El ministro de Hacienda, Jerson Posada, pidió esta semana a la Asamblea Legislativa modificar nuevamente la ley de presupuesto de 2025 para incorporar $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) «con la finalidad de atender prioridades estratégicas del gobierno, transferencias varias, entre otras» indica la carta que suscribe.
Los $150 millones, según el proyecto remitido por Hacienda, serán transferidos a «las diferentes líneas de trabajo de la unidad presupuestaria 13 Obligaciones generales del Estado».
El uso de los préstamos para «prioridades y transferencias varias» también es aseverado por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien le remitió el proyecto de reforma al presupuesto al ministro.
El proyecto de decreto argumenta que «los recursos de los contratos de préstamos podrán utilizarse para atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».
Los fondos provienen de dos préstamos de la CAF originalmente destinados a programas de educación y salud:
1. El préstamo CFA-12634 por $75 millones para financiar el «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador».
2. El préstamo CFA-012668 por $75 millones para financiar el «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».
Sin embargo, en la pieza de correspondencia los funcionarios no explican cuál será el destino específico de los fondos.
Cuando el CAF aprobó la operación CFA-012634, se detalló que el proyecto tenía tres objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades, y objetivos específicos como la rehabilitación o construcción de centros educativos y el desarrollo de capacidades de docentes.
Sin embargo, la operación se define como SWAp y otorga recursos de «libre disponibilidad y rápido desembolso»
El proyecto de salud se planteaba por objetivos «la ampliación de hospitales y unidades de salud, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad», el fortalecimiento del primer nivel de atención, la expansión de la salud digital, telesalud y la mejora de las respuestas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Sin embargo, este crédito también tiene fondos de «libre disponibilidad». Según la CAF, estas operaciones «no poseen indicadores de aportes al desarrollo».
Las operaciones SWAP son las siglas en inglés de «Enfoque Sectorial Amplio» y, según la CAF, permiten «atender políticas sectoriales amplias», no necesariamente vinculados a una obra o sector concreto, y que reconocen inversiones o gastos realizados.
El 29 de octubre pasado, la Asamblea incorporó $250 millones del Banco Mundial provenientes del préstamo 9854-SV para «Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador», dinero que fue inyectado a obligaciones generales del Estado en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Hacienda no ha detallado, en documento público, el destino final de dichos fondos.
Después de esa fecha, a solicitud de Hacienda, la Asamblea reorientó $113.2 millones a 13 instituciones públicas distintas a Hacienda, pero dicho Ministerio afirmó que el origen de los fondos eran «asignaciones disponibles». No aseveró que provenían de ingresos tributarios ni tampoco un préstamo.
Hasta el 5 de noviembre, los $250 millones del préstamo 9854-SV del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) no están incluidos expresamente mediante decreto de reforma presupuestaria.
Tanto ese préstamo como los dos préstamos del CAF por $75 millones para educación y salud de calidad tenían un artículo 2, así: «Los recursos del Contrato de Préstamo serán destinados para atender prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado, Transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».
