Categoría: Politica

El concejo municipal de Ahuachapán Centro –que reúne a Ahuachapán y Atiquizaya– estará obligado a destinar un 0.05 % del presupuesto de la municipalidad para financiar programas dirigidos a la población migrante y su familia.

La nueva «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Ahuachapán Centro» fue aprobada el 4 de febrero y está vigente a partir del jueves 5 de junio luego de que fuera publicada en el Diario Oficial del 28 de mayo pasado.

El municipio estará obligado a llevar «un registro actualizado de las personas migrantes extranjeras que residen en el municipio, independientemente de cuál sea su condición migratoria», así como de salvadoreños retornados que residan en el municipio.

«En ninguna circunstancia el registro será utilizado como control migratorio», aclara la ordenanza.

La municipalidad de Santa Ana Centro, constituido por el distrito de Santa Ana, aprobó una ordenanza similar, la «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana«, que también establece un registro de las personas migrantes extranjeras y de los salvadoreños retornados que residan en el municipio.

La municipalidad de Ahuachapán Centro también elaborará un directorio de asociaciones de salvadoreños que residen en el exterior y otro directorio de cooperantes nacionales e internacionales para coordinar el trabajo migratorio del municipio.

La ordenanza también busca prevenir la migración irregular con actividades conjuntas entre instituciones públicas, oenegés, asociaciones de desarrollo comunal (adescos), empresa privada, iglesias, universidades y centros escolares, así como asociaciones de salvadoreños en el exterior.

El partido opositor Vamos está buscando llevar candidatos a alcaldes en los 44 municipios, para las próximas elecciones municipales y legislativas que se realizarán el 28 de febrero de 2027, informó la secretaria general del partido, Cesia Rivas.

“»La gente quiere tener representación de Vamos en los 14 departamentos y en los 44 municipios; la gente quiere tener funcionarios de Vamos en sus territorios y representándolos también en la Asamblea»”, aseguró.

Según Rivas, el partido Vamos ha crecido un 400 %, ya que en las últimas elecciones alcanzó 165,745 votos, incluidas las elecciones municipales.

En las elecciones legislativas de 2024, Vamos logró 91,675.45 votos, de los cuales 67,235.44 los obtuvo en San Salvador, 16,678.73 en La Libertad, y el resto en Santa Ana, La Paz y San Vicente.

En votación legislativa, Vamos fue el séptimo partido con más votos. En 2024, Nuevas Ideas quedó en primer lugar con 2.2 millones, seguido de Arena, con 227,357.3 votos; el FMLN, con 195,919.98; el PCN, con 101,641.43; Gana, con 99,343.89; y PDC, con 93,107.56. Después de Vamos se ubicó Fuerza Solidaria con 51,021.1 y Nuestro Tiempo, con 41,060.48.

“»Esa apertura ciudadana que hemos tenido, de mucho ciudadano que cree en este proyecto, que se siente representado por este proyecto. Hemos crecido, sí, hemos avanzado, a pesar de que estamos en un contexto no democrático, en el que cada vez más se busca arrancar de raíz el pluralismo, que va en contra de lo que dice la Constitución»”, indicó la dirigente.

Al consultarle cómo están trabajando para que la gente no se quede con la percepción de que Vamos solo es la diputada Claudia Ortiz, respondió que la representación legislativa les ha ayudado a nivel nacional no solo en San Salvador, pero que sí están trabajando en ello.

“»Ahí es donde nosotros estamos buscando que se conozca el proyecto y eso lo hacemos a través de los funcionarios públicos, de quienes forman parte activa del partido. Vamos sumando, sin duda hay mucho por hacer y, aunque puedan decir que solo es la diputada Claudia Ortiz y no vemos a nadie más, pues necesitamos más referentes como ella, con esos principios, con esa visión de país, con esa integridad»”, indicó.

Mencionó a los funcionarios que tienen en los municipios: Xiomara Lazo, concejal propietaria, Alejandra Gallardo, suplente, ambas en La Libertad Sur; y Marvin Menjívar, concejal en la Libertad Centro.

En las elecciones de 2024, Vamos solo participó en cinco departamentos: San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Vicente. Para las elecciones de alcaldes y diputados que se realizarán el 28 de febrero de 2027 recalcó que el reto es participar a nivel nacional.

“»Pues la idea es participar en todos. La gente nos está pidiendo que participemos en todos los departamentos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos formando ciudadanía. Este año se inició el Instituto de Formación Política y lo que se busca es (pasar) de la participación ciudadana a la incidencia política, estamos formando a personas que entiendan cuáles son sus derechos, cómo deben exigir, qué instituciones están obligadas a ser garantes»”, relató.

Vamos realizará sus elecciones internas del partido se realzarán el otro año, las últimas internas que tuvieron fueron en 2023.

Defensores de Enrique Anaya presentaron este viernes una demanda de habeas corpus ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que concluya la detención del abogado constitucionalista y le permitan el derecho a la defensa.

«Lo que se busca (con el habeas corpus) es el derecho a la libertad y, en el caso concreto de Enrique, es que cese la detención arbitraria y, lo otro, que se le permita el derecho a la defensa», explicó el defensor Jaime Quintanilla.

El abogado explicó que recurrieron a una demanda de «habeas corpus» debido a que Anaya, a quien se le acusa de un delito común, «tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de la detención administrativa», es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio. «Pero no se hizo así, presumimos se le está aplicando el régimen de excepción», señaló Quintanilla. Anaya fue capturado durante la mañana del sábado 7 de junio.

Quintanilla pidió públicamente a los magistrados resolver «con independencia» y «corregir un error» cometido en la acusación contra el abogado.

«Hacemos el llamado a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a conocer de este caso, que actúen de una forma y a lo mejor corrigiendo un error que se cometió, porque quieren hacer ver a Enrique Anaya como un delincuente, como un criminal que lava dinero, cosa que es falaz. Lo que queremos es que los magistrados resuelvan con principio de independencia, apegados a la ley y prevalezca el estado de derecho», expresó Quintanilla.

Señalan «desaparición de corto plazo»

La abogada Marcela Ramos, parte del equipo de defensores de Anaya, denunció que el acusado fue víctima de una «desaparición de corto plazo». Explicó que el martes por la noche se dieron cuenta que Anaya iba a ser trasladado a otro lugar pero que preguntaron en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se encuentra detenido, y les aseguraron que no sabían nada.

«El día martes, Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo, nos movilizamos a la División de Tránsito y consultamos si iba a ser movilizado, dijeron que no había ninguna movilización, tampoco había orden de chequeo médico. Ante la incertidumbre, también preguntamos en Medicina Legal, no sabíamos nada», indicó el abogado.

Lo trasladan vestidos de civil

Al día siguiente, Anaya les comentó que lo habían trasladado al Hospital Nacional Zacamil para hacerle pruebas de sangre y de presión arterial.

«Fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta que había sido llevado al Hospital Zacamil pero fue sacado sin decírsele nada, para dónde lo llevaban, por personas vestidas de civil. Imagínense la zozobra, incertidumbre, lo llevan al hospital, le hacen unas pruebas, lo mantienen ahí desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche sin decirle nada y esto refuerza una nueva conducta de arbitrariedad, de ilegalidad. Por eso estamos presentando este día el recurso de habeas corpus», indicó la abogada.

Por su parte, el abogado Alfredo García, también del equipo de defensores, reiteró que el delito imputado a Anaya es un delito común y no debió aplicársele el plazo máximo amparado en el régimen de excepción.

El estado de excepción suprime el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa establecido en la Constitución de la República; según el decreto del régimen, esta medida busca combatir las pandillas y los grupos terroristas. Bajo el régimen de excepción el plazo aplicado es 15 días durante los cuales las personas permanecen detenidas sin ser puestas ante un juez.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal es uno de los compromisos del acuerdo entre el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del programa del Servicio Ampliado del FMI (SAF), que se otorga a países con graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo.

El programa financiará $1,400 millones a lo largo de tres años pero El Salvador debe cumplir compromisos.

El Gobierno argumentó, en el decreto, que el país debe procurar la estabilidad fiscal con un “razonable ejercicio del gasto público”, “fortalecimiento progresivo de los ingresos públicos” y una trayectoria “sostenible” de la deuda con pensiones.

Estas son las obligaciones de El Salvador que debe cumplir a través del Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa.
1 Límites de la deuda desde 2030
La ley establece un límite de endeudamiento con pensiones del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero (SPNF) para 2045, iniciando con un límite del 80 % del PIB en 2030 y continuando con un 75 % del PIB en 2035.

2 Suspensión por emergencias
Las metas pueden suspenderse por emergencia o calamidad por un periodo no mayor a tres ejercicios fiscales (tres años). En este caso, Hacienda deberá publicar el estado de ingresos gastos y fuentes de financiamiento.

3 Un marco fiscal (MFMP)
Elaborar un “Marco Fiscal de Mediano Plazo” (MFMP), con proyecciones fundamentadas técnicamente, que debe ser publicado en el Portal de Transparencia Fiscal a más tardar el 31 de mayo de cada año con proyecciones de gastos del Estado, balance fiscal y primario –diferencia de gastos e ingresos corrientes– deuda con pensiones y cumplimiento de regla de la deuda.

El primer MFPM deberá publicarse dentro de tres meses a partir de la vigencia de la ley. Este MFMP servirá de referente para el ejercicio fiscal 2025 y para la elaboración del presupuesto estatal de 2026 (artículo 25).

El MFPM indicará la meta anual para los siguientes cinco años de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que engloba Gobierno Central, instituciones descentralizadas y empresas públicas, y un análisis de la sostenibilidad de la deuda del SPNF, con y sin la deuda de pensiones.

4 Riesgos fiscales
El MFMP que debe diseñar el gobierno cada año, con base en los límites de la deuda impuestos por la Ley de Sostenibilidad Fiscal, debe incluir riesgos fiscales ante desastres, situación macroeconómica, la situación de las empresas públicas, los gobiernos municipales, el sistema de pensiones, la deuda con garantía estatal y el gasto tributario. La ley no excluye algún tipo de deuda pública en su análisis.

El MFMP debe tener también un detalle de la evolución de las finanzas de las Empresas Públicas No Financieras (EPNF), es decir, Comisión Hidroléctrica del Río Lempa (CEL), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Lotería Nacional de Beneficencia.
5 Informe de cumplimiento de metas
Un «informe de cumplimiento de las metas fiscales» deberá contener las desviaciones de la trayectoria esperada, las causas de las desviaciones y las medidas que se tomarán para corregirlas.

6 Publicación de atrasos en pagos de 90 días
El estado también deberá publicar, en los primeros 10 días hábiles cada mes, la deuda en bienes y servicios y en transferencias que tengan un atraso de 90 días o más en Tesorería; y de las notas de crédito y Letras del Tesoro (Letes), flujo de Letes emitidos y cancelados.

7 Saldo de la deuda total con pensiones
El gobierno también deberá publicar cada mes el saldo de la deuda del SPNF con pensiones, deuda por cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor.

La Ley de sostenibilidad fiscal aprobada este 10 de junio derogó la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el 10 de noviembre de 2016 y cuya aplicación fue suspendida temporalmente el 26 de marzo de 2020 debido a la pandemia covid-19.

Un total de 35 extranjeros, uno de los cuales renunció a su nacionalidad de origen, han sido nacionalizados salvadoreños en los primeros días de junio, según la

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

La Migración salvadoreña indicó que las 35 nacionalizaciones fueron entregadas a los extranjeros durante un «emotivo y solemne acto» que según la institución marca «una nueva etapa en su vínculo con el país».

Las nacionalidades fueron entregadas por el director general de Migración, Ricardo Cucalón. El evento destacaría el compromiso del gobierno «con la integración y el reconocimiento de quienes han decidido hacer de El Salvador su hogar».

Solo en 2024, Migración entregó 407 nacionalizaciones salvadoreñas, lo que representó un incremento del 10 % en comparación con las 371 otorgadas en 2023, según los datos de Migración publicados en su sitio de transparencia.

Los reportes institucionales no detallan la nacionalidad de los extranjeros que adquieren la nacionalidad salvadoreña. La entidad migratoria también ha entregado más de 3,400 calidades migratorias entre residencias definitivas, temporales, transitorias, prórrogas y refrendas.

La nacionalización es el proceso mediante el cual un ciudadano adquiere la nacionalidad de otros país, de acuerdo a Migración y Extranjería. El trámite de nacionalización para centroamericanos tiene un costo de $150 y para las naturalizaciones de no centroamericanos $700.

Para ser salvadoreño por naturalización se requiere:

• Presentar solicitud.
• Certificación de partida de nacimiento.
• Solvencia de la Policía Nacional Civil.
• Constancia de antecedentes penales.
• Fotocopia de pasaporte vigente.
• Fotocopia de Documento Único de Identidad del cónyuge si es salvadoreño.
• Certificación de partida de matrimonio.
• Certificación de la Embajada de su país en la que se indique que permite la doble nacionalidad.
• Copia de carnet de residente definitivo.

Las residencias temporales que El Salvador ha otorgado a extranjeros han aumentado 23 % durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, según los datos de la coordinación de estadística de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las autoridades han entregado más de 3,400 calidades migratorias entre residencias definitivas, temporales, prórrogas y refrendas.

Los datos indican que en los primeros tres meses de 2024 se aprobaron 896 residencias temporales para extranjeros viviendo en El Salvador, mientras que en el mismo período de 2025 se han otorgado 1,100, lo que representa un aumento del 23 %. La prórroga de residencias temporales aumentaron también un 23 %, pasando de 488 a 601.

Por otro lado, las residencias transitorias han aumentado en un 649 %. De enero a marzo de 2024 se habían entregado solo 53 residencias transitorias, pero la cifra ha aumentado aceleradamente en comparación con las 397 otorgadas en el mismo plazo de este año. La Ley Especial de Migración y Extranjería establece que las residencias transitorias son válidas por seis meses continuos.

Para solicitar una residencia, la persona extranjera debe presentar una solicitud donde haga constar su nombre, edad, sexo, estado familiar, nacionalidad, profesión, fecha y lugar de ingreso al país, manifestación de voluntad de recibir la residencia, dirección, medios de notificaciones y firma según establece el reglamento de la Ley de migración.

Al aprobar una residencia, las autoridades exigen que el beneficiario acuda a Migración para toma de datos biométricos y que presente su constancia de antecedentes penales para luego extenderle un carné de residencia. Asimismo, las prórrogas de residencias transitorias aumentaron 300 % pasando de una a cuatro en el primero período de este año.

Por otro lado, las residencias definitivas aumentaron un 30 %, pasando de 319 a 416 en los primeros tres meses de este año en comparación con 2024. Asimismo, las refrendas de estas residencias incrementaron solo un 18 %, pasando de 790 a 934 en el mismo período.

En total, en el primero trimestre de 2024 se entregaron 2,547 calidades migratorias a extranjeros y en 2025 han sido 3,452, lo que significa un incremento del 36 %, de acuerdo a las cifras oficiales de la Migración salvadoreña, quien es la autoridad con la función de autorizar o denegar las residencias temporales, transitorias o definitivas, así como las prórrogas y refrendas.

Son 131 los salvadoreños a quienes el gobierno de España les ha otorgado el estatus de «refugiados» en los primeros cinco meses de 2025, según los datos de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de esa nación europea. El número de solicitudes de salvadoreños con resultados desfavorables es más del triple de las aceptadas.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, el Ministerio del Interior registra 131 nuevos salvadoreños que sido reconocidos como refugiados. Durante 2024, el gobierno español reconoció a 356 refugiados salvadoreños. Es decir, que en el último casi año y medio, strongson 487 los connacionales con protección. strong

Por otro lado, son 114 solicitudes de protección internacional las que han presentado los salvadoreños en lo que va de 2025, lo que representa solo el 0.17 % del total de peticiones que recibió el Ministerio del Interior, cuyo número asciende a 64,368. La mayoría de los solicitantes son hombres siendo 36,940 y 27,428 mujeres.

Los nacionalidades con más refugiados en España:

Colombia 469 refugiados.
Afganistán 399 refugiados.
Nicaragua 309 refugiados.
Rusia 157 refugiados.
Senegal 152 refugiados.
Palestina 141 refugiados.
El Salvador 131 refugiados.
Honduras 125 refugiados.

La mayoría de los aspirantes a refugiados tienen edades entre los 18 a los 34 años, en este grupo etario se encuentran 32,827 y otros 18,922 en el rango de 35 a 64 años. La principal nacionalidad de los solicitantes es Venezuela con 38,246 y los colombianos con 7,993, de acuerdo al registro de la institución.

En cuanto a las solicitudes de salvadoreños, el gobierno español también reporta 439 solicitudes desfavorables, mientras que otras 22 peticiones fueron enviadas a archivo por el Ministerio del Interior. El gobierno español recibe peticiones en su territorio, en puestos fronterizos, en embajadas y consulados, y en el Centro de Internamiento de Extranjeros.

Los senadores estadounidenses Tim Kaine, Chris Van Hollen y Alex Padilla presentaron el jueves una propuesta legislativa denominada Ley de Responsabilidad de El Salvador de 2025,que busca imponer sanciones al presidente Nayib Bukele, al vicepresidente Félix Ulloa y a otros altos funcionarios salvadoreños, por presuntas violaciones a los derechos humanos y por su supuesta colaboración con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la detención de personas residentes en Estados Unidos sin garantías judiciales.

La iniciativa contempla restricciones de visas, bloqueos de propiedades y la suspensión del financiamiento estadounidense al Gobierno salvadoreño. Además, ordena al Gobierno de Estados Unidos oponerse al envío de ayuda financiera internacional a El Salvador mientras no se respeten los derechos constitucionales y el debido proceso.

“Bajo el gobierno de Bukele, decenas de miles de salvadoreños y hasta residentes estadounidenses permanecen detenidos en megaprisiones sin el debido proceso. El presidente Bukele puede creer que tiene un aliado en el presidente Trump, pero los estadounidenses no tolerarán este ataque al Estado de derecho”, sostuvo el senador Kaine.

Por su parte, Van Hollen, quien estuvo en El Salvador visitando al deportado salvadoreño Kilmar Ábrego García, denunció que el Ejecutivo salvadoreño “recibe fondos de los contribuyentes estadounidenses para encarcelar personas como parte de un esquema para violar sus derechos constitucionales”. Añadió que esta legislación busca enviar un mensaje claro: “estas injusticias son inaceptables y deben cesar”.

Padilla, quien también ha visitado El Salvador para abogar por Abrego García, afirmó que “el régimen de Bukele sigue cometiendo atrocidades contra los derechos humanos y eliminando el debido proceso”.

Actualmente el Senado de Estados Unidos es dominado por el Partido Republicano -el mismo de Trump- con 53 senadores. Los demócratas tienen 45 senadores y dos son independientes, de manera que las probabilidad que esa legislación se apruebe es baja.

El proyecto de ley surge tras el traslado de más de 200 presuntos pandilleros desde EE.UU. hacia el penal de máxima seguridad CECOT, en un acuerdo entre ambos gobiernos. Legisladores demócratas criticaron al presidente Trump por supuestamente omitir procedimientos legales y por usar fondos públicos para encarcelar a individuos sin juicio previo.

La propuesta incluye sanciones como bloqueos de propiedades y sanciones de visas al presidente Bukele, miembros clave de su gabinete y otras personas extranjeras que trabajen en nombre del gobierno salvadoreño que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluso en relación con el actual “estado de excepción” en El Salvador o hayan participado en el plan, incluso aceptando dólares de los contribuyentes estadounidenses, para privar a las personas que residen en los Estados Unidos de sus derechos constitucionales.

Los senadores proponen sanciones hasta al menos cuatro años después de la promulgación del proyecto de ley, a menos que el Presidente certifique ante el Congreso que el Gobierno de El Salvador ya no comete graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos ni participa en la conspiración, incluyendo la aceptación de fondos públicos estadounidenses, para privar a las personas residentes en Estados Unidos de sus derechos constitucionales. Si

Además, proponen bloquear Asistencia Financiera Internacional y prohibir cualquier financiamiento estadounidense para el Gobierno de El Salvador hasta que la certificación presidencial correspondiente se transmita al Congreso.

A casi cinco años de haber sido aprobada, la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad aún no cuenta con un reglamento que permita su aplicación efectiva, y tampoco ha entrado en vigor el capítulo que crea el Tribunal Sancionador, cuya implementación ha sido prorrogada anualmente, la última vez en diciembre de 2024.

Ante esto, la cooperación española presentó el pasado 6 de junio una propuesta de reglamento elaborada durante un año en conjunto con asociaciones de personas con discapacidad, líderes comunitarios, madres cuidadoras y organizaciones sociales, quienes expusieron sus necesidades específicas durante el proceso.

En el evento de presentación únicamente asistió, en representación del Legislativo, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, quien criticó duramente la falta de voluntad política para implementar la ley. “La ley fue aprobada en junio de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021, pero desde entonces no ha tenido reglamento. No hay excusa para semejante irresponsabilidad por parte del Conaipd”, declaró.

Rivas recalcó que, sin el reglamento y sin la operación del Tribunal Sancionador, la ley permanece como una norma inactiva, sin herramientas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, personas sordas, no videntes o con problemas de movilidad.

Según la legisladora, el reglamento fue entregado al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y a representantes de otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo. “Lo que se espera ahora es que se tome en cuenta esta propuesta y que el Estado salvadoreño actúe como garante de los derechos de este sector históricamente vulnerable”, enfatizó.

Rivas reprochó que el retraso en la implementación del reglamento, así como las repetidas prórrogas al capítulo del Tribunal Sancionador, evidencian una grave negligencia y una falta de empatía institucional hacia las personas con discapacidad. “Esta ley, sin reglamento, sigue siendo letra muerta”, lamentó.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, desarrolló este jueves una apretada agenda en El Salvador, que incluyó una mesa redonda sobre economía digital en Aplaudo Estudios, donde intercambió impresiones con representantes del sector privado y de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham).

Durante el encuentro, Landau expresó su interés en comprender los retos y oportunidades del ecosistema digital salvadoreño, y reiteró el compromiso de su país por apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y la innovación tecnológica en la región.

Otro de los momentos destacados de su visita fue un recorrido por el Centro Histórico de San Salvador, donde conoció espacios emblemáticos como el Teatro Nacional y profundizó en la historia, arquitectura y cultura del país.

La noche del miércoles, Landau sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele, en la que abordaron temas clave para la relación bilateral.

«Contamos con un gran socio en el presidente Bukele y apreciamos el liderazgo de El Salvador en la región», afirmó Landau, destacando la sólida alianza entre ambos países.