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La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, presentó este jueves, ante la ventanilla de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, su propuesta de reducción del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores salvadoreños, iniciativa que el pleno rechazó agendar el pasado martes.

La propuesta de “Disposición especial transitoria para la reducción del 50 % del Impuesto sobre la Renta aplicable a las rentas obtenidas del trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026” fue recibida hoy por la Gerencia de Operaciones Legislativas de Sección de Correspondencia Oficial a las 10:42 a.m. de este 26 de febrero, según el sello institucional.

Ortiz opinó que el Legislativo está “legislando para intereses particulares” al referirse a la reducción del impuesto por concentración de alcohol al whisky, ginebra y otros licores.

“Presentamos esa propuesta en sesión plenaria, lamentablemente la bancada mayoritaria decidió no permitir que esta propuesta vaya a comisión, por eso este día vamos a hacer la presentación para que quede en cancha de ellos”. Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz relató que “fue una sorpresa muy grande” que, después de que Vamos intentara introducir la iniciativa para reducir el Impuesto sobre la Renta, redujeran los impuestos a varios licores fuertes.

¿En qué consiste?

La propuesta de Ortiz contiene tres artículos, el primero establece la reducción del Impuesto, el segundo regularía las retenciones y el tercero la vigencia, que solo se aplicaría al pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio de 2026.

“Se reduce en un 50 % el Impuesto sobre la Renta causado por las personas naturales respecto de las rentas obtenidas del trabajo, en los térmnos definidos en el artículo 2, literal “a” de la referida ley”, señala la propuesta, que se refiere a la renta obtenida “del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales”.

La reducción se aplicaría sobre el monto del impuesto después de aplicar las deducciones y las exenciones.

Según el artículo 2 de la propuesta, los agentes de retención aplicarían la reducción del 50 % en las retenciones de las rentas obtenidas del trabajo durante 2026. Las retenciones realizadas antes se mantendrían pero la reducción se aplicararía en la liquidación anual del impuesto.

La diputada asegura que el esquema de cobro de impuestos sobre los salarios de los salvadoreños no ha tenido “ajustes estructurales acordes a la realidad económica actual” y que es “una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales”, por lo que cree necesario “compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

El reglamento interior de la Asamblea indica que “las solicitudes, mociones y en general toda correspondencia relacionada con el trabajo de la Asamblea, serán estudiadas y dictaminadas por la comisión que la Presidencia oportunamente determine” y para ello “se abrirá el expediente respectivo.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se reunió con el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Riley M. Barnes, y le expresó que “los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad” en El Salvador.

“Sostuve un encuentro con Riley M. Barnes, a quien expresé que, para nosotros, los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad en la agenda de seguridad; además le expliqué de nuestro trabajo para combatir la trata de personas, entre otros temas”, informó en X la funcionaria.

En un giro respecto a los informes anteriores, el Departamento de Estado de EE.UU. aseveró, en su Informe anual sobre Derechos Humanos 2024, que no ve “informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” en El Salvador y destacó que el Gobierno salvadoreño tomó “medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el informe habla de “desafíos” en el cumplimiento de las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales en El Salvador, de muertes de personas en prisión antes de ser condenadas y denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

Este informe, publicado en agosto de 2025, indica que hubo 2 denuncias de tortura, 47 denuncias de violaciones a la integridad física, 53 de malos tratos, 34 de abuso físico y 3 de agresión y discriinación. A la vez, señala medidas disciplinarias para 14 policías y destitución de 12.

Los funcionarios que se reunieron no detallaron si conversaron sobre los desafíos en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población salvadoreña.

El respeto a los derechos humanos en El Salvador es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que cuestionan que en El Salvador hay violaciones a garantías judiciales o debido proceso de personas que hayan sido detenidas y violaciones a sus derechos humanos, como arbitrariedad en las capturas, malos tratos y muerte de 480 detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

Barnes también fue nombrado en febrero de 2026 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos. Antes, fue asesor principal del subsecretario de Asuntos Políticos, subsecretario para asuntos de organizaciones internacionales, asesor principal del embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió a la Asamblea Legislativa derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos que establece un mínimo accionario del 51 % en las entidades bancarias por personas salvadoreñas o centroamericanas, empresas con una mayoría local o regional o extranjeros calificados.

Según la propuesta, la reforma busca “dar acceso a los nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera, posibilitando la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito a los ciudadanos”.

Esto, según el Gobierno, eliminará restricciones legales que impiden o dificultan la “entrada de nuevos competidores en el mercado”.

El artículo 10 de la Ley de Bancos exige que la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador se mantenga en un 51 % entre personas salvadoreñas o centroamericanas o en empresas con mayoría de accionistas salvadoreños o centroamericanos, o bien en manos de bancos centroamericanos con regulación “prudencial” y supervisión calificada por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente; o bien en propiedad de bancos extranjeros de países con regulación prudencial y calificados «como de primera línea» por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

La propuesta fue recibida a las 8:45 a.m. de este martes 24 de febrero y fue publicada por el sitio de la Asamblea Legislativa la noche del martes, al finalizar la sesión plenaria.

Según la misiva enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, a la ministra, la propuesta busca «atender las necesidades de inversión, consumo y desarrollo de los distintos sectores de la economía nacional».

Esta será recibida por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para este viernes.

Según un estudio del Banco de España, publicado en marzo de 2025, la banca de capital colombiano conforma el 54.1 % del mercado y los bancos de origen salvadoreño solo conforman el 14 %. Son 13 bancos en El Salvador: cinco de capital salvadoreño –Fomento Agropecuario, Hipotecario, Abank, Azul e Integral– y el resto, privados, Bancoagrícola, parte de Bancolombia; Davivienda, del grupo colombiano Bolívar; Cuscatlán, de Inversiones Cuscatlán Centroamérica; Atlántida (Honduras); Banco de América Central (BAC Credomatic) y Promerica, de origen nicaragüense; e Industrial, de capital guatemalteco y Citibank, estadounidense.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos decretos transitorios para extender el plazo que tienen los salvadoreños para modificar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) y que este sea incorporado en el Registro Electoral de las elecciones generales del 28 de febrero 2027.

Para los salvadoreños en general, las modificaciones podrán realizarse «hasta 10 meses» antes de las elecciones, por lo que el plazo vencería el 27 de abril de 2026 y ya no este 27 de febrero. Eso implica que los salvadoreños residentes en el país tendrían dos meses más para realizar este tipo de trámites y que el Registro Electoral lo incorpore.

Para los salvadoreños en el extranjero, el plazo se extiende más, ya que permite realizar las modificaciones «hasta 90 días antes» de las elecciones de 2027, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026.

Ambos decretos transitorios dejarían dejarán sin efecto temporalmente el artículo 20 del Código Electoral cuando establece que el Registro Electoral debe suspender la modificación de residencia un año antes de las elecciones.

Sin embargo, para el registro electoral de los salvadoreños en el extranjero, quedaría sin efecto el primer inciso del artículo 20 en general, es decir, cuando exige que el Registro Electoral debe suspender la inscripción de ciudadanos 180 días antes de las elecciones y también la modificación de residencia un año antes.

La dispensa de trámites del primer decreto fue aprobada por 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El fondo de lo solicitado de ambos decretos fue aprobado por 59 votos, los 54 de Nuevas Ideas, los 2 del PCN, 1 del PDC y 2 de Arena. Ningún diputado opinó sobre los decretos aprobados.

Ambas iniciativas fueron presentadas el 24 de febrero de 2026 a la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas Ernesto Castro, Suecy Callejas, Raúl Chamagua, Ana Figueroa, Elisa Rosales, Walter Alemán, Caleb Navarro y Giovanny Zaldaña.

«Se espera una gran participación de electores y surge la necesidad que el votante pueda realizar actualizaciones de residencia o domicilio en un plazo mayor al establecido en el artículo 20», argumentan en el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de residencia o domicilio en el Documento Único de Identidad».

En el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento de Identidad para personas en el extranjero» los diputados de Nuevas Ideas argumentan que hay una «previsible participación masiva de electores en el exterior» y que el Estado tiene la obligación de «remover obstáculos que limiten el ejercicio del sufragio».

Según los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hasta el 31 de diciembre de 2025, sin contar personas fallecidas, 5,562,462 salvadoreños con domicilio en El Salvador.

También, hasta diciembre de 2025, había un total de 938,848 salvadoreños con domicilio en el extranjero, pese a que se considera que hay unos tres millones de salvadoreños en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.