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El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es superior a los 4 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda compartidos en un portal web habilitado este lunes, siendo la primera vez que se hace pública este tipo información del mandatario desde que asumió la Presidencia en 2019.

Las cifras reportadas por Bukele dan cuenta de activos por 4.561.160,23 dólares y pasivos por 94.681,99, con lo que el patrimonio neto sería de 4.466.478,24 dólares.

Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de «Consulta Activos y Pasivos» del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero pasado.

Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio del mandatario salvadoreño desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019, dado que las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestas en reserva.

Ley anticorrupción exige una doble declaración

También se habría originado, según dieron a conocer este lunes medios locales, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el Gobierno de Bukele alcanzó en 2024 un acuerdo por 1.400 millones de dólares.

La ley anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa liderada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), establece que los funcionarios y empleados estatales obligados a declarar su patrimonio ante la CSJ también deben hacerlo junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, incorporando detalles de su patrimonio y de su cónyuge.

La referida normativa prescribe que esta información debe contener «los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa».

Las investigaciones de la Sección de Probidad de la CSJ sobre el patrimonio de funcionarios han derivado en condenas civiles y penales de algunos funcionarios, como en el caso de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) -en prisión por corrupción y Mauricio Funes (2009-2014) -fallecido en 2025 y procesado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos-.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 222 con el fin de reformar la ley del presupuesto del año 2026 para incorporar $30.2 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones con el fin de financiar la ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez» y la unidad ejecutora y administradora del proyecto.

Un total de $29,662,050 serán destinados a la ampliación del estacionamiento del aeropuerto y obras como terracería, instalación de agua. potable, aguas negras y aguas lluvias, canalizaciones eléctricas; y $635,714 para el apoyo técnico y administrativo de la unidad ejecutora del programa, tanto para personal como para equipo.

Los fondos se incorporarán al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para ser transferidos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con el fin de construir un edificio de cuatro niveles con parqueos para 2,050 vehículos en el Aeropuerto Internacional El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, explicó el director de inversión y crédito público, Marlon Herrera.

Herrera sostuvo que es necesario que la CEPA pueda disponer de fondos para “iniciar las diferentes contrataciones que se requieren” relacionadas a la ampliación del estacionamiento en el Aeropuerto. Detalló que la mayor parte de fondos está destinada a la ampliación del estacionamiento, concretamente, a la “construcción de un edificio de cuatro niveles con un capacidad cercana a 2,050 plazas vehiculares” además de áreas de soporte técnico, conectividad mediante elevadores, sistema de videovigilancia, sistema de emergencias y abastecimiento de agua potable, entre otros.

Estos serán los primeros fondos incorporados al presupuesto 2026 provenientes de un préstamo de $195 millones ratificado el 29 de enero de 2026 y que debe pagarse en 23 años, incluidos siete años y medio de gracia.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable que prorroga por un año la ley de estabilización de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que otorga un subsidio estatal en el precio del gas propano mediante la entrega de fondos a los envasadores que comercializan el GLP en cilindros portátiles.

Juan Francisco Grande, director general de Subsidios del Ministerio de Hacienda, subrayó que el decreto permite un mecanismo transitorio para atenuar las variaciones de los precios del GLP que sufren por fluctuaciones en los mercados internacionales.

Grande explicó que el subsidio se activa cuando los precios de mercado superan los precios máximos de referencia.

Advirtió que los eventos exógenos son la volatilidad del mercado energético agravada por los conflictos geopolíticos, las fluctuaciones de los precios del crudo de petróleo en los mercados internacionales y de todos sus derivados, y las alternaciones debido a restricciones logísticas e incrementos de costos de transporte y aranceles.

Los precios máximos de venta, con ahorro, son:

• Cilindro de 10 libras: $4.61
• Cilindro de 20 libras: $8.98
• Cilindro de 25 libras: $11.13
• Cilindro de 35 libras: $15.50

“Cuando los precios del mercado superan estos precios que están definidos es cuando se activo este mecanismo y hace que se mantenga fijo este precio, compensando y beneficiando a la población”. Juan Francisco Grande, director general de Subsidios.

La ley se vence el 31 de mayo de 2026 y la nueva prórroga estaría vigente hasta 31 de mayo de 2027.

El diputado Giovanny Zaldaña preguntó qué pasa si no se aprueba y cuánto podría ser el incremento de precio del producto. “Eso va a aumentando los precios en general”, dijo.

El director de Subsidios le respondió que “la mayor parte de la población hace uso del GLP para la preparación y la cocción de los alimentos” y que “el no aprobar esto afectaría en el costo de los alimentos que consumen en su hogar y a personas que adquieren sus alimentos en comedores y en todos estos pequeños negocios, emprendimientos de subsistencia”.

El funcionario advirtió que “justo en el cambio de precio del mes de marzo al mes de abril ya habido un incremento del 10 %” y lleva una tendencia a la alza. “Ese 10 % es el que la ley que está vigente ha protegido para que no llegue directamente a ellos, sino que sigan accediendo a los precios de referencia”, explicó.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas señaló que el aumento de los precios en mayo se debió al estancamiento en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, así como el riesgo de navegación por el estrecho de Ormuz, y el aumento de las importaciones de propano de Estados Unidos en los países asiáticos.

En mayo, el monto del subsidio focalizado fue de $8.04, por lo que los beneficiarios de dicho subsidio solo aportarían $3.09 para un cilindro de 25 libras.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrolló el martes pasado una «prueba interna de carácter técnico-operativo» de escrutinio preliminar y transmisión de datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), en puntos considerados «estratégicos» del país, de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 y dos años después de las serias fallas presentadas en el escrutinio electoral legislativo de 2024.

En un comunicado de prensa divulgado este lunes, el TSE informó que la prueba de escrutinio preliminar y transmisión de datos se hizo «de manera simultánea» en los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango, Morazán y San Salvador.

Permitiendo evaluar procesos logísticos, tecnológicos y operativos en condiciones similares a una jornada electoral.

“El objetivo principal es poner a prueba nuestros procedimientos, equipos tecnológicos y capacidades humanas en condiciones similares a las de una elección real”, expresó la magistrada presidente, según el comunicado.

El TSE informó que verificó el «funcionamiento de los distintos componentes utilizados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), incluyendo la instalación de centros de votación, apertura de cajas azules, configuración de equipos tecnológicos y ejecución de procedimientos operativos«.

Según el TSE las papeletas de la prueba llevaban nombres de equipos de fútbol en lugar de nombres de candidatos o partidos políticos.

Los magistrados del TSE acompañaron la jornada en el departamento de San Salvador.

En las elecciones del 4 de febrero de 2024 se presentaron serias fallas en la transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa, ya que las JRV no pudieron transmitir las actas de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa o en algunos casos hubo duplicación o multiplicación de votos legislativos además de la falta de papel certificado o foliado. Uno de los cambios en las elecciones de 2024, respecto a las de 2021, fue que no se mantuvo la Comisión Coordinadora Informática.

El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.

Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.

Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.

El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.

También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.

De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.

También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.

El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.

El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».

El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.

En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.

Un total de 281,186 documentos únicos de identidad han sido renovados desde el 1 de enero al 19 de mayo de 2026, una cantidad que ya superó las renovaciones de documentos registradas en todo 2024 y es apenas un 10 % menos que los 312,357 documentos renovados en todo 2025.

En 2026, un total de 1,649,378 salvadoreños deben renovar su dui, una cifra que triplica los 496,676 que se vencieron en todo el año 2025,

Sin embargo, la velocidad de renovación aún es baja respecto a la cantidad de documentos por vencer en el año.

Las renovaciones del 1 de enero al 19 de enero, en esos 139 días, se han dado a promedio de 2,023 renovaciones al día; si se mantiene ese paso, el año concluiría con 738,366 renovaciones.

Sin embargo, en el año 2018, logró renovar 1.2 millones de documentos y en 2010 logró renovar 2.6 millones.

Renovaciones de DUI nacional

• 2010: 2,627,093.
• 2011: 542,273.
• 2012: 171,953.
• 2013: 132,987.
• 2014: 135,296.
• 2015: 51,535.
• 2016: 23,666
• 2017: 17,661.
• 2018: 1,208,602.
• 2019: 604,573.
• 2020: 245,424.
• 2021: 353,511
• 2022: 284,531.
• 2023: 284,083.
• 2024: 272,480.
• 2025: 312,357
• 2026: 281,186 (hasta el 19 de mayo)

Las renovaciones realizadas, sin embargo, no siempre llegan a la cantidad de documentos por vencerse en el año correspondiente. En 2018 se vencían 3,003,961 documentos; en 2027 se vencen 948,626; y en 2019 se vencían 824,052.

Para promover la renovación del DUI, el Registro habilitará cuatro duicentros temporales: dos ya están en funcionamiento, uno iniciará el 31 de mayo de 2026 y otro estará en San Miguel.

El costo de la renovación del documento es de $10.31 en el país y $35 en el extranjero.

Sin embargo, un total de 404,085 salvadoreños a quienes se les vence el DUI entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027 podrán renovarlo gratuitamente, solo si el trámite es dentro del territorio nacional. El trámite gratuito podrá realizarse hasta el 28 de noviembre de 2026.

Un total de 167,448 salvadoreños solicitaron cambios de domicilio dentro de El Salvador, de acuerdo con el director ejecutivo del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), según la cifra proporcionada a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

«Otro tema importante de los cambios de domicilio es que a nivel nacional también ha habido un incremento de cambios de domicilio y a la fecha tenemos 167,448 cambios de domicilio a nivel nacional», indicó el 12 de marzo.

Sin embargo, no detalló cuántos salvadoreños cambiaron de municipio, en este trámite de cambio de domicilio o dirección en el DUI.

Cuando proporcionó estos datos, el 12 de mayo, el director del RNPN informó que «al 10 de mayo, desde los comicios anteriores, que fue el cierre del cambio de domicilio, 5 de noviembre de 2023, se han realizado 170,855 cambios de domicilio en el exterior”.

El RNPN aseguró que esta información es inexitente, ante la solicitud de información bajo la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Diario El Mundo solicitó información sobre la cantidad de salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en El Salvador que realizaron modificaciones de su domicilio clasificados por municipios o ciudades de extranjero nuevos domicilios, mes de modificación, sexo y grupos de edad, del 3 de abril de 2023 al 27 de abril de 2026.

Ante un prevención de la solicitud, se aclaró que se solicitaba también la clasificación por ciudades del extranjero en el caso de que hubiese salvadoreños con domicilio en El Salvador que hayan modificado su dirección a una dirección del extranjero.

Según la respuesta de la Oficialía de Información, el jefe de la Unidad de Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios del RNPN indicó que «dentro de los reportes estadísticos disponibles no se cuenta con uno que cumpla con los diferentes criterios y/o parámetros solicitados»; y el Archivo Central del RNPN respondió que «no hay registro de alguna información relacionada de acuerdo a los parámetros especificados», por lo que la oficial de información resolvió «confirmar la inexistencia de la información».

De acuerdo a Acción Ciudadana (AC), hay resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que señalan que, si bien la institución tiene obligación de dar la información solicitada, esos datos estadísticos «los va a generar la institución según sus criterios».

Sin embargo, para la AC, la entidad no puede decir que «no existe» esa información o «que no sabe cuántas personas cambiaron de municipio». «Eso obviamente lo sabe o lo tiene el Registro. Lo que sí puede decir es que no tiene generada la información en el formato o con el nivel de detalle solicitado pero sí debe de tenerla», indicó.

En un informe entregado en 2020 por el RNPN, esta institución reportó el detalle de los cambios de domicilio del 16 de julio de 2019 al 5 de marzo de 2020.

Este informe registraba que 49,229 personas se movieron al exterior y 10,751 salieron de dirección del exterior.

También se detectó que 1,754 personas que vivían en Soyapango se fueron a San Salvador, otros 1,524 que provenían de Mejicanos se fueron a San Salvador; y 1,048 que vivían en San Salvador se fueron a Santa Tecla. En ese entonces, Apopa presentaba un saldo migratorio negativo de 2,783, así como Ilopango, con 2,612; Santa Ana, con 1,901; y Ciudad Delgado, con 1,635.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tendrá un total de cuatro centros de servicios temporales para intentan enfrentar la demanda de renovaciones de Documentos Únicos de Identidad (duis) que tendrá este año.

Durante este año, se les vencerá el documento nacional a un total de 1.6 millones de salvadoreños.

1. Centro temporal de Plaza Merliot, en Santa Tecla, La Libertad Sur. Este centro temporal ya está abierto desde el 20 de abril de 2026.

2. Centro temporal en la plaza Bolcaña, distrito de Santa Ana, Santa Ana Centro. Este centro temporal ya está abierto desde el 30 de abril de 2026.

3. Centro temporal Salvador del Mundo, distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro. Este centro temporal estará en funcionamiento desde el 31 de mayo de 2026.

4. Centro temporal en San Miguel. El RNPN no ha detallado cuándo estará disponible.

El RNPN también ha informado que en los próximos días se podrá realizar el trámite de DUI en línea. Por el momento, únicamente se puede realizar el pago en línea y obtener una cita en línea para tramitarlo en la sucursal que elija el salvadoreño.

El primer paso para renovar o reponer el DUI es el pago el línea, que se puede realizar en https://pago.dui.gob.sv/RNPN/index.xhtml si el trámite es en territorio nacional. El salvadoreño puede generar su recibo de pago con su NPE y pagar con tarjeta o en banca en línea. El pago es $10.31 para trámite nacional.

Los salvadoreños con estatus migratorio temporal en Estados Unidos que soliciten la residencia permanente, conocida como “green card”, deberán salir del país durante el proceso, según una disposición emitida el viernes pasado por el gobierno de Donald Trump.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los migrantes temporales deben salir de EE. UU. para solicitar la residencia permanente, aunque administraciones anteriores no habían aplicado esa disposición.

Según datos citados por la revista neoyorquina Newsweek, procedentes de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, en 2023 se emitieron cerca de 26,200 “green cards” para salvadoreños. Ese año, agrega el medio, se otorgaron residencias permanentes a ciudadanos de 199 países. México registró la cifra más alta, con 180,500, seguido de Cuba, con 81,600.

“A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta de Residente Permanente (‘green card’) debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias. Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione según lo previsto por la ley en lugar de fomentar vacíos legales”, cita un comunicado del portavoz de USCIS, Zach Kahler.

Hasta ahora, estudiantes, trabajadores y visitantes con visas temporales que se encontraban en Estados Unidos podían cambiar su estatus a residente permanente sin salir del país. Con la nueva disposición, deberán abandonar EE. UU. y realizar el trámite ante el consulado estadounidense en su país de origen.

La medida aplica para las visas B-1 y B-2, emitidas por motivos de negocios o turismo; las F-1 y M-1, para estudiantes; y las visas de empleo temporal H-1B, H-2A y H-2B.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), en Estados Unidos viven más de 1.5 millones de personas nacidas en El Salvador, de las cuales el 80.9 % envía remesas de manera periódica a sus familias. Las remesas representan más del 20 % del producto interno bruto (PIB) del país.