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El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) acordó emitir un conjunto de disposiciones transitorias para crear los comités locales de derechos de la niñez y de la adolescencia, que tendrán representantes de las comunidades, los cuales serán electos en procesos organizados por Conapina y los concejos municipales.

Según las disposiciones transitorias emitidas el 3 de abril y vigentes desde el pasado lunes 12 de mayo, día de su publicación en el Diario Oficial, los comités locales están obligados a vigilar la calidad de servicios públicos que se presten a niños y adolescentes, denunciar amenazas o violaciones a sus derechos y proponer al gobierno local reformas al ordenamiento municipal y medidas para garantizar sus derechos.

Las disposiciones permiten que los comités locales que se encuentren activos funcionen como «facilitadores» para crear los nuevos comités, ya que estos fueron creados inicialmente bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina) pero «finalizaron su vigencia» el 30 de abril con la reestructuración municipal.

Estos comités locales pueden promover la protección ante amenazas o violación de derechos de los niños y pedir al juzgado especializado de niñez y adolescencia la imposición de una «prestación o conducta» al funcionario, autoridad o particular responsable de la amenaza.

Cada comité local se activará «por denuncia, aviso o de manera oficiosa» cuando tenga conocimiento de posibles «amenazas o vulneraciones de derechos colectivos o difusos de niñas, niños y adolescentes».

Los comités locales de derechos de la niñez y la adolescencia están integrados por al menos siete representantes:

-1 del concejo municipal.
-1 de Salud.
-1 de Educación.
-3 representantes de la comunidad.
-1 del Conapina.

El Conapina dirigirá solicitudes al Sistema Básico de Salud Integral (Sibasi), a las direcciones departamentales de educación y al concejo municipal respectivo que tendrán un plazo de 15 días para designar a los representantes de cada uno de los comités locales.

Se prevé que los representantes de la comunidad sean nombrados por la Red de Entidades de Atención o las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco) y las “Defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia”. Los procesos de elección serán «organizados por el Conapina en coordinación y colaboración con la municipalidad respectiva».

Si no hay al menos seis entidades de atención, convocarán como «electoras» a las «Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia» y las Adesco legalmente constituidas.

De cada una de las 44 municipalidades, se designará a la persona «encargada de la Unidad Municipal de Niñez y Adolescencia» o dependencia similar.

Las inscripciones de candidatos se podrán realizar en un periodo de al menos 20 días, en los cuales podrá inscribirse cualquier persona sin distinción de sexo, raza, edad, credo, afiliación política u otra distinción ilegítima, con DUI, carnet de identificación personal si es adolescente, pasaporte o certificación de partida de nacimiento. Según las disposiciones, la asamblea de elección será pública pero podrá realizarse de manera virtual si las circunstancias lo ameritan.

Las disposiciones aprobadas por el Conapina, en su artículo 38, sobre «Promoción del derecho a opinar», indica que los comités locales promoverán la participación de niños, niñas y adolescentes en una especie de consejos consultivos donde se «respetará la autonomía de opinión de sus integrantes».

Andru00e9s Guzmu00e1n, quien fungió dos años como comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, manifestó que su «respeto y gratitud» hacia el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «siguen intactos», tras la publicación de su frase: «Algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable».

El exfuncionario del gobierno de Bukele manifestó que él fue uno de los que «remó» y que continuará haciéndolo.

«Hay tormentas que no se evitan, se enfrentan. Quien ha estado en cubierta sabe que no se trata de saltar, sino de resistir hasta que el mar se calme o el timón llegue a puerto», manifestó el colombiano, quien reaccionó luego de expresar que leyó «interpretaciones curiosas» sobre su frase en donde aseguraba que «la tormenta era inevitable».

Para saldar cualquier duda, el exfuncionario manifestó que Bukele es «quien capitanea esta travesía con firmeza».

Explicó también que «remar en una tormenta no es huir del barco» sino «sostenerlo».

Retomando un tuit del periódico El Faro, Guzmán también agradeció a «los medios que preguntaron con valentía, a las organizaciones sociales que abrieron sus puertas, al cuerpo diplomático que tendió su mano y a cada funcionaria y funcionario del Gobierno que entendió» que «servir» «se conjuga con dignidad».

Mencionó «más de 1,200 misiones» que, según Guzmán, fueron «vidas, territorios, luchas» y reveló que no está cerrando «un ciclo».

«Solo cambio de lugar. Sigo aquí, no como comisionado, sino como un amigo, no como funcionario sino como un ciudadano agradecido. El poder no transforma, solo revela quiénes somos realmente, gracias por permitir ser, simplemente, yo», indicó.

También en X, Guzmán había señalado que «el ruido pasará» y «que cada quien elija con qué hundirse, yo ya elegí por qué vivir», señalando a algunos que «lanzan insultos desde la comodidad de la orilla y la complicidad con los terroristas».

El decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023.

Guzmán puso su renuncia el 15 de mayo y esta fue aceptada el 16 de mayo, según los escritos que publicó a las 11:46 p.m. del domingo 18 de mayo, unos 40 minutos después de la captura de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal.

De 2006 a 2022, durante 16 años, Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de Adalid Corp, que fue contratada por la Defensoría colombiana para implementar un “Laboratorio Forense de Evidencia Digital” denunciado por sindicatos colombianos de espionaje. Guzmán fungió durante seis meses hasta abril de 2023 delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Su perfil de LinkedIn dice que Guzmán es especialista en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de BlockChain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.

El director legal de la asociación Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros no solo es riesgo para defensores de derechos humanos, sino para cualquier ciudadano, ya que la ley establece como «sujetos obligados» a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y que reciban financiamiento extranjero para realizar alguna actividad que puede ser «un bien a la comunidad», pero que se le aplicaría el 30 % de impuesto.

Además, con esta ley, sobre estas personas u organizaciones que reciben «X» financiamiento «se debe conocer si se busca incidir en la opinión pública, en el resguardo a la seguridad, en la soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país».

“La Ley de Agentes Extranjeros es un riesgo para cualquier ciudadano, porque los sujetos obligados que establece la ley es un término bien amplio porque también son personas naturales, por lo que pueden ser juntas de vecinos, asociaciones civiles. Por ejemplo, si una junta de vecinos quiere arreglar una calle y recibe una donación de personas que están en Estados Unidos, eso ya puede configurar un sujeto obligado, entonces, ya tiene que cumplir las obligaciones de ley que son: no haga nada, no participe en actividades porque lo puedo acusar de que está desestabilizando”, respondió Ábrego en una entrevista a Diario El Mundo.

Para el abogado, el gobierno busca «reprimir» cualquier denuncia de personas comunes o defensores de derechos humanos: “Es una ley mordaza, una ley candado, de control, para que las organizaciones, ni las personas, tengan la posibilidad de denunciar, ni de protestar”, respondió.

“Sí, nosotros hemos sido testigos, porque hemos acompañado desde hace tres años a víctimas del régimen, unas de ellas defensoras de derechos humanos y el riesgo actual es que no tenemos un sistema judicial independiente y no tenemos ninguna institución de control, ni nacional, que esté protegiendo derechos humanos. Entonces, para cualquier persona, sea defensor de derechos o no, es un riesgo que sea acusado de un delito porque hemos observado acusaciones infundadas, sin mayores pruebas, avaladas por la Fiscalía, sin control judicial, cualquier persona debería de reflexionar que este es un régimen peligroso”, señaló.

El representante de Cristosal aseguró que no pueden dejar de trabajar en defensa de los derechos humanos ya que no están cometiendo ningún delito y, además, es parte de una democracia, si les impiden eso, ya no es democracia, apuntó.

“Sabemos que ahora el país es más riesgoso, para defender derechos humanos, pero seguimos en la lucha de defender derechos humanos porque no es un crimen, no es un delito, es decir, nosotros no estamos realizando ninguna actividad ilícita con lo que estamos haciendo, no tenemos nada que ocultar, entonces, deberíamos seguir trabajando, generando diálogo, pidiendo al Estado que rinda cuentas, eso es parte de una democracia, si no, ya no vivimos en una democracia”, enfatizó.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes 20 de mayo, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, castiga con multas y puede suspender las actividades de las organizaciones o cancelar sus personerías jurídicas ante incumplimientos.

Hoy finaliza el período para aplicar a la segunda convocatoria de becas legislativas «Dagoberto Gutiérrez» financiadas con fondos que son asignados a la Asamblea Legislativa.

El link para aplicar y llenar el formulario es: becas.asamblea.gob.sv. y hasta este día, 23 de mayo, está habilitado.

En la primera convocatoria, la Asamblea Legislativa entregó, el 11 de enero pasado, 150 becas a jóvenes salvadoreños que aplicaron al programa «Dagoberto Gutiérrez».

El programa se financia en parte con $792,000 que la Asamblea destinó de su propio presupuesto del presente año.

Dentro de los requisitos básicos para aplicar están ser de nacionalidad salvadoreña, haber concluido el bachillerato, presentar constancia de buenas conducta, haber tenido un rendimiento académico mayor a 7 (en escala del 1 al 10), presentar nota obtenida en la prueba Avanzo. Otro requisito importante es no tener antecedentes penales, ni policiales.

El vicepresidente, Felix Ulloa, representó a El Salvador en la ceremonia de posesión de mando presidencial de Daniel Noboa, reelecto presidente de Ecuador.

Momentos antes del acto de posesión, Ulloa y Noboa se reunieron para hablar sobre los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado. «Hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», expresó Ulloa.

Durante la reunión, Ulloa «trasladó los saludos y felicitaciones del presidente Nayib Bukele, reiterando la voluntad del Gobierno de El Salvador de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo político con la nueva administración ecuatoriana».

Según el comunicado de prensa, ambos líderes «destacaron los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado».

Según información, Ulloa «instó» a posicionarse de forma conjunta contra el crimen organizado y expresó que han «tenido una buena relación con el presidente Noboa, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo». «Enfrentamos desafíos similares y hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», informó.

Recientemente, dos funcionarios del Ecuador, el ministro del Interior del Ecuador, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, visitaron a El Salvador, para «observar de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño, en el marco del intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad y el Plan Control Territorial».

«El crimen organizado no conoce fronteras, por lo que se requiere una respuesta coordinada entre países, no solo en el plano bilateral, sino también en los foros internacionales», señaló el vicepresidente Ulloa.

Exportación y agro

Por su parte, el presidente de Ecuador «ofreció explorar mecanismos de cooperación en materia económica, particularmente en áreas vinculadas a la exportación de cacao, el desarrollo agrícola, la pesca y la industria camaronera, sectores clave de la economía ecuatoriana».

Aseguró que mantienen interés en establecer alianzas sobre una estrategia conjunta para la seguridad alimentaria como componente esencial del desarrollo regional.

Antes del encuentro con el presidente del Ecuador, se llevó a cabo un saludo protocolar a la bandera y un recorrido por el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, en el centro histórico de Quito y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, en reconocimiento a su riqueza arquitectónica y valor histórico.

En esta actividad, también participaron la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el embajador de El Salvador en Ecuador, Carlos Brizuela.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa, regula a personas o entidades que reciban fondos extranjeros o que sean extranjeros y financien a personas que realizan cualquier actividad dentro de El Salvador con dichos fondos.

La nueva normativa aún no está vigente. Iniciará su vigencia ocho días después de la publicación en el Diario Oficial, cuya última publicación actualizada en el sitio imprentaoficial.gob.sv data del 14 de mayo de 2025.

Esta es una síntesis de la normativa:

1- ¿A quiénes aplica?

Los “sujetos obligados” son personas naturales o jurídicas (entidades) nacionales o extranjeras que “respondan a intereses o sean financiadas” por extranjeros.

¿También son los financistas? Sí. La ley incluye al “mandante extranjero” como sujeto obligado, el cual es definido como personas naturales, representantes de partidos, organismos, corporaciones o personas jurídicas extranjeros, con su sede en un país extranjero.

Pero los sujetos obligados también podrán ser los que “el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) determine que están incluidas en la calidad de mandante extranjero”.

2- ¿Quién fiscalizará a los agentes extranjeros?

El Registro de Agentes Extranjeros o RAEX, al que “deberán inscribirse con carácter obligatorio todos los sujetos obligados”.

3- ¿Qué facultades o poderes tendrá el RAEX?

-Tendrá “amplias facultades” para exigirles requisitos.
-Requerirá documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, sobre los sujetos obligados.
-Supervisará, fiscalizará y llevará un control de las actividades de los agentes extranjeros.
-Les requerirá “los informes necesarios”.
-Remitirá a Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas.
-Colaborará con otras instituciones del Estado, sobre informes sobre “la actividad de los sujetos obligados” para investigación y procesos administrativos.
-Podrá decidir quiénes estarán excluidos de la ley bajo estos u otros criterios: naturaleza del proyecto, ente que genera los recursos, destinatario, proyecto a ejecutar, y su “estricto cumplimiento”. El RAEX podrá revocar la exclusión o renovarla ante “dichos incumplimientos”.

4- ¿Qué obliga y qué prohíbe la ley?

-La ley obliga a los sujetos obligados a inscribirse en el RAEX y les prohíbe recibir donaciones anónimas u ocultar su origen.
-La ley les prohíbe realizar actividades para fines “políticos u otro” que “pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país” o busquen alterar el orden público.
-Pueden acarrerar multas de hasta $250,000, la suspensión o cancelación de la personería jurídica, responsabilidades administrativas, penales e infracciones tributarias.

5- ¿Cómo se pagará el impuesto?

El 30 % sobre las donaciones, con las exclusiones que decida por organización o proyecto el RAEX, se pagará así:

-Los bancos o instituciones financieras harán la retención del impuesto y reportarán a la Dirección General de Tesorería dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al periodo tributario de las retenciones.
-Los agentes de retención deberán entregar un informe en los primeros 15 días del mes siguiente de las retenciones realizadas.
-Los agentes extranjeros entregarán un informe dentro de 15 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo tributario de retenciones a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Liz Throssel, manifestó este viernes la seria preocupación ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, ya que requiere a “personas naturales y jurídicas” que reciben fondos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”, que pagarán un impuesto y se arriesgan a multas y sanciones.

“Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, algunas pudiendo verse obligadas a interrumpir sus actividades”, indicó la representante de la organización internacional.

“Es probable que afecte negativamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas se verán obligadas a suspender sus actividades”, indicó la misma Oficina en X.

La Oficina considera que la nueva ley tiene un “lenguaje ambiguo” y disposiciones que podrían “restringir indebidamente” los derechos a la libertad de asociación y expresión, por lo que exhortó al gobierno a respetar “sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” y pidió garantizar un entorno en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función.

La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros o incluso financistas extranjeros a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que estará a cargo de un director nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y que tendrá facultades de solicitar cualquier información que considere conveniente a estos «sujetos obligados» y de solicitar que les canceles, si son personas jurídicas, la personería jurídica que les ha otorgado Gobernación. El RAEX también tendrá la obligación de entregar un informe sobre los sujetos obligados a la Fiscalía General de la República.

La ley también obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una garantía soberana para que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –Banco Mundial– otorgue un préstamo de $150 millones para un proyecto de energía geotérmica a que desarrollará la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes y podría ser aprobado en la sesión plenaria del próximo jueves 26 de mayo.

El gobierno tiene entre sus propósitos apoyar el incremento en la generación de electricidad renovable y el uso directo de la energía geotérmica para aplicaciones productivas.
Jerson Posada, ministro de Hacienda.

El proyecto busca mejorar la eficiencia energética y consolidar la infraestructura necesaria para aprovechar la energía geotérmica.

El decreto ya aprobado facultará al Ministerio de Hacienda para que, en nombre del gobierno salvadoreño, otorgue la garantía soberana del Estado al préstamo que suscriba la CEL con el BIRF.

El gobierno de El Salvador deberá pagar este préstamo en un plazo de 30 años, incluyendo seis años de gracia, en cuotas semestrales con una tasa de interés de referencia más un margen variable, o una tasa aplicable “después de una conversión”.

El decreto incluye dos comisiones: una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, que se financiará “con los fondos del mismo”, es decir, $375,000; y una comisión de 0.25 % sobre el saldo no desembolsado del préstamo, esta última se denomina “comisión de compromiso”.

El préstamo, que fue aprobado el 28 de marzo por el Banco Mundial (BM), incluye la construcción de una nueva planta de 25 megavatios (MW), proyecto que estará a cargo de la subsidiaria de CEL, LaGeo.

Durante 2024 la Asamblea Legislativa aprobó cuatro garantías del Estado por $635.6 millones ($635,605,500), una de estas fue de $93 millones para el “Programa de acceso universal a la energía en El Salvador”, este fue aprobado el 9 de febrero de 2024, el deudor es CEL y el acreedor del préstamo fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese año también fueron aprobados dos garantías para que el Fondo para la Conservación Vial (Fovial) pudiera adquirir dos préstamos por un total de $342.6 millones.

Durante el año 2025, la Asamblea también ha aprobado garantías por $563.6 millones aproximadamente: un préstamo del BID al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) por $60 millones, otro de $150 millones del BID para el FSV, otro de $100 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para CEL y otro de $253.6 millones del BCIE para CEL.

Mientras la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, asevera que las organizaciones que reciban fondos extranjeros y que operen dentro de un marco social podrán solicitar ser excluidas del pago del 30 % de impuesto que establece la nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes 20 de mayo para regular a las organizaciones con financiamiento extranjero y extranjeras.

En la sesión plenaria del martes, la diputada Callejas reiteró que la nueva normativa obliga a personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros y sus financistas a pagar un impuesto al 30 %, lo que «incluye donaciones o pagos o importaciones en especie».

«¿Se puede solicitar exención?. Sí, se puede… ¿Quiénes pueden pedir estas exenciones? Todas las organizaciones que están realizando proyectos que están dentro del marco de todo lo social y bienestar de este país”.

Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

Según Callejas, el nuevo Registro de Agentes Extranjeros deberá evaluar ciertos criterios para aprobar una exención que podrá ser anual y renovable, «pero se podrá revocar si se incumplen», aclaró.

Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le refutó que los criterios que establece la nueva ley son «discrecionales y ambiguos» y que los terminará definiendo el gobierno.

“Básicamente el gobierno va a decidir qué organización receptora de cooperación va a estar sujeta a control y al 30 %. No sorprenderá que estos sean aplicados solamente aquellos a quienes ustedes les conviene y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder”.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros establece que las solicitudes de exclusión las recibirá el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y, aunque no limita los criterios a evaluar, detalla cinco.

Estos son los cinco criterios que establece la Ley de Agentes Extranjeros para eximir a las ONG del impuesto del 30 %:

1. Naturaleza del proyecto.

2. El ente que genera los recursos.

3. La entidad destinataria de los recursos.

4. La obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban.

5. El estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática.

Sin embargo, el RAEX podrá revocar la exclusión o su renovación cuando la ONG «incurra en dichos incumplimientos (en referencia a los cinco criterios mencionados) o en las prohibiciones establecidas en la presente ley».

«Ello (criterios para excluir a una ONG) sin perjuicio de que el RAEX pueda revocarla o no renovarla cuando se incurra en dichos incumplimientos o en las prohibiciones establecidas en la presente ley», reza parte del artículo 5, que regula las «exclusiones». La ley permite que las exclusiones también puedan otorgarse «por cada proyecto en particular».

La asociación Cristosal cree que la definición de exclusión en la ley puede favorecer a organizaciones afines al gobierno, ya que la exclusión incluye conceptos «indeterminados» y que pueden favorecer a organizaciones afines.

«La exclusión de la LAEX (Ley de Agentes Extranjeros) tiene conceptos jurídicos indeterminados que hacen prever el favorecimiento de organizaciones afines al gobierno».

Cristosal, en análisis sobre la Ley de Agentes Extranjeros.

Sobre la posible revocatoria de la exclusión, Cristosal critica que «la ley no dice cuáles» incumplimientos son causales para «revocar la exclusión». «Se supone que deberían ser incumplimientos de una gravedad significativa, pero puede darse por cualquier incumplimiento», indica en el análisis publicado el jueves sobre la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

Antes de la aprobación de la LAEX, las organizaciones no gubernamentales estaban reguladas por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, normativa que ya las obliga a presentar sus balances financieros ante un Registro que también está bajo el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

La LAEX establece un impuesto, delega a un nuevo Registro la supervisión y la gestión de toda información sobre las organizaciones o personas que reciban fondos extranjeros, y les prohíbe expresamente su participación en actividades que generen desestabilización social, así como dispone un informe semestral a la Fiscalía General de la República sobre las organizaciones.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Saludu003C/strongu003E pidió a la u003Cstrongu003EAsamblea Legislativau003C/strongu003E reformar la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria para agregarle la nueva facultad, 42, al superintendente de Regulación Sanitaria, de u0022emitir y reformar la política nacional farmacéutica, así como cualquier otra política nacional relacionada con el objeto, competencia y finalidadu0022 de la ley.nnCon la reforma, también se agregaría al Consejo de la Superintendencia de Regulación Sanitaria u0022un representante designado por la máxima autoridad de la u003Cstrongu003EDefensoría del Consumidoru003C/strongu003Eu0022.nnTambién, se agregaría la obligación de colaborar con la Superintendencia en el artículo 33, que regula la colaboración entre entidades: u0022Toda persona natural o jurídica, pública o privada deberá colaborar con Superintendencia cuando sea requerida de acuerdo al objeto, competencia y finalidad de la presente leyu0022.nnLa reforma busca también facultar al superintendente la fijación de remuneraciones, dietas, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios.nnSon diez artículos los que sufren modificaciones.nnTambién, se agregan dos nuevos artículos 41-A y 41-B: nnu003Cstrongu003Eu0022Exención de pago de tarifau0022u003C/strongu003EnArt. 41-A.- Los organismos internacionales que proporcionan ayuda humanitaria у promueven el desarrollo de El Salvador, estarán exentos del pago de las tarifas por los trámites y servicios que preste la Superintendencia.nnu003Cstrongu003Eu0022Pago de serviciosu0022u003C/strongu003EnArt.- 41-B.- El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cualquier otra institución pública que cuente con laboratorio o infraestructura para realizar análisis de control de calidad podrá prestar los servicios de análisis a la Superintendencia y percibir las tarifas establecidas para tal efecto.nnLa reforma establece un plazo de 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno: u0022La Superintendencia deberá obtener la certificación anti-soborno establecida en el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas, en un plazo no mayor a 30 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decretou0022.nnLa u003Cstrongu003ELey de la Superintendencia de Regulación Sanitariau003C/strongu003E inició su vigencia el 9 de agosto de 2024 y, para el ejercicio fiscal de 2025, la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto de $22.6 millones. La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente, que se reunirá el lunes 26 de mayo.