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La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles, con dispensa de trámites, a tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cuales ocupará una magistratura suplente en la Sala de lo Constitucional.

Claus Arthur Flores Acosta fue elegido como magistrado suplente de la Sala de lo constitucional hasta el 15 de noviembre de 2027; y Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García, como magistrados suplantes para el periodo que concluye el 23 de septiembre de 2033.

La dispensa de trámites fue aprobada con 55 votos y las elecciones de los magistrados, llevada a cabo en la misma plenaria, fueron aprobadas con 56 votos. En la votación nominal y pública, Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra, y 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de las tres elecciones.

Los nombres fueron dados a conocer por el subjefe de fracción de Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro, en la sesión plenaria de este miércoles, retomados de la lista 2024-2033 enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El diputado Caleb Navarro dijo que es necesario que la “Sala de lo Constitucional de la CSJ cuente con magistrados suplentes dispuestos a servir al Órgano Judicial y al país” y en atención a que diferentes circunstancias los magistrados propietarios no puedan concurrir, es vuelve necesario se elijan.

“En tal sentido, propongo se elija como magistrado suplente de la CSJ designado a la Sala de lo Constitucional para el periodo que concluye el 15 de noviembre del año 2027 al abogado Claus Arthur Flores Acosta”, anunció. Navarro también propuso a los abogados para el periodo que concluye el 23 de septiembre de 2033 Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García. “Pudimos tener las entrevistas de toda la lista completa de los postulantes”, dijo. “Esta sería la propuesta del grupo parlamentario Nuevas Ideas”, agregó.

Los magistrados suplentes electos:

Claus Arthur Flores Acosta: segundo magistrado en funciones de la Cámara de Familia de la sección de occidente en Santa Ana desde enero de 2023, juez dos del juzgado civil de Mejicanos, juez propietario y suplente del juzgado quinto de lo civil y mercantil desde 2014. Se graduó de la Universidad Politécnica. “Es una persona que nosotros consideramos que puede cumplir fielmente este cargo”, dijo el subjefe de fracción de NI, Caleb Navarro.

Joaquín Osmar Vallejos Díaz: abogado y notario, tiene estudios de maestrías en Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, juez 4º de paz de San Salvador. “También ha tenido otros cargos que creemos que le van a servir de mucho en este nuevo reto”, afirmó Navarro.

Jesús Ulises García: juez presidente del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Es magistrado suplente de la Cámara Primera Sección del Centro de Cojutepeque. Fue juez de paz de Sensutepeque y juez de sentencia en Chalatenango. El subjefe de NI aseguró que ha sido formador en la CSJ desde 1981.

En la solicitud presentada por diputados de Nuevas Ideas, se sostiene que en 2024 recibió 30 candidaturas presentadas por el CNJ a quienes entrevistó y que, de este listado, fueron elegidos cinco magistrados propietarios que finalizan en 2033 y dos que finalizan en 2030, además de dos suplentes, el 23 de julio de 2025. Citaron que la ley del CNJ da una vigencia de tres años a las postulaciones remitidas por el CNJ.

Los gobiernos de El Salvador y Paraguay aprobaron el Programa de Cooperación 2026-2028 con seis proyectos de construcción conjunta, informó la vicecanciller salvadoreña Adriana Mira.

Mira aseveró que El Salvador es “principal oferente de cooperación” con cinco iniciativas de infraestructura vial, turismo y desarrollo local.

Mencionó, sin dar mayores detalles, que una iniciativa será desarrollada “por la contraparte”, es decir, Paraguay. No detalló cuál iniciativa.

Ambos países celebraron la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, también se realizó la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y de Coordinación Bilateral, en donde participó el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.

El gobierno paraguayo informó, en su sitio oficial de Cancillería, que “los viceministros acordaron identificar mecanismos para promover la competitividad, el crecimiento económico y el acceso a mercados” y se comprometieron a firmar instrumentos en materia de “transporte aéreo”.

Uruguay mencionó iniciativas de cooperación “en salud, seguridad, educación, agricultura, fortalecimiento institucional, cultura, entre otros”.

Ambos países también firmaron un memorando de entendimiento de cooperación académica para profesionalización diplomática y consular.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) realiza ferias de identidad en países del extranjero en las cuales fomenta que los salvadoreños que residen en el exterior tramiten su Documento Único de Identidad (DUI).

En las próximas elecciones de Asamblea Legislativa, los votos de los salvadoreños con DUI domiciliado en el exterior se asignarán automáticamente a los diputados del departamento de San Salvador, independiente de su origen departamental. Así lo ordena la Ley especial para el sufragio en el extranjero, aprobada el 18 de octubre de 2022.

En Canadá, el RNPN anunció que del 16 al 18 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se instalarán ferias de identidad de enrolamiento de DUI en Vancouver, en 1111 Melville Street, Unit 602 Vancouver, British Columbia V6E 3V6.

También estarán en Montreal, el 17 y el 18 de abril, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., en la dirección 2055 Rue Peel. Oficina 840, H3A 1V4 Montreal; y en Calgary, los días 20 y 21 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la dirección 815 8th Avenue SW Suite 710 Calgary AB T2P 3P2.

Siempre en Canadá, estarán también en Ottawa, el 23 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; y en Winnipeg, el 25 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, en Irlanda, montarán una feria de identidad en Dublin, el 17 y 18 de abril, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en St Mary’s Priory Tallaght.

En Países Bajos, los días 20 y 21 de abril, estarán en La Haya, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en Riouwstraat 137, 2585 HP.

En Francia, estarán os días 23 y 24 de abril, desde 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en París, 12 Rue Galiee 75116 París.

En México se desarrollarán en Playa El Carmen, el 25 de abril y en Cancún, el 26 de abril, en ambos lugares, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Un día después de aprobadas, el presidente de la República, Nayib Bukele, sancionó, el 27 de marzo, las reformas a seis leyes que regulan la aplicación de la pena perpetua para delitos de extrema gravedad con una revisión obligatoria para evaluar la libertad controlada de los condenados a la misma.

Por ello, 30 días después de haber firmado los seis decretos, el domingo 26 de abril próximo iniciará la vigencia de los juzgados de lo criminal creados de la conversión de juzgados de menores y de las reformas que penalizan con la cárcel perpetua los delitos de extrema gravedad.

Los decretos sancionados son: reformas al Código Penal, a la Ley integral por una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley Penal Juvenil, al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Judicial.

La reforma permite distintas posibilidades para las personas condenadas a cadena perpetua.

Los delitos de extrema gravedad a los cuales se les aplicaría pena perpetua, en una virtual condena, serán: homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación agravada, violación en menor o incapaz, violación en menor incapaz agravada y pertenencia a organización criminal o terrorista, el nuevo delito creado por la reforma.

Antes de la reforma, los pandilleros eran acusados por «agrupaciones ilícitas», delito que después de la reforma será aplicado a grupos delictivos no pandilleriles con penas entre 10 y 20 años, y ya no en la cuantía que estaba establecida para pandilleros: entre 20 y 30 años, y 40 y 45 años para cabecillas.

La reforma ordena la cadena perpetua como única pena en caso de condena por la comisión de estos delitos, sean estos autores o cómplices necesarios, sean jóvenes de 12 a 18 años o adultos, miembros de pandillas o no.

Los nuevos jueces de lo criminal, anteriores jueces de menores, deberán hacer una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas.

Esta revisión de las penas perpetuas se haría obligatoriamente a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes.

Luego de la aplicación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, los homicidios han continuado su tendencia a la baja pero sin erradicarse totalmente.

El gobierno ha insistido en que los pandilleros no saldrán «nunca» de las cárceles. El 1 de junio de 2025, Bukele lo dijo así: «Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca».

«Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más», aseguró Bukele también en esa ocasión.

En febrero de 2025, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, mientras promovía una reforma anterior para enviar a los menores a centros penales comunes, aseguró que no creen «en la rehabilitación de terroristas independientemente de la edad».

La reforma extendió esta pretendida perpetuidad de la prisión a los condenados por homicidio, feminicidio y violación; pero la misma reforma abre la posibilidad a la libertad para todos a partir de los 25 años.

Incluso la pena perpetua podría bajar a los 10 años de prisión si tiene autorización fiscal en un procedimiento abreviado, es decir, en el que confiese.

De 2024 a 2025, en El Salvador han ocurrido al menos 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 violaciones según la memoria de labores de la Fiscalía; y 644 violaciones según el balance de gabinete de seguridad de 2025. Un año antes, hubo 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones según la respectiva memoria de labores.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, propuso a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dejar expresamente excluidos los servicios de salud, educación y recursos hídricos en la nueva Ley de alianzas público-privadas propuesta por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa.

«Si estamos de acuerdo en que estos servicios deben estar excluidos, yo invito a la Comisión que, en el momento que discutamos el articulado, se incorpore en la propuesta de que quede expresamente en la ley excluidos estos servicios», expresó, luego de escuchar al diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, que efectivamente serán excluidos los servicios de salud, educación y recursos hídricos estarían excluidos de la nueva normativa.

El proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía elimina las exclusiones de los servicios de salud, educación, recursos hídricos, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Universidad de El Salvador (UES), que actualmente están vigentes en la Ley de asocios público-privados. El proyecto únicamente mantiene exclusiones para los servicios de seguridad pública y justicia, y seguridad nacional.

«Estos servicios deben ser prestados por el Estado (salud, educación y agua). ¿Qué pasa si no se incluye?, estaríamos habilitando que se establezca un APP donde un privado llegue a invertir para brindar servicios de salud pública, el privado tiene que cobrar. Aquí se abren preguntas. Se estaría dejando habilitada la posibilidad de que haya cobro por salud pública o servicio de educación pública», advirtió Ortiz.

«La forma más práctica es dejarlo expresamente excluido de la ley», sugirió a los legisladores de Nuevas Ideas.

«Se toma nota de sus recomendaciones. De hecho para eso es este espacio», le respondió la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, quien aseguró que invitarán a diferentes titulares de instituciones en el estudio del proyecto.

El diputado Soriano enfatizó que cada vez que han «tomado decisiones han sido decisiones pensadas» y puso como ejemplo DoctorSV. Soriano subrayó que buscan «hacer realidad las palabras de presidente: que lo público debe ser mejor que lo privado».

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión acordó citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que dé su explicación sobre el nuevo proyecto de ley. Mientras, la diputada Ortiz ha solicitado que la lista de invitados se abra a propuestas.

Diputados de Nuevas Ideas defendieron ayer el modelo de asocios o alianzas entre públicos y privados para desarrollar infraestructura pública o prestar servicios públicos, así como aclararon que los servicios de salud, educación y agua serán excluidos de este modelo.

Al iniciar el estudio del proyecto de «Ley de alianzas público-privadas» enviado por el Ministerio de Economía, en el cual se elimina la exclusión de este esquema en los servicios de salud, educación y recursos hídricos de la vigente Ley de asocios público-privados de 2013, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, destacó que estos han sido aplicados en Londres, Inglaterra, para desarrollar un sistema de metro; en el Aeropuerto El Dorado en Colombia; y en la línea 1 del Metro de Lima, Perú.

Los diputados de Nuevas Ideas argumentan que esta figura permite que los gobiernos desarrollen infraestructura o presten servicios públicos con el cofinanciamiento o financiamiento total del privado, «el cual asume todo el riesgo».

«Es una herramienta para el desarrollo de infraestructura pública en donde el privado, el inversionista, asume la construcción y operación de este tipo de infraestructura, lo que permite que el Estado no cargue con todo el costo financiero de construir este tipo de infraestructura y poder enfocar sus recursos limitados en aquellas áreas que son de máxima urgencia», indicó Soriano.

El diputado de Nuevas Ideas dijo que El Salvador está en pleno crecimiento, requiere apoyo, por lo que ve el «asocio público privado» como una «herramienta muy importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele», luego de referirse a que el gobierno del FMLN «no pudo ejecutar ningún asocio público-privado» luego de la aprobación de la normativa en 2013.

Servicios de salud, educación y agua

Soriano aclaró que se excluyen de estos asocios todos los servicios de salud, educación y agua, luego de que la diputada Claudia Ortiz pidiera mantener la exclusión de estos tres sectores en los APP.

«Como sea lo decía, diputada, tal cual como lo repetimos nosotros: se excluyen todos esos servicios y es importante dejarlo claro, es importante dejarlo claro de tal forma que no vaya a salir en los medios de comunicación diciendo que la Comisión está queriendo hacer una cosa», señaló Soriano, respecto a la exclusión de los servicios de salud, educación y agua solicitada por Ortiz.

El diputado aseveró que Nuevas Ideas sigue procesos si reforma la Constitución de la República, que establece que la salud es un bien público a cargo del Estado, y que han hecho «todo lo posible» por mejorar la educación pública. Se refirió a la necesidad de «aclararle a la población para que no existan especulaciones de ningún tipo, especulaciones que no vienen al caso, ya que la misma Constitución también esclarece».

«Nosotros cada vez que hemos hecho una propuesta de ley, una reforma a la Constitución, hemos seguido los procesos que nos brinda la misma Constitución y creo que es importante recordarle a la población que este gobierno y esta Asamblea han hecho todo posible para poder mejorar el servicio de educación pública, brindándoles computadoras, internet, reconstruyendo cientos de escuelas, mejorando la currícula, preparando mejor a los maestros, brindándoles asistencia de IA, metiendo a la cárcel a todos los mareros», señaló.

«Para infraestructura o servicios»

«En El Salvador, tenemos la visión de usarlos (los asocios público-privados) para infraestructura o servicios», dijo por su parte el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, sin detallar en cuáles servicios públicos aplicarían este modelo de financiamiento.

Mulato afirmó que se han utilizado en «infraestructura de puertos, pero también existen carreteras, también existen sistemas de salud, en temas de agua y saneamiento, transporte público, alumbrado público, manejo de residuos» y subrayó que los grandes beneficios son que «la Asamblea Legislativa tiene que velar» por el recurso de los salvadoreños y «la empresa privada» puede «poner parte de estos proyectos». «Y nosotros como Estado, en este caso el Ejecutivo, hacer una supervisión debida y estos controles son muy importantes y tienen tiempo limitado», señaló.

La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de Ley de alianzas público-privadas que extiende este tipo de asocios a 50 años y que también elimina las exclusiones de los servicios de salud, educación y recursos hídricos, incluidos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Universidad de El Salvador (UES). Partidos de oposición han criticado que se entregue a manos de privados la administración de servicios de salud, educación o agua, ya que el servicio respondería más a un modelo de rentabilidad y no de calidad de servicio. También se han opuesto la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), que prevé «privatización».

Los diputados han citado a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para escuchar una explicación sobre la propuesta de ley.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este martes, por unanimidad, citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que explique el proyecto de nueva Ley de alianzas público-privadas enviado por el Gobierno el pasado 9 de abril por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión, prometió que estudiarán «los diferentes puntos de vista de las diferentes instituciones». Durante su intervención, resaltó que la Constitución de la República establece la salud, la educación y la seguridad como derechos proveídos por el Estado pero aseveró que la «participación privada» «no sustituye» la obligación estatal de proporcionar estos servicios.

Claudia Ortiz, legisladora del partido opositor Vamos, solicitó, después de aprobar el llamado a la ministra de Economía, que se le permita traer propuestas de invitados. «Ojalá venga la ministra y no un delegado técnico», comentó, sobre la cita a la ministra Hayem. «Claro, con gusto y aquí vamos a someterlo a votación», le contestó la diputada González.

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos.

Durante la comisión, los diputados de Nuevas Ideas defendieron los resultados de la figura de asocios público-privados cuando se han aplicado en diferentes proyectos públicos.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, defendió este martes el proyecto de Ley de alianzas público-privadas, y aseguró que la participación de los privados en estas alianzas «no sustituye por ningún motivo» la obligación del Estado de ser el responsable directo del sistema de salud pública.

«El Estado es el responsable directo del sistema de salud pública, la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», expresó, luego de recibir el proyecto de este martes.

González citó los artículos 65, 66 y 67 de la Constitución de la República que aseveran que la salud es un bien público cuyo responsable directo es el Estado y que este también está obligado a prestar el servicio de manera gratuita a enfermos que carezcan de recursos.

Remarcó que el Estado tiene una «responsabilidad indelegable en salud pública preventiva». «Eso está bastante claro en materia de salud», dijo.

«Tenemos el artículo 65, que nos habla de la salud como un bien público. Hemos estado viendo análisis donde se está malinterpretando este tipo de leyes», afirmó la legisladora del partido oficial.

Elogió la inversión pública en salud realizada por el gobierno de Nayib Bukele y citó al mandatario cuando afirmó que los «servicios públicos deben superar la calidad de los servicios en el sector privados». «La salud de los habitantes constituye un bien público, eso lo precisa la Constitución, el Estado y las personas están obligadas a velar por su preservación, esto está en la Constitución», reiteró.

«La educación privada no sustituye esta obligación estatal»

Sobre la educación, la diputada de Nuevas Ideas mencionó los artículos 53, 54, 56 y 58 de la Constitución de la República, que norman el derecho a la educación.

La diputada destacó la inversión en infraestructura pública y la entrega de los paquetes escolares.

«Tenemos el artículo 58, nos habla de los fines de la educación y define que la educación es un objetivo nacional y responde a fines públicos definidos por el Estado. El Estado es el proveedor directo del servicio educativo, la educación privada, si bien existe, pero no sustituye esta obligación estatal«, remarcó.

«Puede haber participación de otros sectores, el control es totalmente público»

La diputada Dania González mencionó la seguridad social en el artículo 50 de la Constitución, en donde señaló: «Podemos interpretar que el sistema está bajo responsabilidad estatal y puede haber participación de otros actores pero el control es totalmente público».

Citó el artículo 117 de la Constitución de la protección de los recursos naturales, que el Estado tiene la obligación de protegerlos. «En este caso, creo que, lejos de lo que la Constitución nos dice, hemos visto una visión sumamente clara por parte del presidente Nayib Bukele, que incluso ha estado mejorando la calidad de estos servicios públicos y podemos ver que hasta superan la calidad de algunos servicios privados», concluyó la legisladora.

Para la legisladora, la Asamblea Legislativa tendrá un rol en el proceso de formación de ley y también «en decidir si aprobar» cada alianza público-privada.

El diputado Edgardo Mulato, del mismo partido, aseguró que hay grandes beneficios en realizar un asocio público-privado. «Considero que tenemos a las puertas una propuesta de ley que sí la habíamos esperado muchos de nosotros, esto pone una vez más a El Salvador de cómo se hacen bien las cosas», afirmó.

Citan a ministra de Economía

Al final, la Comisión acordó por unanimidad citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que explique el proyecto de ley.

La diputada González aseguró que en la Comisión estudiarán «los diferentes puntos de vista de las diferentes instituciones». «Esto nos va a ayudar cómo se van a desarrollar las AAP, las alianzas público-privados para infraestructura y servicios públicos en todas sus etapas», enfatizó. Subrayó que «la Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, entregó una propuesta excluir los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, así como del Seguro Social y de la Universidad de El Salvador (UES), en la posibilidad de conformar alianzas público-privadas. También propuso una reforma para establecer el agua como un bien público.

La legisladora de Vamos también solicitó, al final de la comisión, que se les permita traer propuestas de invitados. «Ojalá venga la ministra y no un delegado técnico», comentó, sobre la cita a la ministra Hayem. «Claro, con gusto y aquí vamos a someterlo a votación», le respondió la diputada González. «Funde», ironizó un diputado.

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, manifestó su rechazo a la Ley de Alianzas Público Privadas, cuyo proyecto está bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, y cuestionó quiénes serán los privados que se encargarán de prestar los servicios de salud, educación o recursos hídricos en el país.

«Estamos entregando a manos de privados lo poco que le queda al Estado. ¿Acaso la ciudadanía se está beneficiando de los ejemplos que tenemos, de estos asocios público privado, como la AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones), por ejemplo?», dijo, al ser consultada por Diario El Mundo.

«Al final, es la gente la que sigue pagando las malas decisiones de los gobernantes. Y, ante un gobierno que no rinde cuentas, que no es transparente y adecua la ley para beneficiar a familiares y amigos, nos preguntamos, ¿quiénes serán estos privados?», cuestionó.

Rivas aseguró que, además de adecuar la ley para «quitarse controles», el gobierno ha reservado información pública, lo que considera «muy grave». «En nada abona a lo que la gente merece, que es una buena administración pública», agregó.

Una iniciativa de «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos; y mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.

Concretamente, eliminaría las exclusiones en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».

El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

El proyecto es analizado este martes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, presidida por la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien sostuvo que «la participación privada no sustituye esta obligación» del Gobierno de dar asistencia gratuita de salud a la población y subrayó que la Constitución, que establece la salud como un bien público, prevalece sobre las leyes secundarias.

La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.

El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.

La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.