El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este jueves el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que endurece el control y redefine el funcionamiento de las cárceles, escenario en los últimos años de disputas entre grupos criminales que han derivado en masacres.
Entre los cambios más relevantes está el control de las comunicaciones y visitas de los presos, que podrán ser registradas y estar sujetas a restricciones, supervisión, monitoreo o grabación cuando sea necesario para la seguridad penitenciaria, la prevención de delitos, el mantenimiento del orden interno.
Se instalará un sistema de inhibición o bloqueo de señal en las áreas internas y en un radio perimetral de seguridad y se autoriza el registro de voz de los contactos autorizados en las llamadas.
El documento también establece un «régimen especial», dirigido exclusivamente a los reclusos que por su nivel de riesgo «representen una amenaza grave para la seguridad penitenciaria, el orden interno o la seguridad pública, independientemente de su situación procesal».
En la actualidad, los presos más peligrosos están recluidos en la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.
En esa prisión también están políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupción; y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores de Noboa y procesado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.
El reglamento prohíbe el dinero en efectivo para hacer compras en los denominados ‘economatos’, que son tiendas internas en las que los presos adquieren productos de primera necesidad.
Las transacciones se realizarán exclusivamente por transferencias o depósitos bancarios en la cuenta del proveedor y los reclusos tendrán cupos de gasto.
Los presos podrán ser cambiados de cárcel para evitar que cometan delitos, por amenazas, motines o graves alteraciones del orden en el interior o exterior del centro, pero también si se descubre que están entrenando o reclutando a otros para formar «grupos violentos».
El decreto también crea centros exclusivos para personas que son encarceladas por deudas alimenticias o infracciones de tránsito, con el objetivo de no mezclarlos con integrantes de bandas de crimen organizado.
Las cárceles han sido parte de la crisis de violencia que registra Ecuador en los últimos años, pues desde su interior los grupos criminales coordinan actividades ilícitas.
Además, desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
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