La captura de Nicolás Maduro, más allá de las controversias jurídicas y geopolíticas que suscita, inaugura una coyuntura histórica que Venezuela llevaba años aguardando: la posibilidad real de un reencuentro con la democracia. No se trata de celebrar la fuerza por la fuerza, sino de reconocer que la impunidad había cerrado todas las vías internas para la rendición de cuentas. Cuando el poder se blinda frente a la ley, la justicia termina llegando por otros cauces.
Este momento no surge de la improvisación. Durante años se acumuló un expediente que describió una red de corrupción, violencia y alianzas criminales incompatible con cualquier noción de Estado de derecho. La captura, en ese sentido, no es un gesto simbólico, sino la culminación de un proceso judicial que ya había establecido responsabilidades. Para millones de venezolanos, es la primera señal tangible de que los abusos no eran invisibles ni olvidados.
La reacción opositora, que subraya la oportunidad para una transición política, expresa un sentimiento extendido en el país: el deseo de pasar la página sin venganza, pero con justicia. La última gran estafa de Maduro fue el monumental fraude electoral de 2024 cuando Edmundo González Urrutia claramente ganó las elecciones.
La afirmación de que Maduro enfrenta hoy la justicia internacional conecta con una demanda central de la sociedad venezolana: que los crímenes tengan consecuencias y que el poder vuelva a someterse a reglas. Sin ese punto de partida, ninguna reconciliación es posible.
Es cierto que la operación estadounidense abre interrogantes profundos sobre soberanía y derecho internacional. Pero también es cierto que la soberanía no puede convertirse en coartada para el narcoterrorismo ni para la destrucción sistemática del orden constitucional. Los tratados existen para promover la cooperación; cuando un régimen la bloquea y se declara, de facto, al margen del sistema internacional, la comunidad de Estados enfrenta dilemas que no admiten respuestas cómodas. En ese cruce, la seguridad internacional y la justicia penal transnacional han terminado imponiéndose.
En el plano interno, la captura desnuda la fragilidad de un poder sostenido más por la coerción que por la legitimidad. Las maniobras para aferrarse a la continuidad —desde interpretaciones forzadas de la Constitución hasta la exhibición de los grupos paramilitares llamados colectivos boliviarianos— revelan un régimen en retirada. La ausencia de cohesión en el alto mando y la apelación a estados de excepción de dudosa legalidad confirman que el chavismo sin su líder entra en fase terminal.
El impacto regional es innegable y, por momentos, inquietante. Sin embargo, también redefine alineamientos: la mayoría de las democracias respalda el mandato popular expresado en las urnas y reclama una transición ordenada. El apoyo que recibe el antiguo régimen de parte de gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua solo subraya el carácter del conflicto: no es una disputa ideológica, sino un pulso entre democracia e impunidad, entre libertades y autoritarismo.
El desafío inmediato es claro: convertir esta ruptura en un proceso de reconstrucción institucional que minimice la violencia. La neutralización de los aparatos armados irregulares, el respeto a los derechos humanos y la conformación de un gobierno de transición creíble son condiciones indispensables para evitar una deriva caótica. La comunidad internacional puede y debe acompañar, pero el protagonismo final corresponde a los venezolanos y a su capacidad de articular un acuerdo nacional.
Venezuela entra en 2026 con incertidumbre, sí, pero también con una oportunidad inédita. El ciclo autoritario que comenzó con la manipulación de los mecanismos democráticos parece haber llegado a su límite histórico. La captura de Maduro no es el final del camino; es el umbral. El reto ahora es que la justicia se transforme en democracia y que la esperanza no vuelva a ser traicionada.