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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comprará seguros de vida, médicos hospitalarios, de automotores, de fidelidad, por incendio y para equipo electrónico por casi $100,000 según consta en la oferta de compra de servicios que realizó la institución en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

El Tribunal destinaría $99,575 para la compra de seis seguros, cinco solo para magistrados y bienes de la institución y uno para los jueces electorales y sus familiares. La oferta de compra fue publicada el 26 de febrero en Bolpros.

La póliza de seguros tendrá una vigencia de nueve meses, partiendo del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2025, pero la vigencia del contrato se extiende hasta el 31 de enero de 2026. La institución también dejó por sentado en la oferta que puede pedir adendas o prórrogas.

El gasto se distribuiría así:

• Seguro colectivo de vida y médico hospitalario $43,503.
• Seguro colectivo de automotores $26,404.
• Seguro de fidelidad $2,251.
• Seguro de incendio y líneas aliadas $14,157.
• Seguro de equipo electrónico $12,260.

El seguro colectivo de vida será contratado para los 10 magistrados, los propietarios y los suplentes e incluye $75,000 como fondo para cada uno de los jueces electorales. El seguro contempla casos de muerte, incluso suicidio.

En cuanto al seguro médico hospitalario, este se contratará para los 10 magistrados, su cónyuge, hijos, hijastros, hijos adoptivos hasta los 25 años, con la condición que sean solteros, estudiantes a tiempo completo y dependientes del asegurado.

El seguro de automotores será contratado para cubrir 80 vehículos y seis motocicletas propiedad del Tribunal. El seguro de fidelidad busca brindar respaldo por pérdida de dinero, valores, títulos valores y bienes activos propiedad del TSE.

Por otro lado, el seguro de incendios incluye la protección de cuatro recintos:

1. Oficinas en la 15ta calle Poniente, no. 4223, en la colonia Escalón, San Salvador.
2. Bodegas en la avenida España, no. 13, edificio de Exproveeduría, San Salvador.
3. Bodegas en el kilómetro 12 y medio de la carretera a Comalapa, San Marcos, San Salvador.
4. Centro corporativo sobre la 87 avenida Norte y 1ra calle Poniente no. 4509, colonia Escalón, San Salvador.

En el caso del seguro de equipo electrónico, se cubrirán los bienes del asegurado mientras que estos se encuentren en «cualquiera de las ubicaciones que esté operando el asegurado». La responsabilidad límite de la empresa será hasta por $2,266,776.90.

Además, en el listado de personal a asegurar se incluye:

• Presidenta, Roxana Soriano $50,000.
• Director Financiero $50,000.
• Refrendario de cheques del presupuesto ordinario $100,000.
• Jefe de la Unidad de Comprar Públicas $15,000.
• Tesorero institucional $100,000.
• Encargado de Custodia y Distribución de Combustible $10,000.
• Encargado de almacén general $10,000.
• Jefe de Activo Fijo y Almacén $50,000.
• Auxiliar de bodega $8,000.
• Encargado de Fondo Circulante de Monto Fijo y Caja $20,000.
• Refendario del Fondo Circulante de Monto Fijo y Caja chica $20,000.

El u003cstrongu003eInstituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) u003c/strongu003eactualizó las tarifas por el alquiler de espacios para los distintos centros deportivos del país a partir del 21 de febrero.nnDe estas tarifas se excluyen los eventos deportivos nacionales o internacionales desarrollados por federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Indes.nnEn el u003cstrongu003eEstado Mágico Gonzáalezu003c/strongu003e, uno de los centros deportivos recientemente renovados, el alquiler por un día para actos no deportivos –actos artísticos, religiosos, culturales, políticos o de otra índole– costaba $7,000; con la actualización la tarifa es $10,000.nnEn el Mágico, los precios anteriores oscilaban entre $1,500 por día para un acto cultural, hasta $7,000 por día para un evento artístico, pasando por las tarifas de $3,000 por día para evento religioso y $5,000 por día para evento político.nnLos eventos deportivos en el Mágico tendrán que pagar $5,000 por día y $2,000 por día adicional.nnEl u003cstrongu003ePalacio de los Deportes Carlos «El Famoso» Hernándezu003c/strongu003e tendrá una tarifa de $5,000 para eventos no deportivos, $2,000 por día adicional; y $2,500 para eventos deportivos por día.nnEl u003cstrongu003eGimnasio Nacional «José Adolfo Pineda»u003c/strongu003e tiene una tarifa de $7,000 por día para eventos no deportivos y $3,000 de día adicional; además, de $5,000 por día para los eventos deportivos y $2,000 por día adicional.nnEl u003cstrongu003eEstadio Nacional Las Deliciasu003c/strongu003e tiene una tarifa de alquiler de $7,000 por día para eventos no deportivos y $3,000 para eventos deportivos.nnEl u003cstrongu003eComplejo Deportivo El Polvorínu003c/strongu003e y el u003cstrongu003ePolideportivo de Ciudad Merliotu003c/strongu003e tienen tarifas de $2,500 por día para evento no deportivo y $1,500 para evento deportivo.nnEl tarifario también aumenta las tarifas para promociones y ventas; y su reforma fue publicada en el Diario Oficial del 21 de febrero de 2025.nnEsta semana el Diario Oficial también publicó nuevas tarifas para cinco servicios del Ministerio de Trabajo, así como integró cinco distritos al u003cÁrea Metropolitana de San Salvador (AMSS)u003e que pagarán tarifas por los servicios que presta la Oficina del u003cÁrea Metropolitana de San Salvador (Opamss)u003e en los trámites de construcción.

El gobierno, a través del «Ministerio de Economía», nombró a los representantes de las gremiales de contadores y auditores para el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría» por un periodo de tres años que finalizará el 5 de febrero de 2028.

El nombramiento se realizó con base en la reforma de 2021 que permitió al Ministerio de Economía realizar el nombramiento en lugar de que lo hicieran directamente las gremiales de contadores y auditores, las cuales realizan propuestas.

Las propuestas, según el instructivo para conformar el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría» por parte de las asociaciones gremiales de la contaduría y auditoría, vencía el 29 de enero de 2025, según el acuerdo del Minec del 10 de enero de 2025 (se emitió el instructivo).

Luego de recibir las propuestas de las asociaciones gremiales de contaduría y auditoría, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, nombró como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona y Otto Karim Guzmán Barrera; y como suplentes, respectivamente, a Jhony Alexander Argueta Amaya y Walter Ernesto Guerrero.

«Luis Alfredo Siliézar Cardona, propietario,» es licenciado en Contaduría Púbica y se graduó del INCAE Business School, y ha laborado en Deloitte El Salvador y AFF Consultores; actualmente es parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 2021-2024.

«Otto Karim Guzmán Barrera, propietario,» es licenciado en Contaduría Pública, socio de Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y ha sido director propietario en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría.

«Jhony Alexander Argueta Amaya», suplente, presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IIA 2023-2025). Fue miembro del Comité de Auditoría de Credicomer.

«Walter Ernesto Guerrero, suplente», máster en finanzas, licenciado en contaduría pública, socio de García Cuéllar y Asociados. Ha laborado en Deloitte.

Siliézar Cardona y Argueta Amaya fueron propuestos por el Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IAI El Salvador) para el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría.

Guzmán Barrera fue propuesto por la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES) y Walter Ernesto Guerrero fue propuesto por la Corporación de Contadores de El Salvador (CCES).

La «reforma de 2021» permitió al Ejecutivo nombrar a los directores provenientes de las gremiales que forman parte del Consejo de Vigilancia, que está conformado por un miembro nombrado por cada uno de los siguientes funcionarios: ministro de Economía, ministro de Hacienda, superintendente del Sistema Financiero, director nombrado por el presidente de la República; y los dos representantes de las gremiales.

El Salvador y Georgia firmaron esta semana un acuerdo que tiene como propósito explorar las «oportunidades de colaboración» entre las dos naciones en temas como educación, protección social, inclusión, salud y medio ambiente, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería salvadoreña indicó que este acuerdo permite también formar una agenda de trabajo bilateral para «consolidar las iniciativas de colaboración». El acuerdo fue firmado por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el primer ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, Lasha Darsalia.

El acuerdo fue suscrito en el marco de la primera reunión de consultas políticas entre las dos naciones y la conmemoración del 26 aniversario de las relaciones de amistad y colaboración con Georgia, un país ubicado entre el continente europeo y el asiático.

«A pesar de que somos países pequeños y que nos encontramos muy separados entre nosotros, tenemos algunas similitudes, así como el apoyo en el sistema internacional».
Lasha Darsalia, primer ministro de Asuntos Exteriores de Georgia.

El primer ministro Darsalia dijo durante el encuentro que ambos países tienen similitudes «como el apoyo en el sistema internacional», por lo que espera «más acercamientos» con sus homólogos salvadoreños, de acuerdo a lo informado por Relaciones Exteriores.

Además, Darsalia habría expresado su interés por trabajar en temas comunes como cooperación, comercio y turismo. Asimismo, habrían tratado temas económicos, comerciales, cooperación y de becas.

Japón abrió el plazo para que los salvadoreños interesados puedan aplicar a becas para estudiar en ese país asiático.

Los interesados pueden aplicar a un curso especializado en sismología y a una ingeniería sísmica y mitigación de desastres por tsunamis.

Los salvadoreños que quieran aplicar pueden enviar sus solicitudes hasta el viernes 7 de marzo.

Entre los beneficios están: cobertura del 100 % de la matrícula, subsidio mensual para manutención, boleto aéreo de ida y vuelta, seguro médico, materiales y equipos.

Los estudios de ‘Ingeniería sísmica y mitigación de desastres por tsunamis’ inician el 28 de septiembre de 2025 y finalizan el 12 de septiembre de 2026. Para aplicar se requiere hablar inglés y una de las reglas es que los estudiantes no tienen permitido salir de Japón mientras están activos en el curso.

Algunos de las características de los candidatos:

– Ser técnicos, ingenieros o investigadores con título universitario en sismología, ingeniería sísmica, tsunami o equivalentes.
– Ser empleado de organizaciones gubernamentales, institutos de investigación o universidades que tengan interés en la sismología.
– Conocimientos en matemáticas avanzadas como diferenciación e integración, derivadas parciales, ecuaciones diferenciales, álgebra matricial, vectorial, entre otras.
– Ser capaz de redactas informes individuales en inglés.
– Tener entre 25 y 42 años de edad.

Las becas son ejecutadas a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y se requiere presentar para la postulación: el formulario de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), nota de postulación de la institución donde labora, copia del pasaporte y otros formularios de aplicación.

Aplica a una beca completa en Japón.

Para estudiar el curso especializado en sismología, ingeniería sísmica y mitigación de desastres por tsunamis, conoce los requisitos en el siguiente enlace:
https://t.co/2bH9DUv3gp

Tienes hasta el 7 de marzo de 2025 pic.twitter.com/zLJQiee6tw

A solicitud del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda aprobó el aumento de las tarifas relacionadas a los servicios de acreditación de empresas y comités de seguridad ocupacional en los centros de trabajo.

El gobierno consideró que el Ministerio de Trabajo «requiere contar con mayores recursos» y decidió «recuperar los costos» de gastos generados por los servicios que presta la Dirección General de Previsión Social.

«Se hace necesario actualizar los precios de servicios de los diferentes procesos que se realizan en la citada Dirección General mediante la modificación de algunos e incluso e inclusión de nuevos servicios, los cuales serán sufragados por los particulares que soliciten dichos servicios», indica el acuerdo.

Los servicios afectados prestados por la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo son:

1. Acreditación de empresas asesoras para brindar servicios de seguridad ocupacional: $500. El precio anterior era $300.
2. Registros de equipos generadores de vapor: $200. El precio anterior era $50.
3. Acreditación de comités de seguridad ocupacional: $100. El precio anterior era $10.
4. Resolución de medidas sustantivas: $100. El precio anterior era $5.
5. Constancia de aprobación y acreditación de peritos: $400. El precio anterior era $300.
6. Constancia de capacitación para integrar comités de seguridad y salud, curso virtual de 8 horas: $100. El precio anterior era $15.

Las nuevas tarifas, vigentes desde el 27 de enero, fecha de aprobación del acuerdo, fueron publicadas el 24 de febrero.

El resto de tarifas por servicios de la Dirección no se modifican, que contienen impresiones ($0.05), fotocopias ($0.08), discos ($1.5 o $2) y memorias USB ($10), permisos de trabajadores migrantes extranjeros ($10), constancias de autorización de reexportación de maquinaria y traslado ($500), solvencia o constancia de cumplimiento de normativa laboral ($500), certificación de expedientes ($0.08 por página), aprobación de planos ($150), solicitudes de pago de diferido ($100), certificaciones ($0.08 por página), constancia de aprobación de reglamentos internos de trabajo ($50), constancias de autorización de cambios de horario de trabajo ($50), inscripción de juntas directivas de sindicatos ($25), modificaciones de juntas directivas de sindicatos ($10) y reposición de carné de directivo sindical ($5).

El financiamiento público para los partidos políticos denominado deuda política ya no existe en El Salvador pero estos podrán ser financiados por entidades privadas.

Aunque ya existe cierta regulación al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que se debe reforzar a fin de evitar el financiamiento ilegal.

“Sin duda, hoy más que nunca, se necesita una serie de reformas y una serie de acciones, para prevenir el financiamiento ilegal de partidos y candidatos”, señaló Escobar.

Reiteró que como organización han venido señalando que, aún con deuda política, la normativa carecía de instrumentos ilegales para fiscalizar de manera efectiva los fondos que reciben los partidos.

“Como organización hemos venido señalando, aún con deuda política, la necesidad de fiscalizar de manera más rigurosa, que haya más control sobre el financiamiento, para que haya más transparencia, independientemente el financiamiento sea público o privado”.
Eduardo Escobar, director de la AC.

El 26 de febrero, la actual Asamblea Legislativa ratificó, en una misma legislatura, la derogatoria del artículo 210 de la Constitución, eliminando el financiamiento público que recibían los partidos políticos.

Para el abogado, ahora que solo habrá financiamiento privado, la Asamblea debe crear la regulación necesaria para cerrar cualquier espacio de financiamiento ilegal.

“La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad, dado que solo habrá financiamiento privado, de brindar la regulación necesaria para fiscalizar a los partidos. Igual, el gobierno podría reforzar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para la creación de una unidad fiscalizadora, esas son el tipo de medidas que debería de tomar la Asamblea y el gobierno, ya que han eliminado la deuda política”, sugirió.

Otro aspecto que señala el también investigador del financiamiento partidario es que se deben revisar las sanciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos cuando estos violen las prohibiciones sobre el financiamiento privado.

“Se deben revisar las sanciones, ya que actualmente son sanciones que no tienen costo político, ni económico, ni político, para los infractores de la ley. También se debe reforzar el tema de las obligaciones de transparencia y que, de parte del TSE (Tribunal Supremo Electoral), exista la voluntad política de cumplir con el rol fiscalizador”, enfatizó.

¿Qué pasa si son financiados con bitcoins?

Actualmente, tampoco existe regulación respecto al financiamiento que puedan recibir los partidos políticos en bitcoins o cualquier otra criptomoneda, desde cualquier parte del mundo. Escobar señaló que en las transferencias de criptoactivos en general hay anonimato, por lo que «no contribuye a la transparencia de los partidos”.

“Lo más recomendable es prohibir el financiamiento de campañas con criptoactivos por un tema de control, de prevención de lavado de dinero, por un tema de transparencia».
Eduardo Escobar, director de la AC.

Advirtió, además, que si en caso no se prohíbe, “le corresponde al TSE emitir las normativas» ante situaciones irregulares «como lavado de activos, por medio del bitcoin u otro criptoactivo”.

Por último, Escobar cuestionó que, aunque ya está establecido en la Ley, no todos los partidos políticos cumplen con la obligación de revelar su información financiera y señaló que el que menos lo hace es Nuevas Ideas.

“El partido oficial que es el que recibe más recursos y el que en teoría recibió más deuda política, sin rendir cuentas, sin informar sobre sus finanzas, sin hacer pública a la ciudadanía la información sobre sus donantes, sobre sus gastos y esto es importante», dijo.

Recordó que la ley establece que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que solicite información mediante medios electrónicos o físicos sobre las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político ya sea en especie o efectivo.

Después de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República y de la deuda política de los partidos políticos, la Asamblea Legislativa debe eliminar dicho beneficio de la ley secundaria, es decir, de la Ley de Partidos Políticos, advirtió este viernes el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

“La Asamblea debe derogar las disposiciones sobre deuda política en la Ley de partidos políticos para armonizar la Ley con la Constitución, porque esa disposición ya no tendría sustento constitucional”, indicó.

A pesar que pareciera un «simple trámite» o que se asume que ya no tiene validez, Escobar explicó que se debe hacer «por orden» y se debe “armonizar con la Constitución».

Explicó que debe ser eliminado el Capítulo II de la Ley de Partidos Políticos, que habla del financiamiento público y establece el derecho que tenían los partidos para recibir los fondos públicos y sus montos, además de las condiciones para ello.

La eliminación del artículo 210 de la Constitución, es decir una reforma constitucional, se dio de forma rápida, luego de la modificación al artículo 248 de la Constitución.

El artículo 248 modificado agrega la posibilidad de reformar la Constitución «por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos».

Con la eliminación de la deuda política, la Asamblea Legislativa estrenó la vía rápida para cambiar la Constitución que le permitirá cambiar la Carta Magna en una sola legislatura.

El Consejo de Alcaldes del área Metropolitana de San Salvador (Coamss) incorporó a todos los distritos del municipio de San Salvador Sur y a Comasagua al área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Con ello, Panchimalco, Rosario de Mora, Santiago Texacuangos y Santo Tomás, además de Comasagua, se sumarán a los 23 distritos que conforman actualmente el AMSS. En total serán 28 distritos.

El acuerdo del Consejo de Alcaldes del AMSS autorizó al municipio de San Salvador Sur a aplicar las tarifas por los servicios que presta la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), aprobadas por el Coamss. Esto implica que los permisos de construcción de estos distritos deberán tramitarse a través de dicha oficina.

Entre las tarifas de la OPAMSS se encuentran: $87 o $115 de tarifa base por permisos de construcción hasta 75 metros cuadrados, más $1.07 o $1.33 por metro cuadrado excedente; $266 por calificación de vallas publicitarias y pasarelas; $797 por permiso de construcción de vallas o pasarelas; $1,992 por permiso de construcción de antenas y torres; y $2,656 por recepción de construcción de antenas y torres.

Ven oportunidad inmobiliaria en San Salvador Sur

Para integrar el municipio completo de San Salvador Sur, el Consejo consideró que este territorio “tiene abiertas oportunidades para el desarrollo inmobiliario”, ya que es “el primer punto de acceso a la metrópoli”, destacando su conectividad con el Aeropuerto Internacional. Hasta octubre pasado, únicamente el distrito de San Marcos estaba integrado al AMSS.

El Coamss también destacó que San Salvador Sur posee riqueza patrimonial, como la Cofradía de Las Flores y Las Palmas, en Panchimalco, vistas como oportunidades turísticas, junto a sitios como Los Planes de Renderos, la Puerta del Diablo y la ruta panorámica de Santiago Texacuangos.

Respecto a Comasagua, distrito de La Libertad Sur, el Consejo consideró que existen condiciones de conectividad a través de la calle a Comasagua con el proyecto “Surf City”, es decir, con el municipio de La Libertad Costa, específicamente los distritos de Teotepeque, Chiltiupán y Tamanique.

En esta zona, el Coamss ve “oportunidades de un acceso alternativo a los polos turísticos costeños, posibilitando un recorrido de experiencias entre la montaña y el mar”.

Los 28 distritos del Área Metropolitana de San Salvador

1. San Salvador, San Salvador Centro

2. Ayutuxtepeque, San Salvador Centro

3. Mejicanos, San Salvador Centro

4. Cuscatancingo, San Salvador Centro

5. Ciudad Delgado, San Salvador Centro

6. Apopa, San Salvador Oeste

7. Nejapa, San Salvador Oeste

8. Ilopango, San Salvador Este

9. San Martín, San Salvador Este

10. Soyapango, San Salvador Este

11. Tonacatepeque, San Salvador Este

12. San Marcos, San Salvador Sur

13. Panchimalco, San Salvador Sur

14. Rosario de Mora, San Salvador Sur

15. Santiago Texacuangos, San Salvador Sur

16. Santo Tomás, San Salvador Sur

17. Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este

18. Huizúcar, La Libertad Este

19. Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este

20. San José Villanueva, La Libertad Este

21. Zaragoza, La Libertad Este

22. Chiltiupán, La Libertad Costa

23. Jicalapa, La Libertad Costa

24. La Libertad, La Libertad Costa

25. Tamanique, La Libertad Costa

26. Teotepeque, La Libertad Costa

27. Santa Tecla, La Libertad Sur

28. Comasagua, La Libertad Sur