Categoría: Politica

El exdiputado Raúl Castillo, ministro de Cultura desde junio de 2024, confirmó este jueves los planes del gobierno para intervenir la Casa Dueñas, ubicada en el distrito de San Salvador Centro, y reveló que tienen «varios proyectos pensados» sin que hayan optado por alguno, puesto que requieren saber daños y «las cargas» que puede soportar la estructura.

El funcionario dijo a los diputados de la Comisión de Niñez e Integración Social que la Casa Dueñas debe ser intervenida con urgencia por el deterioro en el que se encuentra, por ende, se debe derogar le comodato a favor de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Presupuestariamente la Academia no puede sostener el mantenimiento de dicho espacio, han pasado 21 años, el deterioro es bastante significativo y lo que estamos haciendo hoy a través de la revocatoria es que queremos hacernos cargo del espacio para repararlo, esto significa una fuerte inversión… para recuperar el espacio y darle acceso a la población salvadoreña”.
Raúl Castillo, ministro de Cultura.

El diputado Rubén Flores, de Nuevas Ideas, afirmó que, al ver las imágenes presentadas por Castillo de la Casa Dueñas, “es necesario, urgente, hacer esta intervención en la Casa Dueñas” y le preguntó “qué proyecto se tiene a futuro al momento de rehabilitarlo (el espacio) y para qué va a servir”.

El titular de Cultura respondió que lo primero es la intervención y, al conocer el daño que tenga el inmueble, de eso dependerá el uso que se le pueda dar.

“En este momento, es comenzar de inmediato comenzar una intervención de restauración. Luego, tenemos varios proyectos pensados para el uso de este espacio, no lo tenemos definido todavía porque dependerá del daño que tiene qué tipo de uso le podemos dar, las cargas que se le pueden colocar. Si hay un daño estructural bastante severo, eso nos condiciona un poco en lo que queremos hacer, lo que tenemos planeado hacer a lo que en realidad se va a poder hacer”, fue la respuesta del ministro Castillo.

La Casa Dueñas, ubicada entre la 9 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, fue construida hace 105 años y su diseño estuvo a cargo del ingeniero Daniel Domínguez Párraga a solicitud de don Miguel Dueñas, como un regalo de bodas a su hija Eugenia.

¿Qué pasará con la Casa de las Academias?

La Casa de las Academias, en el inmueble de la Casa Dueñas, en donde funcionan la Academia Salvadoreña de la Lengua y de la Historia “no quedará desprotegida”, prometió el ministro.

“Cabe aclarar que en ningún momento dejaremos desprotegida a la Academia de la Lengua. Nos hemos anticipado y hemos tenido conversaciones con ellos: nosotros vamos a garantizar que ellos cuenten con un espacio adecuado, donde nos haremos cargo de todos los servicios que necesiten, el espacio tendrá los requerimientos que ellos necesiten”, aseguró Castillo, sin detallar dónde serán trasladados.

Según Cultura, el gobierno ha beneficiado ha beneficiado a la Academia Salvadoreña de la Lengua con $376,571.86 desde 1995, por medio del Programa de Transferencia de Recursos (PTR). En los últimos diez años (2016 al 2025) se le han transferido $92,000, explicó el director de Cooperación del Ministerio de Cultura, Gerardo González.

“Estos fondos son utilizados para proyectos específicos que promueven la difusión académica de expresiones culturales y de la lengua española, la lectura y la importancia del reconocimiento a la obra escrita por salvadoreños, siendo insuficientes para sufragar las demandas del mantenimiento del espacio”, explicó el funcionario.

Al finalizar la exposición de los funcionarios de Cultura, los diputados estuvieron de acuerdo en derogar el comodato y emitieron de forma unánime dictamen favorable que será conocido en la próxima plenaria ordinaria convocada para el martes 11 de marzo.

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) y diputados mexicanos que integran la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México sostuvieron esta semana para “establecer una hoja de ruta” contra la migración irregular y alternativas como la migración laboral, que permite que los migrantes trabajen en un país anfitrión y regresen a sus países de origen, conocida como migración circular.

Ambas comitivas analizaron propuestas sobre seguridad fronteriza e integración económica; ambas partes coincidieron en que “las principales causas que impulsan la migración son la inseguridad y la falta de empleo”.

El presidente del Parlacen, Carlos Hernández, aseguró en redes sociales que se reunió con la diputada presidenta de la Comisión, Marcela Guerra Castillo, para abordar la migración irregular “desde una perspectiva holística” que respete los derechos humanos de los migrantes y que cumpla el Pacto Mundial sobre la Migración Regular, Ordenada y Segura.

“Abordamos el tema migratorio desde una perspectiva holística… Discutimos alternativas de migración laboral (migración circular) como medida para evitar la migración irregular”.
Carlos Hernández, presidente del Parlacen.

Hernández aseveró que dentro de la hoja de ruta buscan atender la problemática de la migración irregular desde políticas públicas que “ofrezcan una solución integral” para los migrantes centroamericanos y del Caribe que buscan llegar a Norteamérica.

En reunión con la presidenta Marcela Guerra Castillo (@MarcelaGuerraNL), y diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México, abordamos el tema migratorio desde una perspectiva holística, fundamentada en el respeto a los derechos… pic.twitter.com/YLqvmcw8B0

— Carlos Hernández (@CarlosHdez_SV) March 5, 2025

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Marcela Guerra, considera que la relación entre el Parlacen y México “es un referente de cooperación y diálogo político” sobre temas migratorios porque están trabajando por el respeto de los derechos de los migrantes.

El Parlamento Centroamericano fue fundado en 1991 y está integrado por diputados electos en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que 5,262 salvadoreños pidieron refugio durante 2024.

“Juntos, trabajamos por el respeto a los derechos de los migrantes, sin distinción de su estatus legal, y por el fortalecimiento de políticas públicas en Centroamérica que garanticen una migración ordenada, segura y regular”.
Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México.

Por otro lado, el presidente del Parlacen, diputado de Nuevas Ideas, aseguró que también se reunió con la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de México. En el encuentro, Hernández dijo que reafirmó su compromiso con el “fortalecimiento de la integración, cooperación regional y el desarrollo integral”.

Actualmente, El Salvador a través del Ministerio de Trabajo cuenta con visas temporales de trabajo para salvadoreños en Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha asegurado que pronto también se sumará un país de Europa.

En noviembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), por sus siglas en inglés, aseguró que aumentaría en 64,716 las visas de trabajo H2-B para acceder a trabajos temporales, de ellas, al menos 20,000 serían destinadas a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Haití, Colombia y Ecuador.

El vínculo entre México y el @parlacensv es un referente de cooperación y diálogo político en materia migratoria. Juntos, trabajamos por el respeto a los derechos de los migrantes, sin distinción de su estatus legal, y por el fortalecimiento de políticas públicas en Centroamérica… pic.twitter.com/hkFWSAWdld

— Marcela Guerra (@MarcelaGuerraNL) March 4, 2025

La organización Amnistía Internacional Américas emitió el 5 de marzo una «acción urgente» por la detención de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), capturado el 25 de febrero por el delito de comercialización ilegal de parcelas, y urge que el activista no sea custodiado por las personas que denunció de torturas carcelarias.

«Acción urgente» es un mecanismo utilizado por Amnistía Internacional que busca la movilización de llamados a favor de personas cuya vida o cuya seguridad se teme que esté en peligro inminente. El plazo de la acción urgente vence en mayo próximo.

En el pronunciamiento, la organización califica la captura de arbitraria y menciona el allanamiento de la sede de Unidedhc y de la vivienda de la abogada Ivania Cruz, directora de la organización, además de la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, San Juan Opico, La Libertad.

«La detención de Zavala es especialmente preocupante, pues ha sido testigo y denunciante de torturas en centros penitenciarios. Instamos a las autoridades a garantizar la integridad física y psicológica de Fidel Zavala, así como a todas las personas detenidas y asegurarles un juicio justo con todas las garantías procesales», indicó.

La organización publicó una carta dirigida al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y exhortó a tomarla como base para realizar llamamientos hasta el 6 de mayo de 2025. En la carta, se menciona que hay una estrategia de criminalización contra activistas de derechos y manifiestan que es «urgente evitar que Zavala quede bajo la custodia de funcionarios a quienes ha denunciado por torturas y muertes en centros penitenciarios».

Fidel Zavala y otras 19 personas son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar vender lotes a personas de escasos recursos por $100 y $200. Según la FGR son acusados de los «delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de la profesión y agrupaciones ilícitas.

Amnistía Internacional, por su parte, sostiene que las capturas ocurrieron después de que Unidehc acompañara una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por la detención de líderes de La Floresta «quienes luchan por evitar el desalojo de sus tierras».

La FGR, además, publicó que Unidehc «nunca ha sido inscrita ante las instituciones correspondientes, ni está en proceso de inscripción, lo que la convierte en una asociación ilícita», aseveró, junto a una carta del director general del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, Víctor Palma Chamul, quien hace constar que buscó información sobre Unidehc «no encontrando ninguna entidad que responda a los referidos nombres o abreviatura».

El gobierno entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma para que la base de datos del historial crediticio de las personas en El Salvador se almacene en la nube con el fin de mantener la integridad de la información.

La solicitud fue enviada por el Ministerio de Economía el 4 de febrero y las reformas se realizarán a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas».

Actualmente, la Ley establece en su artículo 17 literal «n» que las agencias de información deben mantener la base de datos y su respaldo en El Salvador y que deben permitir su acceso a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y al Banco Central de Reserva (BCR).

La solicitud, firmada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien es encargada del despacho del Ministerio de Economía, se debe a «que las agencias de información cuenten con mecanismos de seguridad que permitan y garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad, respaldo y salvaguarda de la información de las personas que firman la autorización para consultar y compartir información».

«Es conveniente que las agencias de información cuenten con respaldo de información, con el objeto de disponer de un medio para su recuperación, de tal forma que se garantice la continuidad del negocio, conforme a estándares internacionales».
Solicitud del Ministerio de Economía.

Por ello, el gobierno propone reformar el literal «n», de la siguiente forma:

«n) Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional, en ambos casos se dará acceso irrestricto al Banco Central de Reserva de El Salvador y a la Superintendencia del Sistema Financiero. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitirá las Normas Técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos.»

Para el mismo fin, el gobierno también solicitó una segunda reforma, en el literal «h» del artículo 19, que establece prohibiciones a las agencias sobre «utilizar, transferir, compartir y comercializar a cualquier título y destino la información de las personas que conste en su base de datos, sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades», agregando al final: «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n).»

La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que fue convocada para este viernes 7 de marzo a las 10:00 de la mañana.

La

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia evalúa si dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que permiten que el funcionario que notifica un despido ilegal se haga cargo de los salarios caídos del trabajador, violan su derecho constitucional a la propiedad.

El caso se originó de una demanda contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales del distrito de Chalchuapa –Santa Ana Oeste–, quien notificó el despido del trabajador demandante.

La Ley de la Carrera Administrativa Municipal dice en su artículo 75, inciso quinto, que si el juez declara la nulidad del despido, ordenará que el empleado sea restituido y se le cancelen los salarios no pagados «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal».

El inciso séptimo establece que, si hay incumplimiento, el empleado municipal despedido también puede tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó el despido de forma ilegal, además del alcalde o concejales.

Al estudiar la demanda, la Cámara Primera de lo Laboral decidió «inaplicar» las dos disposiciones de la Ley por la posible violación a los artículos 2 y 22 de la Constitución, el primero que protege el derecho a la propiedad y, el segundo, a la libre disposición de los bienes. Luego, certificó la sentencia a la Sala de lo Constitucional el 14 de diciembre de 2024.

La Sala resolvió, el 26 de febrero de 2025, iniciar el proceso de inconstitucionalidad 79-2024 por la sentencia únicamente por la supuesta violación al artículo 2 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad, entre otros.

El argumento de la Cámara fue que las disposiciones restringen el derecho de propiedad porque considera a quien notificó el despido de forma ilegal como un «sujeto procesal pasivo» aunque «no haya incurrido con su voluntad» porque «se limitó a notificar la decisión tomada por un tercero». También, cita que el funcionario que notifica el despido no tiene la potestad de contratar ni despedir.

Con ello, señaló que se afectaría «a todos los bienes, materiales e inmateriales que integran el patrimonio» de la persona demandada y declaró inaplicable las disposiciones sobre la posibilidad de una sentencia condenatoria y acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido.

Sobre el proceso de inconstitucionalidad, la Sala también solicitó las opiniones de la Asamblea Legislativa y del fiscal general de la república. La Asamblea Legislativa recibió la notificación el pasado 27 de febrero.

La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento por el «Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres», que se celebra cada 8 de marzo, en el que hicieron un llamado a la acción para ampliar la igualdad de derechos, poder у oportunidades para todas las mujeres.

La celebración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, tiene su origen en las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de sus derechos; hasta la adopción de esta fecha por las Naciones Unidas en 1977, se ha consolidado como un recordatorio del esfuerzo y sacrificio de generaciones que han trabajado por sociedades más justas.

En El Salvador, se declaró mediante decreto legislativo 290, de fecha 10 de marzo del 2004, publicado en el Diario Oficial 16 de abril de ese mismo año el 8 de marzo de cada año como «Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres», con el objeto de promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sobre las condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural.

Este año, el Día Internacional de la Mujer tiene por lema «Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento».

«Lo que representa un llamado a la acción que puede ampliar la igualdad de derechos, poder у oportunidades para todas, y un futuro en el que no se deje a nadie atrás. El empoderamiento de la próxima generación es el núcleo de esta idea: la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, será protagonista de cambios duraderos”, expusieron los diputados.

El pronunciamiento se publicará en los medios y plataformas de comunicación administrados por la Asamblea Legislativa, “con el objeto de promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, generando igualdad de condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural”.

La iniciativa del pronunciamiento fue por la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, que obtuvo el respaldo de los otros 59 diputados de todos los partidos políticos.

Dos concejales de San Salvador Este revelaron este miércoles que desconocen el presupuesto destinado por la comuna al refugio municipal de animales porque el plan de gastos fue aprobado sin conocer rubros o plan operativo.

El regidor por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cayetano Cruz, aseguró a Diario El Mundo que el presupuesto del municipio para 2025 fue aprobado en enero sin «tan siquiera haber hecho exposición de los rubros, por unidad», por lo que «se ignora» el monto del presupuesto destinado al refugio de animales, así como el resto de áreas presupuestarias.

Por su parte, el concejal por el Cambio Democrático (CD). Hernán Carrasco, aseguró a El Mundo que no acompañó con su voto la aprobación del presupuesto. «No nos presentaron el plan operativo», se quejó, para estudiarlo con tiempo y evaluara si el presupuesto cumplía «con todos los requisitos de ley».

«Como no contamos con esa documentación, no lo acompañamos (presupuesto 2025), salvamos el voto, pero obviamente también pedimos que se nos mandara esa información posteriormente, igual hasta la fecha no se ha realizado».

Hernán Carrasco, concejal del CD en San Salvador Este.

Respecto a la crisis denunciada en el refugio municipal de Ilopango por maltrato animal, Cruz indicó que desde hace algún tiempo los trabajadores municipales expresaron que el refugio «no contaba con un presupuesto adecuado ni con la atención que se merece» y que «se ha «amenazado» a los trabajadores» para que no comenten las condiciones del refugio.

Concejales no pudieron ingresar al refugio

Además, denunció que a «los concejales del municipio no se les permitió el ingreso al refugio» para verificar las condiciones de los animales. Cruz recordó que, en la administración anterior en Soyapango, había «un refugio pantalla» donde las mascotas permanecían en condiciones parecidas a las denunciadas en Ilopango.

«En cuanto al presupuesto, por lo tanto, como concejales se desconoce porque nunca se daba la información… Los trabajadores han manifestado también que los han amenazado, de que, si dicen algo de lo que ha pasado allí o lo que han visto allí, pues habrá represalias laborales contra ellos».

Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este.

Por su parte, Carrasco relató que este miércoles al enterarse de las denuncias de maltrato animal, se trasladó junto al «concejal Salvador Elías» hacia el refugio, sin embargo, «se les negó la entrada a la colonia Bosques de la Paz» por parte de seguridad porque «no eran de la residencial». Aunque más tarde personal de la Policía Nacional Civil (PNC) les permitió entrar a la colonia, metros más adelante, no los dejaron ingresar al refugio. «Cuando llegamos, obviamente ya el ingreso al refugio, no no se nos permitió», reveló.

«Ya habían tapado todo el frente porque esa parte la parte de enfrente porque no tenía ni lámina, ni tenía una malla, sino que se podía ver y se podía constatar desde la calle prácticamente el refugio», por eso explica cómo usuarios de redes sociales difundieron fotografías del interior del refugio donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación.

El alcalde de San Salvador Este, José Chicas, hizo una publicación en Facebook, en la que aseguró que tanto la FGR como el Instituto de Bienestar Animal (IBA) habían verificado las condiciones del refugio y «confirmaron el cumplimiento de la ley». Poco después, la FGR y el IBA desmintieron al alcalde.

El presupuesto 2025 aprobado por el concejo municipal de San Salvador Este supera los $63 millones, según Carrasco. El presupuesto en ejecución no se encuentra disponible en la página de transparencia de la comuna, constató El Mundo constató.

El concejo de San Salvador Este está integrado por el alcalde y síndica de Nuevas Ideas, además de cinco regidores del mismo partido político; tres regidores de Cambio Democrático; uno de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y uno del FMLN.

El director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, explicó este miércoles que, con la nueva Ley de propiedad intelectual en El Salvador, ya no será necesario publicar las marcas en dos periódicos de circulación nacional, ya que publicarán un boletín electrónico en el cual se darán a conocer dichas marcas cuya propiedad intelectual se pretende proteger.

“Después de que tú solicitas una marca, se emiten carteles, antes tenías que irlos a publicar a diario de circulación nacional y uno miraba los clasificados, para ver si había un reclamo, tenías que dejar pasar dos meses y hacer tres publicaciones, eso se acabó”, explicó hoy en el programa Diálogo 21 de Canal 21 de El Salvador.

El funcionario detalló que esta publicación se realizará a través de un boletín electrónico y que por ahora tienen ya 60 publicaciones.

El trámite en el CNR es totalmente digital. La mayoría de usuarios son despachos privados que representan a marcas internacionales pero también hay micro y pequeños empresarios, para quienes hay un 50 % de exención.

El presidente del CNR anunció que ya recibieron la primera solicitud de un salvadoreño en el extranjero, en Estados Unidos, que solicitó su marca vinculada a café. “Hemos democratizado las solicitudes, no limitado a que tenga que estar en El Salvador”, afirmó.

El CNR registra más de 2,240 sociedades simplificadas creadas el año pasado y 1,150 sociedades en enero y febrero de 2025. Además, han recibido más de 200 solicitudes de obras y nueve solicitudes de patentes nacionales.

Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna y estudioso del sistema previsional salvadoreño, opinó este miércoles que la «debacle» del sistema de pensiones de El Salvador se originó desde 1969.

“Las bases actuariales del sistema no se tocan» desde ese año, advirtió Pineda en el programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21. Pineda aseguró a El Mundo que se refiere al año 1969, el año en que nació un sistema de pensiones en El Salvador bajo un «régimen contributivo» en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Según Pineda, no es el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien solucionará las fallas del sistema previsional salvadoreño, al referirse al acuerdo del gobierno de El Salvador con el FMI que compromete a El Salvador a realizar otra reforma de pensiones en 2026 basándose en estudios actuariales.

Los estudios actuariales proyectan obligaciones futuras en pensiones, bonos o títulos según muchas variables económicas y demográficas, entre estas la cantidad y las edades de la población trabajadora cotizante del sistema.

“Estamos hablando desde el comportamiento demográfico para sostener pago de pensiones en el tiempo, pero también otras bases actuariales como la sustentabilidad de los salarios, siguen siendo bajos; el nivel de rentabilidad que le garantizas al trabajador a la hora de emitir los títulos de inversión en cualquier mercado, siguen siendo bajos; no tocás ampliación de cobertura, no metés al sistema a sectores importantes, el bono demográfico”, enumeró.

El crítico del sistema previsional salvadoreño cree que hay que tomar en cuenta el problema del envejecimiento acelerado en El Salvador –el VII Censo de Población de 2024 confirmó que la población mayor a 50 años aumentó en 941,000 personas– y el aumento de los salvadoreños jóvenes. «El bono demográfico se está desperdiciando”, sentenció Pineda.

«Más de la mitad de la población es joven o está en los grupos de edad productiva, pero se enfrentan a un alto nivel de desempleo o desocupación», explicó.

No se acreditan certificados de traspaso «por escasez», dice Pineda

Otro problema es, según el analista, que la emisión de Certificados de Obligación Previsionales (COP) –mecanismo con que el Estado sigue tomando fondos prestados para sufragar las obligaciones previsionales– “ha comprometido las finanzas del Estado”, deuda que según el representante de la MPD debe «devolver». Son más de $10,000 millones.

Según el analista, ya hay síntomas de la escasez de recursos ante el agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) hacia donde se dirigen parte de la cotización de cada trabajador o empleado salvadoreño. La CGS es una cuenta colectiva, distinta al ahorro individual de cada trabajador, que sirve para pagar pensiones mínimas del sistema privado y otros beneficios previsionales.

Pineda aseveró que la CGS se hizo cargo de los certificados de traspaso. “Y los síntomas están visibles: el certificado de traspaso no se le está acreditando a la gente que está yendo a tramitar su pensión, a su cuenta individual, sino que se está pasando a la Cuenta de Garantía Solidaria por la escasez de recursos”, afirmó.

El certificado de traspaso es un valor redimible en la fecha de jubilación para los trabajadores que cotizaron en el sistema público y que se trasladaron al sistema privado.

El año crucial, 2027

El analista cree que la reforma paramétrica es inevitable pero cree necesario cambiar la fórmula de cálculo de la pensión y que el gobierno debe pagar el total de la deuda de pensiones, así como tener políticas en donde los salarios mejoren, haya más empleo, los ahorros de los cotizantes tengan rentabilidades de hasta el 9 % anual y que la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) realmente disminuya.

El miembro de la Mesa por una Pensión Digna aseguró que están diseñando una nueva propuesta y convocó a trabajadores y banca privada a unirse para estudiar el tema.

El FMI realiza un resumen de la situación previsional en El Salvador:

1. El sistema público de pensiones salvadoreño tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes (cotizantes de las AFP), por lo que enfrenta un déficit del 2 % en 2025 al 2.9 % en 2027. La deuda del Estado (ISP) alcanzará el 28.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 aunque en 2030 se estabilizaría cuando el grupo de jubilados se reduzca.

Los cotizantes de las AFP son actualmente 950,000 trabajadores pero el sistema paga pensiones a 128,000 jubilados; en 2024, se pagaron beneficios por $1,200 millones y las contribuciones fueron $1,500 millones.

2. En el sistema privado de pensiones (AFP), «alrededor del 89 % de los activos bajo administración de las AFP se mantienen en títulos de deuda pública» directa o indirectamente. En la práctica, dice el FMI, «los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP».

Para el sistema de pensiones salvadoreño, el año 2027 es crucial: el Fondo confirmó que el dinero de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2027, debido a que la reforma de 2022 colocó los beneficios de pensiones «por encima de los ahorros» de las cuentas individuales y las AFP ya comenzaron a «recurrir» a la CGS, creada para pagar pensiones mínimas cuando se le acaban los ahorros a los jubilados del sistema privado. Además, es en 2027 cuando se vence el periodo de gracia para que el ISP comience a amortizar capital e intereses a la deuda de pensiones, luego de un periodo de gracia de 4 años negociado con las AFP.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, solicitó el lunes a la Asamblea Legislativa la derogatoria del decreto de comodato de la Casa Dueñas a favor de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Si la Asamblea Legislativa aprueba el decreto de derogación, el inmueble pasaría al Ministerio de Cultura, “con el fin de que dicho ministerio lo convierta en un espacio de desarrollo cultural”.

El inmueble que ocupa la llamada «Casa Dueñas» está situado en la intersección de la 9ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. Mediante un decreto legislativo aprobado el 8 de noviembre de 2001, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Educación darlo en calidad de comodato por un plazo de 50 años prorrogables para el funcionamiento de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

El comodato por 50 años se aprobó con el fin de realizar el proyecto “Rehabilitación y restauración Casa Dueñas” y de convertir dicho inmueble en un espacio de “desarrollo cultural”. El decreto del comodato, que inició su vigencia el 11 de diciembre de 2011, publicado esa misma fecha, vence en diciembre de 2051.

Según detalla la iniciativa, el Ministerio de Cultura, como ente rector del patrimonio cultural de El Salvador, es el actual poseedor del inmueble y “por acuerdo de las partes, solicitaron la resciliación –disolución del contrato por mutuo acuerdo– del referido comodato”.

La Casa Dueñas fue construida en 1919 y fue declarada bien cultural en 1992 por el Ministerio de Educación de ese entonces.

La solicitud será estudiada por la Comisión de la Niñez e Integración Social, que tiene programado reunirse mañana jueves a las 11:30 de la mañana.