Categoría: Politica

El cardenal Gregorio Rosa Chávez aseveró este miércoles que la dignidad humana en El Salvador «se está aplastando» e instó a entablar un diálogo entre sectores, al opinar sobre la capturas recientes de líderes sociales en El Salvador.

El clérigo salvadoreño aseguró que «la dignidad humana no se puede negociar» y retomó la frase «la dignidad es infinita» del fallecido Papa Francisco.

*La dignidad humana no se puede negociar, es infinita decía el Papa Francisco y aquí se está aplastando esa dignidad».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Rosa Chávez dijo que este señalamiento «hay que decirlo con claridad» pero, al mismo tiempo, con el «espíritu de buscar soluciones». Insistió en qué «el diálogo es el camino siempre» pero pidió recordar que dicho diálogo supone «escuchar, hacer concesiones, aceptar errores». «Ese es el camino», exhortó el cardenal.

El clérigo indicó que en la Carta Pastoral 2025 se aboga por la liberación de los encarcelados injustamente bajo en régimen de excepción, incluyendo líderes sociales capturados recientemente. «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, las que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura», expresó.

En la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador, publicada el 29 de mayo de 2025, la iglesia católica pidió revisar los casos de los encarcelados «con gran objetividad para lograr que los que son inocentes salgan ahí lo más pronto posible» y «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

«Si en dado caso hay algunos presos sin más motivo que la defensa de los derechos humanos, deben ser estudiados sus casos y de inmediato puestos en libertad», indicó la Carta Pastoral.

En la página 16 de la misma, la Conferencia Episcopal pidió no perseguir ni encarcelar a ambientalistas. «No es justo que se les enjuicio y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente», indicaba, haciendo referencia también a la muerte de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto.

En El Salvador organizaciones aseguran que hay presos políticos en El Salvador, luego del arresto de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y del ambientalista y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. A las capturas se sumó el arresto del abogado constitucionalista Enrique Anaya. Amnistía Internacional declaró a López, Pérez y Henríquez como prisioneros de conciencia.

En junio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se refirió a la captura de activistas de derechos humanos, así: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político», indicó, el 1 de junio.

Política | Cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre recientes capturas de defensores de derechos humanos: «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema, incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, pero que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura, verdad, la… pic.twitter.com/RGArCA1Mto

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 9, 2025

El nuevo Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem) ya registró 5,560 médicos o profesionales de salud en diferentes especialidades y el detalle de los ya inscritos puede consultarse en el sitio web conadem.gob.sv.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, es uno de los registrados como especialista en Infectología, con un número único. Solano Leiva es uno de los 1,384 médicos con certificación de especialistas incluidos en un directorio que el Conadem ha hecho público. Por ley, el Conadem debe publicar un registro de especialistas autorizados y un listado de certificaciones suspendidas o canceladas.

En el sitio se detalla dónde realizó su especialidad, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en 1996 y en el Hospital de Infectología del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1999.

El sitio web dispone un lugar para colocar las amonestaciones. «No se han encontrado amonestaciones», indica el registro del presidente del Colegio Médico.

El lunes, en una entrevista televisiva, Solano Leiva hizo un llamado general el lunes a los médicos de El Salvador para que se registren en el Conadem; mientras, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que aún no ha recibido una notificación sobre su inscripción en el registro. Ese día, Solano aseguró que los médicos en el país viven bajo un régimen de «ver, oír y callar».

El Conadem será la única instancia que podrá certificar a los profesionales de la salud –médicos y técnicos– para poder ejercer en El Salvador. Las credenciales tienen una duración de un año y su precio es establecido por el Conadem. Si no se certifican enfrentan una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad, con lo cual no podrán ejercer su profesión. Los médicos con especialidades tienen un periodo transitorio de seis meses para obtener su credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.

El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.

La Asamblea Legislativa aprobará en la próxima sesión plenaria el contrato de préstamo por $71,847,393.66 de Deutsche Bank para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad.

El proyecto incluye la construcción de cinco estaciones de bombeo «que se han identificado como el Cementerio, El Obispo, Conchalío, Chilama Oeste y Chilama 2 Norte», una planta de tratamiento de aguas residuales, y una red de alcantarillado de 31.5 kilómetros de longitud y 764 unidades de pozos, detalló el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.

En la carta que envió el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa, detalla que el MOPT suscribirá contrato con la sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. para la construcción.

«En el marco de la Ley especial para la contratación de obras públicas y servicios esenciales con financiamiento incluido, es el que el MOPT impulsó el proceso y financiamiento que en esta oportunidad estamos solicitando su ratificación», explicó el director Herrera a los diputados de la Comisión de Hacienda.

El contrato C-10/2024 estará a cargo de la empresa española ASCH Infraestructura y Servicios, que serían los responsables de las cinco intervenciones y de la ejecución del proyecto.

El gobierno promete contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico en la zona del río Chilama en La Libertad y beneficiaría «más de 8,000 familias» de la zona. Actualmente, según el sitio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ya existe una planta de tratamiento en el río Chilama.

La Asamblea Legislativa suma un total de $1,235.7 millones en nueve préstamos autorizados o aprobados, tomando en cuenta el crédito adicional de $120 millones para transporte e infraestructura resiliente que será autorizado y otro por $75 millones para educación o manejo de caja fiscal que será aprobado en una próxima sesión plenaria.

Del total de préstamos que han pasado este año por el Legislativo, seis por $940,747,393.7 están aprobados, o por aprobarse, si se cuenta el otorgado por Deutsche Bank que asciende a $71.8 millones y cuyo dictamen fue avalado el lunes y por tanto su aprobación pasará en una próxima sesión plenaria.

Los préstamos aprobados tienen como destino infraestructura de datos, Surf City I, sostenibilidad macroeconómica, atención de salud, fortalecimiento integral de la educación, pago de obligaciones o manejo de caja fiscal, además de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama, que será aprobado en la próxima sesión.

Dos créditos, uno por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para modernización del sistema educativo y otro del CAF por $75 millones para salud o manejo de caja fiscal, ya recibieron la autorización legislativa para ser suscritos, pero aún no han sido aprobados, proceso que los diputados conocen como «segunda vuelta» o segunda votación.

La finalidad de dos de los créditos otorgados por la CAF será «atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» indica el artículo 2 de su decreto de autorización, aunque fueron originalmente a «programas sectoriales» de apoyo a la educación y a la salud en El Salvador. De estos empréstitos, uno está aprobado y el otro únicamente autorizado.Garantías a deudas de autónomasAlgunas instituciones están facultadas a asumir deudas directamente sin que estas sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, sin embargo, los acreedores les exigen garantías estatales para respaldarlas.

Así, durante el mismo año, la Asamblea Legislativa ha visto garantías soberanas para respaldar créditos de instituciones autónomas por $970,988,636.4, contando la garantía para el préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $150 millones para energía geotérmica cuyo dictamen ya está aprobado en Comisión de Hacienda.

Sumando únicamente las garantías que respaldaron créditos nuevos, los préstamos y garantías de créditos que han pasado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, el presente año, suman $1,625,747,394. Si se tomaran en cuenta garantías de créditos de años anteriores, dicha suma se dispara a $2,206,736,030. Cuatro garantías aprobadas en febrero corresponden a deudas de años anteriores.

Es así como las nuevas deudas suscritas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o por instituciones autónomas como la CEL, Fondo Social para la Vivienda y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) que han pasado este año por la Asamblea Legislativa suman $1,625 millones.

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El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, aseveró el lunes que, de los $39 millones presupuestados para el año 2015 del préstamo del Banco Mundial de $150 millones para transporte e infraestructura resiliente, ya se ejecutaron $14 millones o $15 millones.

El contrato de préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial, fue autorizado el 9 de enero y aprobado (ratificado) el 9 de abril de 2024 por la Asamblea Legislativa. De esta cantidad, se han incorporado $39 millones al presupuesto de 2025.

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas», expresó el director de Crédito Público a los diputados de la Comisión de Hacienda, el pasado lunes, cuando solicitó la autorización para suscribir un segundo préstamo para el mismo proyecto, pero que se destinará en su mayoría para la construcción del puente atirantado que compone la estructura del bypass de Apopa.

Según Herrera, el financiamiento del primer préstamo «está cubriendo» «la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente» y los $14 millones ejecutados corresponden «posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».

En el Portal de Transparencia, hasta mayo de 2015, aparecían $10,991.50 ejecutados, de un total de $39,704,500 programados para el año fiscal 2025, aunque $57,908.17 ya aparecían comprometidos para ese entonces.

La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

El nuevo contrato de préstamo por $120 millones con el BIRF se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» e incluye la construcción de una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, iluminación, señalización de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal, y el puente con una estructura «atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendrá una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrán los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió con una carcajada a una noticia sobre una iniciativa demócrata presentada en el Senado de Estados Unidos que sugiere sanciones contra él y sus funcionarios que hayan cometido «graves violaciones de derechos humanos» y que exige al secretario de Estado de EE.UU. presentar un informe sobre las compras de bitcoin por el gobierno salvadoreño.

«Los demócratas están simplemente salados», escribió Bukele en X.

La iniciativa de «Ley de responsabilidad de El Salvador de 2025» fue presentada el 12 de julio por el senador Chris Van Hollen y otros senadores demócratas; y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La iniciativa propone sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Bukele, el vicepresidente, Félix Ulloa, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Justicia y Seguridad, Turismo, procurador general de la República, el presidente del Banco Central de Reserva y cualquier persona extranjera en El Salvador que trabaje en nombre del gobierno o partido político «que haya cometido graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos», haya «participado en la aceptación de dinero de contribuyentes estadounidenses para privar de libertad a estadounidenses», o que haya dado apoyo para dichos fines.

En el proyecto demócrata se sugieren sanciones como bloqueo de bienes y transacciones en Estados Unidos, inadmisión, no elegibilidad para visas o no libertad condicional para extranjeros bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad; revocatoria de visas vigentes; prohibición de préstamos.

La solicitud demócrata también plantea, al final de la misma, que el secretario de Estado de EE.UU. entregaría un informe sobre las acciones del presidente Nayib Bukele y funcionarios salvadoreños «que utilizan criptomonedas como mecanismo para la corrupción flagrante, el soborno y la evasión de sanciones», con detalles de la cantidad de fondos del gobierno salvadoreño para comprar bitcoin y otras criptomonedas, una lista de plataformas de intercambio utilizadas para ello, direcciones de depósito, personas con acceso.

HAHAHAHAHAHAHA the Dems are just salty… https://t.co/O6CLtZuV46

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 8, 2025

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, viajó a Las Vegas, Estados Unidos, en donde se reunió con el empresario hotelero, el CEO y fundador de Growth Holdings, Philippe Ziade, y con el director de desarrollo de negocios de Growth Holdings, Steve Escalante.

El vicegobernante y los empresarios estadounidenses conversaron sobre «oportunidades de inversión» y «manifestaron su interés en aportar al desarrollo» de El Salvador, «especialmente en la zona oriental y en proyectos como Surf City II», según la Vicepresidencia.

Según la información oficial divulgada en X, Ulloa «puso en contacto a los empresarios con el presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador», Juan Carlos Reyes.

En la reunión, participaron la cónsul general de El Salvador en Las Vegas, Silvia Romero, y el cónsul honorario de Corea del Sur, Joe Campos.

Philippe Ziade es un empresario libanés estadounidense, cónsul horario de Líbano en Nevada desde 2019, se inició en la fabricación de mármol para edificios, se convirtió en inversor inmobiliario desde 2000, fundó Growth Holdings en 2008 y se asoció con Tesla cerca de 2008.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció la oportunidad de financiamientos desde $50,000 hasta $100,000 para proyectos, presentados por organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades e instituciones del Estado salvadoreño, que demuestren la excelencia o destaquen el liderazgo de Estados Unidos en áreas culturales y deportivas.

Uno de los objetivos del financiamiento es fortalecer la «percepción positiva» de los jóvenes salvadoreños sobre Estados Unidos, mediante la «diplomacia cultural y deportiva».

La Embajada desarrollará una jornada informativa sobre el plan de financiamiento el próximo miércoles 16 de julio a las 10:00 a.m. La fecha límite para aplicar es el 31 de agosto.

«Para conmemorar los 250 años de independencia de EE.UU., que se celebrarán en 2026, lanzamos un programa que promueve la cultura, el deporte y la innovación para fortalecer los lazos con El Salvador. Buscamos instituciones u organizaciones que deseen implementarlo con nosotros», anunció en un tuit la noche del lunes.

El financiamiento está dirigido a «organizaciones sin fines de lucro, incluyendo centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil/no gubernamentales, instituciones educativas públicas y organizaciones internacionales públicas e instituciones gubernamentales».

Los proyectos se completarán en un máximo de 12 meses y busca promover a «artistas y empresas estadounidenses».

El programa de financiamiento plantea como metas:
1. Exhibir el liderazgo y la influencia de Estados Unidos en la región.
2. Promover los valores estadounidenses de fortaleza, prosperidad, seguridad y excelencia.
3. Fortalecer las relaciones bilaterales mediante programas culturales, deportivos y de innovación, y lazos comerciales.

Los objetivos del programa son «organizar eventos culturales que destaquen el arte, la música, el cine y/o la literatura estadounidenses«, «organizar eventos deportivos y clínicas con atletas y entrenadores estadounidenses, promover el deporte como medio para fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia entre la juventud salvadoreña», y «realizar talleres y seminarios sobre los avances tecnológicos y la innovación en Estados Unidos». Estas actividades podrían incluir conciertos, instalaciones artísticas, proyecciones de películas, ponencias, programación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), talleres deportivos, diplomacia culinaria, actividades que promuevan la historia y cultura estadounidenses.

Con estos programas, la Embajada también busca «colaborar con instituciones educativas locales» y la educación superior en Estados Unidos. También, pretenden desarrollar programas para «involucrar a la juventud salvadoreña en actividades culturales y deportivas que promuevan la excelencia cultural estadounidense».

La Comisión de Hacienda aprobó ayer el dictamen favorable 105, con el fin de aprobar en la sesión plenaria del jueves un contrato de garantía estatal que respalda el préstamo 9788-SV por $150 millones que el Banco Mundial otorgará a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El contrato de préstamo fue suscrito el 6 de mayo por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 2 de mayo por el representante de la CEL y el 12 de junio por el ministro de Hacienda.

Los $150 millones se destinarían al financiamiento del «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».

En la misiva enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el funcionario menciona que se adjuntó una copia del contrato de garantía, el cual no ha sido publicado por la Asamblea Legislativa junto al proyecto de decreto.

La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen favorable número 105 este lunes. Con esta aprobación la Asamblea Legislativa suma un total de $730,988,636 respaldados en garantías estatales para préstamos de CEL, de los cuales $580,988,636 fueron adquiridos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que corresponden a deudas suscritas en 2008, 2017, 2022 y 2025.

La Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa establece como una atribución de la CEL «obtener préstamos directos, emitir y colocar bonos en los mercados interno y. externo, titularizar activos y otras obligaciones ya sea de forma directa o a través de sociedades mercantiles que forme para tal fin» aunque no podrá hipotecar o gravar sus instalaciones y demás bienes.

El Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción menores a los 250 metros cuadrados si dicho Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad.

Según las nuevas disposiciones, en estos cass, será infracción «muy grave» no construir con el permiso del Ministerio de Vivienda e implicará multas desde el 6 % hasta el 10 % del valor del terreno o la obra.

El decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda» fue aprobado ayer como dictamen favorable para que sea aprobado formalmente en una sesión plenaria por la Asamblea Legislativa.
Evaluará a municipalidadesEl Ministerio de Vivienda será la autoridad competente de dar los permisos en la construcción de viviendas declaradas de interés social y de torres de comunicaciones.

En el caso de los proyectos de construcción con áreas menores a 250 metros cuadrados asumirá los permisos, si el mismo Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad técnica para otorgarlos o realizar los trámites.

Por ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
Vivienda hará inspecciones físicasDificultar la verificación que haga el Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción en los que tenga competencia será infracción grave e implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada. También lo será omitir las normas técnicas de los planes y documentos aprobados, y no acatar suspensiones de obras ordenadas por el Ministerio por haberse realizado sin autorización del mismo.

El Ministerio de Vivienda quedará facultado a «realizar inspecciones físicas en los lugares de construcción y requerir a los sujetos obligados documentos, informes y aclaraciones» y podrá emitir lineamientos.¿Cuándo las obras serán demolidas?Según las disposiciones, si después de impuesta la multa por el Ministerio de Vivienda, los «sujetos» no inician «procedimientos para obtener los trámites y permisos «en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la imposición de la sanción» o no culminen en los plazos establecidos por el Ministerio de Vivienda, «deberán proceder a la demolición de la obra o proyecto» según las instrucciones de Vivienda.

La Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de estas disposiciones el lunes, en su Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que también dictaminó otras disposiciones para eliminar el requisito de disponer un área de estacionamiento a todas las construcciones y volverlo opcional.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales».
Michelle Sol, ministra de Vivienda.

El permiso que dará el Ministerio de Vivienda para las construcciones de viviendas sociales o en áreas menores a los 250 metros cuadrados incluye permisos factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.