La candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez han suavizado algunas de sus posiciones económicas originales y reforzado sus promesas de gasto social en los últimos días de campaña, en un intento por atraer a los votantes indecisos antes de la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo en Perú.
Ambos aspirantes han centrado parte de sus propuestas en el ofrecimiento de becas, subsidios, pensiones, bonos y proyectos de infraestructura pública, aunque mantienen diferencias significativas sobre el papel del Estado en la economía, la inversión privada y el manejo de los recursos estratégicos del país.
Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha fundamentado buena parte de su discurso económico en la defensa del modelo de libre mercado implementado durante la década de 1990, al que atribuye la estabilización económica tras la crisis e hiperinflación que enfrentó Perú en años anteriores.
La candidata ha prometido designar como ministro de Economía a Luis Carranza y se ha comprometido a impulsar un crecimiento económico sostenido que alcance el 6 % hacia 2031.
Su propuesta contempla el fortalecimiento de la inversión privada, el respeto a los contratos empresariales, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y una reducción del déficit fiscal al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, Roberto Sánchez ha mantenido una postura crítica hacia el modelo económico vigente, al que considera excesivamente dependiente del mercado. Entre sus propuestas figura la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar el sistema económico, fortalecer la participación estatal en sectores estratégicos y revisar acuerdos comerciales y contratos de inversión.
Sin embargo, en la recta final de la campaña, el candidato izquierdista ha moderado parte de su discurso. Su equipo económico aseguró que respetará la propiedad privada y los contratos existentes, siempre que estos incorporen criterios de responsabilidad social y protección ambiental.
Uno de los temas que generó debate durante la campaña fue la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Inicialmente, Sánchez manifestó que no mantendría al funcionario en el cargo, aunque posteriormente rectificó y anunció que respaldaría su permanencia, reconociendo la importancia de la estabilidad monetaria del país.
En materia laboral, el candidato de izquierda propone aumentar el salario mínimo de 1,130 soles a 1,500 soles, equivalente a un incremento de aproximadamente 32.7 %. También plantea una reforma tributaria enfocada en las grandes empresas y cuestiona las exoneraciones fiscales otorgadas al sector agroexportador.
Fujimori, en cambio, defiende los incentivos tributarios para las agroexportadoras, sector que considera clave para la economía peruana y que actualmente emplea a unas 430,000 personas. Además, propone desarrollar grandes proyectos de infraestructura, entre ellos cuatro nuevas líneas de metro en Lima y otras tres en ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura.
Las diferencias también se extienden al manejo de los combustibles. Mientras Sánchez propone utilizar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para reducir costos a los consumidores, sus críticos advierten que la medida podría representar una carga significativa para las finanzas públicas.
La segunda vuelta presidencial se celebrará este domingo 7 de junio y definirá el rumbo económico de Perú en un contexto marcado por la desaceleración del crecimiento, la demanda de mayor inversión social y la necesidad de recuperar la confianza de los mercados y los ciudadanos.
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