A la confrontación armada iniciada en nuestro país en enero de 1981, no llegamos por azares del destino. Medio siglo antes, en diciembre de 1931, el presidente constitucional –ingeniero Arturo Araujo, fundador del Partido Laborista de El Salvador– fue derrocado por su segundo: Maximiliano Hernández Martínez, quien además era ministro de Guerra de un gobierno que apenas comenzaba.
Este dictador se estrenó con el baño de sangre consumado en enero de 1932; además, el 13 de julio del mismo año firmó el decreto en el cual se apelaba a la “armonía social” y la “perfecta paz” que “gozaba” la nación, para conceder una amplia e incondicional amnistía a “funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquier otra persona civil o militar” que pudiesen haber participado en la matanza.
Así sofocó aquel alzamiento casi suicida por la desventaja en armamento, organización y experiencia para el combate; aun así, parte de la población indígena y campesina principalmente en el occidente del territorio nacional se lanzó al vacío. Su motivación principal: el hambre. Además, así se premió con la impunidad a los criminales. Y, por no aprender de esas lecciones terribles de nuestra historia, medio siglo después se nos vino encima la larga y cruenta guerra referida.
¿Qué cambió desde el fin de aquellos combates entre los ejércitos gubernamental y guerrillero en 1992, hasta la llegada de Nayib Bukele a Casa Presidencial en el 2019? Fueron estas casi tres décadas durante las cuales algunas transformaciones comenzaron a entreverse en la fisonomía estatal; ello, pese a los graves errores de los agrupamientos políticos que dejaron las trincheras para continuar sus pleitos en las urnas.
A lo largo de los primeros diez años de la posguerra, además del surgimiento de nuevas instituciones esencialmente pensadas para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos ‒como la Procuraduría para su defensa y la Policía Nacional Civil‒ durante la primera década de la posguerra hubo familiares de víctimas que libraron duras y conocidas batallas contra la impunidad; por ejemplo, en casos como las ejecuciones de los jóvenes Ramón Mauricio García Prieto y Adriano Vilanova Velver así como la del adolescente William Antonio Gaitán, A partir de 1999 también fue notable la lucha de Hilda María Jiménez, madre de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez.
En los dos primeros hechos criminales, logramos capturas y condenas de algunos autores materiales pertenecientes o vinculados a la recién creada corporación policial; no así de los intelectuales. En cuanto al caso Gaitán, conseguimos una resolución de la entonces procuradora para la defensa de los derechos humanos ‒Victoria Marina Velásquez de Avilés‒ señalando como autor material directo al motorista del vehículo policial que le asestó el “tiro de gracia” a este muchacho de apenas dieciséis años; en el de Katya no se logró ni siquiera el mínimo de justicia dentro del sistema interno, debido a su cuestionable funcionamiento; por ello, actualmente lo litigamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Traigo a cuenta lo anterior pues desde mi perspectiva, insisto, de 1992 al 2019 algún mínimo había comenzado a cambiar en el aparato estatal ‒a pesar de los pesares‒ y en la mentalidad de la gente. Pero desde el 11 de junio de ese último año, con la entrega del bastón de mando a Bukele para convertirse en comandante general de la Fuerza Armada y su discurso frente a la tropa presente a la que hizo jurar lealtad hacia él para enfrentar enemigos externos e internos, debimos haber parado nuestras antenas y prever lo que se venía: la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020, el control casi absoluto de esta en el 2021, la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general para sustituirlos con incondicionales el 1 de mayo del mismo año, el dominio del resto del Ministerio Público y todo lo que quedaba de la administración gubernamental, incluyendo el encuadramiento del sistema educativo.
Y el 1 de junio, también del 2021, Bukele anunció su “siguiente paso”: la batalla contra el aparato ideológico de la oligarquía materializado a través de sus “fundaciones”, “tanques de pensamiento” y “oenegés”. Una mezcolanza en la que solo se salvó casi a plenitud, precisamente, la oligarquía; un revoltijo adonde cabía todo aquello que ahora se encuentra acomodado o resignado, sometido o atemorizado, silenciado o exilado. En tal escenario, a futuro, cuando aumente el hambre de las mayorías populares y estas protesten desesperadas, ¿habrá otro derramamiento de sangre? Y si hoy la impunidad permanece más fortalecida a pesar de haber derrotado formalmente la última amnistía hace casi diez años, ¿cuál sería el “problema” para el opresor y cuál la realidad del oprimido?
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