El Gobierno de Colombia anunció este lunes medidas «urgentes y drásticas» para frenar la extorsión y las estafas telefónicas que se originan desde las cárceles del país, entre ellas el bloqueo inmediato de señales celulares en varias prisiones, tras denuncias de autoridades de El Salvador sobre llamadas fraudulentas hechas desde penitenciarías del país andino.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, informó que desde esta misma semana se ordenó el bloqueo efectivo de señal en las cárceles de los municipios de Cómbita, en el departamento de Boyacá (centro); Valledupar, capital del Cesar (noreste); y La Dorada, en el departamento de Caldas (centro).
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto», afirmó el funcionario durante un acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Las declaraciones del funcionario colombiano se producen luego de que el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, pidiera a Colombia el pasado sábado controlar una red de estafas telefónicas que, según dijo, opera desde la prisión de Cómbita y afecta a ciudadanos de varios países de Latinoamérica mediante llamadas que simulan secuestros. Idárraga sostuvo que la extorsión desde prisión se ha «naturalizado» en Colombia y advirtió que su expansión a otros países es inaceptable.
«No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», subrayó, y confirmó que su cartera realizará investigaciones y establecerá contacto con autoridades salvadoreñas para verificar la información y definir responsabilidades.
El ministro también relacionó el delito con los recientes atentados y asesinatos contra funcionarios penitenciarios y anunció la apertura de un espacio de diálogo con los sindicatos del Inpec para fortalecer las medidas de protección del personal. El sistema penitenciario colombiano arrastra problemas estructurales como hacinamiento, corrupción e ingreso ilegal de celulares, lo que ha permitido que redes criminales sigan operando desde prisión.
Pese a anuncios reiterados de control tecnológico, la aplicación de medidas como el bloqueo de señal ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por extorsión en el país sigue teniendo origen en los centros de reclusión.
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