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La solicitud de Nuevas Ideas para ratificar la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República y así eliminar la deuda política fue enviada a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo martes a las 10:00 de la mañana.

Con la solicitud, la Asamblea Legislativa podría completar el proceso de aprobación de la eliminación de la deuda política en la sesión plenaria del próximo miércoles.

El 12 de febrero en la plenaria ordinaria número 43, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno de la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la eliminación del artículo 210 de la Constitución para eliminar el financiamiento público que se le entrega a los partidos políticos.

Esto se logró gracias a que, el 29 de enero de este año, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución, que requería para cualquier reforma constitucional las votaciones de dos legislaturas. Con esta reforma, una sola Asamblea Legislativa puede cambiar cualquier artículo de la Constitución, con 45 votos.

El acuerdo para eliminar el artículo 210 de la Constitución fue publicado en el Diario Oficial el mismo 12 de febrero.

El diputado Francisco Lira, de Arena dijo que el acuerdo solo tenía que salir publicado en el Diario Oficial y el oficialismo tiene los votos para ratificarlo pero también hay que ver las leyes secundarias que hablan de la deuda política. “Lo que sí hay que tener claro son las leyes secundarias, en este caso, la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral”, señaló.

Los partidos políticos recibían una cantidad de dinero por cada voto que recibían en todo tipo de elección, presidenciales, legislativas, parlamentarias y municipales.

Desde 2014 hasta 2023, los partidos políticos salvadoreños recibieron $160.4 millones de financiamiento público y privado según un informe de Acción Ciudadana (AC): $75.6 millones de la deuda pública y $84.7 millones de donaciones de personas naturales o jurídicas.

Durante la campaña presidencial de 2019, la más reciente con información pública sobre los gastos, los partidos políticos tuvieron donantes pero también fueron erogados del Estado al menos $7.3 millones de enero a junio de 2019, como complemento de la deuda política luego de las elecciones presidenciales. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió $7.1 millones, seguido de Vamos, $109,005.75, PDC, $43,149.75 y PSD, $71,328.69.

En 2024, Hacienda presupuestó $38 millones y devengó $14 millones en deuda política pero no ha divulgado cómo la distribuyó.

Diputadas de oposición pusieron en duda de que la fracción de Nuevas Ideas pretenda constituir el Comité de Ética Parlamentaria con objetivos legítimos.

El pasado 12 de febrero, la bancada de Nuevas Ideas introdujo iniciativa para conformar el Comité de Ética Parlamentaria, lo cual está establecido en el artículo 28 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

El RIAL, en el artículo 28, establece que el Comité Comité de Ética Parlamentaria se integrará «a efectos de indagar las denuncias sobre las faltas éticas de los diputados o las diputadas”.

Sin embargo, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, duda sobre que la intención de los diputados de la bancada mayoritaria, al crear ese Comité, sea cumplir el artículo 28 del RIAL, ya que hay antecedentes como los “insultos del exdiputado Romeo Auerbach contra diputadas de oposición y nunca pasó nada”.

“Entonces la pregunta es ¿qué tipo de tribunal va a ser? Si va a ser para ayudarles a ellos y querer callarnos la boca a nosotros o si realmente va a buscar el beneficio en esta Asamblea Legislativa, para el parlamentarismo, que debería de haber”.
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La diputada de Arena dijo el miércoles que no le interesa formar parte del Comité. “Porque me parece que es una burla, que lo utilizarán solo para hacer daño a los partidos opositores”, aseveró.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, afirmó que el Comité está contemplado en el Reglamento Interno y «es obligación que se constituya». Sin embargo, observó que «en la legislatura pasada se constituyó también pero nunca hubo un informe de ese trabajo».

«Pero tiene que ser la conformación de esa comisión y tiene que ser representativa de todos los partidos políticos, pero sabemos lo que va a pasar».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Contrario a Villatoro, Ortiz sí espera ser parte del Comité de Ética Parlamentaria, pero asegura que saben lo que pasará.

«Eso nos deja de lección como salvadoreños que hay que cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa para que haya equilibrio de poder, para que pueda conocerse información que está en reserva y que pueda haber más participación de la sociedad, y que este órgano de Estado represente a todo el pueblo salvadoreño”, concluyó Ortiz.

En 2022, también a petición del presidente legislativo, Ernesto Castro, se conformó el Comité de Ética Parlamentaria, aprobado por el pleno el 8 de noviembre de 2024, aunque no se conoció alguna reunión pública o informe público.

El presidente fue el diputado Raúl Castillo, de Nuevas Ideas; y también lo conformaron Caleb Navarro, Mauricio Ortiz, Jonathan Hernández, Elisa Rosales, Rubén Flores, de Nuevas Ideas; Reinaldo Carballo (PDC), Reynaldo López Cardoza (PCN), Marta Pineda de Navas (Gana) y Silvia Ostorga (Arena).

Diputados de Arena y Vamos criticaron la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa para incluir la infraestructura escolar en las disposiciones que agilizan las contrataciones de construcción de obras turísticas o carreteras, permitiendo «contrataciones por conexión» o modificaciones en las contrataciones.

El dictamen fue aprobado el lunes 10 de febrero y fue aprobado por el pleno legislativo en la sesión plenaria del miércoles 12 de febrero.

Según la oposición, buscan «saltarse» procesos de licitación para contratar «de manera urgente», sin proceso de licitación, a contratistas ya conocidos por el Ministerio de Educación, con el fin de realizar obras en centros escolares.

«Este tema hay que analizarlo desde la raíz. ¿Cómo es posible que ahora la Ley de Compras Públicas se la van a saltar por interés social?, ¿por qué razones?, ¿por qué acciones?», dijo el diputado Francisco Lira, de Arena.

Para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, esto obedece a un mecanismo que ella llama «la contratación de dedo y es la gran innovación, entre comillas, que ha hecho esta Asamblea Legislativa».

Según Ortiz, todos los procesos de compras públicas, sobre todo en salud y educación, deben cumplir «los más altos estándares de transparencia y de competencia» entre los ofertantes.

«Este mecanismo no logra eso y, si se hizo una nueva Ley de Compras Públicas, era para agilizar esos procesos de compras públicas y no establecer mecanismos adicionales que son una excepción pero se vuelven la regla. Y en una cartera de Estado que es de las más grandes, con más potencial de inversión pública, el dinero debe cuidarse más», manifestó la diputada.

El diputado Lira cuestionó que hace ya casi un año el presidente de la República reiteró que se iban a remodelar varias escuelas. «¿Y dónde está el dinero?, por eso hemos dicho reiteradamente que deben transparentar los fondos públicos», reclamó.

El programa «Mi primera escuela», que prometía la reconstrucción de las escuelas de El Salvador con una inversión de $140 millones en el año 2024, tuvo una ejecución de $2.7 millones hasta noviembre. La inversión de $2,709,386.12 es un 5.2 % de lo programado en el año según el informe «Programa anual de inversión pública» del Ministerio de Hacienda.

Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para incorporar $13.5 millones para algunas de las actividades del programa de servicio digital de salud que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo de $235 millones.

La Asamblea Legislativa recibió el proyecto del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 18 de febrero, un día antes de aprobarlo.

La reforma al presupuesto del Ministerio de Salud de 2025 fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y los diputados de Arena no votaron.

El programa se denomina «8600 Programa de Salud Inteligente e Integral (Prosint) a nivel nacional».

Los fondos se destinarán, según el proyecto, a cinco áreas:

1. Implementación del modelo de salud digital, que incluye la contratación de personal para el Centro Virtual de Atención en Salud (C-VIDAS), consultorías para sistemas y servicios digitales, licencias para software y arrendamiento de oficinas: $608,000.

2. Refuerzo de resiliencia sanitaria multinivel, que incluye consultorías para elaborar carpetas técnicas, contratación de obras de construcción y supervisión de la Unidad de Salud Especializada de Apopa y de la Torre Hospitalaria para el Hospital de San Bartolo, equipos de ultrasonografía, ecocardiógrafo, laboratorio clínico, informático y mobiliario del Centro de Atención Especializada y personal: $11,028,335.

3. Fortalecimiento de la red de servicios de apoyo a la emergencia, que incluye estudios de suelo para construir lavandería metropolitana y para la Base Operativa del Sistema de Emergencias Médicas: $60,000.

4. Fortalecimiento institucional, que incluye encuestas, equipo y software, instalación, reactivos e insumos de laboratorio clínico: $1,348,665.

5. Administración y funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos: consultores, equipo, gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP): $455,000.

La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno para que mediante el Ministerio de Hacienda suscriba un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para ampliar a cuatro carriles el segundo tramo de la carretera CA02 del proyecto Surf City fase I, conocida como Carretera del Litoral del Pacífico.

El préstamo deberá ser pagado por el Estado salvadoreño en un plazo de 20 años pero tendrá cuatro años de gracia para empezar a amortizar al crédito.

Según la carta enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a la Asamblea Legislativa, se requiere conectividad vial e inversión en infraestructura pública.

Según el sitio del BCIE, el préstamo se destinará a la ampliación a cuatro carriles del segundo tramo de la carretera CA02, la mejora de 8.67 kilómetros de infraestructura vial, red peatonal y de ciclistas, en La Libertad y Tamanique.

También, con el crédito, se programa la construcción de un intercambiador del Corredor del Pacífico, en el distrito de Acajutla y municipio de Sonsonate Oeste, mejora en la intersección entre la carretera Litoral CA02W y carretera a Acajutla CA12S (kilo 5), sistemas de drenaje mejorados y barreras naturales contra inundaciones, y una planta de tratamiento en el caserío El Palmarcito, en el distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa.

La autorización del crédito se dio con dispensa de trámites, es decir, sin llevarlo a estudio a Comisión de Hacienda.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió suspender la sesión plenaria porque los diputados no tenían acceso a los proyectos de decretos que estaban siendo aprobados con dispensa de trámites.

El diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que Nuevas Ideas había prometido no aprobar mayor endeudamiento.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que «hay diputados que no entienden» que lo que dijeron es que en este presupuesto no habría deudas para gasto corriente. «Para obras de infraestructura siempre vamos a seguirle buscando oportunidades a los salvadoreños», dijo.

Al final, el decreto fue aprobado con 57 votos. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), informó este miércoles que el Tribunal de Primera Instancia del partido ya habló con ella para llegar a un acuerdo sobre las diferencias que mantiene con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

Así lo expresó:

«Yo ya fui citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido, estuvimos platicando por lo que estaba pasando y hemos llegado a un acuerdo, para beneficio del partido. No es y nunca fue mi intención causarle un menoscabo a Arena, en mi casa».

«Lo importante es no dar la herramienta al gobierno, ni a los enemigos para que terminen de acabarse con lo que tenemos dentro del partido».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El viernes 14 de febrero, el presidente de Arena, en conferencia de prensa, dijo que dejaba en manos de las estructuras del partido un proceso de «expulsión» contra la diputada pero que por él hace «muchos años» hubiese sido expulsada.

«A mí no se me ha expulsado, ni nada por el estilo, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando dentro de la Asamblea por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él, quede desligado totalmente del partido Arena, que nunca ha sido mi intención causarle daño», manifestó la diputada.

Al consultarle a la diputada si siempre solicitará una auditoría a la Corte de Cuenta de la República para que fiscalice los fondos que recibió el instituto político de deuda política, respondió que también es un tema que lo hablará directamente con García Saade.

«Todos esos temas los voy a ver yo directamente con Carlos Saade, pero esto no tendrá ninguna injerencia con el partido», respondió la legisladora.

Política | Sobre la polémica en ARENA: Marcela Villatoro revela que fue citada al Tribunal de Primera Instancia de Arena y que ha llegado a un acuerdo. “A mí no se me ha expulsado”, dice. Según la diputada, trabajará de manera conjunta para resolver las diferencias con Carlos… pic.twitter.com/YTYVY83Vi2

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 19, 2025

El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, explicó este miércoles que la nueva Ley de Registro de Estado Familiar, que inició su vigencia en diciembre de 2024, establece nuevos plazos para reportar nacimientos y fallecimientos de los salvadoreños.

En El Salvador, el plazo para inscribir nacimientos se reduce de 90 a 45 días, y el plazo para reportar las defunciones se amplía de 15 a 45 días, disposición contenida en la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

En el caso de las defunciones, «se ha ampliado el término de aviso, ya no son los 15 días que mencionaba la ley transitoria sino que se ha ampliado a 45 días», indicó el funcionario en el programa de entrevistas de Diálogo con Ernesto López de Canal 21.

El funcionario detalló que la defunción se puede inscribir:

1. En el domicilio donde ocurrió el fallecimiento.
2. En el último domicilio de la persona que falleció.
3. O en el domicilio en el que aparece de su partida de nacimiento.

La defunción sería marginada en la partida de nacimiento de la persona.

En el caso de los nacimientos, Velasco explicó que antes de la vigencia de la Ley de Registro de Estado Familiar «eran 90 días que tenía el padre o la madre para dar aviso del nacimiento y asentar a su hijo». «Esta ley reduce el tiempo a 45 días», confirmó.

La reducción del plazo se debe a la Ley Crecer Juntos, que introdujo la figura de «inscripciones oficiosas», ocurre cuando el padre o la madre no asienta a su hijo y se procede a la inscripción administrativa del nacimiento.

¿Con qué nombre se inscribirá al recién nacido si el padre o la madre no acuden a asentarlo?

El menor podrá ser inscrito «con el nombre asignado que aparece en la ficha» del hospital o, si no tiene un nombre, la Procuraduría General de la República le asignará uno.

Otra novedad de la ley es que no habrá multa para los padres o madres que no cumplan con la inscripción del nacimiento. «Otro aspecto interesante es que ya no hay multa, anteriormente se les cobraba una multa si no había un asentamiento en el tiempo. Si hay una ficha médica, el asentamiento se hace y no hay cobro de una multa», explicó.

Los diputados podrían aprobar este miércoles, en la sesión plenaria ordinaria número 44, La Ley de Ensayos Clínicos, la de Investigación en Salud y un decreto transitorio que permite adjudicar de manera urgente a contratistas la reconstrucción de centros escolares a contratistas.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde de este lunes un dictamen favorable para aprobar la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria»

Un segundo dictamen, aprobado la semana pasada, de la Ley de Investigación para la Salud, busca también aprobar el «consentimiento informado» en las investigaciones con seres humanos sobre salud.

El tercer dictamen favorable se aprobó el 11 de febrero y se trata de un decreto transitorio que permite contratar obras de manera urgente relacionadas al turismo, como calles, puentes, obras de mitigación, escenarios deportivos y culturales y que los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa incluyeron la infraestructura escolar.

El decreto, que vence el 31 de marzo de 2025, fue prorrogado un año más, además de incluir las obras en las escuelas en esta forma de contratación.

Así, el reformado decreto transitorio permitirá así adjudicar obras a contratistas que «hayan mostrado capacidad, compromiso y celeridad», contrataciones que se denominan «adjudicaciones por conexión».

Esto se prevé para la agenda de la plenaria de este miércoles, habrá que ver en el pleno lo que entra con dispensas de trámites, como ya es costumbre de la bancada oficialista.

El embajador de Japón en El Salvador, Yoshitaja Hoshino, aseguró el martes que su tarea es «reactivar» las relaciones económicas en el país, ya que considera que estas se han reducido en comparación con el auge económico de la década de las 50 con las empresas japonesas.

El diplomático japonés dijo durante una entrevista en La Tribu que las relaciones económicas actuales en comparación con las de los años 50 «están un poco lamentablemente reducidas», pues en esa época El Salvador era «la entrada de empresas japonesas hacia los países latinoamericanos».

«Comparado con aquellos años creo que nuestras relaciones económicas están un poco lamentablemente reducidas, entonces reactivar estas relaciones económicas creo que también es mi tarea».
Yoshitaja Hoshino, embajador de Japón en El Salvador.

Hoshino aseguró que actualmente solo hay seis fábricas japonesas ubicadas en El Salvador, mientras que en México hay más de 1,000. «Hay una gran diferencia» consideró el diplomático durante la entrevista.

El embajador recordó que en los años 70 ocurrió el secuestro y asesinato de un empresario japonés en El Salvador, lo que llevó a que muchos japoneses dejaran el país.

«A partir de este incidente no se ha recuperado al 100 %» lamentó.

Hoshino reconoció también que la situación de seguridad en El Salvador «ha totalmente mejorado», lo que ha atraído el turismo y ha permitido que la Cancillería japonesa bajara «la alerta al turismo» de grado 2 a 1 para que los japoneses visiten el país.

Para el diplomático, el tema fuerte de Japón en El Salvador es la cooperación y remarcó que su país es el tercer gran cooperantes en el país, solo superado por Estados Unidos y España. Destacó proyectos como la construcción del bypass de San Miguel y el puerto de La Unión.

Además, mencionó el programa «Esmate» que busca «mejorar el plan de estudios de matemáticas en la educación primaria y secundaria». El programa incluye la mejora de los libros de texto y capacitaciones para los docentes.