Categoría: Politica

  • La maquinaria represiva centroamericana giró contra los periodistas, dice Castellanos Moya

    La maquinaria represiva centroamericana giró contra los periodistas, dice Castellanos Moya

    La «maquinaria represiva» que en épocas pasadas se enfocaba en atacar a los escritores en Centroamérica se ha girado en contra de los periodistas, mientras que en la región «se acabó la época de la democracia» y ha entrado a una fase autoritaria, dijo en una entrevista con EFE el reconocido escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya.

    En esta conversación, Castellanos Moya, que participa esta semana en el festival literario Centroamérica Cuenta en Guatemala, reflexionó sobre los peligros que enfrentan los periodistas en la actualidad centroamericana en comparación con la época en la que él lo ejerció, el papel de la literatura en contextos autoritarios y el vaciamiento de las instituciones democráticas.

    Periodismo y represión

    De acuerdo con Castellanos Moya, autor de novelas como «El asco» (1997), «El arma en el hombre» (2001) y «Tirana Memoria» (2008), «el escritor dejó de ser en buena medida (el) objetivo y dejó de importar en términos políticos para la represión».

    «Toda esa maquinaria represiva que antes se enfocaba hacia el disidente ideológico y político como escritor se enfocó hacia el periodista», explicó Castellanos Moya y señaló que «la gran cantidad de crímenes que se tienen en Latinoamérica a partir de los 90 y hasta para la actualidad es de periodistas».

    Opinó que «la lucha ideológica no era importante, entonces los pensadores, los escritores ya no fueron importantes, era más bien aquel periodista que buscaba la verdad el que se convertía en objetivo de la persecución».

    En este contexto y con el fin de la Guerra Fría y el fin de los conflictos armados en Centroamérica, el autor recordó que esta región entró en un «nuevo momento histórico, que fue el momento de la democracia que arrancó a principios de los 90 y que ha terminado ahora».

    «A partir de 2018 y 2019 se da otro cambio, se acabó la época de la democracia y hemos entrado en una época en la que hay gobiernos dictatoriales, autoritarios, etcétera y se está retomando un modelo de represión, castigo indiscriminado hacia aquellos que disienten, hacia aquellos que tienen una opinión distinta, como es el caso de Sergio Ramírez», indicó.

    Ramírez es ganador del Premio Cervantes 2017, a quien el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, lo despojó de su nacionalidad y vive en el exilio.

    Castellanos Moya recordó que en su época en el periodismo «no habían los mecanismos de represión que existen ahora».

    «Una vez que se deterioran los sistemas democráticos, en cada país con sus particularidades, para el periodista la situación es mucho más difícil, (…) y la situación en que ahora se ejerce el periodismo aquí en Centroamérica y México no hay comparación, ahora es muy arriesgado, ahora es muy difícil», lamentó.

    Centroamérica, ¿tierra de autoritarismos?

    Consultado sobre si la región centroamericana es fértil para el autoritarismo, Castellanos Moya matiza al apuntar que se trata más de un problema de memoria.

    «No sé si sea la expresión exacta de decir un territorio fértil, pero definitivamente hay expresiones de la voluntad popular, como en el caso de El Salvador, que parecieran no tener en cuenta lo que ha sido la tradición del país» y se ha dado paso a un «sistema más híbrido», dijo el autor de «La diabla en el espejo» (2009) y «Baile con serpientes» (1996).

    Subrayó que «hay otras variables, pero el hecho es que lo que era el régimen, el sistema democrático que surgió con la guerra civil (1980-1992), con las negociaciones de paz, acabó con la llegada de este nuevo presidente y la derrota absoluta de las fuerzas que habían llevado adelante 30 años de construcción democrática».

    Planteó también que «una pregunta bastante seria» es «¿por qué estas fuerzas que durante 30 años habían estado dirigiendo el país para hacer la construcción democrática colapsaron como un castillo de naipes?».

    En el caso de Nicaragua, apuntó que se ha dado «un círculo vicioso», porque se ha convertido en un régimen «incluso quizás peor que el que tuvieron con la dictadura de Somoza».

    Sobre el caso de Guatemala, Castellanos Moya mira una diferencia con El Salvador, en el que el presidente Nayib Bukele tiene un «exceso de poder» que genera un «vaciamiento de las instituciones» democráticas.

    «El vaciamiento que se ve en Guatemala es porque no tiene suficiente poder el señor (Bernardo) Árevalo», indicó, y afirmó que, lejos de una realidad uniforme, en los países centroamericanos existen «pequeñas realidades».

    Con respecto a las relaciones entre Estados y el crimen organizado, el escritor valoró que también es parte de la «descomposición del Estado, del vaciamiento de las instituciones».

    Literatura y autoritarismos

    El autor de «La metamorfosis del sabueso» (2011) se refirió además al papel que debería jugar la literatura en contextos autoritarios, y dijo que «cuando la política se ha acabado aparece la historia y cuando la historia se ha acabado aparece la literatura».

    «La literatura necesita añejamiento, necesita perspectiva, necesita distancia para poder construir obras que tengan un sentido trascendente, obras que puedan quedar en el tiempo», acotó el escritor, también autor de «Desmoronamiento» (2006), «Moronga» (2018) y «La sirvienta y el luchador» (2011).

    Por ello señala que «es muy difícil que la literatura cumpla un papel inmediato, eso no hay que ni que planteárselo, porque no es posible. En esta época lo que le toma la temperatura a las condiciones de cada país» es el periodismo, remarcó.

  • Nuevas Ideas critica transparencia de ONG, AC dice que cada año entregan estados financieros a Gobernación

    Nuevas Ideas critica transparencia de ONG, AC dice que cada año entregan estados financieros a Gobernación

    Diputados de Nuevas Ideas argumentaron la falta de transparencia de las organizaciones no gubernamentales para aprobar la nueva Ley de Agentes Extranjeros, mientras, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró que entregan reportes cada año al Ministerio de Gobernación.

    “Lasociedad civil siempre ha rendido cuentas, entregamos a Gobernación cada año nuestros estados financieros, todas nuestras transacciones son bancarizadas y los cooperantes siempre nos someten a auditorías”, dijo, el miércoles, en una conferencia de prensa.

    El representante de la organización no gubernamental aseveró que en El Salvador “no se desconoce quiénes son los que nos financian” a las oenegés. “Nosotros sí somos transparentes”, aseguró, en rechazo a los señalamientos de diputados de Nuevas Ideas a las oenegés.

    El martes en sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que hasta la fecha no había existido un marco jurídico que regulara las actividades que hacen en El Salvador «las personas naturales o jurídicas financiadas por una persona o agente extranjero».

    «Quiere decir que aquí toda la vida se creó un sistema donde ciertas organizaciones recibían dinero a saber de quién y a saber para qué. Pongan atención quiénes son los que están reclamando, son aquellos que nunca han querido decir quiénes son, quiénes los han financiado y para qué han ocupado y ocupan el dinero», señaló Castro sin mencionar a una ONG en específico.

    “¿Por qué no son ellos transparentes con quienes financian sus campañas? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía?”, dijo el representante de la AC.

    La AC es una organización que ha investigado el financiamiento de los partidos políticos realizando solicitudes de información a los mismos partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ha indagado las adjudicaciones de contratos del Estado y su relación con las empresas financistas de los partidos de Gobierno.

    Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, considera que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “estrategia” del gobierno para “callar voces críticas”, “evitar señalamientos por corrupción” e “inmovilizar, destruir el tejido social”.

    “La ley es un candado. Están vendiendo la idea de que a los que están procesando son criminales, son defensores de pandilleros, pero en realidad atacar a defensores de derechos humanos es atacar a toda la población”, afirmó.

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que reviviría la Ley de Agentes Extranjeros, de la cual desistió en 2021, el pasado martes 13 de mayo. La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 20 de mayo minutos después de que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, enviara el proyecto a la Asamblea Legislativa.

  • Organizaciones piden «respuesta contundente» del cuerpo diplomático ante Ley de Agentes Extranjeros

    Organizaciones piden «respuesta contundente» del cuerpo diplomático ante Ley de Agentes Extranjeros

    Representantes de unas 70 organizaciones nacionales e internacionales exigieron este miércoles al cuerpo diplomático acreditado que se pronuncien contra la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el martes, ya que creen que la normativa permitirá la «discrecionalidad del gobierno» en el trabajo de las organizaciones que reciben fondos del extranjero.

    Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), señaló que esta normativa no obedece a la transparencia sino a «un intento de castigar y reprimir el trabajo de denuncia, de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción, de violaciones a derechos humanos» y, por tanto, la considera «un ejercicio represivo, autoritario».

    La representante del SSPAS dijo que, como organizaciones, estaban exigiendo al cuerpo diplomático que se pronuncie de manera «contundente».

    «Estamos exigiendo una respuesta contundente del cuerpo diplomático, porque no vamos a vernos afectados únicamente las organizaciones, no vamos a vernos afectadas únicamente las poblaciones, las víctimas, la niñez, la juventud, sino que también la misma cooperación».

    Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

    La representante advirtió que, con la Ley de Agentes Extranjeros, el cuerpo diplomático estará «condicionado en la forma que puede cooperar tanto con el gobierno como con las oenegés».

    «El mismo gobierno va a condicionar y le va a decir al cuerpo diplomático en qué se puede meter, en qué puede aportar y en qué no. En lo que sea crítico, en lo que denuncie, en lo que sea incómodo, evidentemente, va a haber una restricción», auguró.

    Las organizaciones señalan que están seguros que no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que muchas se verán obligadas a cerrar.

    «Esto es un tema muy complejo, van a criminalizar nuestro trabajo, la ayuda, todavía no se tiene claro», expresó Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

    Suchit Chávez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), también manifestó preocupación ante la Ley de Agentes Extranjeros. La normativa obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».

    También, rechazó que el argumento de la aprobación de la ley es la transparencia es falso. «Si alguien ha informado son las organizaciones, eso ya lo hacía la prensa independiente y no se debe olvidar que gracias a la prensa independiente se evidenció que organizaciones como la de la esposa del exdiputado Guillermo Gallegos recibió $750,000», expresó.

    La Ley de Agentes Extranjeros prohíbe a personas y entidades realizar actividades políticas o que se consideren desestabilizadoras y les exige informar de todas las actividades que realizan a un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Los sujetos obligados de la normativa incluyen no solo personas y entidades que reciben fondos extranjeros sino personas o entidades extranjeras.

    «Preocupación internacional»

    En la conferencia, participaron de forma remota representantes de organizaciones internacionales que manifestaron su preocupación con todo lo que sucede en El Salvador.

    Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, aseguró que este tipo de leyes no busca transparentar la acción de la sociedad civil sino «perseguir cualquier voz crítica».

    «El Salvador está ahora en el centro de la preocupación internacional, muchos actores en Washington ven con alarma la aprobación de esta ley y que se dé en contexto de detenciones arbitrarias y que no hay un debido proceso, ni democracia, ni libertades, sino que es un paso más a quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente Nayib Bukele«, señaló.

    Por su parte, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, señaló a El Salvador de incumplir tratados internacionales. Ve la ley como «represalia» por las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las ONG como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia y brutalidad policial.

    «Gracias a ese trabajo, hoy sabemos que en El Salvador se cometen crímenes atroces, que el modelo de seguridad que ha implementado el presidente Bukele es contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta Ley constituye un profundo retroceso para el país», aseveró.

    El domingo a las 11:00 p.m., la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, un hecho que también es visto por las organizaciones como un ataque contra su trabajo. López dirigió 15 investigaciones relacionadas a la corrupción del gobierno actual según Cristosal y era una reconocida crítica de las políticas del gobierno.

    Las organizaciones ven la normativa como una profundización de la persecución y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos.

    «¿Quiénes de los que estamos en esta mesa, o aquí atrás, vamos a ser el siguiente en ser capturados en el régimen de esta dictadura? Y más allá de eso, a partir de la aprobación de esta ley, cualquier persona que defienda derechos humanos va a ir a parar a una cárcel si así lo determina el presidente inconstitucional», preguntó.

  • Ministro de Rusia habla de «cooperación jurídica» en reunión con vicepresidente Félix Ulloa

    Ministro de Rusia habla de «cooperación jurídica» en reunión con vicepresidente Félix Ulloa

    El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Justicia de la Federación de Rusia, Konstantín Chuichenko, con la cual busca «fortalecer los lazos de cooperación con la Federación de Rusia».

    El ministro ruso, según el comunicado oficial, resaltó «el interés» por conocer la experiencia de El Salvador en seguridad y «manifestó su disposición para explorar oportunidades de cooperación jurídica».

    El vicemandatario subrayó «la importancia de mantener espacios de diálogo al más alto nivel» con Rusia.

    Según la Vicepresidencia, se abordaron con el ministro de Justicia ruso los próximos pasos para la conclusión del proceso de ratificación del Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos, ya suscrito entre Rusia y El Salvador, y considerado por el gobierno salvadoreño como «un avance significativo» de la cooperación «educativa y científica» entre ambos gobiernos.

    El vicepresidente salvadoreño participó en la 13ª edición del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo (SPILF), en Rusia, en donde compartió la experiencia salvadoreña en materia de «seguridad pública, justicia y reinserción», «los avances del Plan Control Territorial y la transformación del sistema penitenciario» y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

  • Ponen en alquiler «exmercado Cuscatlán» para instalaciones de call center

    Ponen en alquiler «exmercado Cuscatlán» para instalaciones de call center

    Este miércoles se anunció a través de varios medios de comunicación que se ha puesto en alquiler las instalaciones del exmercado Cuscatlán, ubicado en la intersección de la 25 avenida Sur y la calle Gerardo Barrios, en esta capital.

    En abril de 2023 se conoció que la alcaldía renegociaba la deuda del mercado que sumaba más de $5 millones.

    El anuncio de alquiler ofrece el «exmercado Cuscatlán» como un complejo de edificios remodelados con «terminados de lujo» para uso de call center. Se detalla que las instalaciones tienen capacidad para 250 vehículos y que posee 9,985 metros cuadrados, cada uno sería alquilado a $60, es decir, que el alquiler total rondaría los $599,100.

    El ofertante asegura que las empresas pueden colocar en las instalaciones hasta 5,000 personas de call center y afirma que las instalaciones se encuentran en una «zona estratégicamente ubicada». Los interesados pueden contactarse al correo desarrollouniversalelsalvador@gmail.com.

    En febrero de 2023, el alcalde de ahora San Salvador Centro, Mario Durán, aseguró en una entrevista que estaban renegociando la deuda del alquiler de las instalaciones donde funcionaba el mercado Cuscatlán. Durán atribuyó la deuda a que la administración anterior «no hizo ningún esfuerzo» y había abandonado el proyecto que creía era funcional.

    En ese momento, la alcaldía pretendía convertir el mercado en algo «cultural», tomando en cuenta que era la sede de la Orquesta Sinfónica Municipal y de la Danza Folklórica Salvadoreña, que al parecer habían sido alojados ahí por la falta de compradores en los puestos del mercado.

    En ese entonces, el ahora exconcejal Héctor Silva publicó en sus redes sociales que al concejo había llegado una nota de cobro por $4.9 millones de la empresa que alquilaba las instalaciones del mercado. El mercado fue inaugurado en diciembre de 2016 por el entonces alcalde de San Salvador Nayib Bukele, quien prometió espacio para 800 vendedores bajo «un nuevo concepto de integración comercial y cultural».

    Inicialmente se alquilaría por 25 años y luego se redujo.

    Inicialmente, la alcaldía negoció que el contrato de alquiler del mercado Cuscatlán se firmara por 25 años con una tarifa de alquiler de $96,050, es decir, que anualmente pagaría $1,152,600. Sin embargo, el inmueble fue puesto en alquiler en 2018 sin previa notificación a la alcaldía, por lo que la alcaldía renegoció con la empresa y se acordó reducir el plazo a 23 años y la tarifa a $67,000.

    No obstante, la empresa Desarrollo Universal S.A de C.V. se volvió a contactar con la alcaldía para ofrecer una nueva negociación. Así, el plazo de arrendamiento se redujo a seis años y la tarifa se estableció en los $67,500 más IVA y el precio aumentaría 5 % cada tres años. Los seis años iniciaron el 1 de marzo de 2019 y habrían vencido el 1 de marzo de 2025.

    Un año después de iniciado el nuevo plazo, en octubre de 2020, el entonces alcalde Ernesto Muyshondt anunció que la alcaldía había decidido dejar de pagar el alquiler del mercado tomando en cuenta el «sobrecosto» y dijo que la Corte de Cuentas (CCR) les había indicado que el máximo a pagar era $46,000.

    La Corte de Cuentas realizó 10 reparos por responsabilidad patrimonial de $3 millones y responsabilidades administrativas contra Bukele y 17 funcionarios que dirigían la comuna. La Cámara Sexta de primera instancia de la CCR concluyó que existía un sobrecosto del 3,479 % en el arrendamiento del mercado en el plazo de 25 años.

  • Suecy Callejas: Proceso en El Salvador «puede ser frágil si dejamos que gente venga a trabajar acá sin decirnos sus intenciones»

    Suecy Callejas: Proceso en El Salvador «puede ser frágil si dejamos que gente venga a trabajar acá sin decirnos sus intenciones»

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, prometió que la Ley de Agentes Extranjeros «no busca prohibir actividades que ya se están realizando» en El Salvador, ya que lo único que exige es «transparencia» a las organizaciones o personas que reciben fondos extranjeros.

    Al final de su intervención, Callejas hizo una reflexión final sobre el sentido de la nueva normativa, señalando que el proceso de El Salvador puede ser «frágil» a agentes externos «con intereses mezquinos», por lo cual es necesario que digan «sus verdaderas intenciones».

    La legisladora y también vicepresidenta del Órgano Legislativo salvadoreño dijo que, con la nueva ley, «se busca proteger la soberanía nacional y evitar las injerencias externas encubiertas».

    “No podemos ser de memoria corta, estamos atravesando por una etapa de verdadera paz y este proceso puede ser frágil si dejamos que gente con intereses bastante mezquinos vengan a trabajar acá sin decirnos siquiera cuáles son sus verdaderas intenciones”.
    Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    La nueva Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada la noche del martes con dispensa de trámite. Esta crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá controlar y fiscalizar a las personas y oenegés que reciban cooperación extranjera, las cuales pagarán 30 % de sus donaciones y no realizar actividades para «alterar el orden público» o que «amenace la estabilidad social y política«.

    Sin embargo, ayer, tanto Callejas como el diputado Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, aseguraron que las oenegés podrán seguir haciendo las actividades que realizan siempre y cuando las declaren y paguen el impuesto.

    La diputada leyó la prohibición de realizar actividades políticas o actividades que amenacen «la estabilidad. social y política».

    “Esto tiene una lógica clarísima, un extranjero no puede venir a El Salvador a realizar campañas políticas sobre otro tipo de partidos que están fuera del país, de hecho es una prohibición para estar legalmente en este país», expresó.

    El artículo 24 de la nueva ley indica que «los sujetos obligados –los que reciben donaciones y los financistas extranjeros– deberán registrarse en el RAEX en un plazo máximo de 90 días» y que, «mientras los sujetos obligados no cumplan con la obligación de registrarse, no podrán realizar actividades, ni movimientos de recursos financieros o activos, ni bienes materiales«. Además, el artículo 8 literal «a» indica que el incumplimiento de la obligación del registro podría impilcar «la suspensión o la cancelación de su personería jurídica o de la inscripción«.

    “Esta ley no busca prohibir actividades que ya se están realizando, sino que exige transparencia para estas organizaciones, es decir que informen a los salvadoreños quiénes les financian y para qué tipo de actividades”.
    Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    «Habrá organizaciones como Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo) que van a estar un poco preocupadas, sin embargo, se registran en el RAEX y todo va a estar bien», aseguró la diputada Callejas durante la sesión plenaria.

    La diputada Callejas hizo su propio recuento sobre quiénes deben registrarse en el RAEX:
    -Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollan actividades en El Salvador controladas o financiadas por extranjeros.
    -Financistas extranjeros, como los representantes de gobiernos extranjeros, los integrantes de partidos políticos extranjeros, miembros de oenegés, corporaciones o personas jurídicas con sede principal fuera de El Salvador.

    Callejas aseveró que las obligaciones de los «agentes extranjeros» será pagar un impuesto al 30 %, «esto incluye donaciones o pagos o importaciones en especie», aclaró, aunque según la diputada podrán pedir exenciones «todas las organizaciones que están realizando proyectos que están dentro del marco de todo lo social y bienestar de este país”.

    También, detalló que el RAEX exigirá a los entes obligados «informar a qué se dedican, qué tipo de proyectos están ejecutando, cómo se usan los recursos que reciben del extranjero aquí en El Salvador, para financiar actividades que se desarrollan dentro del territorio nacional».

  • Las infracciones por las cuales las ONG con financiamiento extranjero serán multadas hasta por $250,000

    Las infracciones por las cuales las ONG con financiamiento extranjero serán multadas hasta por $250,000

    La nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Legislativa salvadoreña impone multas desde los $100,000 hasta los $250,000 a los sujetos obligados que no entreguen la información requerida en plazo o incumplan las obligaciones que se regulan en los artículos 8 y 9.

    Por incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 los sujetos obligados podrán ser sancionados con una multa de $100,000 a $150,000.

    Por incumplir las prohibiciones del artículo 9 podrán ser sancionadas con multas de $150,000 a $250,000.

    Sin embargo, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial podrá emitir instrumentos para «aclarar aspectos relacionados» a la aplicación de la ley y el Presidente de la República «podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación» sean necesarios. Además, el nuevo Registro podrá establecer los requisitos a los agentes extranjeros o sus financistas, ambos sujetos obligados.

    La nueva normativa establece un impuesto del 30 % sobre toda donación, incluso en especie, del extranjero, a personas o entidades que realicen sus actividades en el país, y además obliga a las mismas a entregar información sobre sus actividades o cualquier otra información que decida el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).

    ¿Cuáles son los incumplimientos que conllevan multas entre $100,000 a $150,000?

    1. No registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) bajo requisitos y formatos, con una declaración bajo juramento para el Registro y Fiscalía. Si se incumple, el Registro además está facultado para «realizar acciones legales» para «impedir la realización de sus actividades» como la cancelación de la personería jurídica.

    2. No recibir los fondos mediante instituciones legalmente autorizadas.

    3. No cumplir con la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

    4. No llevar libros de contabilidad y no conservar los registros de sus actividades según se lo exija el RAEX.

    5. No cumplir con las disposiciones del RAEX y sus reglamentos.

    ¿Cuáles son los incumplimientos que conllevan multas entre $150,000 y $250,000?

    1. Realizar actividades sin estar registrado en el RAEX.

    2. Realizar actividades para fines políticos u otros para alterar el orden público, que ponga en riesgo o amenace la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país.

    3. Recibir, usar donaciones o financiamiento para actividades no declaradas previamente en el RAEX o que no correspondan a fines establecidos en estatutos o autorización de su funcionamiento.

    4. Cambiar el propósito declarado de los fondos sin avisar al RAEX.

    5. Recibir donaciones anónimas.

    6. Transmitir «cualquier material informativo» para un mandante extranjero sin colocar en dichos materiales la etiqueta que se transmite a nombre de un mandante extranjero.

    7. Ocultar actividades financiadas por extranjeros.

    8. No informar sobre el uso de entidades, mecanismos, persona natural o jurídica para canalizar o transferir fondos desde el exterior «a favor de organizaciones sin fines de lucro».

  • Ernesto Castro dice «maleantes disfrazados de ONG» podrán «ayudar» a población con impuesto del 30 %

    Ernesto Castro dice «maleantes disfrazados de ONG» podrán «ayudar» a población con impuesto del 30 %

    «Por fin llegó el día», así inició el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, su intervención, antes de someter a votación este martes la Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un 30% de impuesto a las personas u organizaciones que puedan incidir en la opinión pública en El Salvador con fondos extranjeros.

    «Estas oenegés, que se han aprovechado de la gente, y es tan justa y tan bonita la decisión que estamos tomando que, ahora, hasta estos maleantes disfrazados de oenegés van a tener la oportunidad de ayudar al pueblo, al fin, con lo que paguen se va a ayudar al pueblo», aseveró el diputado del partido oficial.

    El diputado de Nuevas Ideas calificó de falso que con esta ley se prohíba el funcionamiento de algunas organizaciones, aseguró que únicamente deben pagar el 30%, informar de sus financistas y sus actividades, y aseguró que en El Salvador no hay censura.

    La nueva normativa obliga a las organizaciones o personas que reciben fondos extranjeros para actividades en El Salvador inscribirse en un registro y faculta al director del Registro a fiscalizar sus actividades y entregar un informe semestral a la Fiscalía salvadoreña.

    Dirán algunos que esto es censura, ¿censura por qué?, si pueden seguir gritando lo mismo, si les mandaban un millón de dólares mensuales, pidan que les manden tres o cinco, lo único que tienen que decir quién se los manda, quién los recibe y para qué lo ocupan, ‘ocupamos el dinero para hacer protestas en todas las calles’, tienen derecho, lo único que van a pagar el 30 %.
    Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    «Hay que dejar claro para todas esas voces que están queriendo vender una imagen en el extranjero de que aquí se están prohibiendo las cosas y con esta ley vamos a prohibir que algunas oenegés puedan funcionar y puedan realizar su trabajo y que puedan recibir financiamiento. No. Nada de eso. Eso es totalmente falso», afirmó.

    Según el funcionario las oenegés no informaban quién les enviaba dinero y para qué lo gastaban, pero opinó que «ellos pueden seguir exactamente igual y pueden dedicarse a lo que quieran, incluyendo aquellas que sigan queriendo dedicarse a actividades políticas, solo que ahora van a pagar el 30%», fueron sus palabras. La nueva ley prohíbe que los agentes extranjeros realicen actividades políticas.

    «No estén queriendo hablar de censuras, lo peor es que mucha gente habla de censuras, ¿y cuál es la censura que hay en este país?, vivimos en un país libre y democrático», exclamó, luego de hacer referencia al financiamiento de periodistas que según el funcionario hacen «novelas», «cuentos de caricaturas» o «fantasías».

    Algunas no pagarán el 30 %

    El diputado presidente dijo que hay asociaciones «dignas» que han y están haciendo un gran trabajo social, y que esas no van a pagar ese 30 % de impuesto sobre las donaciones que reciban. Mencionó a algunas que atienden a personas con VIH, emergencias, autismo, hogar de niños, enfermos de cáncer, entre otros.

    «¿Ustedes creen que estas oenegés van a pagar el 30 %? No. Estamos seguros Y estos que están diciendo de que esto atenta contra la democracia y que la decisión que estamos a punto de tomar es incompatible con la democracia y yo les pregunto ¿A qué democracia se refiere? A esa democracia que dejó nuestro país en ruinas», expresó.

    Aseguró que, con este 30% que van a pagar «ciertas oeneges» y utilizó el ejemplo de la comunidad El Bosque, «las familias van a saldar sus deudas y van a mantener sus viviendas».

    Recalcó que con la Ley se creará el Registro de Agentes Extranjeros que dependerá del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en el que se deben inscribir todas las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que realicen en El Salvador actividades controladas o financiadas por extranjeros.

    «El registro es sencillo, simplemente deben decir a qué se dedican, qué proyectos tienen, y en qué utilizan los recursos que recién del extranjero y de donde vienen sus fondos», reiteró.

    Comentó, para asegurar que esto no generará problemas a las «buenas organizaciones» y a quienes se quejan de censura que sus quejas son el mejor ejemplo que «vivimos en libertades».

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena y Vamos votaron en contra.

  • Crean Registro que fiscalizará a personas y entidades con financiamiento extranjero en El Salvador

    Crean Registro que fiscalizará a personas y entidades con financiamiento extranjero en El Salvador

    Con las exclusiones que determine un director nombrado por el Ministerio de Gobernación, las personas naturales y jurídicas que realicen actividades financiadas por extranjeros y sus financistas extranjeros deberán inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que supervisará y fiscalizará sus actividades.

    Este nuevo Registro tendrá facultad para solicitar la información que considere sobre los agentes extranjeros a diferentes instituciones y deberá remitir a la Fiscalía General de la República un informe cada seis meses de las actividades de los mismos.

    La nueva Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 votos, faculta al nuevo RAEX a requerir «documentos o cualquier información que considere necesaria sobre los sujetos obligados» y a «supervisar, fiscalizar y llevar un control» de sus actividades.

    Los «sujetos obligados» de esta ley son dos: los «agentes extranjeros» –quien recibe los fondos extranjeros para actividades desarrolladas en El Salvador– y los «mandantes extranjeros», definidos en la nueva ley como las personas o entidades de gobiernos extranjeros, miembros o representantes de partidos extranjeros, y organismos o corporaciones extranjeras.

    ¿Quiénes deben registrarse? Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollan actividades en El Salvador controladas o financiadas por extranjeros, también deben inscribirse los financistas extranjeros como los representantes de gobiernos extranjeros, los integrantes de partidos políticos extranjeros, miembros de oenegés, corporaciones o personas jurídicas con sede principal fuera de El Salvador”.

    Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    La normativa le otorga al RAEX «amplias facultades» para establecer requisitos a los sujetos obligados y a «requerirles los informes necesarios cuando lo estime pertinente».

    El Registro estará a cargo de un director general nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y tendrá «autonomía funcional y técnica».

    La nueva ley obliga a las personas o entidades a realizar «una declaración de registro bajo juramento» «para el Registro y a la Fiscalía General de la República», de lo contrario el Registro realizará «las acciones legales correspondientes para impedir» sus actividades temporal o definitivamente, cancelando la personería jurídica o la inscripción.

    El nuevo Registro deberá estar conformado y en funcionamiento «a partir de la entrada en vigencia» de la ley pero las personas o entidades obligadas «deberán registrarse» en «un plazo máximo de 90 días».

    La nueva normativa, además, creó un impuesto del 30 % sobre las transferencias que reciban de sus «mandantes extranjeros» y multas de hasta $250,000 por incumplimientos.

  • Claudia Ortiz dice «el gobierno» decidirá «a cuáles organizaciones aplicará el 30 % y a cuáles no”

    Claudia Ortiz dice «el gobierno» decidirá «a cuáles organizaciones aplicará el 30 % y a cuáles no”

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó que la nueva Ley de Agentes Extranjeros no establece criterios «taxativos» para que el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) defina qué organizaciones o personas estarán «excluidos» del nuevo impuesto del 30 % sobre todas sus donaciones del extranjero, incluso si son en especie.

    Ortiz indicó que, aunque la normativa establece exclusiones para algunas entidades o personas, “los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son absolutamente discrecionales y ambiguos». «Básicamente va a ser el gobierno el que va a decidir qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional va a estar sujeta a controles o al impuesto el 30% y cuáles no”, expresó.

    Para la diputada de Vamos, las afectadas serán las organizaciones que denuncian actos de corrupción del gobierno.

    “No sorprenderá, así como ustedes actúan, así como su gobierno actúa, que esos criterios se han aplicados solamente aquellos a quienes a ustedes les convienen y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder, a los que tratan de establecer límites al abuso que ustedes generan, a esos que no les son cómodos, entonces, se le va a aplicar discrecionalmente”, auguró la diputada de oposición.

    «Herramienta autoritaria para la censura»

    La legisladora consideró que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “herramienta autoritaria para la censura”.

    Aseguró que el artículo 20 de la ley genera inseguridad jurídica, ya que establece: “El presidente de la república podrá aprobar Cuántos reglamentos aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones cumplimiento de sus fines atribuciones y competencias”.

    “El artículo 20, mejor lo hubieran titulado «artículo de la inseguridad jurídica» porque el artículo establece que el Ejecutivo puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación, para poder implementar esta ley. Esto le da una habilitación legal amplia y sin límites al Ejecutivo para desarrollar reglamentos… Esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no trate de engañar a la gente. Esta es una herramienta evidentemente de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”, aseveró Ortiz.

    “Es una ley incompatible con la democracia con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión la libertad, de asociación. Pone límites y condiciones inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil».
    Claudia Ortiz (Vamos).

    También, cuestionó la vigilancia gubernamental a las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional. La Ley fue aprobada con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas, y los votos de sus aliados PDC y PCN.