El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio un giro a la política de seguridad del país con una estrategia de mano dura contra guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, marcada hasta ahora por operaciones de la Fuerza Pública, anuncios mediáticos y la divulgación constante de resultados.
La política contrasta con la impulsada por su antecesor, Gustavo Petro, quien durante su mandato entre 2022 y 2026 intentó sin éxito cerrar el conflicto armado mediante negociaciones con distintos grupos bajo la denominada ‘Paz total’.
De la Espriella prometió ejercer «mano de hierro» y advirtió que el Estado empleará «las armas y las leyes» para perseguir a estas estructuras.
El mandatario también convirtió su presencia en operaciones de seguridad en parte de su estrategia pública. En un video apareció caminando entre bolsas con cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muertos durante un bombardeo.
En otras imágenes apareció con chaleco antibalas y gorra policial y, antes de la deportación de un líder de una disidencia de las FARC a Estados Unidos, le dijo: «¡Bienvenido a la Patria Milagro!».
De la Espriella publica diariamente en X balances de las operaciones realizadas por la Fuerza Pública durante la jornada anterior, con énfasis en cifras y nombres relacionados con capturas, incautaciones de drogas y decomisos de maquinaria utilizada para la minería ilegal.
La estrategia provocó controversia por la forma en que el presidente presenta los resultados y por las preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.
La ofensiva ocurre mientras los grupos armados atraviesan un período de fortalecimiento. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sus integrantes aumentaron 23.5 % durante 2025 hasta alcanzar 27,121 miembros, mientras los ataques contra la Fuerza Pública crecieron 62 % entre 2024 y 2025 frente a los dos años anteriores.
La muerte de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) durante una operación militar provocó que ese grupo paramilitar impusiera un paro armado de 72 horas en Santa Marta y sus alrededores.
«Dependiendo de la estrategia del Gobierno, vamos a tener efectos sostenibles o vamos a tener solamente efectos narrativos o simbólicos. Es clarísimo que este país necesita primero proteger a la población civil. La gente en muchos territorios del país la está pasando mal», expresó a EFE el director área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.
El experto reconoce que «Colombia necesitaba pasar a la ofensiva» tras el fracaso de la ‘Paz total’, pero considera necesario atacar las economías criminales y otros «nodos críticos» que sostienen a estos grupos.
«Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal», agrega Flórez.
Paralelamente, organizaciones sociales expresaron preocupación ante el riesgo de que la presión por presentar resultados derive en violaciones de derechos humanos, incluida la ejecución de civiles ajenos a los grupos armados, en situaciones que recuerdan los denominados falsos positivos.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, indicó que su organización es consciente de que «se está produciendo un recrudecimiento de la violencia y el control por parte de los grupos armados, mientras que, al mismo tiempo, este nuevo Gobierno está optando por una guerra total, muy militarizada y centrada en la seguridad, contra los grupos armados».
«Esto significa que la protección de los derechos humanos es extremadamente difícil, que la gente se ve básicamente acorralada y atrapada entre los grupos armados y el aparato de seguridad del Estado», subrayó.
Callamard planteó que la seguridad estatal debe incluir no solo presencia militar, sino también «políticas públicas, educación, servicios sociales, transporte público e inversión económica».
