Categoría: Politica

México y Venezuela siguen ocupando los primeros dos lugares en el ranking de los países con mayor cantidad de migrantes atrapados en los Estados Unidos según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sin embargo, China y Canadá suben a tercer y cuarto lugar del ranking, Guatemala mantiene el quinto lugar, Filipinas e India suben a sexto y séptimo lugar. Los lugares octavo, noveno y décimo son ocupados por Honduras, Cuba y Colombia.

Los 10 países con mayor cantidad de migrantes atrapados en el primer trimestre de 2025 son: 37,825 migrantes de México, 12,659 de Venezuela, 8,448 de China, 8,337 de Canadá, 7,577 de Guatemala, 7,325 de Filipinas, 6,748 de India, 6,706 de Honduras, 6,577 de Cuba y 4,226 de Colombia.

El Salvador sube al undécimo lugar, con 2,647. Bajo El Salvador, se encuentran Ecuador, Rusia, Haití, Ucrania, Perú, Brasil, Birmania, Turquía, Nicaragua y Rumanía.

El segundo ranking, que compara la tasa de migración irregular encontrada por cada 100,000 habitantes del país de origen, también ha sufrido cambios en este primer trimestre de 2025.

El ranking por tasa de migración es liderado por Honduras, seguido de Cuba, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, Canadá, Ecuador, Haití y Colombia; y El Salvador sube del séptimo al quinto lugar.

En el primer trimestre del año 2025, influenciados por la política antimigrante de Donald Trump, el flujo migratorio reportado por la CBP ha caído sensiblemente.

El año 2025 inició con una disminución de la migración irregular de todas las nacionalidades del 34 % en enero, con 81,792 migrantes respecto a 124,734 de diciembre de 2024. Las detenciones cayeron en febrero un 65 % a 28,654, aunque han subido levemente a 29,065 migrantes en marzo. Estas cifras son las reportadas por la CBP en todo el territorio estadounidense, no solo en la frontera sur.

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Un grupo de afectados del fraude ocurrido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) rechazó este viernes el mecanismo de entrega de fondos implementado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que anunció hace dos días la entrega de fondos hasta por $45,000.

«Queremos evidenciar al pueblo salvadoreño de que en estas famosas capas no hay ni 10 personas, solamente dos personas están esperando poder retirar sus ahorros», afirmó uno de los afectados, en un video divulgado este viernes.

En el video, uno de los directivos del grupo de afectados del fraude, Julio Flores, sostuvo que no es cierto que les estén entregando los fondos a más del 80 % de los afectados.

«La verdad es que eso a nosotros no nos beneficia, tenemos que crear otro mecanismo para la entrega de nuestro dinero, para la entrega de los ahorros de nuestra vida, para la entrega en muchos casos hasta de nuestra pensión, le exigimos que cree otro mecanismo que beneficie a la mayoría de personas que estamos en capas superiores», afirmó.

La directiva de afectados insistió en la creación de un fidecomiso o entregar la cooperativa a los afectados. «¿Cuál es el afán de liquidar la cooperativa», indicó, mientras también se refiere a que alcaldías tuvieron préstamos de la cooperativa y a las donaciones recibidos por Nuevas Ideas de la cooperativa.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló este viernes a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, «medios globalistas», «élites» y a George Soros de tener «un problema con El Salvador» por haber perdido «su negocio» en referencia a la violencia.

«Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros», afirmó Bukele en la red son social X.

«Y su problema con El Salvador no es solo que les hizo p erder su negocio acá, sino que se está convirtiendo en un ejemplo para los demás países: que sí se puede vencer el terrorismo, que sí se puede vivir en paz», afirmó.

El tuit de Bukele fue compartido a las 12:33 p.m. de este 2 de mayo y a las 12:45 p.m. tenía 30,000 visualizaciones.

Al tuit de Bukele, el diputado Herbert Rodas, de su partido Nuevas Ideas, le respondió a través de su cuenta @HerbertRodas6: «Ver a El Salvador en paz duele a quienes lucraban con nuestro sufrimiento».

También le respondió la diputada Cecilia Rivera, del Parlamento Centroamericano (Parlacen): «Esas noticias eran el día a día para todos los salvadoreños».

También le respondió inmediatamente @Yazcklin, de La BritanySV, quien señaló que «a los mercaderes de la violencia no les conviene que El Salvador sea ejemplo mundial de cómo se derrota al crimen con decisión y valentía».

La reacción de Bukele y sus seguidores ocurre después de una publicación de El Faro titulada «Las confesiones de Charli: entrevista con un líder pandillero que pactó con el Gobierno de Bukele» y su capítulo 1 titulado «Nosotros podíamos poner y podíamos quitar».

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) declaró “zona de protección acuífera” el área denominada “La Montañona” compuesta por 43.2 kilómetros cuadrados en los distritos de Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna, El Carrizal, Ojo de Agua y Las Vueltas.

El acuerdo inició su vigencia el mismo día de publicación en el Diario Oficial del 22 de abril y fue aprobado el 9 de abril de 2025 por la junta directiva de la ASA presidida por Ethel Elizabeth Cabrera de Valdez.

¿Qué implica la declaratoria?

La declaratoria establece que la ASA implementará acciones para proteger el recurso hídrico en la zona, como elaborar un inventario de la calidad de agua en manantiales y pozos, con análisis de metales, plaguicidas, fertilizantes y agentes microbiológicos, adoptar prácticas agroecológicas, propiciar uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos.

Pero también faculta a la ASA a “restringir y/o controlar estrictamente cualquier actividad, obra o proyecto que por su interrelación pueda afectar negativamente la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas”.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) incluye el área Alotepeque-La Montañona en el listado de áreas de conservación de El Salvador con una superficie de 48,359 hectáreas y la considera como una zona de recarga y producción hídrica como parte de la cuenca alta del río Lempa.

Según un estudio sobre racionalización del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del 3 de febrero de 2011, en el área Alotepeque-La Montañona hay áreas de nacimiento de agua con “una adecuada distribución de agua potable y posibilidades de riego de cultivos intensivos” pero en donde “la población ubicada en las zonas de recarga” carece de su “adecuada disposición”.

El concejo de Santa Ana Oeste acordó el miércoles cambiar el nombre del bulevar «Schafick Handal», en el distrito de Chalchuapa, a «Bulevar de la Fe».

El concejo argumentó que quiere dedicar el nombre del bulevar para agradecer a Dios por ayudar a la actual administración, según el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, quien detalló en redes sociales que el concejo lo acordó el 30 de abril y que no obedece a intereses políticos sino «cristianos».

«Esto no lleva una connotación política, sino que lleva una connotación de sometimiento al padre celestial», dijo Castro durante la sesión del concejo. Sostuvo que quieren «reconocer ese bulevar a Cristo» por intervenir a favor de la actual administración que ya tiene un año de haber asumido funciones.

«Esto no lleva una connotación política sino que lleva una connotación de sometimiento al padre celestial. Lo que queremos hacer realmente es reconocer este bulevar a Cristo. No le estamos sustituyendo el nombre que tiene, el nombre actual es «bulevar Schafick Handal», pero no lleva una connotación política ni una connotación critica al anterior nombre».
Jorge Castro, alcalde de Santa Ana Oeste.

El alcalde Castro dijo que han intervenido varias calles, avenidas y áreas de la zona urbana del distrito de Chalchuapa, pero indicó que los cambios municipales no solo deben ser de infraestructura, sino «en el mensaje que lleva implícito dichos cambios» para la población.

Además, en el bulevar, se incluirá la 2a. Avenida Norte y Sur para «conocimiento general», aunque estas arterias mantendrán su nombre en nomenclaturas.

«Por lo que sugiere, someter a consideración el cambio de nombre de todas la segunda avenida Sur y Norte sin alterar la nomenclatura municipal, sino únicamente asignar un nombre de conocimiento general» por el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

El cambio de nombre fue aprobado con los votos de la mayoría y uno en contra de los regidores que componen el municipio. Santa Ana Oeste está compuesto por los distritos de Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló en un informe divulgado este jueves que en El Salvador «continúan» los «ataques sistemáticos» contra los medios críticos y que el país centroamericano ha descendido en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025.

El Salvador se ubica en el puesto 135 y, de acuerdo con RSF, «continúa su caída y acumula un descenso de 61 posiciones en la tabla desde 2020».

La organización no gubernamental hace énfasis en que «bajo la presidencia de Nayib Bukele, la libertad de prensa sufre el desgaste de la propaganda y los ataques sistemáticos contra los medios críticos».

El director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Artur Romeu, alertó en una entrevista con EFE el pasado marzo que en El Salvador existe una «problemática sistemática» en términos de garantías para el ejercicio periodístico y que el Estado «ha montado» una «máquina de propaganda y desinformación».

«Nos pareció, en esos pocos días que estuvimos, que la situación es aún peor de la que teníamos en cuenta», dijo el periodista brasileño y enfatizó que en este país centroamericano «hay una problemática sistemática en términos de garantías para el ejercicio periodístico».

«El Estado ha montado y estructurado una máquina de propaganda y desinformación, a través de medios oficiales que deberían ser públicos pero que en verdad son los que el Gobierno utiliza para poder promocionar sus acciones y postura», analizó.

El informe presentado hoy por RSF apunta que el periodismo en América se enfrenta a retos estructurales y económicos persistentes como la concentración de los medios de comunicación, fragilidad de los servicios públicos de información y precariedad de las condiciones laborales.

«En los últimos años, el colapso de los modelos económicos tradicionales de los medios ha agravado la crisis.

Mientras los ingresos publicitarios migran hacia las plataformas tecnológicas globales y los hábitos del público evolucionan, las redacciones menguan y la independencia editorial se debilita», señala.

Indica que en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, 22 de los 28 países de la región registran descensos en su indicador económico.

«A medida que el periodismo pierde su función de informar sobre temas de interés general, la propaganda y la desinformación llenan el vacío, poniendo en peligro la estabilidad democrática», agrega.

El presidente del Tribunal de Servicio Civil, Franklin Josué Nolasco Morales, es uno de los cuatro aspirantes a ocupar nuevamente el cargo durante el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluye su periodo el próximo 27 de junio. Fue nombrado gerente de operaciones legislativas de la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo de 2021, el primer día de la legislatura dominada por Nuevas Ideas en el cual destituyeron a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.

Los otros candidatos son William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Darwin Peña Rivera. Será estudiado en Comisión Política, que no ha sido convocada para la próxima semana.

El TSC está compuesto por tres miembros, uno nombrado por la Asamblea Legislativa, quien lo preside, otro por el Órgano Ejecutivo en el Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

Además de Nolasco Morales, presentaron su atestados para participar en la selección William Vladimir Álvarez Flores, quien presentó su solicitud el 23 de abril; y Ernesto Adalid Corea Barraza y Selvin Max Darwin Peña Rivera, quienes presentaron sus solicitudes el 25 de abril.

El proceso para elegir nuevamente al presidente del TSC inició formalmente el 9 de abril pasado con votos de todos los partidos.

El TSC es la institución encargada de resolver los recursos contra resoluciones emitidas por las comisiones de servicio civil que en las instituciones del Estado forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos a la carrera administrativa y conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Haciendau003C/strongu003E ha solicitado a la Asamblea Legislativa que le apruebe garantías estatales para tres préstamos que u003Cstrongu003Esuman $240 millonesu003C/strongu003E y que servirían para apoyar a las u003Cstrongu003Emicro, pequeñas y medianas empresas (mipyme)u003C/strongu003E y u003Cstrongu003Eviviendas sociales financiadas por el Fondo Social para la Vivienda (FSV)u003C/strongu003E.nnEl Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) necesita que el Estado sea el garante para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le pueda prestar u003Cstrongu003E$130 millonesu003C/strongu003E para el transformación tecnológica y digital de las mipyme.nnEl programa se denomina «Programa de Apoyo a la u003Cstrongu003ETransformación Tecnológica y Digitalu003C/strongu003E de mipyme en El Salvador». La Asamblea Legislativa ya autorizó el contrato de garantía soberana, el 12 de febrero de 2025, por lo que la votación solicitada sería una ratificación o aprobación, por lo que el contrato de garantía fue firmado el 10 de abril pasado.nnBandesal también requiere la aprobación del contrato de garantía, firmado también el 10 de abril pasado con el BID, por u003Cstrongu003E$60 millonesu003C/strongu003E para el «Programa de financiamiento para la u003Cstrongu003Eeficiencia energética y energías renovablesu003C/strongu003E en las mipyme salvadoreñas», cuyo contrato de crédito fue firmado el 2 de abril. La autorización para suscribir el contrato de garantía crediticia fue aprobado el 12 de febrero pasado.nnEn tercer lugar, Hacienda estu00e1 solicitando la aprobación de un segundo contrato de garantía crediticia por un monto de $50 millones que seru00e1n utilizados para el «Programa de financiamiento para u003Cstrongu003Evivienda social, inclusiva y sostenibleu003C/strongu003E». El contrato de garantía fue suscrito el 2 de abril y su firma fue autorizada por la Asamblea Legislativa el pasado 12 de febrero. El financiamiento también seru00e1 proveído por el BID.nnCon estas aprobaciones, Bandesal tendría asegurados un financiamiento total de $190 millones que servirían para otorgar financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas, con el fin de ayudarles a la eficiencia energética y a su transformación digital. Las aprobaciones de los préstamos asumidos por Bandesal no pasan por la Asamblea Legislativa.nnDurante el año 2024, u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/asamblea-aprobo-5850-millones-en-deuda-y-garantias-durante-2024″u003Ela Asamblea Legislativa aprobó un total de $5,850 millones préstamosu003C/au003E para el Gobierno, garantías estatales crediticias para instituciones autónomas y autorizaciones de títulos valores.

El Movimiento «No más AFP» insiste en que el sistema de pensiones debe nacionalizarse para que un «ente autónomo» administre los ahorros de los cotizantes del sistema privado, mientras que la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (Andes 21 de junio) considera necesario un aumento de sus pensiones.

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En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el coordinador del Movimiento «No más AFP», Roswal Solórzano, aseguró que no se requiere una reforma a la Ley de pensiones, sino que se nacionalice el sistema y que sea una entidad autónoma la que administre el fondo de pensiones de los salvadoreños.

«La mayoría sean los trabajadores para que determinen qué está sucediendo con nuestro dinero porque los verdaderos dueños del dinero somos los trabajadores , no puede seguirse jugando ni manoseando el dinero de las pensiones».
Roswal Solórzano, coordinador del Movimiento «No más AFP».

Solórzano sugiere que la entidad autónoma esté representada mayoritariamente por los trabajadores, pues aseguró que «los dueños del dinero» nunca han sido tomados en cuenta ni se les «ha permitido participar» en la toma de decisiones del fondo de pensiones. «Por lo tanto, no sabemos cómo se manejan los fondos», añadió.

El sindicalista considera que, con la reforma de 2023, el presidente Bukele no permitió que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) fueran retiradas porque «la reserva técnica había sido gastada, no había dinero», pero indicó que las AFP no pueden administrar las pensiones porque «tienen un ánimo mercantil».

Criticó que a muchos de los pensionados se les entregan $298 mensuales y cuestionó «¿quién vive con $298?», por ello, asegura que proponen la nacionalización de las pensiones.

El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometió al gobierno de El Salvador a hacer una nueva reforma de pensiones en 2026, cuya propuesta deberá ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada el mismo año “para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes”.

La deuda estatal de pensiones ya supera los $10,000 millones y sigue creciendo. La reforma de 2022 aumentó un 30 % las pensiones por vejez tanto del sistema público como del sistema privado, aumentó la cotización aportada por el empleador y continuó con el esquema para tomar prestados los ahorros de los cotizantes administrados por las AFP a una tasa del 7 % anual para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público, que no tiene fondos.

Mientras tanto, el secretario general de Andes 21 de junio, Israel Montano, aseguró que podrían estar de acuerdo en la nacionalización de las pensiones, pero afirmó que su objetivo principal, es que el gobierno autorice que los docentes salvadoreños gocen de un régimen especial para el cálculo de sus pensiones.

«Exigimos que estudien y aprueben la propuesta presentada por Andes 21 de junio desde marzo de 2023, donde exigimos la creación de un régimen especial de cálculo de pensión por vejez del sector docente… La reforma que se le hizo al Instituto de pensiones en 2022, fue peor que las reformas que se habían hecho anteriormente y los maestros quedamos una vez más con pensiones de hambre».
Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio.

Montano explicó que el régimen especial que proponen sería basado en la vejez y que se asemeja al que gozan los militares, con esto, buscarían también que se nivelen todas las pensiones que se encuentran por debajo de los $1,000 y recordó que en 2023 presentaron una propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al gobierno que debe realizar reformas a la ley de pensiones y que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se acabaría en 2027, mientras vence el plazo de gracia que tiene el Estado para empezar a pagar intereses y capitales de deuda.

El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa la incorporación de $30 millones obtenidos a través de titularización para construir y equipar el área de bandas de equipaje en el edificio de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) diseña tres proyectos de ampliación en el Aeropuerto, entre las cuales se incluye una terminal de banda de equipaje y permitir un flujo más rápido de pasajeros que vayan llegando a El Salvador, ya que cada año la demanda aumenta un 30 %.

Los fondos serían incorporados en la Ley general de presupuesto del Estado 2025. La solicitud de reforma será estudiada por la Comisión de Hacienda, que se reunirá el próximo lunes 5 de mayo.

El gobierno argumentó que debido al incremento de la demanda en el Aeropuerto se generó la necesidad de ampliar su capacidad instalada en áreas de retiro de equipaje.

Según la solicitud, también se construirán «calles de acceso a la terminal», «bandas transportadoras que faciliten la fluidez y tiempos de espera en ese proceso», con el fin de «descongestionar» el área.

Con los fondos también atenderían «proyecciones futuras con nuevas ampliaciones de la terminal que implicará la construcción de seis nuevas salas de espera» y la «proyección del aumento de pasajeros» que arriban a El Salvador.

Los fondos provienen de deuda a través de la colocación de títulos según un plan presentado por Hencorp Valores Limitada, por $30 millones, dice el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, en su solicitud, que presenta una tasa de interés del 8.25 % anual, con un plazo de 7 años y 2 años de gracia.

Del total de fondos, un total de $2,825,628 servirá para pago de intereses de la deuda y $27,174,372 para activos fijos.