Condenan a más de 8 años de cárcel al delantero español Rafa Mir por agresión sexual

El futbolista del Elche CF, Rafa Mir, fue condenado este lunes a ocho años y medio de prisión por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia tras ser hallado culpable de un delito de agresión sexual y un delito de lesiones contra una joven.

Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron la noche del 31 de agosto de 2024 en una vivienda ubicada en el municipio de Bétera, en la provincia de Valencia. La resolución judicial fue notificada este lunes a las partes, aunque todavía puede ser recurrida.

La sentencia también condenó al segundo acusado en el caso, el futbolista Pablo Jara, a dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones cometidos contra una segunda joven.

Además de las penas de prisión, el tribunal fijó indemnizaciones económicas para las víctimas. En el caso de Rafa Mir, deberá pagar 64,000 euros a la denunciante, equivalentes a aproximadamente $73,600. Mientras que Pablo Jara deberá indemnizar a la otra víctima con 6,280 euros, unos $7,220.

Durante el juicio celebrado el pasado 28 de mayo, Rafa Mir rechazó las acusaciones y sostuvo que las relaciones mantenidas con la denunciante fueron consentidas. El jugador respondió únicamente a las preguntas de su defensa y aseguró que “todo fue consentido” y que aquella noche “fluyó así”.

Sin embargo, la denunciante relató ante el tribunal una agresión sexual con penetración y afirmó que atravesó momentos de angustia y temor. Según su declaración, llegó a pedirle al futbolista que se detuviera, pero este continuó con los hechos denunciados.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de diez años y medio de prisión para el delantero. No obstante, la Audiencia Provincial decidió imponer una pena inferior, fijándola finalmente en ocho años y medio de cárcel.

La resolución representa uno de los casos judiciales de mayor repercusión reciente en el fútbol español, debido a la notoriedad pública de los acusados y a la gravedad de los delitos analizados durante el proceso.

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