Categoría: Politica

  • Asamblea dice reforma no crea impuesto sobre las remesas del exterior: ¿en qué consistió?

    Asamblea dice reforma no crea impuesto sobre las remesas del exterior: ¿en qué consistió?

    La Asamblea Legislativa aseveró este viernes que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que aprobó en marzo de 2024 no establece impuesto sobre las remesas que los salvadoreños reciben del exterior.

    Ante aseveraciones en redes sociales, en una aclaración pública emitida hoy, la Asamblea señaló que la reforma al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pretendía «eliminar cualquier tipo de gravamen a las transferencias de capital provenientes del exterior».

    El presidente legislativo, Ernesto Castro, escribió que no han aprobado «ningún impuesto para las remesas» y acusó a la oposición de intentar «manipular la opinión pública».

    «Al contrario, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que nosotros aprobamos lo dice clarito: las remesas y los fondos provenientes del extranjero están excluidos de dicho pago. Punto», indicó en X.

    La reforma aprobada el 12 de marzo de 2024 por los diputados cambió el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que regula los fondos que no se consideran rentas o ganancias; y derogó otras disposiciones relacionadas a las rentas obtenidas en el exterior por salvadoreños.

    Los diputados agregaron un numeral a las exclusiones del concepto de renta, así:

    Artículo 3. No constituyen rentas para los efectos de esta ley:
    «Rentas de capital productos o utilidades excluidos del concepto de renta.

    4) Todos los valores que se reciban en cualquier concepto, obtenidos en el exterior o cualquier movimiento de capital, remuneración o emolumento, en dinero o especie, generado o no por la inversión de capital nacional o extranjero, que sean nominalmente obtenidas o percibidas por personas naturales, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, domiciliados o no en el país, proveniente de cualquier clase de fuente en el exterior.»

    En segundo lugar, la reforma derogó varias disposiciones del artículo 14-A, que regula las «rentas provenientes de títulos valores»; del artículo 16, que regula las «rentas obtenidas en El Salvador» y del artículo 27, que regula las «rentas provenientes de depósitos».

    La primera derogación eliminó el impuesto sobre las rentas obtenidas de títulos valores e instrumentos financieros en el exterior obtenidas por salvadoreños y suprimió disposiciones que buscaban ajustar pérdidas y ganancias en las transferencias de valores realizadas en el exterior.

    La segunda derogación suprimió la disposición que establecía que las rentas de los salvadoreños obtenidas «en otro país» por créditos en el exterior «se reputará renta gravada en el país» y que obligaba a sumar estas a la «renta imponible».

    Y también derogaron el inciso segundo del artículo 27, que obligaba a «declarar las rentas por los depósitos en instituciones financieras del exterior aunque hubiesen pagado Impuesto sobre la Renta u otro impuesto» y a «tributar el 10 %» o la diferencia si el impuesto pagado en el exterior es menor. En este último artículo, fueron derogados los incisos tercer y cuarto del artículo 27, sobre la declaración de rentas por depósitos en instituciones financieras del exterior y sobre la obligación de presentar un documento de pago del impuesto en el extranjero.

  • Inicia vigencia de decreto para extender detención provisional y otras reformas penales

    Inicia vigencia de decreto para extender detención provisional y otras reformas penales

    La vigencia del decreto 211 que permite extender el plazo de detención provisional hasta la media pena del delito imputado o del delito más grave, en procesos sin sentencia firme, inició el jueves 20 de febrero, luego de que fuera publicado en el Diario Oficial del 12 de febrero.

    La reforma realizada a los incisos 2 y 3 del artículo 8 del Código Procesal Penal indican que «la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena» y que «en ningún caso» podrá exceder los máximos «ni exceder el plazo de 12 meses» para delitos menos graves ni de 24 meses para delitos graves.

    Sin embargo, la reforma agrega que «excepcionalmente» esta regla «no se aplicará» cuando haya pericias complejas, y que también «la privación podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado» o la mitad de la pena más grave; reforma que «deberá» aplicarse «a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme».

    Esta reforma al Código Procesal Penal fue aprobada el 7 de febrero en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada en el Diario Oficial del 12 de febrero.

    Este jueves también inició la vigencia de los decretos 210 de reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión para delitos como homicidio, privación de libertad, violación y otros, el decreto 212 de reformas al Código Procesal Penal para exigir que las víctimas de administración fraudulenta presenten o costeen las auditorías al denunciar dicho delito, entre otros; y el decreto 213 de reformas al Código Penal, para aumentar penas para delitos de corrupción.

  • Amnistía Internacional: reforma al artículo 248 de la Constitución «profundiza riesgo de abusos de derechos humanos»

    Amnistía Internacional: reforma al artículo 248 de la Constitución «profundiza riesgo de abusos de derechos humanos»

    La organización Amnistía Internacional aseguró recientemente que la ratificación a la reforma constitucional del artículo 248 que permite que una sola Asamblea Legislativa reforme la Constitución de la República «profundiza el riesgo de abusos a derechos humanos».

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    A través de un comunicado publicado a inicios de febrero, Amnistía Internacional asevera que este nuevo modelo de reformas constitucionales por la vía rápida ponen «en grave riesgo la protección de los derechos humanos» porque reducen «drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana».

    La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que esta medida «marca un preocupante riesgo» de una «mayor erosión» en los derechos humanos en El Salvador tomando en cuenta que «la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo han sido sistemáticamente debilitados».

    «Al eliminar la obligación de que los cambios constitucionales sean aprobados por dos Asambleas Legislativas diferentes, el oficialismo se garantiza una vía expedita para modificar la Carta Magna sin procesos deliberativos adecuados ni la participación ciudadana».
    Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

    Para Piquer, esta nueva forma de reformar la Constitución de la República podría «allanar el camino para la instauración de reformas que socaven aún más los derechos humanos de la población». Aseveró que las reformas constitucionales «deben ser fruto de amplios consensos» y que deben garantizar «mecanismos de control» que le permitan a los salvadoreños «ejercer su derecho a participar efectivamente en la vida pública».

    La organización advirtió que esta vía expedita de reformas constitucionales podrían permitir que «cualquier modificación futura responda únicamente a los intereses del poder de turno» sin asegurar «un debate serio y amplio».

    «Es fundamental que la comunidad internacional mantenga un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador y exija al Estado salvadoreño se abstenga de cualquier medida que ponga en riesgo los derechos humanos de la población o ponga en riesgo la institucionalidad que debe garantizarlos y protegerlos».
    Amnistía Internacional.

    Amnistía recuerda en su comunicado que desde mayo de 2021 «con el control absoluto» de la Asamblea Legislativa, «el partido oficialista ha impulsado reformas que han debilitado el acceso a la justicia» refiriéndose a la suspensión de derechos por la aprobación del régimen de excepción y las más de 84,000 capturadas «arbitrariamente» según la organización.

    La ratificación de la reforma constitucional para crear la vía rápida de cambiar la Constitución fue aprobada el 29 de enero con 57 votos a favor, por parte de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. La primera reforma constitucional impulsada bajo este mecanismo fue la eliminación de la deuda política.

  • Más de 138,000 salvadoreños solicitantes de asilo en el exterior según Acnur

    Más de 138,000 salvadoreños solicitantes de asilo en el exterior según Acnur

    Al menos 138,182 salvadoreños solicitaron asilo en otros países hasta junio de 2024 según el informe del primer semestre del año pasado de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur), una cifra que ha aumentado en un 4 % en un año.

    En todo el mundo hay 7,996,584 solicitudes de asilo activas y 1.7 % están siendo realizadas por salvadoreños.

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    Estas solicitudes fueron realizadas por personas que buscan la «protección internacional y cuyas solicitudes de estatus de refugiado aún no han sido determinadas» por las autoridades encargadas en cada país.

    En el año 2023, Acnur contabilizaba 133,042 salvadoreños solicitantes de asilo en el mundo; y en 2022 se reportaban 42,763 solicitudes. Los datos no detallan los países de destino de los salvadoreños ni sus edades.

    Acnur define a los solicitantes de asilo como personas que «necesitan protección internacional» porque huyen de «conflictos y persecuciones». La diferencia entre un asilado y un refugiado es que el primero solicita protección mientras está dentro de un país y aún no ha sido reconocido como refugiado.

    Los países con mayor cantidad de solicitudes de asilo enfrentan crisis humanitarias, violaciones a derechos humanos o represión política como Venezuela, Nicaragua y Cuba, altos niveles de violencia como Colombia o conflictos armados como Sudán y Afganistán.

    Países cuyos ciudadanos piden más asilo:

    • Venezuela: 1,318,912 solicitantes de asilo.
    • Sudán: 465,160 solicitantes de asilo.
    • Colombia: 392,719 solicitantes de asilo.
    • Afganistán: 373,027 solicitantes de asilo.
    • Nicaragua: 345,805 solicitantes de asilo.
    • Cuba: 334,153 solicitantes de asilo.

    Aumenta cantidad de refugiados salvadoreños

    En 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registró 70,489 salvadoreños con estatus de refugiados en otras naciones del mundo, una cantidad que hay aumentado respecto a los 63,000 salvadoreños refugiados que reportó en 2023.

    Una persona es considerada «refugiada» por Acnur cuando huye de su país para «escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia».

    Acnur también ha contabilizado a 71,500 salvadoreños que han sido desplazados internamente, es decir, salvadoreños que migraron dentro de El Salvador.

    Asimismo, hay otros 60,568 salvadoreños de «interés de Acnur» para ser «protegidas y asistidas» por la organización durante un plazo no determinado públicamente. Por todo, suman 340,739 los salvadoreños monitoreados por Acnur.

    La mayor parte de los refugiados provienen también de países que tienen conflictos armados prolongados, violaciones graves de derechos humanos y crisis humanitarias profundas.

    Países de origen con más refugiados:

    • Siria: 6,244,272 refugiados.
    • Ucrania: 4,197,899 refugiados.
    • Afganistán: 2,914,909 refugiados.
    • Sudán del Sur: 2,298,589 refugiados.
    • Birmania: 1,183,996 refugiados.
    • Sudán: 1,774,983 refugiados.
    • República Democrática del Congo: 1,001,765 refugiados.
  • Diputadas de oposición critican incumplimientos en trabajo de Asamblea Legislativa

    Diputadas de oposición critican incumplimientos en trabajo de Asamblea Legislativa

    Las diputadas de los partidos Arena y Vamos creen que, así como Nuevas Ideas pidió conformar el Comité de Ética Parlamentaria, también deben conformar el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) y el Grupo Parlamentario de Jóvenes (GPJ), tal como lo establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

    El RIAL establece, en su artículo 34-A, que al inicio de la legislatura, las diputadas conformaran el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), integrado por todas las diputadas propietarias y suplentes electas.

    “El objeto del grupo parlamentario de mujeres será promover iniciativas legislativas a favor de las mujeres, a través de una agenda de consenso, así como velar por el cumplimiento de la política de igualdad de género en la función legislativa y su plan de acción, con el soporte técnico de la unidad de género”, indica esa disposición.

    “Deben conformarse ambos, la creación de ellos era para crear legislación en beneficio de las mujeres y los jóvenes. No fueron inventos ni sacados de la manga. La idea era que, al estar reunidos, se viera el beneficio de la colectividad, en esas reuniones, no había diferencias partidarias, sino discusiones de temas de país. Pero, en esta legislatura como en la anterior, el trabajo de lo diputados en ambas áreas ha sido nula”, señaló la diputada Villatoro.

    La diputada de Arena aseguró que está dispuesta a trabajar con todos los grupos parlamentarios como lo hizo en el año 2018.

    “Yo puedo trabajar con todos los partidos porque es parte del parlamentarismo y ya lo hice en la legislatura, trabajábamos muy bien basados en la tríada legislativa y buscábamos leyes en beneficio de la igualdad de género. Lo mismo con el grupo parlamentario de jóvenes, estaban representados todos los partidos”, señaló.

    Derecho a información no se cumple: Ortiz

    Para la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, es contradictorio que se esté queriendo conformar el Comité de Ética Parlamentaria cuando no se conforma el GPM ni el GPJ.

    “Hay muchos aspectos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que realmente no se cumplen, como el derecho de algunos diputados de tener acceso a la información, tener acceso a las agendas», se quejó.

    Ortiz mencionó que normalmente en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando un diputado pide la agenda, «los técnicos dicen que no la tienen minutos antes de que inicie la comisión».

    «Igual en el pleno: se conoce la agenda hasta que ya está por iniciar, entonces, es un continuo bloqueo, una continua exclusión de los derechos políticos de quienes estamos representando a miles de salvadoreños en este órgano de Estado”.
    Claudia Ortiz (Vamos).

    Así como el GPM, el Grupo Parlamentario de Jóvenes debe conformarse al inicio de cada legislatura y este tiene como objetivo “promover iniciativas legislativas a favor de la juventud, a través de una agenda de consenso”. Pero ninguno ha sido conformado en la legislatura actual, ni en la anterior.

  • Marcela Villatoro: «Con Carlos Saade no tengo nada qué hablar»

    Marcela Villatoro: «Con Carlos Saade no tengo nada qué hablar»

    La diputada Marcela Villatoro aclaró este jueves que trabajará «en conjunto con el Tribunal de Primera Instancia» del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pero que no hablará con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

    «Trabajaré en conjunto con el Tribunal de Primera Instancia del partido y los organismos del mismo para no afectarlos. Lo que tenga que ver entre la situación legal entre Carlos y yo no tiene nada que ver con Arena. Con él no tengo nada qué hablar», expresó a Diario El Mundo.

    El miércoles, en declaraciones a periodistas, Villatoro anunció que habían llegado a un acuerdo «para el beneficio del partido» luego de ser citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido. Aseguró que a ella no se le había expulsado.

    «En el caso mío, de Carlos Saade, nosotros lo vamos a trabajar de manera conjunta solventar nuestras diferencias, sean en las instancias que sean, pero esto no va a tocar en ningún momento el funcionamiento dentro del partido. A mí no se me ha expulsado ni nada por el estilo, sino que al contrario, vamos a seguir trabajando por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él quede totalmente desligado de Arena porque no es en ningún momento causarle daño (a Arena)», expresó el miércoles.

    Ese día, ante la pregunta si iba a solicitar auditoría a las finanzas del partido de derecha ante la Corte de Cuentas, también respondió: «Todos esos temas los voy a ver directamente con Carlos Saade pero esto no va a tener ningún tema de injerencia con el partido».

    La diputada aclaró este jueves que no tiene nada qué hablar con Carlos Saade.

    El 8 de enero pasado, Villatoro aseguró que también debe ser investigado el Coena actual ante el anuncio de García Saade una investigación de los fondos recibidos por Arena durante los últimos 20 años ya que han descubierto «deudas ficticias». García Saade también ha acusado al candidato presidencial de posible lavado de dinero porque no reportó donaciones en su campaña 2024 a lo que el excandidato, Joel Sánchez, respondió que «lo único» que hizo fue seguir «los lineamientos» que García Saade le propuso.

  • Marcela Villatoro aseguró que trabajará con Carlos Saade para “solventar diferencias, sea en las instancias que sean”

    Marcela Villatoro aseguró que trabajará con Carlos Saade para “solventar diferencias, sea en las instancias que sean”

    El miércoles 19 de febrero, momentos antes de la sesión plenaria, la diputada Marcela Villatoro, acompañada por su colega de fracción, el diputado Francisco Lira, informó a los medios de comunicación que el Tribunal de Primera Instancia del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) la citó para hablar y llegaron a un acuerdo: desligar al partido de las diferencias que hay entre ella y el presidente del Coena, Carlos García Saade.

    «Yo ya fui citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido, estuvimos platicando de la situación por lo que estaba pasando y hemos llegado a un acuerdo, para beneficio del partido. No es y nunca fue mi intención causarle un menoscabo o daño a Arena… En el caso mío y de Carlos Saade, nosotros lo vamos a trabajar, de manera conjunta, en solventar nuestras diferencias, sea en las instancias que sean, pero esto no va a tocar en ningún momento el funcionamiento dentro del partido», informó la legisladora tricolor.

    La intervención del Tribunal de Primera Instancia de Arena se dio luego de que, el viernes 14 de febrero, García Saade acusó en conferencia de prensa a la diputada Villatoro de irrespeto, injurias y ofensas: “Por mí se tendría que haber expulsado hace años”. García Saade dijo que dejaba en manos del Coena la decisión de un proceso disciplinario o de expulsión contra la diputada.

    Respecto a eso, la diputada Villatoro también confirmó que sigue firme dentro del partido Arena.

    «A mí no se me ha expulsado, ni nada por el estilo, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando dentro de la Asamblea por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él, quede desligado totalmente del partido Arena, que nunca ha sido mi intención causarle daño», manifestó la diputada.

    Se le consultó a la diputada si siempre procederá pidiendo una auditoría a la Corte de Cuentas de la República como había asegurado para que fiscalice los fondos que recibió Arena de deuda política y dijo que es un tema que lo hablará directamente con García Saade.

    «Todos esos temas los voy a ver yo directamente con Carlos Saade pero esto no tendrá ninguna injerencia con el partido», respondió.

    Aseguró que sigue “comprometida” de seguir trabajando con las estructuras, con los directores departamentales y haciendo trabajo territorial. La dirigente agradeció el apoyo que personas le han demostrado dentro y fuera del partido y prometió: “No los voy a defraudar”.

  • Salvadoreños pueden perder el TPS si no se reinscriben advierte organización

    Salvadoreños pueden perder el TPS si no se reinscriben advierte organización

    La organización Alianza Las Américas, red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos, advirtieron este jueves que las personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas al inglés) de El Salvador tienen 24 días para volver a inscribirse y mantener la vigencia de «su protección en contra de la deportación y su permiso de trabajo».

    El vicepresidente de Alianza Americas y director ejecutiva de Carecen, Abel Núñez, pidió no esperar hasta el último día ya que es un proceso «riguroso que requiere tiempo».

    El plazo para la reinscripción del TPS para los salvadoreños se vence el 18 de marzo de 2025.

    La administración de Biden extendió el 17 de enero de 2025 el TPS para El Salvador por 18 meses del 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. La administración de Trump aún no ha decidido si cancelar o prorrogar este programa.

    «La renovación no es automática, camarón que se duerma perderá el TPS», dijo la organización a los salvadoreños.

    Los beneficiarios deben enviar los formularios I-821 para extender su TPS y el I-765 para solicitar una nueva tarjeta de autorización de empleo (EAD, por sus siglas al inglés) a la oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) correspondiente a su lugar de residencia, según Yanira Arias, coordinadora de Justicia Migrante de Alianza Américas.

    Las personas salvadoreñas que pueden acogerse al TPS deben registrarse antes del 18 de marzo de 2025 para renovar su autorización para trabajar en EE.UU. y no exponerse a la deportación”.
    Helena Olea, vicedirectora de Alianza Americas.

  • La BINAES tendrá una sección dedicada al bitcoin

    La BINAES tendrá una sección dedicada al bitcoin

    La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) tendrá una sección dedicada al bitcoin anunció en la plataforma X la oficina del bitcoin del gobierno, The Bitcoin Office.

    «Nos complace anunciar que BINAES pronto tendrá una sección dedicada a Bitcoin que será curada por @PupusasG», publicó The Bitcoin Office.

    En la nueva sección dedicada a la criptomoneda, «los visitantes de la biblioteca no solo encontrarán los mejores libros sobre Bitcoin, sino que también tendrán la oportunidad de ver un nodo completo en funcionamiento con información importante sobre su uso en la red Bitcoin».

    El perfil de @PupusasG pertenece a Óscar Méndez, según información del medio estatal El Salvador y «es graduado de Cubo+», una iniciativa para «formar una comunidad de profesionales salvadoreños capacitados para atender la creciente demanda de empleo por parte de las empresas de Bitcoin y Lightning Network, así como impulsar la adopción y fomentar el desarrollo económico en El Salvador».

    Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada el 16 de enero de este año, el 91.9 % de los salvadoreños descartó el uso del bitcoin en sus transacciones en 2024, a pesar de que la criptomoneda fue aprobada como moneda de curso legal el 8 de junio del 2021 e inició vigencia el 7 de septiembre del mismo año.

    El miércoles 29 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó ocho reformas a la Ley Bitcoin, entre ellas una «aceptación voluntaria» del bitcoin en los pagos, así como para que únicamente los privados puedan realizar operaciones de bitcoin. La reforma responde a las exigencias de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado en diciembre pasado.

  • Hay más de 100 extranjeros refugiados y 245 solicitudes de asilo en El Salvador mediante Acnur

    Hay más de 100 extranjeros refugiados y 245 solicitudes de asilo en El Salvador mediante Acnur

    El más reciente informe semestral de tendencias de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) reveló que, hasta junio de 2024, había al menos 111 extranjeros refugiados y 245 solicitudes de asilo en El Salvador.

    El estatus de «refugiado», según Acnur, se le otorga a personas que buscan protección «en otro país» luego de haber abandonado su lugar de origen «para escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia».

    En 2023 eran 106 refugiados en El Salvador, mientras que en 2022 eran 104 y en 2021 eran solo 98. El sitio no detalla de qué países proceden los refugiados ni tampoco los rangos de edad en los que se encuentran.

    Además, en El Salvador hay 54,412 personas catalogadas como «interés para Acnur», son aquellas que la propia institución «protege o asiste» sin detallar el plazo por el que gozan de dicha protección especial.

    Las solicitudes de refugio en El Salvador recibidas por Acnur, año con año:

    • 2024: 245 solicitudes.
    • 2023 263 solicitudes.
    • 2022 54 solicitantes.
    • 2021 66 solicitantes.

    En su sitio web, Acnur explica que los datos son recolectados a través de las cifras de los gobiernos y de las operaciones que la organización desarrolla en cada uno de los países y define a los refugiados a los así reconocidos por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.