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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que denuncia la desaparición forzada de cinco menores de la familia Rivas durante la guerra civil en El Salvador. Los afectados piden medidas de reparación, atención psicológica, investigación penal y garantía de no repetición.

El caso 13.932 trata sobre la desaparición de José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, niños entre 3 y 11 años de la misma familia, atribuidas a agentes de la Fuerza Armada y ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra salvadoreña.

El caso, presentado en marzo de 2012 ante la CIDH, denuncia el ataque de soldados en el volcán Chinchontepec, en donde los habitantes regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres pero no de los menores, por lo que se incluyen como desaparecidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.

El proceso incluye tres demandas de habeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.

En 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ordenó recabar información del operativo “Anillo”, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una investigación en 2012. La Fiscalía informó en 2017 que aún continuaba la investigación según la CIDH.

La CIDH concluyó, según el comunicado, que hubo desaparición forzada y que la “sustracción» de los menores «fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982”.

Como “esfuerzos” señalan la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y una política fiscal en 2018 pero no lo consideran suficiente ni diligente.

La CIDH reclama “más de 10 años” de investigaciones “sin avances significativos”, y respuestas “negativas” a pedidos de información, así como declaratoria de inexistencia de información del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto. “El Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, e “impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes”, indicó la CIDH según el comunicado.

Por ello consideran que el Estado violó derechos a la vida, integridad personal, protección familiar, a la garantía judicial, al derecho a recibir información, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La “Ordenanza transitoria para el pago de tributos con dispensa de multas e intereses moratorios del municipio de La Libertad Sur” está vigente desde hoy y busca recuperar deuda que tienen los contribuyentes con la municipalidad para “incrementar los ingresos”.

El decreto municipal permite que personas naturales y jurídicas, arrendatarios de centros comerciales municipales, como el Central, Dueñas y Comasagua, y de cementerios municipales, que se encuentren en mora, puedan solicitar planes de pago de sus deudas con la dispensa de intereses.

Los contribuyentes deberán desistir de demandas administrativas o judiciales, y se les perdonaría el 100 % del pago de intereses y multas si el pago es total; el 75 % si es un plan de pagos de dos a seis cuotas; 50 % si es de siete a 12 cuotas.

El beneficio durará 30 días calendarios que inician este jueves 28 de agosto, ya que la ordenanza inició su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 20 de agosto. La ordenanza fue aprobada el 14 de agosto.

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un contrato de préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar un proyecto que busca mejorar la calidad del sistema de transporte público en el área metropolitana de San Salvador (AMSS).

El préstamo busca también aumentar la eficiencia del sistema de pago del transporte público del AMSS, mejorar la planificación del transporte público y mejorar la seguridad de la infraestructura vial en carreteras críticas en donde suelen darse accidentes de tránsito, como Autopista Comalapa, Troncal del Norte y Autopista de Oro en busca de mejorar la seguridad de los automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas.

El nombre del proyecto es “Programa de apoyo al sistema de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador (AMSS)”. El préstamo fue aprobado el 6 de agosto por el BID bajo el número de proyecto: ES-L1164.

El plazo de préstamo será de 25 años, se pagará en 66 meses semestralmente, a una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario y una comisión no mayor al 0.75 % por año desde los 60 días de la suscripción del contrato.

El préstamo, según su propuesta publicada por el BID, tiene tres componentes:

1. Fortalecimiento institucional y sistemas tecnológicos: $22 millones

Este componente incluiría una consultoría para realizar un Plan Integral de Movilidad Sostenible para el AMSS con enfoque en desarrollo urbano, mujeres, inclusión; bienes y servicios para un Centro de Inteligencia de Datos que estudie los patrones de movilidad; el diseño y la implementación de un Sistema de Pago Electrónico con un análisis tarifario diferenciado para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y estudiantes; y una consultoría sobre gestión del transporte público.

2. Infraestructura segura: $35 millones

Incluiría obras como mejoramiento de señalización, cruces peatonales, banquetas, barreras protectoras, eliminación de obstáculos peligrosos en costados de vía, alumbrado, rehabilitación de pavimento, en los tres corredores con mayores índices de siniestralidad.
Consultoría para estudios técnicos de seguridad vial en corredores del AMSS.

3. Administración, evaluación y auditorías: $3 millones

Según la propuesta de préstamo, el gobierno salvadoreño tiene una propuesta para avanzar en una reforma del transporte público que incluye nuevos modos de transporte como el metro de San Salvador y una red de metrocables, mejorar los corredores viajes de alta siniestralidad, renovar la flota de buses, implementar un Sistema de Pago Electrónico y construir un centro de control de tránsito, transporte público e inteligencia de datos.

Toda la propuesta de transporte del gobierno tendría un costo de “al menos $2,600 millones”, por lo que se menciona que existe coordinación con otras entidades financieras o donantes como la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y Banco Mundial.

En sus argumentos para aprobar la 42a. prórroga del régimen de excepción, el gobierno de El Salvador sostuvo que las autoridades “siguen ejecutando un número considerable de detenciones de integrantes y líderes de estructuras criminales organizadas o terroristas en diversas zonas del país, tanto urbanas como rurales” y que han detectado que cometen delitos y se comunican, incluso con cabecillas y en centros de detención.

En su solicitud dirigida a los secretarios, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, citó la situación reportada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, e hizo una síntesis.

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“La labor operativa y de inteligencia policial ha detectado que integrantes de estructuras de crimen organizado no solo participan activamente en la ejecución de actos ilícitos, sino que además desarrollan mecanismos sofisticados para mantener una comunicación constante y efectiva con sus líderes, tanto aquellos que permanecen en centros de detención como quienes han recuperado su libertad”, indicó, en la síntesis presentada a los diputados directivos de la Asamblea Legislativa.

“Estas redes de información llevan a cabo coordinación de estrategias y transmisión de instrucciones para asegurar la continuidad operativa de las actividades delictivas en diversos territorios”, afirmó, en su misiva enviada al Legislativo, al comunicar la decisión del Consejo de Ministros de solicitar la prórroga 42 del régimen de excepción.

La nueva prórroga del régimen de excepción, que cumplirá tres años y medio a fines de septiembre, fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena se ausentó y Vamos votó en contra.

“Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 88,000 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción”. Adolfo Muñoz, secretario jurídico de Presidencia.

Según el gobierno, por esas razones, existe “la necesidad de mantener las medidas extraordinarias en el trabajo policial que permitan limitar el margen de acción de tales estructuras”.

Drogas, armas y menores

De la misma manera, los integrantes de estructuras criminales organizadas o terroristas cometen delitos como «portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas».

Ello ha «generado tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilícitas», por lo que asevera que hay una «persistencia» de las actividades delictivas de estos grupos.

A ello le suma el uso de menores de edad en las actividades delictivas: «Continúan siendo utilizados para participar en la reorganización de actividades ilícitas en los territorios donde residen, lo que representa una amenaza actual para la seguridad pública».

El régimen de excepción fue establecido el 27 de marzo de 2022; el gobierno está a punto de contabilizar 1,000 días sin homicidios durante la gestión actual. Organizaciones no gubernamentales denuncian al menos 6,500 violaciones contra derechos humanos durante su aplicación y más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia estatal.

En junio de 2025, el excomisionado de derechos humanos Andrés Guzmán declaró que hacía falta capturar 40,000 pandilleros en El Salvador. «Operando creo que no están, pero no sabemos dónde están y qué están haciendo», afirmó en esa ocasión.

En diciembre de 2024 y en enero de 2025, sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había asegurado que faltaban 8,000 «remanentes» o pandilleros por capturar.

«Es un aproximado de 8,000 miembros que tenemos pendientes de capturar», aseveró en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros. Hace nueve meses, el presidente Nayib Bukele aseguró que podría «rebajar» el régimen de excepción. Sin embargo, Bukele pidió votar por Nuevas Ideas en la campaña 2024

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma presupuestaria para incorporar $6 millones que otorgó en préstamo el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario, una entidad estatal descentralizada, con la finalidad de aumentar la producción de maíz y frijol.

La solicitud fue enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, al ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien la remitió a la Asamblea Legislativa. La solicitud fue recibida el 27 de agosto a las 11:37 a.m.

Según el ministro de Hacienda, con los fondos ejecutarán el programa «Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol» para «contribuir al incremento de la producción y productividad de estos cultivos», mediante la «tecnificación y mecanización del proceso agrícola».

Los fondos se incorporarán al presupuesto de la institución descentralizada no empresarial en la línea de trabajo “Innovación, competitividad y programas agroproductivos”. La petición será estudiada en la Comisión de Hacienda.

El CDCA fue una entidad del Estado, descentralizada, creada por la Ley de comercialización agrícola, que inicialmente buscaba regular precios de los productos agrícolas pero tras una observación presidencial el Centro quedó con la facultad de «disminuir las distorsiones de precios» de los productos agrícolas.

El primer director del CDCA, quien era representante de una empresa de transporte de carga, logística, distribución, almacenamiento, custodia y compra de mercadería, renunció en abril de 2024.

Al menos 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave entre los años 2022 y 2024 según el informe «El estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo», publicado el lunes 28 de julio de 2025, por cinco agencias de Naciones Unidas (ONU). La población salvadoreña en inseguridad alimentaria aumentó 3.3 puntos porcentuales respecto a las 2.6 millones de personas en inseguridad alimentaria en el periodo 2014-2016.

En agosto de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a El Salvador en la lista de países con «alto riesgo» de aumento en la desnutrición y enfermedades por las potenciales pérdidas agrícolas debido a los impactos del fenómeno El Niño proyectados entre uno y dos años.