El Fondo Especial para la recolección y disposición de desechos sólidos que es administrado por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) podrá ser usado para pagar dar en prenda o pignorar, pagar hipotecas, préstamos, emitir y colocar bonos, y para titularizar activos.
Esa fue una de las reformas aprobadas el martes por la Asamblea Legislativa, que también autorizó a ANDRES a fijar precios por servicios que, según el director de la Autoridad, Alexander Gil Arévalo, será una facultad para crear el pliego tarifario de la comercialización de productos de reciclaje que están recolectando de tamaño voluminoso como electrodomésticos, colchones, llantas, vidrio.
Este fue uno de los cambios solicitado por el director general de ANDRES a los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, y así fue aprobado en la Asamblea el miércoles.
Así, se incorporó en el literal “a” del artículo 46 que el Fondo “podrá ser usado para pignorar, garantizar, obligaciones para pagar hipotecas y préstamos, emitir y colocar bonos de toda clase en el mercado nacional y extranjero, y titularizar activos”.
La ley ya otorgaba a la ANDRES a obtener préstamos, emitir y colocar bonos, titularizar activos y otras obligaciones pero prohíbe a la Autoridad que hipoteque, pignore o grave sus bienes o instalaciones.
“En ningún caso podrá la Autoridad hipotecar, pignorar o gravar de cualquier forma sus instalaciones y demás bienes”, indica el literal “f” del artículo 17, sobre las atribuciones de ANDRES, excepto “los gravámenes hipotecarios o prendarios” sobre una propiedad.
Este Fondo, que es administrado por ANDRES, sí podrá ser utilizado por ANDRES para pignorar, un proceso mediante el cual el bien pasa físicamente a manos del prestamista en caso de impago, o para pagar hipotecas o préstamos.
El “Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos” creado con la aprobación de la ley de ANDRES, vigente desde el 20 de diciembre de 2024.
ANDRES es una institución pública adscrita al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) cuyo patrimonio está conformado por los aportes del Estado, bienes que adquiera de las municipalidades, del Estado o privados, ingresos por donaciones, cooperación, fondos de rentas o utilidades.
Durante 2025 ANDRES tiene programados $2,316,483 de fondos públicos programados en el presupuesto general del Estado 2025, de los cuales ya ejecutó $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General, es decir, ingresos del Estado alimentados por tributos que pagan los salvadoreños. Para el próximo año tiene un presupuesto de $2,427,718, de los cuales $2,327,718 serán transferidos por el MOPT, también del Fondo General.
El Fondo, según la ley, captará recursos de transferencias del Fondo General para cumplir compromisos con asocios o contratos con terceros para la recolección, logística o disposición final de residuos; también captará un porcentaje de las tasas municipales; y otros aportes. La ley actual obliga a las municipalidades a contribuir a este fondo con un 50 % de los ingresos brutos de sus tasas municipales.
Esta ley también obliga a las distribuidoras de electricidad a suscribir con ANDRES o la municipalidad convenios para realizar el cobro mensual de los servicios de aseo, limpieza, transporte y disposición final de residuos.
El martes, el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, informó a la Comisión de Infraestructura que la Autoridad da servicios de recolección de residuos en tres municipios: San Salvador Este, La Libertad Costa y Cuscatlán Sur. Aseguró que ANDRES está realizando diagnósticos para evaluar cuáles serán los próximos municipios en donde intervendrían.
