARN solicitó a la empresa un estudio de impactos en el área protegida.
Dicho estudio consideró que en la zona de amortiguamiento el uso de suelo es habitacional y el MARN recomendó un vivero de 25 metros de ancho. También, emitió “lineamientos” como plan de rescate, traslocación y liberación de fauna silvestre, un plan de gestión de residuos sólidos, reforestación, entre otros.
Pasó a ser de «uso habitacional de alta densidad»
El proyecto de la segunda etapa de Ciudad Marsella, según el dictamen, se ubicaba en la “Zona de Conservación», según las «Directrices para zonificación ambiental» y los «Usos de suelo de la región noroccidental» y el «Mapa de la zonificación ambiental».
Según el mapa, la zona del proyecto contiene tres zonas: de protección y restauración, de restauración y aprovechamiento, y de protección y aprovechamiento: en la primera se encuentran restringidos los proyectos urbanísticos; y en las otras dos, no.
El «Estudio hidrológico e hidráulico y análisis de inundaciones del proyecto», mencionado en el dictamen, determinó la necesidad de “franjas de protección para las quebradas, obras de mitigación a realizar” y que «no generaría problemas de inundación”. La franja de protección, según el dictamen, fue avalada por la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés.
Luego de explicar las diferentes zonas que hay en el área del proyecto, el dictamen indica, sin dar más detalles, que el gobierno local “mediante acuerdo municipal” resolvió que “todo el inmueble objeto de este estudio ha pasado a ser a uso habitacional de alta densidad”.
Zonificación del lugar del proyecto de segunda etapa de Ciudad Marsella (delimitación rosada), y diferentes zonas de uso de suelo. / Dictamen técnico MARN.
El director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, aclaró que no le compete a la OPAMSS.
Convenio de compensación con la ASA
El dictamen también establece un Convenio de compensación ambiental suscrito con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) por $335,481.33, por la tala de 2,920 árboles y un área de impermeabilización de 370,698 metros cuadrados o 37.06 hectáreas, y un área de afectación a paisaje y vida silvestre de 1,413,027.49 metros cuadrados o 141.30 hectáreas.
El monto total de las medidas ambientales recomendadas en el dictamen ascendían a $32,740 por un periodo de tres años.
Una resolución del MARN del 26 de mayo de 2025 resuelve que la empresa debe “atender las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría de Evaluación Ambiental” para “mitigar la generación de material particulado por las obras” y reconoce que las medidas ambientales se encuentran “en proceso, por lo que deben seguir ejecutándose”.
La fosa común gratuita para mascotas en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, será destinado en especial a perros sin hogar, conocidos como «callejeros», a partir de las reformas aprobadas por el concejo de San Salvador Centro en la «Ordenanza reguladora de tasas por la prestación de servicios de cementerio del distrito de San Salvador».
Si bien las reformas plantean un espacio gratuito y otro de pago para el entierro de animales de compañía, la ordenanza no determina explícitamente cómo se asignarían estos espacios.
Una fuente de la alcaldía de San Salvador Centro explicó a Diario El Mundo que el espacio gratuito será asignado en especial para la sepultura de perros que viven en la calle.
La comuna contempló según la fuente esta modalidad porque «no tienen nadie por ellos», por lo que «los animalitos, en especial de calle, serían sepultados en una fosa común».
Los campos pagados por los propietarios de mascotas incluyen una fosa particular que dependiendo el tamaño se asigna la tasa a cancelar:
Las fosas de 1 metro x 0.50 metros x 2 metros costarían $40.
Las fosas de 1.5 metros x 0.70 metros x 2 metros tendrán un costo de $70.
Para estos casos, la ordenanza también contempla una prórroga anual para conservar los restos de las mascotas en el mismo sitio por $14.90 cada año; el ornato y la limpieza del área costará $3.45; y la colocación de placas tendrá un costo de $4.
Para determinar las tasas a cobrar en este nuevo servicio que entró en vigor a finales del año pasado, la alcaldía revisó el precio de entierro de mascotas para obtener «parámetros objetivos para su regulación» y así ofrecer servicios «accesibles, transparentes y acorde a la realidad económica».
En esa misma reforma, la comuna estableció nuevas tasas para los parqueos de los cementerios del distrito de San Salvador: por hora o fracción, $0.50 por carro, $0.60 por pick up, $0.80 por camión y $0.35 por motocicleta.
La alcaldía de San Salvador Este prevé que ocho casas comunales sean inauguradas durante el primer trimestre de 2026. La primera fue abierta al público el lunes a manos del nuevo alcalde interino, Alexis Rodríguez.
El alcalde Rodríguez aseguró durante un discurso que durante el primer trimestre de 2026 esperan inaugurar ocho casas comunales en el municipio que comprende los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.
La primera fue reinaugurada ayer por el jefe edilicio bajo el nombre «Casa comunal 10 de octubre» en Soyapango con el modelo de Desarrollo Estructural Comunitario (Desco).
«Esta es la primera casa comunal que nosotros estamos entregando de ocho que vamos a entregar en este trimestre y esto es para ustedes porque queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, nuestros niños, así que disfrútenla porque es para ustedes». Alexis Rodríguez, alcalde interino de San Salvador Este.
Rodríguez indicó que la renovación de las casas comunales está siendo posible debido a acuerdos de cooperación que ha firmado con la empresa privada. Asimismo, dijo que las casas comunales contarán con un diseño moderno y tecnología.
En las fotografías compartidas por la comuna, se observa que las nuevas instalaciones cuentan con televisores, áreas de juego para menores de edad amuebladas, juguetes y aire acondicionado. El rediseño de la casa comunal incluye desde un nuevo piso hasta un cambio de la infraestructura.
La comuna no detalló el monto de lo invertido para la renovación de esta y de las otras siete casas comunales ni las ubicaciones de las otras casas que serán reinauguradas. Algunos habitantes de la comunidad dijeron a la alcaldía que no esperaban que el proyecto dejará «muy bonita» la infraestructura.
Una reforma aprobada el año pasado obliga a las asociaciones comunales conocidas como «Adescos» deberán estar inscritas obligatoriamente en el Centro Nacional de Registros (CNR) y depositar sus respectivos estados financieros.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica rechazó este lunes una solicitud ciudadana que intentaba frenar la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prevista para esta semana en plena campaña electoral. No obstante, recordó que mandatarios extranjeros tienen prohibido intervenir en asuntos internos del país anfitrión.
La resolución declaró “sin lugar” el recurso de amparo electoral, al argumentar que el denunciante no logró demostrar cómo la visita presidencial vulnera sus derechos políticos o afecta de forma directa sus garantías electorales.
Sin embargo, el TSE citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual establece que los jefes de Estado no deben involucrarse en procesos políticos internos durante visitas oficiales.
“La toma de posición de un mandatario extranjero —en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda— constituiría una violación al Derecho Internacional Público”, expresó el ente electoral.
Bukele llegará a Costa Rica el martes por la tarde y el miércoles visitará el terreno donde se construirá el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo del CECOT salvadoreño, la megacárcel emblema de la estrategia contra pandillas en El Salvador.
El anuncio de la visita, realizado por el presidente costarricense Rodrigo Chaves, ha provocado fuertes críticas por parte de la oposición, que considera el acto como una maniobra para favorecer a la candidata oficialista Laura Fernández, quien se autodenomina “heredera” del actual mandatario.
El CACCO tendrá una capacidad para albergar a 5,100 internos distribuidos en cinco módulos y supondrá una inversión de $35 millones. El proyecto fue lanzado en respuesta a los altos índices de violencia en Costa Rica, que registra cerca de 900 homicidios anuales, de los cuales el 70 % se atribuye al narcotráfico.
Esta será la segunda visita oficial de Bukele a suelo costarricense. En noviembre de 2024 recorrió la prisión La Reforma, donde alertó sobre signos de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas. Además, en septiembre del mismo año, en un mensaje difundido por la Casa Presidencial de Costa Rica, Bukele elogió los esfuerzos de Chaves en seguridad y pidió “continuidad” de sus proyectos. Dicho mensaje fue retomado por Laura Fernández en su campaña.
El Salvador recibió al menos 175 vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos durante el 2025 según el informe de cierre de año de la organización Human Rights First.
El Salvador fue el cuarto país con más vuelos de deportados el año pasado.
Solo en diciembre se reportó el aterrizaje de 13 aeronaves con salvadoreños retornados. Los datos no detallan la cantidad de personas que llegaron en esos vuelos.
La cantidad de vuelos con deportados llegó a su punto más alto en junio y julio, con 22 cada uno.
Los meses con menor cantidad de vuelos fueron enero, febrero y agosto, cuando se recibieron 8, 11 y 12, respectivamente.
Entre enero (8 vuelos) y diciembre (13 vuelos) el aumento en la cantidad de viajes llegados a El Salvador fue 63 %.
Las medidas antimigrantes se arreciaron luego de que el presidente Donald Trump asumiera la presidencia el 20 de enero de 2025.
Los países que reciben mayor cantidad vuelos de deportados siguieron siendo Guatemala, con 532; Honduras, con 451; y México, con 292, seguidos de El Salvador; y posteriormente, en el orden, Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
En 2024, la organización Witness at the Border reportó que fueron 119 los vuelos con deportados que llegaron a El Salvador. Es decir, que durante el año pasado, la cifra aumentó en un 47 %. Durante la administración de Joe Biden, que inició en enero de 2021, algunos de los meses con más vuelos fueron julio y agosto de 2022, con 30 y 32 vuelos respectivamente.
El director de Agenda Migrante, César Ríos, cree que es importante recordar que la cifra de Human Rights First son “vuelos, no son personas”, ya que un solo vuelo puede “traer desde decenas hasta más de 100 deportados” dependiendo el tipo de avión y la operación. Para tener una lectura más amplia del “impacto real hay que reportar personas retornadas no solo vuelos”, indicó.
Hasta octubre, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, reportaba 145 vuelos con 10,025 retornados.
Aunque existen posibilidades de que las cifras se mantengan para este 2026, Ríos cree que los datos podrían variar por “decisiones operativas y factores legales” de Estados Unidos.
Human Rights First estima que durante todo el 2025 hubo al menos 2,201 vuelos con deportados que salieron desde Estados Unidos. Los países con menos vuelos son Kosovo, Romania, Bulgaria, Guyana y San Cristóbal y Nieves.
Datos oficiales de la cantidad de deportados a El Salvador mostraron un aumento en 2024 respecto a los años 2020, 2021, 2022 y 2023; pero una caída respecto a los años de mayor deportación de salvadoreños, entre 2007 y 2010; y 2013 a 2017, en donde cada año se deportaron a más de 20,000 salvadoreños cada año.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, ratificó que la política migratoria no sufrirá ningún cambio y que se trata de “políticas mucho más estrictas” que consisten en fronteras cerradas.
La funcionaria destacó la caída en la cantidad de personas que buscan cruzar la frontera sur hacia los Estados Unidos aunque no se atrevió a afirmar que disminuiría o aumentaría este año 2026 la cantidad de salvadoreños deportados.
Se inclinó por mostrar que el gobierno estadounidense busca promover la autodeportación, a través de la aplicación CBP Home, ya que consideran que es un mecanismo más seguro y tranquilo de deportación.
«En términos de política migratoria, yo creo que las visitas que nosotros hemos patrocinado para reporteros para ir a la frontera se puede ver claramente cuál es la política de migración de nuestra administración, es una frontera mucho más cerrada, son unas políticas mucho más estrictas, que se están siguiendo y eso no va a cambiar. Esa es una de las grandes prioridades de nuestra administración, de verdad traer un nivel de control al flujo migratorio que estaba entrando a los Estados Unidos», fueron las palabras de Fellows.
La encargada de la misión admitió que el TPS para El Salvador, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de septiembre de 2026, ha sido tema de conversación interna y también entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. Afirmó que este tipo de temas, como las deportaciones, forman parte del diálogo constante que mantienen ambos gobiernos.
Ante una pregunta sobre si El Salvador está listo para recibir a sus connacionales deportados, respondió: «Esa pregunta le diría a usted que se la dirija al Gobierno de El Salvador, ellos saben bien qué están haciendo y si están listos».
En términos de diálogo, es constante, siembre estamos hablando de este tema, tenemos colegas con el cual cooperamos muy efectivamente en el proceso. El número ha bajado drásticamente (en la frontera). Y no creo que eso vaya a cambiar. Naomi Fellows, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador.
Aunque el año 2025, cerraría con más de 5,000 migrantes salvadoreños detenidos en todo Estados Unidos, de los cuales 3,600 fueron hallados en la frontera sur, la tendencia es una caída en esta cantidad es de un 90 % en un año, ya que en 2024 se registraron 45,351 migrantes salvadoreños encontrados.
Las deportaciones, si bien registran un leve aumento respecto a 2021 –de 9,152 a 14,986– muestran niveles menores a los periodos históricos con mayores deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, que fueron registrados de 2014 a 2016, e incluso el año 2019, según cifras oficiales de Migración salvadoreña.
Según cifras oficiales de autoridades migratorias estadounidenses (ICE y DHS), los años de mayor deportación fueron de 2007 a 2019, ya que la cantidad de deportados osciló entre los 15,445 (2018) y la más alta, 27,180 (2014).
El presupuesto del Órgano Judicial pasó de tener un presupuesto de $533.4 millones incluido en el proyecto de presupuesto 2026 a un total de $369.2 millones en la Ley de presupuesto aprobada, luego del recorte que se reorientó a Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda.
¿Pero cómo se reorientaron estos fondos?
Una revisión a la Ley de presupuesto 2026 permite ver los cambios que tuvo cada cartera de Estado, respecto al proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.
En el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para funcionamiento quedó intacto, en $120.7 millones. Sin embargo, hay un aumento de$23.84 millones en la unidad presupuestaria «Obligaciones generales del Estado», cuyo total pasa de $215.8 millones en el proyecto de presupuesto a $239.6 millones en la Ley de presupuesto 2026.
Un total de $40 millones se reorientaron a Educación, en donde se destinó a infraestructura escolar.
En ese presupuesto, el activo fijo pasó de $413,779,085 a $373,779,085, una diferencia de $40 millones redirigidos a «Proyectos de inversión reforma educativa», que pasa de $301.1 millones a $341.1 millones, concretamente al programa «Mi nueva escuela», que consiste en infraestructura educativa, formación docente, curricular y tecnología educativa.
Dentro del presupuesto de Educación, las transferencias corrientes pasaron de $191,820,658 a $189,616,408, una diferencia de $2.2 millones, por aumento al «Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos», que tenía asignados $12.9 millones y ahora tendrá $15.2 millones. En el presupuesto de Educación, solo se detalla la distribución de $2.2 millones para asociaciones como Edytra, que recibe $700,000; y Fitexal, $400,000.
En el Ministerio de Salud, las transferencias corrientes pasaron de ser $653,843,631 a $674,286,590, una diferencia de $20.4 millones y la unidad «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades» aumenta de $740.3 millones a $760.8 millones. Ello ocurre porque el presupuesto del Hospital Nacional El Salvador sube de $142,387,250 a $162,387,250, es decir, $20 millones, que está dentro de esta cartera de Estado.
También, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la línea «Abastecimiento y seguridad alimentaria» de laDirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento aumentó de $52.9 a $60.9 millones, es decir, $10 millones. La línea «Fomento a la producción vegetal y ganadera» de Sanidad Vegetal aumenta de $4.2 millones a $14.1 millones.
Así mismo, las transferencias corrientes pasaron de $83,644,222 a $89,634,222. Entre los fondos reasignados, se asignaron $70,000 a la Asociación Patitas de la Calle, $120,000 a la Asociación Alianza Agropecuaria Salvadoreña y $400,000 a la Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), entre otros. También, se aumentó de $52.6 millones a $58 millones el presupuesto del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA).
Y, en Obras Públicas, los $50 millones de aumento se reorientan a la «construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional», aunque también se reorientan $517,500 a la Asociación Felicidad a través de este Ministerio.
En el presupuesto del MOPT se aumenta de $19,920,729 a $69,920,729, una diferencia de $50 millones, a adquisiciones de bienes y servicios clasificados como gasto de capital.
Respecto al presupuesto proyectado la composición de algunos presupuestos institucionales se modifica. Por ejemplo, en Presidencia de la República, se aumentaron las transferencias corrientes, de $44.4 millones a $47.2 millones.
