Categoría: Politica

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno acordó este lunes la ratificación del «Acuerdo sobre transporte aéreo» que aprobó con Costa Rica durante la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la vecina nación centroamericana en noviembre pasado.

El acuerdo sobre transporte aéreo entre El Salvador y Costa Rica, que aún no es público, busca «impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil».

La negociación del convenio de seguridad aérea con Costa Rica inició en octubre de 2022, según el director de relaciones económicas de Cancillería, Eduardo García, quien detalló que El Salvador ya tiene 15 acuerdos de este tipo, siete han sido firmados de 2021 a 2024.

Los diputados aprobaron el acuerdo, aunque este no fue leído en la Comisión. El acuerdo de seguridad aérea con Canadá, firmado en octubre de 2018, un documento público,

La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Aguilera Bran, dijo a diputados de la Comisión que hubo un 10 % de aumento en atención de operaciones de vuelos de pasajeros en diciembre de 2024, con 44,100 vuelos de llegadas, salidas y conexiones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que tiene 19 puertas y salas de espera.

«Solo en el Aeropuerto Internacional se han atendido a más de 5 millones de pasajeros, es decir que ha existido un incremento del 17 % más de viajeros en comparación con el año 2023.
Patricia Aguilera, directora jurídica de Cancillería.

A esto se suma un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, con 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024; y un 25 % de aumento de los servicios prestados en el aeropuerto internacional de Ilopango.

«A noviembre de 2024, El Salvador ha recibido más de 3.5 millones de turistas. Esperamos que en diciembre y pronto nuestro Ministerio de Turismo nos pueda dar cifras cerradas a finales de 2024».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

El director de relaciones económicas de Cancillería, quien recordó que este año se cumplen 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, señaló que «ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019», por lo que cree que hay que «trabajar para promocionar, divulgar, incentivar y generar condiciones que permitan que el flujo de turistas» se recupere a niveles de 2019 e incluso pueda superarse.

«Como el 2024 no han cerrado completamente las cifras, tenemos que tomar como base el 2023… Ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019. Todavía los países están siendo resentidos en materia de turismo y no hemos logrado tener la misma cifra que teníamos en 2019».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

Según el director, el acuerdo con Costa Rica permitirá una mayor llegada de turistas, con la promoción de rutas de conectividad, además de un impacto en la economía local en los sectores de hospedaje y transporte, paquetes turísticos regionales y multidestinos, generación de empleos en el sector turístico.

El acuerdo, según García, también puede reducir las barreras logísticas y de transporte de carga, incrementar la frecuencia de vuelos y expandir las redes de negocios.

«A nosotros nos ha quedado bastante claro todo el contexto de este acuerdo», respondió la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, luego de la intervención de ambos funcionarios de la Cancillería.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, se refirió a disposiciones de seguridad aérea que él conoce, aunque no se refirió o expuso dudas sobre el acuerdo bajo estudio. «Hablar del tema de aviación me gusta muchísimo», dijo.

La Asamblea Legislativa aprobó durante los 12 meses del año 2024 un total de $5,850.1 millones en préstamos, garantías de préstamos para instituciones autónomas y autorización de títulos valores.

En préstamos otorgados por instituciones financieras, el Congreso salvadoreño autorizó y aprobó un total de $2,350.1 millones en créditos o garantías soberanas crediticias con diferentes instituciones financieras, la mayoría otorgadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 40 % de los acreedores, sin tomar en cuenta a los tenedores de los títulos valores que se hubieren colocado.

Los diputados autorizaron, durante el año pasado, al Ministerio de Hacienda a emitir hasta $3,500 millones en títulos valores: la primera autorización hasta por $1,000 millones fue aprobada el 28 de febrero para atender obligaciones generales y manejo de deudas o pasivos; la segunda hasta por $1,500 millones el 22 de mayo para operaciones de manejo de pasivos; y la tercera, más recientemente, el 12 de noviembre, para «atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado, incluyendo la realización de operaciones de manejo de pasivos, en una o varias transacciones».

La deuda o garantía aprobadas suman $5,850,183,357 durante un año. Los acreedores de la deuda aprobada son, en este orden, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Saudita para el Desarrollo –financiera estatal de Arabia Saudita– y la empresa china Yutong Bus Co.

Sin embargo, la mayoría de los acreedores serán los tenedores del 51.5 % de la deuda autorizada durante este año.

No toda la deuda aprobada este año fue integrada al presupuesto general del Estado 2024; la mayoría de préstamos presentan desembolsos posteriores gradualmente según sus plazos correspondientes.

Pero, en concepto de títulos valores, fueron incorporados $2,200 millones colocados en el presupuesto estatal 2024, con dos reformas presupuestarias, una realizada el 31 de julio por $1,000 millones y la segunda, el 26 de septiembre, por $1,200 millones, correspondientes a las emisiones de títulos autorizadas el 28 de febrero y el 22 de mayo de 2024.

Los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos $160,439,797.70 como financiamiento público y privado desde 2014 hasta 2023, revela un informe de Acción Ciudadana (AC). En cuatro años no recibió deuda política.

La recopilación de datos de la AC detalla que $75,644,177.81 corresponden a financiamiento público, es decir, el 47 % proviene de la deuda pública entregada por el Ministerio de Hacienda; mientras que $84,795,619.89 provienen de financiamiento privado, o sea, donaciones de personas naturales o jurídicas, que representa el 53 % de los fondos recibidos por los institutos políticos.

“En este sentido, el sostén financiero de los partidos para el desarrollo de sus campañas y funcionamiento en general ha sido el financiamiento privado, aunque también el financiamiento público ha tenido bastante incidencia”, valora Acción Ciudadana sobre los datos detallados.

Los años de mayor recaudación son los previos a las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (2014, 2018 y 2021), a excepción de 2023, cuando los partidos opositores denunciaron la falta de deuda política.

Los datos revelan que, solo en 2014, los partidos recibieron el 26 %, es decir, $42,275,027.11 de los fondos de financiamiento. El año con menores ingresos fue 2023, con apenas $1,084,633,19, aunque se debe considerar que no todos los partidos declaran la cantidad de ingresos anuales que perciben.

Para AC, la baja en los montos de financiamiento podrían indicar “desinterés o apatía por parte de la ciudadanía en apoyar dichos proyectos políticos”.

Tomando en cuenta la poca información entregada por los partidos, el estudio revela que la mayor cantidad de los fondos han sido percibidos por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con más de $72.6 millones recibidos.

Le sigue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con $38.3 millones en financiamiento y el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) con $12.4 millones recibidos desde 2014 hasta 2023.

Arena, FMLN, el Partido de Concertación Nacional (PCN), Democracia Salvadoreña y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) han entregado su información financiera por 10 años a Acción Ciudadana.

Pero Cambio Democrático y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) solo entregaron la información de dos días. El partido de gobierno, Nuevas Ideas, ha entregado información incompleta por cuatro años.

El mensaje inició con imágenes de la toma de posesión del segundo mandato de Bukele, en la cual aseguraron asistió la «mayor cantidad de delegados internacionales en la historia reciente», destacando la visita del rey Felipe de España, y «tres delegaciones de Estados Unidos».

En el área de seguridad el gobierno señaló que «diciembre de 2024 cerró como el mes más seguro en toda nuestra historia» y «el año más seguro que hayamos tenido».

Además, en el combate al narcotráfico recordaron la incautación de droga «a más de 1,000 millas náuticas. Según datos oficiales las autoridades incautaron 17.2 toneladas de droga valorada en $429.4 millones en 2024.

En el campo económico, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el bitcoin como punto estratégico para otorgar un crédito de $1,400 millones, el gobierno señaló que al sobre pasar los $100,000, la criptomoneda dejó $300 millones «en ganancias para el país».

En la cadena también se recordó la apertura de las primeras oficinas de Google en Centroamérica y el DataTrust, como primer centro de datos en El Salvador.

Los 54 agromercados distribuidos en distintos distritos a nivel nacional y la creación de la central de abastos ubicada en Soyapango, también fueron destacados en el mensaje, como parte del plan económico estatal.

Otro de los puntos positivos señalados por el gobierno fue la nombrada «la mayor inversión privada en la historia de El Salvador», con la llegada de Yilport Holding Inc, que invertirá más de $1615 millones para modernizar el puerto de Acajutla y reactivar el puerto de La Unión.

En cuanto a la red de salud se destaca la modernizamos de los sistemas de emergencia en los hospitales de Santa Rosa de Lima, Ilobasco y Zacamil y los avances en la construcción del Hospital Nacional de Nejapa, de acuerdo con el gobierno.

En el tema de proyectos el «Resumen del año 2024» destacó la inversión en proyectos de la red de salud, la revitalización del Centro Histórico de San Salvador y de otros espacios turísticos pertenecientes a la Ruta de las Flores en el occidente del país.

Precisamente en la Ruta de las Flores los proyectos de desarrollo local abarcaron los distritos de Apaneca y Ataco, en el departamento de Ahuachapán y en Juayúa, Salcoatitán y Nahuizalco, distritos del departamento de Sonsonate.

Otro de los puntos positivos destacados por el gobierno es el de la obtención de $646 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de proyectos.

En la primera sesión plenaria de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó este domingo la prórroga 34 del régimen de excepción, que se encamina a cumplir en marzo próximo tres años de implementación desde 2022.

Por 30 días más, el régimen de excepción -que vencía a medianoche de este 5 de enero- mantiene suspendidos tres derechos constitucionales en cuanto a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

Aunque el gobierno reconoce la reducción a «cifras sin precedentes» de los índices de violencia, defiende que el régimen de excepción -aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022- debe continuar porque los grupos criminales buscan «nuevas modalidades» a través del uso de redes sociales para expandirse, así como con graffiti.

En la correspondencia enviada por el gobierno se detalló que hasta la fecha se han detenido a 83,900 personas. «No vamos a tolerar que las pandillas vuelvan a causar miedo en las familias», dijo la diputada Alexia Rivas, quien liberó al régimen de excepción por las capturas realizadas en diciembre pasado y la llegada récord de 3.9 millones de turistas internacionales.

«Son dos años con 70 días sin homicidios sin homicidios a manos de los terroristas pandilleros», sostuvo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

Sandra Interiano, diputada oficialista, insistió que la bancada de Nuevas Ideas aprobará «las veces que sea necesario» el régimen de excepción. A esta misma idea se sumó el diputado Reynaldo Cardoza, quien planteó que «ojalá perdure» hasta que sea detenido el «último pandillero».

Entretanto, la diputada Claudia Ortiz dijo que también es «violento» que la población salvadoreña no tenga un eficiente servicio de agua y sistema de salud.

Resultados y críticas

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), 2024 cerró con 114 personas asesinadas, con un promedio diario de 0.3. Esta cifra se redujo un 25.9 % respecto a los 154 homicidios intencionales registrados en 2023; sin embargo no se toman en cuenta las muertes violentas de pandilleros.

La aprobación llega un día después de que el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) publicara una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar 150 personas detenidas arbitrariamente.

MOVIR detalló que se presentó arraigos para «150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que contienen pruebas de su inocencia”. La documentación se entregó junto a la Unidad de Defensa de Derechos y Comunitarios (UNIDEHC) el pasado 18 de diciembre a la Presidencia de la República y recibió respuesta el 3 de enero de 2024.

Aunque el régimen de excepción redujo notablemente la violencia ejercida por las pandillas, las organizaciones critican el costo sobre los derechos humanos. De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 354 personas han muerto dentro de los centros penitenciarios desde que se implementa.

La portavoz de la organización, Ingrid Escobar, señaló a finales de diciembre que el 94 % de las muertes se trataba de personas que no tenían vínculos con pandillas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará $635,195.72 en medicamentos para las clínicas empresariales del Órgano Judicial que usarán durante el año 2025.

La oferta de compra fue publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) con fecha 6 de enero de 2025.

La CSJ también adquirirá, para el año 2025, seguros de vida y hospitalarios para sus 15 magistrados por un costo de $120,000 con cobertura mundial, que cubre $100,000 de indemnización por muerte y gastos médico hospitalarios; también el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) adquirirá un seguro privado de vida y de salud por un costo de $500,000 para consejeros y personal de la institución.

Se realizará el mayor gasto en los siguientes medicamentos: Dexketoprofeno Trometamol 25 mg., Acebrofilina 5 mg./ml., Fosfomicina Trometamol 3 gr., Levocetirizina 5 mg, solución hipertónica de cloruro de sodio, dexketoprofeno-vitaminas neurotropas y vitamina D3.

El contrato deberá estar vigente hasta el 30 de mayo de 2025.

Puede leer: ¿Cuáles son las medidas de austeridad que el Estado debe cumplir en 2025?

Para la compra de los medicamentos, las empresas ofertantes deberán presentar las muestras de cada uno de los medicamentos solicitados a la Dirección de Compras Públicas Institucional de la CSJ, que exigirá una vigencia mínima de 18 meses para los medicamentos.

La Corte exigirá a las empresas, según la oferta, que les presenten constancias extendidas por el Comité de Farmacoterapia de hospitales de la red pública como Rosales, Bloom, Nacional de la Mujer, Psiquiátrico, Zacamil, San Rafael, entre otros. También podrán presentar constancias de hospitales privados.

En estas constancias los ofertantes deben detallar si el medicamento ha tenido una experiencia satisfactoria por lo menos durante un periodo continuo de 12 meses.

El Gobierno Central, que incluye los tres órganos de Estado, tiene programados $96.2 millones para financiar seguros, comisiones y gastos bancarios, monto que era $33.9 millones cuando el presupuesto fue aprobado un año atrás. La cuenta «556 Seguros, comisiones y gastos bancarios» no detalla cuánto se destina a seguros privados de vida y hospitalarios para los empleados y funcionarios del Estado.

sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene más de una semana de baja. Diario El Mundo verificó que no se puede acceder a la página www.tse.gob.sv desde varios navegadores web.

Durante este semana de inhabilitación de la página web, las autoridades no se han pronunciado al respeto y la cuenta oficial de la institución no ha mencionado si están tomando medidas para habilitarla de nuevo.

Los usuarios no pueden acceder a la página principal de la institución ni al portal de transparencia donde se deberían publicar las agendas, actas, resoluciones y normativa interna del Tribunal.

Diario El Mundo consultó a fuentes internas el por qué se ha inhabilitado el sitio web, quienes dijeron que las fallas se deben a acciones de «mantenimiento», pero desconocen cuándo se rehabilitaría la página web.

El nuevo TSE presidido por Roxana Soriano, propuesta por Nuevas Ideas para el cargo, despidió a más de 140 empleados técnicos hasta inicios de diciembre.

Todos los cargos de jefaturas y direcciones han sido renovados y se despidió a personas técnico que en su mayoría tenían más de 10 años de laborar en la institución, incluyendo a personal sindical pese a su fuero.

Ya está vigente la reducción de la asignación presupuestaria por diputado que bajó de los $11,000 mensuales que tenían a $8,000 mensuales para el pago de planilla de cada legislador, tal como lo había anunciado el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

El acuerdo de reducción en la asignación mensual por diputado fue tomado por la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre de 2024.

En el acuerdo, los diputados argumentaron que pretendían «eficientizar y transparentar el uso de fondos públicos» y «una adecuada priorización del gasto durante la ejecución del presupuesto institucional».

«La Asamblea acuerda modificar los acuerdos Nos. 9 y 77 de fechas 1 de mayo y 8 de julio del 2024», mediante los cuales se establecieron «los montos presupuestarios para el funcionamiento de las oficinas de los miembros de la Junta Directiva y de los grupos parlamentarios para el período 2024-2027 en el sentido de reducir la asignación presupuestaria mensual por diputado», quedando a $8,000 mensuales, explica el acuerdo firmado por el diputado Reinaldo Alcides Carballo Carballo, secretario directivo de la Asamblea Legislativa e integrante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según el diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo López Cardoza, quien es segundo secretario en la Asamblea Legislativa, la reducción es «para todos». «Es buena y ojalá que lo que se ahorre se utilice en cosas buenas», dijo.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista, reiteró que ella y su colega Francisco Lira están en total acuerdo con la reducción y que lo importante es que el acuerdo fue entregado a cada grupo parlamentario.

Lo importante es que todo está por escrito y que se le entregó a todos los grupos parlamentarios. Con eso se conformarán los equipos técnicos y administrativos para el funcionamiento de cada fracción”.

En julio del año pasado, se generó una fuerte polémica cuando salió a la luz la asignación presupuestaria por diputado, que era de $13,200 mensuales y que el partido opositor Vamos tenía $20,000 mensuales. Fue cuando el presidente Nayib Bukele pidió un recorte de $2,200 quedando la asignación a $11,000 mensuales.

«¿Por qué no se hace un recorte adicional?, ya que la población lo está pidiendo y yo creo que se puede hacer, poco más de austeridad. Hablamos con él (Ernesto Castro) y quedamos de hacer una reducción adicional, sería una tercera reducción de $2,200 por presupuesto de cada diputado», dijo Bukele, en cadena nacional el 6 de julio del año pasado.

Los diputados fueron cuestionados por la población, que empezó a exigir en redes sociales que publicaran sus planillas, luego, fueron más cuestionados por la asignación de salarios a fotógrafos, community manager, asesores, asistentes, entre otros. No todos publicaron sus planillas.

El 3 de octubre, el presidente de la Asamblea confirmó a Diario El Mundo que habría una reducción más a las asignaciones y bajarían de $11,000 a $8,000 mensuales, que fue lo que se hizo; esta asignación estará vigente hasta el 2027.

La asignación presupuestaria para gasto en planillas de cada diputado no tiene que ver con el salario por diputado, que anda entre $4,026 mensuales (con gastos de representación y de transporte) para un diputado de bancada, hasta los $5,782, para el presidente del Legislativo. Tampoco tiene que ver con el gasto mensual que hace la Asamblea Legislativa en su personal administrativo, que no está asignado personalmente a cada diputado.

Milagro Navas, alcaldesa de La Libertad Este, pidió a la población no dejarse engañar con estafas digitales a su nombre.

La alcaldesa arenera ha denunciado en sus redes sociales que “opositores” han tratado de estafar a la población con chats falsos a su nombre y con su fotografía.

“¡No se dejen engañar! Hay un grupo insignificante de opositores que se dedican a mentirle a la población, no caigan en sus enredos, su servidora NUNCA solicitaría aportes económicos de ningún tipo”, publicó Navas.

En su publicación, colocó una imagen de uno de los chats en el cual, con su imagen y alias denominado Distrito Navas, tratan de engañar a una persona.

“Eres bienvenido a mi chat privado”, “¿En qué ciudad vive en El Salvador”, le preguntan a una persona. “Bueno, hay un programa de inversión de Nuevas Ideas aquí en El Salvador, no sé si les interesa”, le dice el interlocutor que se hace pasar por la alcaldesa.

La funcionaria aseveró que, como administración municipal, buscan la profesionalidad. “En La Libertad Este, tenemos un modelo de excelencia en administración pública somos autosostenibles y profesionales en nuestro trabajo… Lástima que se les cae el teatro, buen intento”, dijo Navas.

Otros políticos también han denunciado en otras ocasiones este tipo de estafas digitales y piden a la población estar alertas, no caer en engaños y denunciar estos intentos o estafas.

Hasta octubre de 2024, Cancillería tenía 81 consulados y representaciones con entrega inmediata de pasaportes para salvadoreños. Cancillería promete realizar el trámite en máximo 40 minutos. Para tramitar el pasaporte debe presentar la partida de nacimiento en original y con emisión de no más de un año; Documento Único de Identidad (DUI) y el comprobante de pago.

Unos 326 salvadoreños tramitaron su pasaporte los primeros dos días de 2025, según el portal del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El desglose de los datos no detalla en qué consulado o representación diplomática se emitieron los pasaportes registrados en el informe. Cancillería aún no tiene datos de emisiones de Documentos Únicos de Identidad (duis) en el extranjero.

En enero de 2024, la Cancillería salvadoreña emitió 16,552 pasaportes, por lo que el promedio diario de emisiones era de 533, un poco más que el registrado en los primeros días de 2025.

Cancillería indicó en su memoria de labores que de 2023 a 2024 había emitido 153,629 pasaportes a connacionales en suelo extranjero. De esa cantidad, al menos 153,218 eran ordinarios y solo 411 provisionales.

Las emisiones han ido a la baja según la memoria de labores 2022-2023, pues en ese período se tramitaron 185,000 pasaportes. Es decir, según el último reporte, se emitieron 31,371 pasaportes menos.

Los precios de los trámites fuera de Centroamérica:

Reposición de pasaportes de un mayor de edad $60.

Emisión por primera mes de pasaporte para menores y mayores de edad $60.

Renovación de pasaporte para mayores de edad $60.

Revalidación de pasaporte ordinario $60.

Multa por pérdidas de dos pasaportes consecutivos $120.

Los precios de los trámites dentro de Centroamérica:

Renovación de pasaporte de menor de edad $40.

Emisión de pasaporte por primera vez para menores y mayores de edad $40.

Reposición de pasaporte $60.

Multa por pérdidas de dos pasaportes consecutivos $180.